Jorge Luis García Díaz

Expediente 343/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
343/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Mérida
  • Jorge Luis García Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio 412/2019-P-3., con el que remite testimonio de la resolución de seis de junio del presente año, pronunciada por ese Tribunal en el toca 96/2019, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por Marisol de Fátima Quiñones Novelo apoderada del quejoso Jorge Luis García Díaz, en contra del acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en estos propios autos, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expone, declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el expediente laboral original 629/2018, que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, adjuntó a su informe justificado de ocho de marzo pasado, por tanto, devuélvase el mismo a la referida autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por instructivo a las terceras interesadas, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio de cuenta 2598/2019, de uno de abril del presente año, del que se advierte que en autos del toca 96/2019, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Marisol de Fátima Quiñones Novelo apoderada del quejoso Jorge Luis García Díaz, en contra del acuerdo dictado el catorce de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, toda vez que de la lectura de la constancia levantada por el actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que por las razones que expone, no le fue posible notificar personalmente a las terceras interesadas Raquel Godínez Rodríguez y Laura Lorena Godínez Rodríguez, los autos de catorce y veintiocho de marzo pasado. En consecuencia, toda vez que el domicilio en el que se constituyó el actuario judicial fue expresamente señalado por dichas terceras interesadas para oír y recibir notificaciones en autos del juicio laboral de origen, sin que hubiesen señalado uno diverso para tal efecto; por tanto, con fundamento en los artículos 307 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo previsto en el numeral 2° de la Ley de la Materia, hágasele la notificación del presente acuerdo, de los proveídos de catorce y veintiocho de marzo del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de instructivo, que se fije en la puerta del domicilio señalado para tal efecto. Sin perjuicio de que eventualmente señalen nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos o que hagan la solicitud a que se refiere la fracción IV, del numeral 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA LOS PROVEÍDOS DE CATORCE Y VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CO LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente copia del escrito de cuenta signado por **, con el que interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción XII, todos de la ley de la materia. En consecuencia, envíese el original del escrito de expresión de agravios, constante de siete fojas útiles, junto con copia certificada del oficio 2112/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, demanda de amparo, auto recurrido, de la notificación relativa y demás constancias conducentes, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Asimismo, envíese el expediente original del juicio reclamatorio laboral **, que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado de ocho de marzo último. Finalmente, toda vez que de una revisión de constancias se advierte que respecto de auto catorce de marzo pasado se omitió girar el oficio correspondiente a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, así como notificárselo personalmente a las terceras interesadas **; por tanto, remítaseles copia autorizada del acuerdo de catorce de marzo del año en curso, así como del presente acuerdo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a las terceras interesadas y cúmplase. Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido del Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 2112/2019, con el que transcribe el acuerdo de doce de marzo del presente año, dictado en el expediente de amparo directo 144/2019, en el que se declaró la incompetencia legal de ese Tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por **, personalidad reconocida ante la autoridad responsable, la cual se admite con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, (foja 18, anexo). Razón por la cual, ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno, la demanda de referencia y anexos, consistentes en el expediente del juicio reclamatorio laboral **, informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y constancias de notificación, todos en original; que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Acúsese recibo. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión. Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 343/2019-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por **, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: El acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral **. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el proveído del que se duele el quejoso, consistente en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral **, que admitió la prueba de inspección ofrecida por la parte actora; no afecta de manera cierta e inmediata sus derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la vida del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que el tema relacionado con el desahogo de pruebas dentro de un juicio, por regla general no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales, ya que si bien es un acto verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución favorable en el procedimiento, y que por lo mismo no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una afectación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, el inconforme tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte el laudo y/o resolución correspondiente, para impugnar dicha violación a través del amparo directo o en su caso el adhesivo. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Tesis IV.2o.C. J/2 (10a.), en la página 1539, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Y en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 438, del Tomo II, Segunda Parte-2, de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno". En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marisol de Fátima Quiñones Novelo, apoderada de Jorge Luis García Díaz, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados a los que menciona en su escrito de demanda, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Finalmente, por lo que hace al anexo remitido por la Superioridad, consistentes en el expediente original del juicio reclamatorio laboral **, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese personalmente y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente copia del escrito de cuenta signado por Marisol de Fátima Quiñones Novelo apoderada de Jorge Luis García Díaz, con el que interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción XII, todos de la ley de la materia. En consecuencia, envíese el original del escrito de expresión de agravios, constante de siete fojas útiles, junto con copia certificada del oficio 2112/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, demanda de amparo, auto recurrido, de la notificación relativa y demás constancias conducentes, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Asimismo, envíese el expediente original del juicio reclamatorio laboral 629/2018, que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado de ocho de marzo último. Finalmente, toda vez que de una revisión de constancias se advierte que respecto de auto catorce de marzo pasado se omitió girar el oficio correspondiente a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, así como notificárselo personalmente a las terceras interesadas Claudia Magdalena Xool May, Raquel Godínez Rodríguez y Laura Lorena Godínez Rodríguez; por tanto, remítaseles copia autorizada del acuerdo de catorce de marzo del año en curso, así como del presente acuerdo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a las terceras interesadas y cúmplase.

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