Jorge Luis Dzul Cab

Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
501/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Dzul Cab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica en uso de la FIREL de Josué Sandoval Cantón, apoderado del quejoso Jorge Luis Dzul Cab, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 501/2023-IV-B, promovido por JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del Portal de Servicios en Línea, JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón, presentó demanda de amparo contra actos de la Procuraduría Federal del Consumidor y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Declinación de competencia. Por razón de turno, la demanda se recibió el diecisiete de marzo siguiente, en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por lo cual, en auto de veintidós posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 545/2023; y dado que consideró que los efectos y consecuencias de los actos reclamados deberán tener lugar en el domicilio de la parte quejosa -el cual está en esta entidad-, declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, que por turno correspondiera. TERCERO. Trámite del juicio. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la citada demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; y el mismo día fue turnada a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, recibiéndose en esa data; luego, en auto de veintinueve siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 501/2023-IV; se aceptó la competencia declinada; se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe con justificación de las autoridades responsables; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: - Del PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR (autoridad que dicta y ordena), la expedición del Acuerdo en el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de abril de dos mil veintidós y la ejecución de los artículos 2, fracción XXV, 18 y 19, fracciones VI, VIII y IX. - Del DIRECTOR DE CASAS DE EMPEÑO, adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor, la emisión del oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023. - De la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (autoridad que dicta, ordena y ejecuta), el cobro y aceptación de los pagos realizados mediante las líneas de captura que se anexan a la demanda de amparo. TERCERO. Inexistencia de actos. Ahora bien, al rendir su informe justificado [promoción 8084], la autoridad responsable Procurador General del Consumidor, negó la existencia del acto reclamado consistente en el cobro y aceptación de los pagos que refiere la parte quejosa haber realizado, relacionados con las líneas de captura 18200007117833560231, 18200007117733560218 y 18200007117933560244 (fojas 19 a 21 de autos); sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtúe tal negativa. Por tanto, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SOBRESEER en el presente juicio de amparo al no evidenciarse su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Primera Parte, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, lo que se refiere a las líneas de captura 18200007117833560231, 18200007117733560218 y 18200007117933560244 (fojas 19 a 21 de autos); ya que con independencia de que ahí se indique el monto a pagar por la inscripción en el Registro Público de Casa de Empeño, cobra relevancia el hecho de que la parte quejosa no hizo el pago relativo. Lo anterior, pues dichos documentos solamente son un paso preliminar antes de que la parte interesada pague y en ese momento se autodetermine, lo cual no aconteció en la especie, ya que no exhibió comprobante de pago alguno relacionado con las tres líneas de captura que presentó, de las cuales sólo se desprende el concepto a pagar, la cantidad correspondiente, los lugares en los que puede realizarse el pago y la fecha hasta la cual puede hacerse. De tal manera que, ante las circunstancias aquí destacadas, se concluye que no existe el acto reclamado por la parte quejosa. CUARTO.- Certeza de actos. Las autoridades responsables Procurador Federal del Consumidor y Director de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal de Consumidor, al rendir su informe justificado reconocieron como ciertos los actos reclamados consistentes en la emisión del oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés así como la expedición del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño." publicado el cinco de abril de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. También obra en autos copia certificada del expedientes PFC.B.E.9/ 000052-2023, mismo que contiene el oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0877/2023 así como el diverso oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0916/2023; tales documentales revisten el carácter de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, de la que se advierte que la autoridad en comento emitió el oficio reclamado. Asimismo, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 278, consultable en la página 231, apéndice 2000, tomo VI, Quinta Época; cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ahora, respecto de las normas del Acuerdo reclamado, tal certeza se obtiene de la propia naturaleza del ordenamiento normativo impugnado. Es aplicable la tesis localizable en la página 15, tomo 65, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.65/2000, consultable en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." QUINTO. Causas de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 158, página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época; que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, como el contenido en la jurisprudencia II.1o. J/5, página 95, tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, la parte quejosa cuestiona la validez constitucional de los artículos 2°, fracción XXV, 18 y 19, fracciones VI, VIII y IX, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, que son los siguientes: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO. [.] ARTÍCULO 2°. Además de lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá, en singular o plural, por: [.] XXV. Tarifa: Precio unitario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de solicitud de trámite de inscripción, renovación anual o modificación en el Registro Público, más el Impuesto al Valor Agregado". "ARTÍCULO 18. Las casas de empeño deberán contar con procedimientos de seguridad adecuados para garantizar en su funcionamiento y operación, la seguridad de los consumidores y sus prendas. Asimismo, el valuador que realice la valoración de los objetos dados en prenda, deberá contar con la capacidad técnica acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales". "ARTÍCULO 19. Para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con los siguientes requisitos: [.] VI. Copia del comprobante de pago de la tarifa por concepto de solicitud de trámite. [.] VIII. Copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar servicios de seguridad. IX. Copia simple del documento emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que certifique la capacidad técnica del o los valuadores que realicen la valoración de los objetos dados en prenda en el establecimiento". PRIMER CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA En primer lugar, únicamente respecto del artículo 2°, fracción XXV del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que el ordenamiento cuestionado no afecta la esfera jurídica del quejoso, en atención a que el quejoso reclama la norma al señalar como primer acto de aplicación los demás actos que refiere. El fundamento del motivo de improcedencia en comento, es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Al respecto, es importante mencionar que la afectación al interés jurídico, para declarar la procedencia del juicio de amparo, consta de dos elementos: 1) Un bien jurídico tutelado de forma específica en favor del justiciable y que es reconocido por el derecho objetivo, lo cual le da una facultad de exigencia frente a las demás personas, es decir, es un derecho reconocido en las normas aplicables, en favor del quejoso de manera concreta; y, 2) Una transgresión a ese derecho verificada mediante la emisión de un acto de autoridad real y actual, esto es, un acto que esté dirigido al quejoso de forma personal y directa. En otras palabras, existirá interés jurídico para acudir al juicio de amparo, cuando la autoridad expide un acto mediante el cual lesione los derechos del quejoso, y por consiguiente, se activarán los mecanismos del juicio de amparo; mientras que si el acto autoritario no ocasiona un perjuicio a su esfera jurídica, entonces no existirá el interés correspondiente para acudir al juicio constitucional, pues no hay agravio que proteger en favor del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Página 364, en Materia Común, de la Octava Época, con registro 224803: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, es importante señalar que, a fin de determinar si el gobernado tiene interés jurídico para reclamar una ley o norma de observancia general, es necesario identificar el momento en que causa afectación, es decir, en qué instante incide en la esfera jurídica del quejoso, y para ello, se debe recurrir al concepto de individualización condicionada e incondicionada, para efectos de dilucidar si se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En este sentido, la condición se entiende como el acto por el cual los supuestos de la ley son desplegados en la realidad, es decir, si la norma requiere para su observancia de un acto de autoridad en virtud del cual se individualice la hipótesis jurídica contenida en ella, o bien, si se puede prescindir de él, porque el quejoso está obligado a su cumplimiento sin que la autoridad deba coaccionarlo. Así, las normas autoaplicativas, son aquellas que afectan la esfera de derechos del gobernado, con su sola entrada en vigor, ya que en ellas se contemplan supuestos cuya actualización, dependen de una actuación del justiciable, es decir, la obligación contenida en la norma cobra aplicación porque la persona realiza un actuar que le da vida jurídica, sin necesidad que exista un acto por parte de un agente externo al propio quejoso. De ahí que se diga que es una norma de individualización incondicionada, porque la existencia de la obligación no está supeditada a la emisión de un acto de autoridad en contra del quejoso. Mientras que las normas heteroaplicativas, a diferencia de las anteriores, cobran vida jurídica cuando existe un acto que impacta la esfera de derechos del quejoso, es decir, su actualización depende de que exista un acto emitido por una autoridad dirigido al justiciable. Por ello, se dice que son de individualización condicionada, pues la afectación que pueda sufrir el quejoso, está sujeta a la existencia de un acto de autoridad, que le de vida jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, con registro 198200, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, en Materia Constitucional, Común, Página 5, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Precisado lo anterior, la parte quejosa acude al presente juicio de amparo combatiendo el precepto legal siguiente: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO. [.] ARTÍCULO 2°. Además de lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá, en singular o plural, por: [.] XXV. Tarifa: Precio unitario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de solicitud de trámite de inscripción, renovación anual o modificación en el Registro Público, más el Impuesto al Valor Agregado". El artículo reclamado por la parte quejosa describe la tarifa por concepto de solicitud de trámite de inscripción, renovación anual o modificación en el Registro Público, más el Impuesto al Valor Agregado. En este orden de ideas, la parte quejosa señala como primer acto de aplicación el oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023; sin embargo, del mismo no se observa la cita ni la aplicación del artículo 2°, fracción XXV, que cuestiona el impetrante de amparo. Bajo tal premisa, no se produce afectación a situaciones concretas de derecho, al no advertir que éste haya penetrado en la individualidad de la parte quejosa, al grado tal de ocasionarle un agravio a su esfera jurídica, sino que, por el contrario, al reclamarse como primer acto de aplicación de la norma, era necesaria la comprobación de la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice tal perjuicio; y, por lo tanto, el peticionario de amparo al no justificar la existencia de un acto de aplicación en su perjuicio, carece de interés jurídico para impugnarlo vía juicio de amparo. Siguiendo la misma suerte, lo que se refiere a las líneas de captura 18200007117833560231, 18200007117733560218 y 18200007117933560244 (fojas 19 a 21 de autos); pues al margen que del contenido de las mismas se advierta que ahí se haya hecho mención de la cantidad a pagar por concepto de inscripción en el Registro Público de Casa de Empeño, lo relevante es que la parte quejosa no realizó el pago correspondiente. Entonces, aún y cuando esté determinado el monto correspondiente a la prestación del servicio de inscripción, lo cierto es, que no trascendió a la esfera jurídica de la parte amparista, porque no se advierte en autos que se haya cubierto el pago relativo, en consecuencia, la norma no le causó afectación alguna. En efecto, en el presente expediente no existe constancia plena de que la promovente del amparo haya cubierto el pago a que se ha hecho alusión, pues no exhibió el comprobante del pago correspondiente ni las autoridades lo adjuntaron a su informe de ley. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que pudiese existir la presunción de que se realizaron dichos pagos, en razón de que con posterioridad, la responsable emitió el oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0916/2023, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, con el cual se autorizó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de dos establecimientos que defiende la parte quejosa; y el diverso oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0877/2023, de veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se negó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño del establecimiento ubicado en la calle 31, número 200A, colonia centro, en Peto, Yucatán, sustancialmente, por no presentar el documento relativo a la póliza completa de seguro vigente. Sin embargo, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base de presunciones. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXXV/2000 visible en la página 447, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.". Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 12/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 323, del tomo VII, correspondiente a marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del artículo 2°, fracción XXV del Acuerdo; por tanto, lo procedentes es SOBRESEER en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que incluso de tenerse por demostrado con las líneas de captura citadas el acto de aplicación de la norma cuestionada; el juicio de amparo sería igualmente improcedente al tener éstas fecha de cuatro de enero de dos mil veintitrés, siendo que la demanda se presentó hasta el dieciséis de marzo del citado año, por lo que sería extemporánea la misma, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose la causal prevista en la facción XIV, del artículo 61, de la citada legislación de garantías constitucionales. SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA SEXTO.- Ahora bien, respecto del artículo 19, fracción VI, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no expresó la mínima causa de pedir respecto del refrendo del decreto relativo a la expedición de la norma en cuestión; es decir, no expresa concepto de violación alguno tendente a combatir dicho acto. Los artículos invocados de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." De la lectura lisa y llana de la última fracción del numeral 61 transcrito, destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de impedimento legal diverso que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracciones III y VIII, también transcritas, imponen al quejoso la obligación de señalar a las autoridades que refrendaron y publicaron las normas, únicamente, cuando combata por vicios propios dichos actos, así como a expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos fundamentales, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto. Entonces, aunque los conceptos de violación no deben considerarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas, deben formularse como la relación razonada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados por la parte quejosa, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dichos actos expresando la causa de pedir que se configura al manifestar los actos que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por su expedición o ejecución, así como los motivos o razones que acreditan el resquebrajamiento del orden constitucional. En síntesis, los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular la demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. A partir del cumplimiento de estas premisas surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos (hipótesis estas últimas que en el presente caso no acontecen). En efecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. En este sentido, del escrito inicial de demanda se deduce que la parte quejosa no satisfizo las premisas indicadas, dado que no formuló argumento alguno dirigido a demostrar que el refrendo de las disposiciones legales reclamadas ocasionase una afectación en su esfera de derechos. Por tanto, ante la ausencia de conceptos de violación respecto del artículo 19, fracción VI, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, SE SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de dicha norma, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INFUNDADA SÉPTIMO. Por otra parte, las autoridades responsables sostuvieron que, respecto del oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual es infundado. Para analizar lo anterior, se reproduce el contenido del artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". Del contenido del numeral reproducido, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse como irreparables las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detallado los alcances de la referida causa de improcedencia en los siguientes términos: ".cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica del quejoso, al inicialmente reclamado. 88. Así, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. 89. Lo anterior revela que no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. 90. En ese tenor, para que se actualice la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica, sin afectar la situación jurídica que al momento de resolverse en definitiva en juicio de amparo define su estatus jurídico, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al actualizarse una irreparabilidad jurídica. 91. Así, un elemento medular para tener por actualizada a la referida improcedencia, es que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo hayan quedado consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. 92. La consumación irreparable de las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo se presenta cuando el acto reclamado se ejecuta en su totalidad, sin que sea posible volver las cosas a su estado original, en virtud de que no subsiste ningún efecto jurídico. Por lo tanto, el cambio de situación jurídica requiere de la plena extinción de las consecuencias del acto reclamado." Como puede advertirse, para acreditar la actualización de un cambio de situación jurídica a través de los siguientes elementos: i). No es posible realizar un análisis de constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar el estado de cosas de hecho o de derecho provocado por un acto nuevo o posterior. ii). Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa. iii). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada. Ahora bien, para arribar a esta conclusión, conviene realizar la relatoría que motivó el acto reclamado. 1. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó la solicitud y documentación para el trámite ante el Registro Público de Casas de Empeño, el que se registró bajo los expedientes: PFC.B.E.9/ 000052-2023, PFC.B.E.9/ 000053-2023, y PFC.B.E.9/ 000054-2023. 2. Mediante el oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable requirió a la parte quejosa para que el término de diez días hábiles remitiera la información y documentación adicional para continuar con su trámite, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, su trámite sería desechado, con fundamento en los artículos 65 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y los numerales 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño. (Acto reclamado en la presente instancia constitucional) Tal como se advierte de las siguientes imágenes: Ahora bien, en el presente asunto, las autoridades responsables rindieron su informe justificado, a través del cual remitieron el diverso oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0916/2023, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el cual se señala que se autorizó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de dos establecimientos que defiende la parte quejosa; tal como se observa de la siguiente imagen digitalizada de dicho oficio: Mientras que mediante resolución contenida en el diverso oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0877/2023, de veinte de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable negó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño del establecimiento del quejoso, ubicado en la calle 31, número 200A, colonia centro, en Peto, Yucatán, sustancialmente, por no presentar el documento relativo a la póliza completa de seguro vigente, con el comprobante de pago que ampara su pago y vigencia; determinación que concluye con los siguientes puntos resolutivos: En consecuencia, en el caso no se advierte que exista un cambio de situación jurídica respecto del diverso oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el cual se emitió con la finalidad de que la parte quejosa cubriera con los requisitos legales para el trámite de tres casas de empeño denominadas "DINERO INMEDIATO", ante el Registro Público de Casas de Empeño. Pues el hecho de que ya le haya sido otorgada la inscripción de dos establecimientos ante el Registro Público de Casas de Empeño en el oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0916/2023, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y por lo que hace al tercer establecimiento le fue negado dicho registro mediante misiva PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0877/2023, de veinte de abril de dos mil veintitrés, ello no implica que hayan cesado los efectos del oficio previo PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023. Ciertamente, el motivo de improcedencia invocado no se actualiza, en la medida que la parte quejosa tuvo que colmar los requisitos que se le establecieron en el oficio PFC/SPC/DGCARA/RPCE/0404/2023, pero lo hizo estando inconforme con su contenido, tan es así que en su contra promovió el presente juicio de amparo. De ahí que para que el acto reclamado no le causara afectación en razón de las funciones de sus negociaciones tuvo que cumplir los requisitos que la autoridad le indicó, ello sin dejar de impugnar por vicios propios dicho requerimiento inicial. Ciertamente, la parte quejosa no consintió el acto de autoridad primigenio, por tanto, al surgir uno posterior derivado del acatamiento de los requerimientos de la autoridad, no se puede interpretar jurídicamente como un cambio de situación legal, sino como una mera consecuencia del acto previo cuya afectación subsiste para el particular. De lo contrario, se obligaría a la parte quejosa a que no pudiera operar durante todo el tiempo que durara la impugnación del acto de autoridad originario, cerrándole toda posibilidad de combatir éste al señalarle que ahora debe sujetarse al nuevo acto de autoridad, sin que se haya analizado si el primero es legal o no. Sobre la base de lo aquí expuesto, se concluye que deviene infundada la causa de improcedencia invocada por las responsables en su informe de ley, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley, relativa al cambio de situación jurídica. Resulta útil al caso, por el principio que contiene, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a continuación se transcribe: "Registro digital: 254959 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72, Sexta Parte, página 162 Tipo: Jurisprudencia MULTAS, CONSENTIMIENTO NO EFECTUADO DE LAS, POR CONSENTIRSE EL COBRO POR OMISIONES DE IMPUESTOS. El hecho de que un particular haya consentido que se le fincaran diferencias por concepto de impuestos omitidos, no implica de ninguna manera que se tengan que estimar consentidas las multas que por ese motivo, omisión de impuestos, se le impongan. Pues, en primer lugar, es posible que el monto del impuesto cobrado haga pensar al causante que no le conviene envolverse en los gastos y molestias de un procedimiento judicial, y que ante el monto de las multas piense de diferente manera. En segundo lugar, es posible legalmente que esté dispuesto a consentir, aunque lo estime injusto, el cobro del impuesto, pero no esté dispuesto a aceptar la calidad de infractor que de tales o cuales normas se le impute, con peligro de estimarlo reincidente en un caso futuro. En tercer lugar, las circunstancias que determinan la aplicabilidad de la multa, no son siempre las mismas que determinan el cobro del impuesto omitido, puesto que entre aquéllas pueden apreciarse actos que impliquen conducta positivamente dolosa, lo que no es necesario tratándose de omisión del pago, y, entre otras cosas, el monto de las multas puede ser discutible, atentas las circunstancias del caso y las normas que regulan su imposición. En consecuencia, el que se consienta pagar el impuesto que las autoridades dicen omitido, no implica necesariamente, y sin más consideración, que tenga que estimarse consentida, o acto derivado de acto consentido, la imposición de la multa relativa a la omisión apuntada". Asimismo, es orientadora al tema aquí analizado, la diversa tesis: "Registro digital: 2000603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.6 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1794 Tipo: Aislada MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTORIDAD FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). Conforme al artículo 56, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, el juicio contencioso administrativo es improcedente, entre otras hipótesis, cuando el promovente haya consentido expresamente -a través de manifestaciones de voluntad- el acto reclamado, o de forma tácita, cuando no se promueva el juicio en los plazos señalados por la propia ley. Así, esta regulación responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el promovente haga uso del juicio contencioso para desconocer los efectos de la conducta activa que exteriorizó libre y espontáneamente con arreglo al acto o ley de que se trate, u omisiva, al no ejercitar oportunamente la acción correspondiente. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Primera Parte, página 13, de rubro: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.", "que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.". En otro contexto, el artículo primero, fracción V, punto 1, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2009, regula que la hacienda de éstos se integrará, entre otros conceptos, con los aprovechamientos derivados de las multas, mientras que el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para los Municipios de la entidad prevé que los Municipios tendrán los aprovechamientos derivados de multas por la violación a esa ley, a los reglamentos vigentes y a las disposiciones, acuerdos y circulares del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal, y el precepto 72 del mismo ordenamiento establece que los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, deberán ser pagados quince días después del nacimiento de la obligación fiscal, salvo los casos en que esa ley fije plazos distintos o que la autoridad municipal convenga con el contribuyente el plazo en que se pagarán. Ahora bien, los artículos 138, primer párrafo y 145 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, vigente en 2009, disponían, respectivamente, que toda multa debería ser pagada antes de treinta días contados a partir de la fecha de la infracción, y que sería considerada crédito fiscal, por lo que podía ser exigida mediante el procedimiento administrativo de ejecución establecido en el Código Fiscal del Estado. De lo anterior se advierte, en esencia, que las multas impuestas por violaciones al citado reglamento son aprovechamientos, que a su vez, son considerados créditos fiscales, respecto de los que existen términos específicos para su pago, y se establece la posibilidad de que el indicado Municipio pacte con el propio contribuyente este último punto. En estos términos, válidamente puede estimarse que la decisión del contribuyente de celebrar un convenio con la autoridad fiscal para pagar diferidamente el crédito derivado de la multa, constituye únicamente una manera distinta a la regla general prevista por la ley para cumplir su obligación, acorde con sus circunstancias fácticas o económicas, lo que desde luego no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio contencioso administrativo por consentimiento expreso de tal sanción económica, porque esa observancia puntual de la ley -en el entendido de que ésta regula la posibilidad de convenir la forma y tiempo de pago- no puede sancionarse con la supresión del acceso a esa instancia, ya que la sumisión en el pago de contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza de cobro coactivo o porque deba descargar dicha obligación pecuniaria paulatinamente y no en una sola exhibición -lo que evidentemente representa un impago mayor a su economía-, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones, de manera que éste actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente facilidades en sus pagos, pero no por voluntad propia". SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INFUNDADA OCTAVO.- Asimismo, las autoridades responsables señalan que en relación con el acto atribuido al Procurador Federal del Consumidor y al Director de Casas de Empeño, consistente en el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil veintidós, así como la emisión del oficio PFC/SPS/DGCARA/RPCE/404/2023 de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ya que debió agotar el medio de defensa ordinario procedente en su contra, que resulta ser el juicio de nulidad en materia administrativa. El motivo de improcedencia señalado es infundado. Lo anterior dado que en la especie se actualiza una excepción al principio de definitividad citado, como a continuación se expone. El numeral de la ley de la materia que prevé la causal de improcedencia en análisis, es de la literalidad siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando el agravio que causen no sea reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, sin que sea necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa medida cautelar, así como en el caso de que el acto reclamado carezca de fundamentación. El principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En tal sentido, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 61, fracciones XIV, XVIII, XX y 107 de la Ley de Amparo y de diversos criterios jurisprudenciales emitidos al respecto, se advierte que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se combate la inconstitucionalidad de algún precepto de una ley secundaria aplicada en relación con el acto reclamado, como en el presente caso se advierte de la demanda de amparo, en la que se viene impugnando la inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma que rige el acto reclamado; de ahí lo infundado de esta causal de improcedencia propuesta. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio que a continuación se transcribe: "Registro digital: 191539 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Julio de 2000, página 156 Tipo: Aislada DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". TERCERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INFUNDADA Por otra parte, las autoridades responsables señalan que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al argumentar que se está en presencia de actos consentidos en forma irreparable. Es infundado el planteamiento anterior; y a efecto de evidenciar tal premisa, es necesario traer a colación el contenido del ordinal citado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;". El concepto de "actos consumados de modo irreparable" a que se alude en el referido precepto, debe entenderse como aquellos ejecutados por alguna autoridad, que dejan a la justicia de la unión imposibilitada para invalidarlos física y materialmente, por lo que no es dable restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados. Ante estas características, la Ley de Amparo ha determinado que, tratándose de esta clase de actos el juicio de amparo resulta improcedente, dada la naturaleza de éstos, pues no podría cumplirse con la finalidad misma del amparo, que es restituirle al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, volviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación reclamada. De ahí que, el juicio de amparo sea improcedente respecto de actos que se estimen consumados de manera irreparable, cuando se han realizado íntegramente y se han producido todos sus efectos; sin que puedan repararse, volviendo las cosas al estado en que se encontraban, hasta antes de su realización. Ahora bien, las responsables aducen que se actualiza en la especie el motivo de improcedencia en comento en relación con el acto de aplicación de la norma, con motivo de que emitió los oficios: a) PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0916/2023, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, con el cual se autorizó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de dos establecimientos que defiende la parte quejosa; y, b) PFC/SPS/DGCARA/RPCE/0877/2023, de veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se negó la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño del establecimiento ubicado en la calle 31, número 200A, colonia centro, en Peto, Yucatán, sustancialmente, por no presentar el documento relativo a la póliza completa de seguro vigente. Sin embargo, no se actualiza la causal de improcedencia analizada, ya que la emisión de los oficios de referencia, no hace imposible el análisis constitucional del oficio anterior, a través del cual se le hizo el requerimiento a la parte quejosa, para poder realizar la inscripción de las tres sucursales que defiende, en el Registro Público de Casas de Empeño. Lo anterior, pues como ya se indicó al analizar la diversa causal relativa al cambio de situación jurídica, el hecho de que la amparista haya cubierto los requisitos que la autoridad le indicó, no implica que haya consentido la posible ilegalidad del requerimiento, por tanto, no puede considerarse que la emisión de los nuevos oficios, uno otorgando el registro de dos negociaciones y el otro en sentido negativo, implique que se han producido todos sus efectos, pues su dictado no impide que pueda reparase alguna violación que la autoridad hubiera cometido al señalarle los requisitos que debía cumplir para obtener el registro. Por tanto, si después del análisis constitucional del oficio primigenio se advirtiera que el requerimiento no está ajustado a derecho, puede otorgarse el amparo retrotrayendo las cosas a efecto de que el requerimiento se haga sobre las bases y requisitos correctos; de tal manera, las cosas pudieran volver al estado en que se encontraban hasta antes de su realización, por lo que no se está en presencia de actos consumados de modo irreparable; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia analizada. Resulta ilustrativa en lo relativo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer". Finalmente, al no haberse invocado otra causa de improcedencia, sin que este órgano jurisdiccional advierta la actualización de alguna otra de manera oficiosa, se procede al estudio de fondo respecto en el siguiente considerando. NOVENO. Estudio de la litis constitucional. No se transcriben los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin demérito de que para cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica en las sentencias se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hacen valer en la demanda de amparo. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a/J. 58/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." A lo largo de su primer concepto de violación, la parte quejosa sostuvo en síntesis lo siguiente: Que el derecho a la legalidad es un derecho humano y la seguridad pública está prevista en el artículo 21, párrafo noveno de la constitución federal. Que la autoridad responsable emitió el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", en el que se traslada una obligación del Estado Mexicano a los proveedores del servicios del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, conocidas como casas de empeño, lo que resulta incompatible. Que el trasladar la obligación a los particulares, se incumplen las obligaciones que como funcionarios públicos, les ordena el párrafo tercero del artículo 1°, de la Constitución Federal. Que las facultades de la autoridad responsable no llegan al grado de estar facultadas para obligar a la parte quejosa, como proveedor, a contratar empresas de seguridad privada autorizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Que la transmisión de obligaciones inherentes al Estado Mexicano, en cuanto a la seguridad de los consumidores y de sus propiedades, para obligar a los proveedores a realizar tal conducta, se vulneran los derechos a la legalidad y a la seguridad pública. Motivos de inconformidad que son infundados, como a continuación se expone. Por cuestión de técnica que rige en el juicio de amparo, en primer lugar, se analiza el concepto de violación de carácter formal planteado, relacionado con la inobservancia del artículo 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, se tiene presente que el primer párrafo del artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De la cita que antecede, se obtiene que ninguna persona podrá ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones o derechos, sino mediante un acto por escrito emitido por autoridad competente, la cual se encuentra obligada a fundar y motivar el acto de molestia. Lo anterior significa, según nuestra doctrina y jurisprudencia, que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia (entendida como una perturbación o afectación) en su esfera jurídica, por parte de los órganos del Estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia debemos entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de tales actos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Constar por escrito. b) La autoridad debe ser competente, y c) El acto debe estar fundado y motivado. Así, un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para considerar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. A lo antes señalado resulta aplicable, la tesis 674 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo III, Parte TCC, página 493, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Por su parte, el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal establece lo siguiente: "ARTÍCULO. 21.- (.) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (.)". Del contenido del artículo 21, párrafo noveno, se obtiene que la Seguridad Pública es una función a cargo del Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La seguridad pública comprende tanto la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como las sanciones administrativas en términos de la legislación. Así, la materia de Seguridad Pública en su perspectiva de función, está sujeta a reserva de ley y con las competencias que la propia Carta Magna constriñe, asimismo, las instituciones de seguridad pública se regirán bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; dichas instituciones de seguridad pública además, contarán con una estructura de carácter civil, disciplinado y profesional. Se dispone un sistema de coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los distintos órdenes de gobierno con la intención de cumplir con los objetivos de seguridad pública y conformar a su vez el Sistema Nacional de Seguridad Pública; dicho Sistema deberá contar a su vez con las bases mínimas desplegadas en los incisos a), b), c), d) y e) a los que alude el décimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal; esto es: una regulación de procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; estas acciones constituyen una materia concurrente en la que han de participar todos los órdenes de gobierno; se prevé además el establecimiento de bases de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, la certificación y registro de las personas para el ingreso a las instituciones de seguridad pública; la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos; se prevé la coadyuvancia de la comunidad para participar en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública, y finalmente, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a la seguridad pública. Por su parte, el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar en la materia de coordinación entre estos niveles de gobierno y para organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución: "ARTÍCULO 73.- El Congreso tiene facultad: (.) XXIII.- Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución." En este orden de ideas, el resultado de dicha facultad constitucional a cargo del Legislativo Federal se tradujo en la norma jurídica denominada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, conviene precisar brevemente que las Leyes Generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes que establecen las bases para su regulación, es decir, se trata de bases mínimas o leyes marco en las cuales las entidades que conforman el Pacto Federal pueden regular determinadas materias por previsión Constitucional, al respecto puede decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las características de las leyes generales en el criterio: P. VII/2007, de rubro y texto siguiente: "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales." También apoya la anterior consideración la tesis plenaria P./J. 142/2001 de esta Suprema Corte de rubro y transcripción siguiente: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIXJ). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general." Así las cosas, y bajo la reserva de ley que prevé el propio ordinal 21 de la Norma Suprema puede decirse que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece el parámetro genérico, bajo el cual todas las entidades del Pacto Federal, los Municipios y la Ciudad de México, pueden participar en la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacer efectiva la seguridad pública, lo anterior se encuentra apoyado también por el criterio P. LXXI/2010, de este Alto Tribunal con el siguiente rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA. DEBEN GENERARSE PROCESOS O PROTOCOLOS DE POLICÍA CON BASES COMUNES PARA TODAS LAS CORPORACIONES, A FIN DE NO ENTORPECER LAS COLABORACIONES CONJUNTAS. Dado que la función de seguridad pública es concurrente entre los tres órdenes de gobierno, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada orden jurídico puede organizar y efectuar sus tareas en la materia conforme a sus criterios. Sin embargo, precisamente por tratarse de una función pública ejercida de este modo, para ser efectiva debe realizarse coordinadamente a fin de que los objetivos comunes de seguridad pública se cumplan. En ese sentido, los operativos y formas de operación y reacción de la policía no deben quedar sujetos a las coyunturas de cada momento y circunstancias en que se hace necesario que accione o reaccione la policía, particularmente cuando más de un cuerpo policial debe entrar en acción, a riesgo de hacer ineficaz el trabajo. De ahí que los procesos de actos y operativos de policía, que deben ser estandarizados a través de protocolos, deban procurar elementos comunes en la transversalidad. Esto es, deben generarse procesos o protocolos con bases similares para todas las corporaciones, para que cuando se vean en situación de colaborar conjuntamente su labor no se entorpezca por falta de coordinación o porque cada una maneje distintas formas de reaccionar ante los mismos hechos.". Ahora bien, fijado el parámetro constitucional y legal, se advierte que, las normas reclamadas por la parte quejosa son del siguiente tenor: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO. (.) ARTÍCULO 18. Las casas de empeño deberán contar con procedimientos de seguridad adecuados para garantizar en su funcionamiento y operación, la seguridad de los consumidores y sus prendas. [.]. ARTÍCULO 19. Para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con los siguientes requisitos: (.) VIII. Copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar servicios de seguridad. IX. Copia simple del documento emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que certifique la capacidad técnica del o los valuadores que realicen la valoración de los objetos dados en prenda en el establecimiento". Así, el artículo 18 del referido Acuerdo, establece el deber de las casas de empeño de contar con procedimientos de seguridad adecuados para garantizar su funcionamiento y operación, así como la seguridad de los consumidores y prendas; por otra parte, la fracción VIII, del artículo 19, integra parte de los requisitos generales para obtener la constancia de registro para las Casas de Empeño, en el que se establece contar con copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada. En este orden de ideas se observa que los argumentos de la parte quejosa son infundados. Efectivamente, si bien es cierto que la seguridad pública es una función y primer deber a cargo de las autoridades del Estado Mexicano, no es correcto que la carga sea trasladada a la parte quejosa tal como precisó. La razonabilidad de la norma cuestionada, versa con requisitos que deben cubrirse para que las casas de empeño puedan garantizar su funcionamiento y operación, pero ello debe entenderse en el contexto de la propia negociación. Tal como se precisó, la materia de seguridad pública, es concurrente entre la Federación y las partes que integran el referido pacto federal, de la cual, tanto las entidades, los municipios, las alcaldías y la Ciudad de México participan en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso, la remisión a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece lo siguiente respecto del tema de la seguridad privada: "TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. ARTÍCULO 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local, misma que no excederá los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2019) ARTÍCULO 151.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. ARTÍCULO 152.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información. Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza." Del contenido de los artículos reproducidos, se observa que los particulares pueden prestar servicios de seguridad privada, protección, vigilancia o custodia de personas, en lugares o establecimientos de bienes o valores; asimismo, se colige que los servicios de seguridad privada son auxiliares de la función de seguridad pública. En el caso concreto, el referido "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", establece en su artículo 2°, que debe entenderse por Casas de Empeños, a los proveedores personas físicas o morales no regulados por leyes y autoridades financieras, que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, incluyendo las Instituciones de Asistencia Privada; mientras que, por establecimiento debe entenderse el lugar legalmente registrado en el que en forma habitual o profesional se realizan u ofertan al público operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, en el que se tienen a resguardo prendas, el cual puede ser matriz o sucursal. Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia por reiteración: 2a./J. 127/2014 (10a.), visible a página 849, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. El artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al señalar que para efectos de esa ley se consideran casas de empeño los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, incluye a las instituciones de asistencia privada, ya que de los procesos legislativos que dieron origen a la citada disposición legal deriva que lo que regula es la actividad del "préstamo con interés y garantía prendaria", con independencia de la naturaleza jurídica del prestador del servicio y del fin al que destina las ganancias o utilidades que obtiene por la realización de esa actividad; de ahí que el concepto de "sociedades mercantiles" a que se refiere, comprende todas las personas jurídico colectivas que de manera habitual realizan u ofertan ese tipo de operaciones aun cuando no se hayan constituido conforme a las leyes mercantiles, en tanto su ocupación ordinaria es considerada como acto de comercio en términos de lo previsto en la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio. En consecuencia, debe estimarse que para efectos del sistema de protección al consumidor, se consideran como casas de empeño todos los proveedores personas físicas y morales no reguladas por leyes y autoridades financieras, que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público en general contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, incluso las instituciones de asistencia privada, lo que no implica desconocer su naturaleza jurídica ni la facultad reservada a las legislaturas locales para regular lo concerniente a su constitución y organización, pues debe tenerse en cuenta que en materia de asistencia social concurren la Federación, los Estados y el Distrito Federal y que corresponde a la primera regular y supervisar las actividades inherentes a su objeto social y, en consecuencia, las que se realizan a efecto de allegarse de recursos adicionales para su consecución, más aún si son consideradas como actos de comercio." En el caso, los requisitos previstos en los artículos 19 y 20 del referido acuerdo se tratan de requisitos que no vulneran el derecho a la legalidad y/o la seguridad pública, porque no es excluyente tal seguridad pública con diversa seguridad privada, en el entendido de que la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoce la posibilidad de que la seguridad privada puede brindarse sobre establecimientos, bienes o valores, como en el caso lo son los establecimientos de las casas de empeño, que si bien se enmarcan en el espacio público, se trata de proveedores personas físicas o sociedades mercantiles que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, e incluye a las instituciones de asistencia privada; por ende, tales negociaciones mercantiles no solo son objeto de protección por parte de la Seguridad Pública, sino que, por sus finalidades y actividades comerciales y legales, cuentan con requisitos adicionales que deben cumplir para que puedan quedar registradas, tal como lo sostiene la autoridad responsable. De manera que los requisitos previstos en los artículos 18 y 19 fracción VIII del referido "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", no vulneran el derecho a la seguridad pública, a la que tiene el derecho a gozar la quejosa, empero, dadas las actividades y funciones que desempeña las autoridades competentes han determinado incluir requisitos adicionales como lo es el contar con la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de los contenidos permisibles en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este orden de ideas, no se omite observar que el referido "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", fue emitido por la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 1, 20, 24, fracciones I, XIV, XV y XIX, 27, fracciones XI y XII, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5 y 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1, 2 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En este orden de ideas y contrario a lo señalado por la parte quejosa, la autoridad responsable Procurador Federal del Consumidor, sí cuenta con atribuciones para expedir el denominado "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", sin que ello implique la vulneración al principio de legalidad, pues tal atribución se realizó al ejercer su atribución de supra-subordinación respecto de los proveedores y consumidores. Es aplicable, la tesis jurisprudencial del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 2a. CCV/2001, visible a página 44, Tomo XIV, Noviembre de 2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SU RELACIÓN JURÍDICA CON LOS PROVEEDORES Y CONSUMIDORES SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. Si se toma en consideración, por un lado, que de acuerdo con la teoría general del derecho las relaciones de supra a subordinación se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, y por otro, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este ordenamiento tiene por objeto promover y proteger los derechos de los consumidores, además de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, sus normas son irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario; así como que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene funciones de autoridad administrativa y su funcionamiento se rige por lo dispuesto en aquella ley, en sus reglamentos y en su estatuto, es inconcuso que dicho organismo al ejercer sus facultades legalmente señaladas establece una relación de supra a subordinación con los proveedores y consumidores, ya que en un plano superior los subordina, al regular y conciliar, a nombre del Estado, las relaciones derivadas del consumo y, en su caso, resolver sus diferencias e, incluso, al sancionarlos en las hipótesis establecidas en la referida ley." Sin que deba perderse de vista que de acuerdo a la naturaleza del giro comercial de las casas de empeño, uno de sus objetos principales en materia de funcionamiento, es tomar prendas que el público lleva al local respectivo obteniendo una contraprestación mientras que la empresa se queda con la prenda en garantía, y pasado un tiempo, si el cliente no cumple con el contrato, la negociación puede quedarse con la cosa y venderla. Así, el giro principal es el préstamo de dinero por la cosa en prenda, la cual queda en garantía, y lo que la norma combatida intenta proteger es que esas prendas que son de la población estén debidamente resguardadas, situación que hace necesario que legalmente esté justificado que se obligue a la empresa a salvaguardar esa circunstancia mediante seguridad privada. Lo anterior también de acuerdo con los principios que rigen a la autoridad responsable (PROFECO), y su fin primordial, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20, 24 y 27 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Lo cual implica, atendiendo a este caso, que los objetos que quedan en prenda en las casas de empeño se encuentren seguros y que no sean objeto de sustracción, robo o cualquier otro delito. Por tanto, lo dispuesto en la norma en cuestión, justifica que se obligue a las casas de empeño a proporcionar la seguridad a sus clientes dentro de la negociación, el cual se trata de un espacio privado. De esta manera queda salvaguardada la seguridad del consumidor, pues al existir la seguridad privada interna en la propia casa de empeño, se garantiza que todas las operaciones que ahí se realicen se hagan de manera segura, y dota de la tranquilidad necesaria al consumidor de que las prendas que lleve estarán debidamente resguardadas, con la seguridad de que al término del contrato podrá acudir y ahí estará su prenda, la cual le será devuelta previo cumplimiento de las obligaciones de contraprestación a que se haya comprometido. De tal manera que si bien el Estado tiene la obligación de dar seguridad pública a los gobernados, ello no implica que tenga la obligación de proporcionar una seguridad particular y específica para el giro del negocio que se trate, porque se trata de espacios particulares, ello aunque tengan atención al público. En consecuencia, resulta infundado el concepto de violación planteado por la parte quejosa, respecto de los artículos 18 y 19, fracción VIII, del Acuerdo impugnado. ANÁLISIS DE DIVERSO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. En otra parte de la demanda de amparo, el impetrante de amparo cuestionó la validez del párrafo segundo del artículo 18 del "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", así como la fracción IX del artículo 19 del mismo ordenamiento. Señala que dichos numerales vulneran el derecho humano a la competencia y a la libre concurrencia, contenido en el artículo 28 constitucional, porque considera que la obligación de capacitar a su personal con base en los lineamientos con código EC0865, denominado "Valuación de artículos varios en ventanilla", que fue elaborado y aprobado por un Comité encabezado por la empresa dominante del sector de las Casas de Empeño, denominada Nacional Monte de Piedad, le coarta su derecho a capacitar a su personal en la manera que más le convenga, con lo que aduce se le obliga a abandonar las ventajas competitivas que utiliza para diferenciarse en el mercado y utilizar las que usa la citada empresa, dándole una ventaja competitiva. Asimismo, señala: - Que el artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho a la competencia y a la libre concurrencia como derecho humano y que implica que todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas con perjuicio del pueblo o de una clase social, constituye monopolio y está prohibido. - Que la autoridad responsable ha obligado a que los proveedores de servicios del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, para capacitar a sus empleados de acuerdo con la capacidad técnica acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Normalización; y, - Que el obligar a las casas de empeño a renunciar a capacitar a su personal en la manera en que más les convenga, es incompatible con las obligaciones de respetar la competencia y la libre concurrencia que derivan del derecho humano a la legalidad. Ahora bien, las normas impugnadas son del siguiente tenor: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO. ARTÍCULO 18.- (.) Asimismo, el valuador que realice la valoración de los objetos dados en prenda, deberá contar con la capacidad técnica acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales." ARTÍCULO 19. Para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con los siguientes requisitos: [.] IX. Copia simple del documento emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que certifique la capacidad técnica del o los valuadores que realicen la valoración de los objetos dados en prenda en el establecimiento". En este contexto, la parte quejosa se limitó a sostener que el obligar a los proveedores de servicios del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria a renunciar a capacitar a su personal en la manera que más les convenga y adopten los estándares establecidos por el Nacional Monte de Piedad, vulnera el derecho a la libre competencia. El concepto de violación es infundado en una parte e inoperante en otra. En principio, debe establecerse que el quejoso arguye como dolencia medular que bajo las reglas que establece la norma combatida, no existe una libre competencia en la materia de las casas de empeño, ya que le afecta que los valuadores estén sujetos a obtener la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el cual está encabezado por integrantes de la empresa dominante en el sector, que es el Nacional Monte de Piedad. No le asiste razón en el argumento expuesto, por lo que es infundado. Es menester destacar que la parte quejosa no viene impugnando la formación o integración del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, y el hecho de que el Nacional Monte de Piedad forme parte de dicho organismo y que tenga influencia en la forma de certificar a los peritos valuadores, ello no afecta en forma alguna el derecho a la libre competencia de la parte amparista. Lo anterior, porque contrario a lo que afirma, la ley no le está sesgando o prohibiendo la capacitación de la persona que realice funciones de valuación para la casa de empeño, pues no restringe a la empresa forzándola a que abandone las ventajas competitivas que cada negociación pudiera tener para diferenciarse en el mercado, ante la obligación de ajustarse a las reglas de la empresa dominante, como lo señala la amparista. En este punto, es importante acotar que la norma impugnada se refiere sólo a los valuadores, sin que se obligue a la quejosa a que adopte la forma de trabajo y de operación del Nacional Monte de Piedad. Tampoco implica una renuncia a la forma de capacitar al personal que más le convenga a la empresa, pues no limita al gobernado para proporcionar la mayor capacitación posible a la persona valuadora; sino sólo establece un estándar mínimo de preparación, y fija un plano de igualdad para todas las casas de empeño en este rubro; sin que ello interfiera en forma alguna en la forma de operación de la negociación. Lo anterior, ya que no se le está impidiendo en forma alguna a que, como patrón, dote a su personal de la capacitación que más le convenga a su negociación, ya que sólo se establece un estándar mínimo de capacitación a cumplir, ello en garantía también para el público en general, de que existe una igualdad en los criterios de valuación de sus prendas, lo que incide en la confianza que el consumidor tiene de que los tratos que realice en las casas de empeño son sobre la base de precios justos, todo ello derivado de que se garantiza de que el personal de valuación, tiene al menos una certificación básica y estandarizada de capacitación en la materia. Por otra parte, es inoperante este concepto de violación analizado, ya que la parte amparista no refiere: a) porqué se le está obligando a renunciar a la capacitación de su personal; b) los motivos por los cuales afecta la competitividad o a su ventaja competitiva; y, c) porqué se trata de una práctica monopólica lo señalado en la norma. En efecto, la quejosa no vierte argumento alguno encaminado a exponer al menos la causa de pedir en relación con su impugnación respecto a estos temas. Ilustra al tema, en lo conducente, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2081, de la fuente y época que se han referido, con registro 1003713, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase 'pretensión deducida en el juicio' o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir". Por otra parte, es conveniente tener en consideración el contenido del artículo 28 de la Constitución Federal, que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. (.) El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos". (párrafo 14). Así, el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos queda prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas; el párrafo segundo por su parte establece una reserva de ley, en la que se castigará toda concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciales o empresarios de servicios para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida. Asimismo, el párrafo décimo cuarto del numeral 28 de la Constitución, establece que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, la que tendrá por objeto la de garantizar la libre competencia y concurrencia; así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas; asimismo contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. En este sentido, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que el numeral 28 de la Constitución, reconoce derechos para los consumidores y la sociedad, en los que el ambiente de competencia y libre concurrencia, deben ser beneficiarios los consumidores y la sociedad en general. Es aplicable el criterio jurisprudencial: 2a./J. 9/2017 (10a.), visible en página 398, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Entre los bienes jurídicos tutelados por el precepto citado se encuentran los derechos del consumidor y de la sociedad, sin que ello implique que se trate de la única protección perseguida por la Constitución, pues también reconoce los relativos a la competencia y a la libre concurrencia, lo que es lógico pues en la medida en que exista un ambiente de competencia y libre concurrencia, el consumidor y la sociedad en general, como eslabones de un cadena de producción, se benefician al no ser afectados por prácticas monopólicas; los conceptos de competencia y libre concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no afectar a los consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de competencia.". La doctrina histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los artículos 25 y 28 de la Norma Suprema, no otorgan derechos a las personas respecto de medidas de carácter económico que consideren deben adoptarse, tal como se desprende del criterio: P. CXIV/2000, visible a página 149, Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS A LOS GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS. Los artículos 25 y 28 de la Carta Magna establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, que se cumple, en los términos previstos en los propios preceptos constitucionales, mediante diversas acciones en que el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas y prohíbe los monopolios, esto es, todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social; pero en este señalado aspecto de dirección estatal no conceden garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, en vía de amparo, que para cumplir con tales encomiendas constitucionales, el Estado deba adoptar ciertas medidas y seguir determinadas direcciones, como establecer singulares requisitos de calidad para la elaboración y envasado de productos, con el pretendido propósito de proteger la economía nacional, pretensión que carece de sustento constitucional." Igualmente, se establece que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, se trata de un fideicomiso, previsto como una entidad para-estatal sectorizada a la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es objeto auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones que la Ley General de Educación, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato; éste fue celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente única de la administración pública federal centralizada, por una parte, y por la otra Nacional Financiera, S.N.C, Dirección Fiduciaria. Esta entidad paraestatal, se encuentra regida también por los dispositivos 40 a 45 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se constituyó como un fideicomiso que fue creado de conformidad con los artículos 27, 43 y 45 vigentes al momento de su constitución. En el caso concreto, la parte quejosa se limitó a señalar que el artículo impugnado vulnera el derecho a la libre competencia económica, sin ofrecer un parámetro de comparación objetivo y razonable sobre la posible vulneración del artículo 28 de la Constitución Federal, al limitarse a señalar que obligar a las casas de empeño a renunciar a capacitar a su personal en la manera en que más les convenga, es incompatible con las obligaciones de respetar la competencia y la libre concurrencia; lo que resulta inoperante. Pues la impugnación resulta abstracta y en vía de remisión cuestiona que la Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, tome en cuenta sin que las atribuciones del referido fideicomiso hayan sido cuestionadas en el presente juicio de amparo, de ahí que también se advierta la inoperancia del concepto de violación, pues se trata de cuestiones abstractas que la parte quejosa busca introducir a la litis, cuando la cuestión efectivamente planteada se limitó a cuestionar únicamente el artículo 18 párrafo segundo, del "Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", en relación con el numeral 19, fracción IX del mismo ordenamiento, que establece la obligación de exhibir copia simple del documento emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que certifique la capacidad técnica del o los valuadores que realicen la valoración de los objetos dados en prenda en el establecimiento. Y, por similitud de razón, la jurisprudencia I.6o.C. J/21, página 1051, tomo XII, agosto de 2000; cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo". Sin que pase inadvertido que a través del juicio de amparo se realiza un control concreto de protección de derechos humanos y no es un mecanismo de control abstracto o de cuestiones hipotéticas, por el cual se deban analizar expresamente todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. Resulta aplicable la tesis: VI.1o.A. J/18 (10a.), visible a página 2438, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, de rubro y texto: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE "CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, y además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual, pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una demanda de amparo, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho." En mérito de lo anterior, al ser infundados en parte e inoperantes por la otra, los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, se impone NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. DÉCIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO PRIMERO. Captura de la sentencia en SISE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO SEGUNDO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón, respecto del acto y autoridad señalados en el considerando tercero de este fallo, por los motivos ahí indicados. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en el artículo 2°, fracción XXV del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, así como de las tres líneas de captura exhibidas, en términos de lo señalado en el considerando quinto de este fallo, por las razones ahí expuestas. TERCERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en el numeral 19, fracción VI, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, en términos del considerando sexto de esta sentencia, por los motivos ahí señalados. CUARTO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JORGE LUIS DZUL CAB, por conducto de su apoderado legal Josué Sandoval Cantón, contra los actos reclamados al Procurador Federal del Consumidor y Director de Casas de Empeño, consistentes en la expedición del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado el cinco de abril de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en específico los artículos 18 y 19 fracciones VIII y IX, y su ejecución; en términos del considerando noveno de esta sentencia. QUINTO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando décimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. SEXTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo primero de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SÉPTIMO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, agréguese el oficio firmado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dieciséis de mayo actual, informa que los acuses relativos a los oficios 7538/2023 y 7539/2023, han sido entregados a este Juzgado. En consecuencia, atento a que, tal como lo señala la autoridad oficiante, dichas constancias fueron recibidas en este Juzgado el diecisiete de este mes y año, se tiene por cumplido el requerimiento que le fue formulado, dejando sin efectos el apercibimiento que se le hizo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se agrega el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, como representante legal del Procurador Federal del Consumidor y Director de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor, con residencia en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y anexos, y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

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