Jorge Luis Enríquez González
Expediente 1228/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Luis Enríquez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite un anexo formado con las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y el expediente original del juicio de amparo 1228/2********************2 e informa que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vinculado al presente expediente la ejecutoria pronunciada el siete de noviembre de dos mil veintitrés dentro del recurso de revisión R- ********************/2********************3, de su índice, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, se ordena extraer el archivo electrónico de la ejecutoria de referencia y adjuntarlo al oficio de cuenta. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. SE GLOSA EXPEDIENTILLO Glósese a los presentes autos, el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. VALORACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha clasificado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, toda vez que no los exhibió. ANOTACIÓN EN CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), consistentes en el duplicado de la causa penal ********************/2********************2, de su índice, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose el acuse respectivo. NOTIFÍQUESE.
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Puebla, Puebla, a catorce de junio de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito signado por********************atento al contenido del mismo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de mayo del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA Y POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO RESPONSABLE Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amaro en Materia Penal en el Estado de Puebla el siete de noviembre de dos mil veintidós, recibido al día siguiente hábil en este juzgado, *** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en el auto de formal prisión de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa penal 02/2022, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal vigente en la época de los hechos, cometido en agravio del entonces adolescente ***, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19 constitucionales. Segundo. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 1228/2022, solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento a la parte tercera interesada *** y ***. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Tercero. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 7431/2023 de dieciocho de abril del presente año signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remitió el juicio de amparo 462/2021 del índice del juzgado de su adscripción, mismo que fue recibido el doce de mayo siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual fue remitido al día siguiente y que por razón de turno correspondió de su conocimiento a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, además es de naturaleza penal al ser un auto de formal prisión. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla: El auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 02/2022, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal vigente en la época de los hechos, cometido en agravio del entonces adolescente ***. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Encargado del despacho del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió como justificación de sus actos consistentes en el duplicado del proceso 02/2022 de su índice; documental que por tratarse de actuaciones emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte el acto aquí impugnado, es decir, el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 02/2022, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro agravado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal vigente en la época de los hechos, cometido en agravio del entonces adolescente ***. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación son infundados por un lado y fundado pero insuficiente por otro para conceder la protección constitucional, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso se duele que en la determinación reclamada existe insuficiencia de medios de prueba para acreditar su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado que se le imputa, además que algunas pruebas se obtuvieron de manera ilícita. Pues indica que de las declaraciones de *** no se advierte que haya tenido conocimiento directo de los hechos ni tampoco hace señalamiento al quejoso en cuanto a que haya tenido participación en los eventos relativos a la privación de la libertad de la víctima, la negociación y el pago del rescate para que la víctima haya obtenido su libertad por tanto, al ser información obtenida por terceros, debió negarle todo valor probatorio. Que ***, declaró que junto con su esposo observaron frente al domicilio del quejoso, un vehículo seat, color rojo, similar al que fue utilizado para llevar a cabo el plagio, pero la fiscalía no dio fe de la existencia de dicho vehículo, como tampoco acreditó quién era su propietario, incluso, no se solicitó su aseguramiento. Que los datos proporcionados del vehículo con el cual se plagiaron a la víctima (número de placa de circulación ***), fueron proporcionados por otra persona y que el mensaje que recibió su esposo *** proveniente del número *** perteneciente a ***, por lo cual no es posible presumir que el vehículo seat, color rojo pertenezca al quejoso. Además, no existe medio convictivo que el número *** haya sido utilizado en la negociación para liberar a la víctima o que el quejoso esté directa o indirectamente vinculado por el plagio. Que la declaración de ***, dada cinco meses después de ocurridos los hechos, la fiscalía la pretende relacionarla con diversas, entre ellas, de ***, de ***, de ***; sin embargo, refiere que la fiscalía omitió haber dado fe del vehículo citado (seat color rojo), así como de corroborar los datos proporcionados (placas) y que puedan dar noticia de la identificación del vehículo, lo que permitiría ligar, al menos circunstancialmente al detentador del aludido vehículo, lo cual no aconteció. Además, las declaraciones de ***, son discrepantes, pues en la primera de once de agosto de dos mil dieciséis, (que refiere el quejoso no obra en la averiguación previa), señaló que nunca memorizó las placas del carro y el papel se lo entregó a ***, y en aquella de trece de noviembre de ese año, indicó que vio las placas traseras del coche que subieron al alumno, entró a recepción, las anotó y días después las entregó a unos policías que estaban investigando esos hechos; de lo que indicó que debe prevalecer la primera declaración en la cual no aportó ningún número de placas de algún vehículo. Y que ***, en su declaración de once de agosto de dos mil dieciséis, no proporcionó ninguna característica del vehículo que participó en los hechos, pues solo dijo que era de color rojo, y al igual que ***, dijo que anotó el número de placas en un papel y se lo entregó a ***. Por tanto insiste el quejoso, que la fiscalía omitió en investigar la identificación del vehículo, así como de recabar la declaración de su propietario. Señala el quejoso que el escrito de diez de mayo de dos mil dieciséis del apoderado legal de la empresa ***, en el que se adjunta el desglose de comunicaciones de la línea *** de la víctima ***, es una prueba ilícita, pues refiere que solo la autoridad judicial federal puede autorizar la entrega de la información resguardada por los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y empresas comercializadoras de servicio de telecomunicaciones, y por tanto, se debe excluir por carecer de todo valor probatorio, ello en términos del artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En consecuencia, las pruebas derivadas también deben ser ilícitas, como aquella contenida en el informe policial de análisis telefónico ***, de trece de mayo de dos mil dieciséis. Por los mismos argumentos refirió el quejoso, son ilícitas diversas pruebas de las que se allegó el representante social, en esencia aquellos desgloses de las líneas telefónicas del denunciante ***, la víctima, de ***, y el aquí quejoso, ello derivado de las respuestas dadas por el apoderado legal de la empresa *** De igual forma refiere el quejoso, que el dictamen médico 345 no debe valorarse, dado que el perito no acreditó contar con título oficial sobre la ciencia que emitió su dictamen. Respecto de la fe del teléfono celular realizado por la representante social de tres de octubre de dos mil dieciséis de la línea ***, propiedad de ***, de la misma no se aprecia que el quejoso se encuentre cometiendo el delito, además de las imágenes extraídas no se acreditan que los vehículos que se observan sean propiedad del quejoso, ni que la ubicación y su domicilio sean del quejoso; además no se observa que el vehículo seat color rojo que se aprecia, tenga la placa de circulación ***. Y que de la testimonial de ***, de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se acredita que las placas de circulación ***, corresponden a un diverso vehículo, y por ende, el vehículo seat color rojo que participó en los hechos y el que se encontró frente a la acera de un domicilio, no pudo haber portado las placas de circulación ***, lo que pone en duda lo que afirmaron las personas haber visto y anotado las placas en un papel. Es de precisar que para el dictado de un auto de formal prisión la autoridad jurisdiccional debe ajustarse a la observancia del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que establece: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley (.). Con base en lo transcrito, para la emisión en el auto de formal prisión se deben cumplir los requisitos siguientes: Que lo emita una autoridad judicial competente. Que dicha determinación sea dictada dentro de las setenta y dos horas a partir de que el indiciado fue puesto a disposición de la autoridad judicial o dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. Debe expresar el delito que se impute al inculpado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Que los datos que arroje la averiguación previa deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Deberá estar debidamente fundado y motivado. Requisitos establecidos en los puntos 1, 2 y 3 fueron satisfechos al emitirse el auto de formal prisión reclamado de trece de octubre de dos mil veintidós. Así, por cuanto al primero, el auto de formal prisión se advierte que fue dictado por autoridad judicial competente, en la especie el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, pues analizó hechos delictuosos cometidos en San Pedro Cholula, Puebla, lugar donde ejerce su jurisdicción en términos del 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa; ello con las facultades conferidas en los artículos 2º, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los diversos 1º, 5º, 7º, 211, 212 y 213 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Así mismo se advierte que el quejoso ***, fue puesto a disposición del juez responsable a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de octubre de dos mil veintidós y a las once horas del ocho de octubre siguiente, con motivo de la ejecución de una orden de aprehensión, rindió su declaración preparatoria, el cual solicitó la ampliación para que fuera resuelta su situación jurídica, misma que se efectúo a las diecisiete horas con treinta minutos del trece de octubre de ese año, esto es, dentro del término constitucional ampliado. En cuanto al tercer punto, juez responsable precisó en el acto reclamado el delito que se imputa al hoy inconforme, es el de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal vigente en la época de los hechos. Ahora bien, en primer término es necesario señalar que del contenido del auto de formal prisión se observa que el hecho generador de la causa penal es la privación de la libertad de la víctima, la que se indica ocurrió el nueve de mayo de dos mil dieciséis y se mantuvo hasta el veinituno de mayo de dos mil dieciséis, en que fue liberado. Por tanto, la legislación aplicable es la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil once, en la cual en el artículo 2, párrafos primero y segundo, se indica que en dicha ley se establecen los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Empero, para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados. Así mismo, se señala que a falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las Entidades Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en la Ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales. De lo cual se observa que lo relacionado con los aspectos sustantivos, no previstos en la ley general, se aplicará supletoriamente el Código Penal Federal. Lo anterior, porque en el artículo 73, fracción XXI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé la facultad del Congreso de la Unión para establecer los supuestos en los cuales las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales, tratándose de materias concurrentes. Por su parte, en el numeral 23, párrafos primero y segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se estableció la competencia originaria de las autoridades federales para conocer los delitos previstos en la misma, cuando se trate de los casos señalados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia indicadas en el propio numeral; por tanto, fuera de esos casos, serán competentes las autoridades del fuero común, para lo cual deberán aplicar la ley en materia de secuestro en cita. Por tanto, la competencia concurrente en materia de secuestro conlleva que las autoridades del fuero común pueden conocer y resolver sobre delitos de secuestro, cuya competencia originaria corresponde al fuero federal, pero no implica que el delito deje de ser federal. Es decir, la competencia concurrente no faculta a las autoridades locales a aplicar discrecionalmente las disposiciones legales de su entidad, sino que ello solamente va a suceder en la medida que así lo permita la ley en materia concurrente. Así, cuando la competencia para conocer del delito de secuestro sea de las autoridades locales, todo lo relacionado con la investigación, persecución y procedimiento se aplicará supletoriamente, en primer lugar, la legislación procesal local, en el caso, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Ello, porque en concordancia con el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley General, se establece la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos, cuando no exista regulación específica en las legislaciones procesales de las Entidades Federativas. Por tanto, de acuerdo con la fecha de comisión del hecho materia de la causa penal, las legislaciones aplicables, en lo relacionado con los aspectos sustantivos, es el Código Penal Federal y, en lo referente a la investigación, persecución y procedimiento, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; y, sólo ante la falta de regulación específica, el Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora, por cuanto a las exigencias constitucionales relativas a que se establezca de manera fundada y motivada que los datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado, se analizarán enseguida. Del duplicado del proceso remitido por la autoridad responsable se encuentra la resolución reclamada, de cuya lectura se advierte que en el considerando tercero precisó el delito citado en el párrafo anterior, para lo cual transcribió los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuales textualmente dicen: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; (.) Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.) e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; (.) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; (.) Enseguida, indicó que el cuerpo del delito de secuestro se integra por los siguientes elementos: Detener arbitrariamente a una persona privándola de su libertad. Que lo anterior se realice con el objeto de obtener rescate, causar daños y perjuicios al plagiario o a otras personas relacionadas con este. Que los plagiarios obren en grupo o banda. Que se realice con violencia. Que la víctima sea menor de dieciocho años de edad. Que el plagiario haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Para acreditar los elementos del cuerpo del delito, el juez de la causa valoró los siguientes medios de convicción: La denuncia formulada por *** de nueve de mayo de dos mil dieciséis, ante el agente del Ministerio Público. La comparecencia de *** en veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. El testimonio de ***, de tres y diez de octubre de dos mil dieciséis, ante el agente del Ministerio Público. Testimonios de *** y ***, de doce de mayo de dos mil dieciséis, once de agosto y siete de noviembre de dos mil dieciséis. Testimonio de ***, de once de agosto de dos mil dieciséis. La declaración del directamente agraviado ***, de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. La fe de disco compacto a cargo del Ministerio Público en la cual se contiene los hechos ocurridos el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Inspección ministerial del lugar de los hechos (estacionamiento del ***, ubicado en ***) y del vehículo marca ***, con placas de circulación *** del Estado de Puebla. El informe policial de investigación terminación número 1211/2016, de once de mayo de dos mil dieciséis. La documental privada consistente en el escrito signado por ***, Director General del Colegio ***. Escrito de respuesta del apoderado legal de la empresa ***, de diez de mayo de dos mil dieciséis. El informe policial de análisis telefónico con número de oficio con terminación 193/2016 de trece de mayo de dos mil dieciséis. Informe policial parcial de asesoría con número de oficio terminación 1285/2016 de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. El dictamen en psicología número 063/2016 de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Escrito de respuesta del apoderado legal de la empresa ***, de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. La fe ministerial de disco compacto y contenido de veinte de mayo de dos mil dieciséis. Informe policial parcial con oficio con terminación 1350/2016 de veinte de mayo de dos mil dieciséis. Informe policial de análisis telefónico con oficio con terminación 1359/2016, de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Informe policial de asesoría con oficio con terminación 1394/2016 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. La fe ministerial de disco compacto y contenido de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. La fe ministerial de documento a cargo del Ministerio Público de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. El dictamen médico número 345, de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el cual realizó la valoración a ***. El informe en criminalística 32/2016 de quince de julio de dos mil dieciséis. La fe de teléfono celular a cargo del Ministerio Público de tres de octubre de dos mil dieciséis. El informe policial de investigación número 3618/2016 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. El informe policial de investigación con oficio con terminación 4098/2016 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis. La consulta a la página de electrónica de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, relativa al registro de Clave Única de Registro de Población de ***. Los escritos del apoderado legal de la empresa ***, de ocho de junio de dos mil diecisiete. El informe policial de análisis telefónico con oficio con terminación 2680/2017 de veintiocho de junio de dos mil diecisiete. La fe ministerial de ingreso a la página electrónica de once de noviembre de dos mil diecisiete. El escrito de respuesta del apoderado legal de la empresa ***, de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. El informe policial de análisis telefónico con oficio con terminación 6210/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. La documental púbica consistente en el oficio con terminación número 3304/2019 de trece de marzo de dos mil diecinueve, remitido por la Dirección del Registro Civil de la Ciudad de México, por el que anexa copia certificada del registro de nacimiento de ***. El oficio con terminación 0038/2019, de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por la cual remita el original de la carpeta de investigación 080/2016. Con los anteriores medios de convicción el juez de la causa tuvo por acreditado los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, el cual consistió que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta minutos, *** informó a su esposo *** que acababa de recibir una llamada telefónica de la escuela en donde estudia su hijo ***, pues se dijo que tenía dieciséis años- donde le habían informado que minutos antes se lo habían llevado. Por tal motivo, se dirigieron a la escuela encontrándose con *** director del plantel y de un padre de familia de nombre ***, informándole este último que había presenciado el momento en que dos sujetos al parecer del sexo masculino, habían descendido de un vehículo de color rojo al parecer seat, quienes se dirigieron a su hijo que acababa de estacionar su vehículo en el estacionamiento de alumnos del plantel y por la fuerza lo obligaron a subir al referido vehículo rojo; que al momento que trató de cuestionarles el motivo por el cual se lo llevaban, uno de los sujetos lo amenazó con una pistola, por lo cual no pudo hacer nada y solo se percató que el vehículo se fue de reversa y se metió en sentido contrario, yéndose por la parte de atrás del plantel. Momentos después el director del plantel le mostró un video a *** que tenía grabado en su teléfono y que correspondía al tomado con las cámaras de seguridad del plantel, donde se advertía el momento en que ***, era privado de su libertad, video el cual posteriormente le fue proporcionado a ***. Cabe señalar que dicho evento lo presenciaron *** y ***, quienes son docentes del Colegio ***, quienes al advertir el hecho relativo a la privación de la libertad de ***, observaron que un auto rojo estaba estacionado sobre la banqueta y dos hombres vestidos de negro se lo llevaron; que lo único que alcanzaron a ver fueron las placas de dicho vehículo, siendo ***. Que el catorce de mayo de dos mil dieciséis aproximadamente a las seis horas con cuatro minutos la hija de ***, de nombre con identidad reservada con iniciales ***, recibió una llamada procedente del teléfono de su hijo ***, quien al contestar le dicen que tenían secuestrado a su hijo, que la voz de la persona que le habló se escuchaba distorsionada como si fuera de una máquina, le dijo que juntara dos millones de pesos y que no metiera a la policía porque iban a matar a una de sus hijas; después de esa llamada le empezaron a mandar mensajes del teléfono de su hijo en los que le amenazaban, llamadas que le preguntaban cuánto dinero tenía juntado; a lo cual se inició un proceso de negociación que concluyó el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en la cual *** pudo juntar la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos, cantidad que ofreció al activo del delito y este la aceptó; que continua la comunicación por mensajes; que la entrega del dinero la haría ***, sobrino de ***, para lo cual lo citaron el veinte de mayo de dos mil dieciséis, a las veinte horas en el arco norte, y las instrucciones sobre el lugar y pago, se las darían a través del teléfono celular de *** (madre de la víctima); que entregó el dinero en una bolsa negra sin precisar el lugar, y aproximadamente a las cuatro horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dieciséis, *** recibió una llamada de Seguridad Pública del Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, en la que le preguntaron si conocía a ***, quienes le dijeron que ellos lo tenían en resguardo, reiterándoles *** que su sobrino estaba próximo a recogerlo y llevarlo a su casa. A las siete de la mañana del veintiuno de mayo de dieciséis arribó la víctima *** en compañía de *** a su domicilio en aparente buen estado de salud, solo tenía lesiones en la nariz y las orejas producto de que estuvo vendado de los ojos. Con los medios probatorios allegados por el Ministerio Público, el juez responsable infirió la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, pues la privación de la libertad de *** se acreditó con los señalamientos tanto de la parte ofendida como de los testigos presenciales, y reproducción de un video de seguridad de la escuela donde estudiaba la víctima, donde se advierte de manera coincidente que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho horas con quince minutos, *** al llegar a dicho lugar en su auto, fue bajado por dos personas por la fuerza, quienes lo subieron a un diverso auto marca seat, color rojo, con placas ***. Que los activos tuvieron como propósito obtener para sí un rescate, pues se sabe que desde el catorce de mayo hasta el veinte de mayo de dos mil dieciséis (periodo en el cual el pasivo se encontraba privado de su libertad), aconteció la negociación para la liberación de la víctima, en la cual inicialmente fue exigido para su liberación la cantidad de dos millones de pesos; sin embargo, para el rescate de la víctima se pactó ciento setenta y ocho mil pesos, cantidad que fue entregada en el Estado de México por ***. Que posterior al pago, la víctima fue liberada y encontrada por elementos de seguridad pública, quienes lo llevaron a las instalaciones de Seguridad Pública del Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, lugar donde fue encontrado por *** para luego ser llevado a su domicilio. Que la conducta delictiva fue ejecutada entre otras personas, por una que fue integrante de las fuerzas armadas mexicanas .o cual se acreditó con el oficio del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, quien señaló que el activo perteneció al servicio activo de la armada de México, alcanzando el grado de cabo, y que el siete de enero de dos mil quince causó baja por deserción. Además se sabe que en el plagio participó un grupo de más de dos personas, ello acreditado con los elementos de convicción que allegó el Ministerio Público, entre ellos principalmente el testimonio de la víctima ***, pues indicó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho horas, en el momento que estacionaba su auto observó por el retrovisor que se acercaba un automóvil seat Ibiza color rojo, de modelo reciente; al querer tomar su mochila, por el retrovisor vio que de la parte trasera del copiloto del Seat, se baja un sujeto de tez blanca, complexión robusta, de aproximadamente un metro con setenta centímetros, con barba de candado, ojos medianos, nariz gruesa y ancha, cejas pobladas, y cabello corto color negro, de aproximadamente treinta y cinco años, tenía un gorro color negro que le cubría las orejas y parte de la cabeza, llevaba guantes como afelpados, con botas negras tipo policía, llevaba una chamarra negra tipo rompe vientos; lo tomó del cuello, y le dijo oye carnalito , por lo que se espantó y pensó que le había dado un cerrón o algo, que logró ver que había otra persona que estaba en la parte trasera de la defensa del vehículo Seat, que tenía un arma color negro con vivos de aluminio, tipo escuadra, teniéndola a la altura de la cintura, vio que esa persona tenía un pantalón negro y botas tipo policía, y el primer sujeto le toma de la cabeza con ambas manos y después le agarró del brazo jalándolo hacia atrás agachándole su cabeza, subiéndolo en la parte trasera del copiloto del vehículo seat, subiéndose inmediatamente a su costado la persona del arma, al intentar moverse le dieron un cachazo, manteniéndolo acostado en la parte del sillón, con las piernas recogidas, poniéndole un trapo en los ojos, dándole también dos pastillas y agua en una botella, con lo que se comenzó a relajar, que lo llevaron a una casa y refiere la victima que el piloto bajó primero porque su cabeza estaba cerca de su puerta y después escuchó que se abre la puerta del costado del piloto y una persona lo jaló de los brazos para sacarlo del vehículo, sentándolo en una silla como tipo ejecutiva ya que sintió que la silla se movió, al parecer tenía ruedas, lo dejó en la esquina de una pared, lo amarró por las manos sintiendo una cuerda como tipo lazo como tendedero de tela, después lo amarró del tobillo izquierdo al parecer con la misma cuerda; escuchó que un sujeto masculino que fingía la voz y hablaba entrecortado sin poder determinar su edad, le dijo que cerrara los ojos, y le puso un pedazo de venda para después enrollarle la cabeza con otra venda apretada; señala la víctima que durante su cautiverio no le dieron de comer, solo en dos o tres ocasiones le dieron un vaso con agua y no lo dejaron ir al baño. Señala que por las noches y las mañanas llegaba una mujer, calcula como de cuarenta años de edad porque tenía una respiración lenta y estaba por poco tiempo. Que no determina la víctima el día que el sujeto con voz fingida como gruesa lo comunicó con su papá a quien le dijo que ya fuera por él, que ya se quería ir; que días posteriores le pusieron una sudadera, lo subieron a un carro en la parte de atrás del copiloto con la cabeza agachada, supone era el mismo vehículo en que lo levantaron por las dimensiones y porque sintió los mismos asientos de tela circulando como veinte minutos aproximadamente, escuchó que el vehículo se detuvo, abrieron la puerta del copiloto y después la puerta trasera del copiloto, jalándolo de la sudadera de la parte del cuello y una persona como de cuarenta años, dijo que ahí se iba a quedar, escuchó que cerraron la puerta del vehículo y una vez que se arranca contó hasta cincuenta para poder quitarse la venda, logrando ver una patrulla que iba circulando, a quien hizo señas y comentó a los dos policías que iban a bordo lo que le había pasado, quienes lo trasladaron a un módulo, donde después de pedirle el número de teléfono de su papá y comunicarse con él llegó al lugar su primo ***, quien lo trasladó a su domicilio Respecto a que la víctima era adolescente al momento de los hechos, el juez responsable refirió que se encontraba acreditado con las testimoniales de ***, ***, quienes son progenitores de la víctima y refirieron que tenía dieciséis años, por haber nacido el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; además, del dictamen realizado por *** médico legista, señaló que la víctima era una persona de sexo masculino de dieciséis años de edad, así como el diverso dictamen médico 40061 de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitido por *** y ***, quienes realizaron la valoración de la víctima y a quienes les indicó tener dieciséis años por haber nacido el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Respecto de la probable responsabilidad de ***, el juez responsable refirió que se encuentra acreditada en actuaciones con los propios y legales fundamentos que analizó en su determinación y que sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito. En ese sentido señaló el juez responsable que la probable responsabilidad debe estar sustentada en elementos suficientes de prueba que justifiquen su intervención en alguna de las formas previstas por la ley, ya sea tomando parte en su concepción, preparación o ejecución; ya sea induciendo o compeliendo a otros a cometerlo o bien por concierto previo presten auxilien o cooperación de cualquier especie aun en la etapa posterior a la ejecución. También dijo, que atendiendo a la naturaleza compleja del tipo penal, para su comisión necesariamente implica la participación de diversos actores, cuyas funciones son distribuidas mediante concierto previo, pero que tienen su inicio desde el momento mismo de la selección de la víctima, entre otros, se pueden contar con la o las personas que informan quién es la persona idónea para secuestrar, dado que generalmente son personas cercanas a la víctima que conocen sus actividades sociales y económicas; las que planean la forma en cómo se cometerá el hecho delictivo; las que con conocimiento del hecho proporcionan el o los medios adecuados para que se pueda cometer el delito; las que privan de la libertad a la víctima; las que realizan la negociación con los familiares de la víctima; las que en cautiverio se encargan de vigilar y/o alimentar a la víctima; las que se encargan de cobrar el rescate; las que liberaran a la víctima; así como la o las personas que a distancia se cercioran de que dicha privación ilegal, el cobro y la liberación pueda llevarse a cabo sin contratiempos, generalmente llamados Halcones ; esto es, el conjunto de todas y cada una de estas actividades delictivas integran el antisocial a estudio. Actividades en las que sin lugar a dudas no implica la participación en ellas de manera conjunta de todos los actores, pues previamente al suceso criminal a cada uno de ellos se asigna su participación. En ese sentido, el juez de lo penal responsable indicó que del acervo de la causa produce la certeza de que el aquí activo ***, probablemente intervino en alguna de las formas y etapas en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio del entonces adolescente ***. En ese sentido, el juez de la causa en primer término citó los medios de prueba con los cuales tuvo por acreditado el hecho, en el cual sustancialmente se señaló la víctima directa ***, quien indicó que el nueve de mayo de dos mil dieciséis aproximadamente a las ocho horas, en el momento que estacionaba su auto observó por el retrovisor que se acercaba un automóvil seat Ibiza color rojo, de modelo reciente; circunstancia que coincide lo visto por los testigos presenciales ***, *** y ***, así como el video de las cámaras de seguridad del ***, mismo que fue proporcionado por su director, en el que se advierte coincidencia respecto a que los plagiarios arribaron al lugar de los hechos en un vehículo rojo, al parecer un seat Ibiza, y de las cuales advirtieron las placas ***. Así, de la entrevista de tres de octubre de dos mil dieciséis recabada a ***, señaló que una semana previa a dicha data, ella, *** y su esposo *** viajaron al Estado de México, con motivo del cumpleaños de su cuñado ***; que pasaron a desayunar al fraccionamiento Fuentes del Valle ubicado en Tultitlan, Estado de México, pues ahí vivió con su esposo desde pequeños. Que al pasar a dicho fraccionamiento decidieron visitar a ***, (segundo apellido proporcionado en una diversa entrevista) quien habita en la calle Fuentes de Chapultepec número doscientos diecinueve letra D del referido fraccionamiento, y que al llegar a dicho domicilio se percataron que estaba estacionado el mismo vehículo en el cual secuestraron a ***; que esto lo sabe debido a que la escuela Humanista donde estudia la víctima, les proporcionaron un video donde se observa el momento cuando unas personas subieron a su hijo a un vehículo seat de color rojo, privándolo de su libertad, y una de las profesoras que se percató de los hechos, pudo anotar las placas siendo ***. Que en ese momento le tomó fotografías con su teléfono celular marca LG, a las placas y parte del auto, que detrás de este se encontraba estacionado un vehículo marca BMW de color blanco con placas de circulación ***, que ambas placas son de la Ciudad de México, este último propiedad de ***. Que *** bajó del automóvil y tocó la puerta donde habita ***; salió su mamá y le dijo que en ese momento su hijo no se encontraba que sólo llegaba a su casa esporádicamente y estaba por corto tiempo. Que a las trece horas con veintiséis minutos, su esposo recibió un mensaje en su celular vía whatsapp proveniente del número *** que pertenece a ***, en el que le preguntaba que pasó; a lo cual, *** únicamente respondió al mensaje diciéndole que le había marcado porque lo habían pasado a visitar y además se había descompuesto la camioneta, respondiéndole *** que le hubiera pedido herramienta a su mamá, diciéndole su esposo que ya había ido un eléctrico a arreglar la camioneta. Señaló la ateste que en septiembre de dos mil dieciséis, al ir caminando a la vuelta de su casa le pareció ver a *** el cual iba conduciendo un vehículo BMW de color blanco; pero que cuando volteó para mirarlo bien se agachó para que no le viera el rostro; llamándole la atención dicha circunstancia, pues *** no tiene por qué andar por el rumbo de su domicilio. Agrega *** que ocho días antes del secuestro de su hijo ***, *** estuvo en su domicilio, pues llegó de visita acompañado de una joven quien dijo era su novia, que solo supo se llamaba *** , de treinta a treinta y cinco años de edad aproximadamente, delgada; que ese día salieron a comer todos juntos; que después del secuestro de su hijo, *** la borró de su Facebook, pero con su esposo sí ha tenido comunicación por mensajes de whatsapp. Que a *** lo conocen desde hace aproximadamente quince años, ya que fue su vecino en el fraccionamiento Fuentes del Valle, sabe que es soltero y trabaja o trabajaba en la Marina, que lo sabe porque en su cuenta de Facebook aparece como Soldado ***, que subió algunas fotografías donde le entregaron reconocimientos por parte de la Marina, incluso en una de ellas aparecía con el actual Presidente de México; por ello, lo buscaron solicitando su ayuda durante el secuestro de su hijo ***, quien durante el evento delictivo proporcionó ubicaciones del teléfono celular de la víctima; además de estar al tanto de todo lo que hacían. Que *** proporcionó a la fiscalía la media filiación de *** al referir que tiene aproximadamente treinta años de edad, como de un metro con ochenta u ochenta y cinco centímetros de estatura, complexión mediana un poco robusto, de tez morena clara, cabello negro un poco ondulado, ojos con iris de color café claro y nariz ancha; que en la Ciudad de México acostumbra andar en moto, es dueño de un Golf, modelo atrasado color vino o guinda, de un Seat, tipo León Cupra, de color rojo con negro. Con lo anterior, se advierte que el juez de la causa citó como medios de prueba, las imágenes proporcionadas por ***, así como los actos de investigación realizados por la Fiscalía consistentes en informes relativos a la persona de ***, tales como aquél solicitado a la Secretaría de Marina, de la cual se obtuvo que perteneció a las fuerzas armadas; la obtención de su Clave Única de Registro de Población, y los diversos informes solicitados al apoderado legal de la empresa ***. Ahora, como resultado del análisis a los diversos informes respecto de las líneas telefónicas que intervinieron en el evento delictivo, esto es, *** (línea que se utilizó para realizar las llamadas de exigencia económica y que se encuentra a nombre de ***); *** (propiedad de ***), *** (número del domicilio de la víctima), *** (a nombre de ***), *** (a nombre de ***) y *** (línea utilizada para utilizar exigencias económicas) se obtiene lo siguiente: El número ***, con ***, perteneciente a la víctima ***, es la línea que se utilizó para que los plagiarios realizaran exigencias económicas. Del mismo modo, el número ***, con *** o equipo celular, es la línea que también se usó para las exigencias económicas, con los números *** (perteneciente a ***) y *** (perteneciente a la familia de la víctima). Que entre los números ***, propiedad de *** y *** línea utilizada para la exigencia económica, conforme a la información solicitada de geo localización, la antena de radio base, se encontraba en Naucalpan de Juárez, a una distancia aproximada entre ellas de dos kilómetros y medio, y con relación a la línea telefónica ***, perteneciente a ***, existe una distancia aproximada de veintiún kilómetros. Ahora, del informe relativo a la línea telefónica ***, perteneciente a *** se sabe que esta línea se usó los días diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, data posterior al evento delictivo (del nueve al veinte de mayo de dos mil dieciséis); sin embargo, utilizó el ***, aunado a que su ubicación se geo localizó en la radio base ubicada en el fraccionamiento del Valle Tultitlan, estado de México, cerca del domicilio del aquí quejoso. También del informe relativo al ***, y que usó la línea *** perteneciente a ***, se sabe que en la data del evento delictivo (del nueve al veintiuno de mayo de dos mil dieciséis), se le vinculó con seis líneas telefónicas, tres de los cuales fueron aquellas que recepcionaron las llamadas para la exigencia económica, y de las otras tres líneas no se obtuvo información alguna. Así mismo, el juez de la causa advirtió el vínculo existente entre la línea *** (línea que se utilizó para la exigencia económica), el *** (perteneciente a ***), y la existencia de un número en común, a saber el *** y cuya geolocalización fue identificada en Cuernavaca. De esa manera, se encuentra el vínculo entre los números *** (del domicilio de la víctima) y el *** (perteneciente a ***) con los diversos *** y ***, ambas líneas utilizadas para la exigencia económica. Además, de los informes solicitados se sabe que el ***, utilizó nueve líneas telefónicas entre ellas, el *** la cual pertenece a ***, así como aquella utilizada para la exigencia económica, misma que fue la identificada con el número ***. Por tanto, el juez de la causa tuvo acreditada la probable participación del quejoso en los hechos, pues se sabe que la línea telefónica de *** está vinculada con el *** usado por la línea telefónica *** para realizar las llamadas de exigencia económica a cambio de libertad de la víctima ***, además de que el uso de dichas líneas fueron situadas geográficamente cerca del lugar del posible cautiverio y liberación, lo que hace más probable su participación en los hechos. Además, el juez de la causa consideró como indicio que la madre de la víctima directa observó el vehículo con las mismas características al usado para el plagio, quien proporcionó imágenes fotográficas del referido automotor con placas de circulación *** coincidentes con las proporcionadas por las atestes presenciales, mismo que estaba frente al domicilio del quejoso ubicado en ***. Lo que produce en el ánimo del juzgador primigenio la probabilidad de que ***, haya participado en la comisión de los hechos que en la presente se le atribuyen. Finalmente señaló el juez de la causa, que la participación del quejoso fue dolosa, pues la conducta se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal y se quiso la realización del hecho descrito por la ley. Por ello concluyó que la probable responsabilidad de *** está acreditada, no solo con base en un simple indicio aislado, sino del conjunto de elementos de convicción desglosados y analizados, mismos que apreció en conciencia, tanto en lo individual, como en su conjunto dada la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca hasta ser valoradas en su conjunto como prueba plena. Que no pasó por alto que el quejoso, se reservó su derecho a declarar en audiencia de ocho de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, dijo el juez responsable subsisten los señalamientos del agraviado y de los testigos, y ello es suficiente para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito imputado, por lo que al no existir excluyente del delito o que extinga la acción penal, decretó auto de formal prisión en contra de *** como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I inciso a), 10 fracción I, incisos b), c), y e), y fracción II inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos 7 fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal concatenado con el artículo 194 fracción XVIII del Código Federal de Procedimientos Penales; en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Sustantivo Penal, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio del entonces adolescente ***. Resolución que constituye el acto reclamado. Este juzgado comparte el criterio sostenido por el juez responsable. Ello es así, pues del cúmulo probatorio que allegó el representante social, y del enlace lógico jurídico, se aprecia que el hecho sometido a su consideración, se acreditan los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado. Pues derivado de la denuncia formulada por ***, así como los diversos medios probatorios se acreditó el hecho delictivo, mismo que consistió que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta minutos, el entonces adolescente ***, fue privado de su libertad por dos sujetos al parecer del sexo masculino, quienes descendieron de un vehículo de color rojo al parecer seat, y se dirigieron a *** quien acababa de estacionar su vehículo en el estacionamiento de la escuela en la que estudiaba, siendo ***; que por la fuerza lo obligaron a subir al referido vehículo rojo, dándose a la fuga. Que dicho evento fue capturado por las cámaras de seguridad de la Escuela Humanista, video que posteriormente fue proporcionado por el Director del citado plantel, aunado al hecho que existieron testigos presenciales, quienes dieron cuenta de lo sucedido, e incluso dos docentes pudieron percatarse de las características del vehículo anotando sus placas de circulación, siendo ***. También se sabe que el catorce de mayo de dos mil dieciséis aproximadamente a las seis horas con cuatro minutos la hija de ***, de nombre con identidad reservada con iniciales ***, recibió una llamada procedente del teléfono de su hijo ***, al contestar el padre de la víctima, le dijeron los plagiarios que tenían secuestrado a su hijo y que juntara dos millones de pesos para su liberación, que no hablara a la policía porque matarían a una de sus hijas; después de esa llamada empezaron las negociaciones, el cual concluyó el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en la cual *** pudo juntar la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos, cantidad que ofreció al activo del delito y este la aceptó; acordando por mensajes la entrega de dicho numerario por parte de su sobrino de nombre *** en el arco norte del Estado de México el veinte de mayo de dos mil dieciséis a las veinte horas. Posterior a la entrega del numerario, la víctima *** fue liberada, y aproximadamente a las cuatro horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dieciséis, *** recibió una llamada de Seguridad Pública del Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, quienes le dijeron que tenían en resguardo a ***, reiterándoles *** que su sobrino estaba próximo a recogerlo y llevarlo a su casa. A las siete de la mañana del veintiuno de mayo de dieciséis arribó *** en compañía de su sobrino *** a su domicilio. Como lo refirió el juez de la causa, con los medios probatorios se acredita la existencia de cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito de secuestro agravado mismos que señaló en la determinación reclamada, pues se sabe que el pasivo, en ese entonces adolescente, ***, fue privado de la libertad por más de dos sujetos activos, que para ello usaron la violencia, pues fue por el uso de la fuerza que los activos lo obligaron a subirse al vehículo rojo, al parecer un seat, con placas ***, con la finalidad de obtener un rescate, además del hecho de que uno de los plagiarios, aquí quejoso perteneció a las fuerzas armadas. No pasa inadvertido para el suscrito, que si bien en los elementos del cuerpo del delito, el juez de la causa incorporó el elemento relativo a que la víctima tenga menos de dieciocho años de edad, lo cierto es que dicho aspecto es una agravante para la imposición de la pena establecida en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, ello no impacta en la acreditación del tipo penal base. De la misma manera, se comulga con el criterio sostenido por el juez de lo penal responsable en cuanto a tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la participación del hecho delictivo. Ello es así, pues de la valoración de las pruebas concatenadas entre sí, se advierte que probablemente el quejoso participó en el plagio de ***, pues con motivo de que ***, hizo del conocimiento al representante social en octubre de dos mil dieciséis, que en el domicilio del aquí quejoso observó estacionado en la acera de enfrente el vehículo en el cual levantaron a su hijo (***), ello con base en el video que les proporcionó el director de la escuela en que estudia dicha persona y del cual pudo advertir que coincidían las características (marca y color), e incluso, las placas de circulación proporcionadas por los testigos presenciales del delito. Empero es cierto, que a la búsqueda de las características de dicho vehículo, no pudo conseguirse mayor información al respecto, pues resultó que las placas que tenía el citado vehículo, pertenecía a uno diverso, en especie de uno marca ***, propiedad de la moral ***, representada por ***, en el periodo de los hechos delictivos, el referido vehículo lo tuvo bajo su resguardo. No pasa inadvertido que *** manifestó en su declaración que el once de mayo de ese año, su secretaria recibió una llamada telefónica el cual una persona de sexo masculino le indicó que el vehículo de su representada con placas *** participó en un accidente automovilístico y golpeó a otro vehículo; a lo que su secretaria solicitó sus datos para posteriormente comunicarse con él; que por la tarde llamó al parecer la misma persona de sexo masculino; y al señalarle *** que su vehículo por cuestiones de restricciones ambientales, no había circulado ese día, la referida persona colgó y no volvió a llamar, y agregó que desconoce si existe un diverso vehículo con las mismas placas. Pese a lo anterior, el Ministerio Público se allegó de diversa información relacionada con el número telefónico de ***, de cuyo análisis pudo obtener la vinculación de la utilización de un teléfono celular (***), con la línea que se encuentra a su nombre (***), así como la diversa línea usada para la exigencia económica del rescate de la víctima en la época del evento delictivo (***), esta última vinculada con las diversas líneas pertenecientes a ***, *** y de su hija. Además, se sabe que se utilizó el equipo celular con *** en la base radio cerca del lugar donde estuvo la víctima directa en una casa de seguridad, eso es, en Naucalpan de Juárez, así como la utilización del teléfono con *** con la línea ***, que se utilizó para la negociación y exigencia de la cantidad económica para la liberación de ***, cerca del domicilio del aquí quejoso, esto es en el fraccionamiento ***. De ello puede inferirse válidamente la participación del quejoso en el evento delictivo, pues tal y como lo refirió el juez responsable, en este tipo de delitos implica la participación de diversos actores, entre ellos, los encargados de la selección de la víctima, pues son personas cercanas a la víctima dado que conocen sus actividades sociales y económicas; las que planean la forma en cómo se cometerá el hecho delictivo; las que proporcionan el o los medios adecuados para que se pueda cometer el delito; las que privan de la libertad a la víctima; las que realizan la negociación con los familiares de la víctima; las que en cautiverio se encargan de vigilar y/o alimentar a la víctima; las que se encargan de cobrar el rescate; las que liberaran a la víctima; así como la o las personas que a distancia se cercioran de que dicha privación ilegal, el cobro y la liberación pueda llevarse a cabo sin contratiempos; actividades que no necesariamente coinciden en una. De esa manera se advierte que es cierto que *** no presenció los hechos de manera directa, ni realizó una imputación directa en contra del quejoso; sin embargo, como lo dejó establecido el juez de la causa, el testimonio de *** es un indicio del hecho delictivo lo cual generó diversos actos de investigación por parte del Ministerio Público, los cuales requirieron ser corroborados con diversas pruebas a efecto de acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito de secuestro agravado. Lo mismo ocurre, con la declaración de *** ante el Ministerio Público el tres y diez de octubre de dos mil dieciséis, pues manifestó que al encontrarse en el Estado de México, específicamente fuera del domicilio de *** se percató que se encontraba estacionado un vehículo de color rojo, marca seat, con las placas proporcionadas por las testigos presenciales del evento delictivo; motivo por el cual, hizo del conocimiento del Ministerio Público dicha circunstancia para que comenzara a investigar lo relativo al vehículo, y al número telefónico del aquí quejoso. Como resultado de lo anterior, eso es, el agente del Ministerio Público, inició diversas líneas de investigación, entre ellas, la localización del vehículo rojo, con las placas proporcionadas por los atestes, así como la obtención de la información proporcionada de las redes telefónicas, del número telefónico del quejoso. Como resultado de la investigación del vehículo, por el número de placas, se sabe que estas pertenecen a un vehículo con características diferentes a aquel que fue visto el día de los hechos delictivos, así como aquél que vio *** estacionado fuera del domicilio de ***. Lo anterior corroborado con la entrevista de ***, representante legal de ***, quien señaló en lo que importa, que las placas investigadas ***, pertenecen al vehículo propiedad de la moral que representa, mismo que es marca ***. Sin embargo, respecto de la investigación de la línea telefónica proporcionada por ***, dio como resultado diversos indicios, entre ellos, que el *** o equipo telefónico, en la temporalidad del hecho delictivo (nueve al veinte de mayo de dos mil dieciséis), utilizó diversas líneas telefónicas, entre ellas, la identificada con el número *** misma que se utilizó para la exigencia del numerario por concepto de rescate de la víctima, así como la línea telefónica perteneciente al quejoso, es decir, la identificada con el número ***. Corrobora lo anterior el hecho de que el lugar donde estuvo la víctima se encuentra en Naucalpan de Juárez, ello por así desprenderse de la geolocalización del uso de la línea telefónica de la víctima con la diversa línea ***, la cual fue utilizada para la exigencia del cobro por el rescate de la víctima, misma que fue ubicada dentro radio base cerca del domicilio donde habita el quejoso, esto es, en el fraccionamiento ***, esto es, existe cercanía entre el lugar donde estuvo, al parecer la víctima y el lugar donde se realizaron las llamadas de rescate; por ende, se infiere circunstancialmente la probabilidad de que el quejoso fue una de las personas que participó en la perpetración del ilícito en estudio. De ahí que contrario a lo que sostiene el quejoso, sí existen indicios suficientes para atribuir al quejoso la probabilidad de que participó en la comisión del delito de secuestro agravado, pues existe una relación muy estrecha entre la línea del cual es titular, así como el equipo telefónico o *** y la línea telefónica *** usada para exigir el pago por concepto de rescate de la víctima directa. De ahí que devenga infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en cuanto a que hay insuficiencia probatoria para acreditar su probable responsabilidad. Señala el quejoso, que la fiscalía fue omisa en dar fe de la existencia del vehículo marca seat de color rojo con placas ***; además que no se acreditó quién es su propietario, ni se solicitó su aseguramiento; por ende, con tales datos no es posible presumir que dicho vehículo pertenezca al quejoso o al menos identificar circunstancialmente al detentador del aludido vehículo; además señaló que de las imágenes fotográficas que se extrajeron del teléfono propiedad de ***, no se acredita que los vehículos que se observan sean propiedad del quejoso, ni que la ubicación y el domicilio sean del quejoso, aunado a que no se observa que el vehículo seat de color rojo, tenga las placas de circulación ***, incluso, se acreditó que las referidas placas corresponden a otro vehículo, ello por así haberlo declarado *** en veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior es infundado. En efecto, derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, es cierto que no le fue posible obtener la ubicación y/o localización y/o detentador del vehículo seat en color rojo con placas de circulación ***, ni obtener la información respecto a su propietario, incluso, se sabe que dichas placas corresponden a un vehículo diverso, propiedad de la persona moral representada por ***. Sin embargo, tales datos no fueron indispensables para acreditar la probabilidad de que el quejoso fue uno de los activos que cometió el delito de secuestro agravado, pues se insiste, el hecho de que la madre de la víctima haya observado un vehículo fuera del domicilio, al parecer del aquí quejoso el cual lo identificó como aquel con el que levantaron a su hijo, en razón de que existe un video grabado del día de los hechos por parte de las cámaras de seguridad del ***, en la cual se observa las características del vehículo con el cual los plagiarios ejecutaron la conducta delictiva, lo cierto fue, que tal circunstancia dio origen a que el Ministerio Público realizara sus investigaciones sobre el referido vehículo y la línea telefónica del aquí quejoso. Como se dijo, de dicha investigación dio como resultado respecto del vehículo, que no se localizara el mismo, incluso se sabe que el número de placas que proporcionaron los testigos presenciales del hecho, corresponden a un auto con diversas características al que observaron (seat color rojo); y por otra parte, respecto de la línea telefónica, dio como resultado el establecimiento de redes telefónicas en la cual se puede inferir la probabilidad de que el quejoso participó en el evento delictivo, dada la estrecha vinculación ente el *** y/o equipo celular, la línea telefónica *** (utilizada para la exigencia del pago por el rescate de la víctima) y la línea telefónica del aquí quejoso, lo que genera un grado de probabilidad suficiente para advertir su participación en el hecho investigado. Además, es cierto que no se acreditó que el lugar donde *** observó el vehículo seat color rojo con placas de circulación ***, sea el domicilio del quejoso; sin embargo, genera un indicio que dicho lugar sea en el que habita el quejoso, pues dicha persona fue su vecino desde la infancia, y existió convivencia con la familia del plagiado, situación que no generó discrepancia con la investigación realizada por la fiscalía, pues conforme el resultado de los informes requeridos de la geolocalización de uso de las líneas telefónicas involucradas, se advierte el uso de la línea telefónica propiedad del quejoso, en el área donde se encuentra dicho lugar, es decir en el fraccionamiento ***, esto es, existe cercanía entre el lugar donde se usó la línea telefónica del quejoso y aquel donde se realizaron las llamadas de rescate. Por esa razón, deviene infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, respecto de que su número telefónico ***, no fue utilizado en la negociación para liberar a la víctima y por tanto, el quejoso no está directa o indirectamente vinculado por en el plagio. Pues se insiste, derivado de la investigación realizada por el fiscal, se sabe que el equipo telefónico o *** fue vinculado con la línea telefónica ***, misma que se utilizó para la exigencia del pago por el rescate de la víctima, y ese mismo ***, fue identificado utilizando la línea telefónica del cual es titular el aquí quejoso, en especie la identificada con el número ***, de ahí que es cierto que el citado número no fue utilizado en la negociación para liberar a la víctima; sin embargo, el *** utilizó tanto la línea telefónica *** (con la cual se exigió el pago por el rescate de la víctima), como aquella del quejoso, y por tanto, emerge la probabilidad de que el quejoso participó en el evento delictivo, ello pese a no haber utilizado su propia línea telefónica. No pasa inadvertido que el quejoso señala que las declaraciones de *** y ***, no deben tomarse en consideración, pues no dieron características del vehículo en el cual se llevó a cabo la privación de la libertad de ***, aunado que sus declaraciones fueron discrepantes. No le asiste razón al impetrante. Ello es así, pues es posible que las declaraciones de las referidas atestes difieran de manera accidental; pero lo cierto es que coincidieron en lo sustancial, es decir, advirtieron el día de los hechos (nueve de mayo de dos mil dieciséis), la existencia de un vehículo de color rojo, y a dos sujetos que subieron por la fuerza a un alumno de la escuela donde laboran, es decir, del ***, además pudieron observar las placas de circulación del vehículo en el cual se llevaron a la víctima privada de su libertad, para posteriormente proporcionarlas tanto a los padres de la víctima como a los agentes investigadores. De tal manera como lo refirió el quejoso, aquella información por sí misma no genera la convicción de su participación en la comisión del delito que se le atribuye; pues pese a alegar en su demanda de amparo que la Fiscalía fue omisa en investigar o corroborar datos que identifiquen al vehículo, o que la víctima no lo identificó como aquella persona que lo privó de su libertad o que la ateste *** fue influenciada y fue inducida para que reconociera a través de fotografías a una persona de sexo masculino y el vehículo marca seat de color rojo, lo cierto es que tales datos no fueron conclusivos para arribar a determinar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito que se le atribuye, pues como ha quedado relatado, de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público, este no localizó el vehículo seat color rojo con las placas ***, además es cierto que la víctima no reconoció al quejoso como uno de sus plagiarios. Sin embargo, ello en modo alguno es indicativo de que no participó en el evento indicativo, de igual manera se inadvierte que la testigo haya sido influenciada con el solo hecho de presentarle fotografías para que identifique al activo y al multicitado vehículo, pues aunado a que no identificó al activo, pues iba con la cara cubierta y no pudo apreciar si la complexión de dicha persona era delgada o robusta, y respecto del vehículo, solo indicó que si las placas eran las que había proporcionado en su momento y que era de color rojo, tales datos no fueron, hasta ese momento indispensables para fincarle responsabilidad en su participación al quejoso. Sin embargo, la línea de investigación que condujeron con el señalamiento del quejoso, lo fue el señalamiento de la información proporcionada por *** ante el Ministerio Público el tres y diez de octubre de dos mil dieciséis, quien señaló que al encontrarse en el Estado de México, específicamente fuera del domicilio de *** se percató que se encontraba estacionado un vehículo de color rojo, marca seat, con las placas proporcionadas por las testigos presenciales del evento delictivo. Situación que sí generó indicios que propiciaron la investigación por parte del Ministerio Público tanto del vehículo, al parecer marca seat, de color rojo, con placas de circulación ***, como del aquí quejoso y la línea telefónica que portaba; pues *** indicó que en octubre de dos mil dieciséis manifestó que al encontrarse en el Estado de México, específicamente fuera del domicilio de *** se percató que se encontraba estacionado un vehículo de color rojo, marca seat, con las placas proporcionadas por las testigos. Señala el quejoso que las declaraciones de *** y ***n de once de agosto de dos mil diecinueve no obran en la averiguación previa ***. Lo anterior es infundado, para aseverar lo anterior, basta dar una simple lectura a las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, consistente en el duplicado de la causa penal 2/2022, de cuyo contenido se advierte que en las fojas 855 y 857 obran las declaraciones de *** y ***n de once de agosto de dos mil diecinueve, de ahí que sea innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Señala el quejoso que la respuesta otorgada el diez y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por parte del apoderado legal de la empresa ***, relativo al desglose de comunicaciones de las líneas telefónicas *** y *** cuyos titulares son la víctima (***) y su padre (***), son pruebas ilícitas, pues solo la autoridad judicial federal puede autorizar la entrega de la información resguardada por los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y empresas comercializadoras de servicio de telecomunicaciones; y por tanto, al no existir una autorización por parte de la autoridad judicial federal, se debe de excluir, al igual que aquellas pruebas derivadas de dicho informe. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no se transgrede cuando uno de los intervinientes en la comunicación lo es la víctima en un delito de secuestro, pues es cierto que éste es el titular del derecho fundamental y facultado constitucionalmente para consentir la intervención en la comunicación; sin embargo, al encontrarse imposibilitado para dar su consentimiento expreso, precisamente por estar privado de su libertad, ese consentimiento es asumido válidamente por el Ministerio Público, con el objetivo principal de ubicar su paradero y lograr su liberación. Así, de las constancias que integran el sumario se advierte que *** compareció el nueve de mayo de dos mil dieciséis ante el representante social a denunciar que en esa data, privaron de la libertad a su hijo de nombre ***; pues indicó que el hecho ocurrió aproximadamente a las ocho horas, cuando llegó a la escuela donde estudia, denominada ***, ubicada en el Barrio de San Juan, en San Pedro Cholula, Puebla; que se estacionó y atrás apareció un vehículo tipo seat, color rojo, del que se bajan dos sujetos, se acercaron a su hijo y lo bajan por la fuerza del carro, que forcejearon con él hasta que logran subirlo al seat en la parte de atrás del asiento del copiloto y se fueron del lugar. Que esos hechos, los conoce porque posterior a que fue informado de los hechos, se trasladó al referido Colegio, y el director le mostró un video en la cual aprecian el hecho privativo de la libertad de ***. Con lo anterior, el agente del Ministerio Público comenzó su labor de investigación, entre las cuales, en la misma data, esto es nueve de mayo de dos mil dieciséis y posteriormente el once del mismo mes y año, giró oficio al representante legal de ***, y solicitó le fuera informado todos aquellos datos relacionados con el tipo de comunicación, servicios de mensajería o multimedia empleados, y datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones, numero de destino, entre otros datos que pudieran servirle al Ministerio Público en la investigación, relativo al número telefónico ***, perteneciente a la víctima ***, *** y perteneciente a ***. En contestación, por escritos de diez y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el apoderado legal de ***, (Telcel), proporcionó la información solicitada relativa a los números solicitados, en la cual, el agente del Ministerio Público ordenó diversos actos de investigación, esto es, el análisis policial de las referidas líneas y la fe ministerial de los discos compactos donde se contiene la información vertida por parte de telcel, de los números solicitados; empero tales actos no devienen ilegales, ello porque los números materia de la solicitud por parte del Fiscal, son aquellos cuyos titulares son *** y ***, de la cual, en el caso que nos importa, al encontrarse en dicha temporalidad la víctima *** imposibilitado para dar su consentimiento expreso, por estar privado de su libertad, entonces ese consentimiento es asumido válidamente por el Ministerio Público; de ahí que dicha actuación sea legal, así como todos los actos de investigación ordenados y derivados de dicho informe, tales como el análisis policial de la referida línea y la fe ministerial de los discos compactos donde se contiene la información vertida por parte de telcel, del número solicitado. Señala el quejoso que el informe policial del análisis telefónico ***, contenido en el oficio FISDAI/COMISARIA/***/2016 de trece de mayo de dos mil dieciséis, es ilícito, pues deriva de información proporcionada por testigos que no fueron presenciales y de la solicitud del agente del Ministerio Público que realizó a telcel respecto a dicha línea, ello aunado a que dicho informe no fue solicitado. Es infundado. Es cierto que los hechos dados a conocer y por la cual inició la investigación fueron proporcionados por el padre de la víctima, quien no vio los hechos de manera directa; sin embargo, no es obstáculo dicha circunstancia para que el agente del Ministerio Público comenzara a investigar el hecho, allegándose de diversos medios de convicción a efecto de lograr la ubicación y rescate de la víctima. Además, contrario a lo que manifiesta el quejoso, el agente del Ministerio Público investigador, con motivo de los hechos dados a conocer por el denunciante, solicitó al Comandante Titular de la comisaría de Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara diversos actos de investigación, entre los cuales lo facultó para que llevara a cabo todas las investigaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, de ahí que si expresamente el órgano investigador no designó qué actos realizar, lo cierto es que, sí doto de facultades al agente investigador para que realice todos aquellos actos tendientes a buscar la verdad. Refiere el quejoso que el dictamen médico 345, de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, signado por ***, perito médico forense, es irregular, dado que no acredita el perito contar con título oficial en la ciencia sobre en lo que emite sus estudio. Lo anterior es infundado, pues es cierto que conforme la legislación aplicable, es decir, el artículo 140 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social establece, que los peritos deben tener título oficial en la ciencia o arte en que refiera el punto en el cual deba dictaminarse; sin embargo, al ser designado por el Ministerio Público, y por ende, el carácter de oficial, debe inferirse su idoneidad y previa titulación, y aun en la hipótesis contraria, ello sólo restaría fuerza probatoria al dictamen, pero no acarrearía su anulación, ya que, cuando menos, tendría el valor de indicio, mismo que debe ser corroborado con otros medios de convicción. Se duele el quejoso que las respuestas dadas por el representante legal de Telcel de ocho de junio y dieciséis de noviembre, de dos mil diecisiete, son pruebas ilícitas, pues el hecho de solicitar autorización a la autoridad federal, ello no convalida las tachadas de ilícitas. Es infundado. En primer término debe precisarse que de las propias constancias que obran en autos se advierte que mediante petición de seis de junio de dos mil diecisiete, el Fiscal General del Estado de Puebla, solicitó al Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en turno, autorización para ejecutar actos de investigación previstos en el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto de las líneas telefónicas ***, *** y ***, así como las líneas telefónicas relacionadas con el ***. Ante ello, el siete de junio de dos mil diecisiete la Jueza Segundo Federal Penal Especializada en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, autorizó dicho acto de investigación. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios 110/2017 de siete de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Jueza Segundo Federal Penal Especializada en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México y oficio FISDAI/***/2017 de ocho de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, solicitaron al apoderado legal de *** la información citada en el párrafo anterior. Respuesta que fue dada por parte del apoderado legal de la empresa de telefonía celular mencionada mediante sendos escritos de ocho de junio de dos mil diecisiete. De lo que se sigue, que aquella información es constitucional, pues incluso en razón de la información proporcionada por el apoderado legal de ***, la Jueza Segundo Federal Penal Especializada en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, ordenó al Fiscal General del Estado de Puebla procesara las sábanas de llamadas (datos conservados), elaborara la red técnica, red de cruces y punteo cartográfico y cronológico; así mismo, solicitó un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la intervención, así como los datos que considere relevantes para la investigación, cuestión que atendió en diligencia de doce de junio de dos mil diecisiete por conducto de la agente del Ministerio Público adscrita al Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, y por resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete fue calificada de utilidad para la investigación por parte del referido órgano jurisdiccional. Ahora, refiere el quejoso que dichos medios probatorios son pruebas ilícitas al derivar de otras que consideró con tal carácter; sin embargo, como se dijo en párrafos que precedente, la solicitud realizada por el Ministerio Público al representante legal de Telcel, es legal, pues la información del número telefónico solicitado por el fiscal, en la temporalidad en que ocurrió el evento delictivo, correspondió a la víctima, y no al quejoso. Además, el hecho de que con motivo de la información vertida por *** en su declaración de tres de octubre de dos mil dieciséis, el Fiscal General del Estado de Puebla, solicitara información al representante legal de Telcel, de las líneas telefónicas ***, *** y ***, así como aquellas relacionadas con el *** ***, cabe destacar, que ello ocurrió posterior a que la Jueza Segundo Federal Penal Especializada en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, autorizó dicho acto de investigación, esto en siete de junio de dos mil diecisiete, quien además en resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete calificó de utilidad para la investigación. Por tanto, dichos actos de investigación, así como aquellos derivados del informe dado por el representante de Telcel, como los informes policiales policiales en los cuales se analizaron las referidas líneas telefónicas, son legales y por ende, infundados los conceptos de violación hechos valer. En ese tenor, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por ***, respecto del acto reclamado al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en el auto de formal prisión decretado en su contra el trece de octubre de dos mil veintidós, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de quien en ese entonces se dijo adolescente ***, ello dentro del proceso 02/2022 de su índice. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el auto de formal prisión decretado en su contra el trece de octubre de dos mil veintidós, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b), c) y e), y fracción II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, concatenado con el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código sustantivo penal, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de quien en ese entonces se dijo adolescente ***, ello dentro del proceso 02/2022 de su índice, por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA PERSONAL AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN, A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA, Y POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO RESPONSABLE Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 1228/2022, promovido por JORGE LUIS ENRÍQUEZ GONZÁLEZ en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Julián Fierro Blanco, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el Secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, abierto el período de pruebas: El Secretario da cuenta con las documentales que remitió el JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA, consistentes en el duplicado de la causa penal 02/2022, con las que se formaron el anexos I; así como, con las ofrecidas por el quejoso en escrito recibido en este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, las que hizo consistir en: 1) el proceso generador del acto reclamado, 2) la instrumental de actuaciones y, 3) la presuncional legal y humana. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales de referencia y al no existir prueba pendiente por ofrecer ni desahogar, se cierra esta etapa. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. A lo que el Juez acuerda: Téngase en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, por perdido el derecho para formular por lo que se cierra este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar, el Juez da por terminada la presente audiencia constitucional. A continuación, se dicta la siguiente sentencia. ... Cuauhtémoc Escobar González Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. ... José Julián Fierro Blanco Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
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