Jorge López Conde

Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
622/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Jorge López Conde

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.-----, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo ----NOTIFÍQUESE.----

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jorge López Conde, contra los actos del JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 622/2019. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Jorge López Conde, reclama lo siguiente: "1. La negativa de la Autoridad Responsable a emitir contestación a la solicitud realizada con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve. 2. La falta de observancia del artículo 17 constitucional, toda vez que la responsable retarda sin causa justa la respuesta a lo solicitado por el ahora quejoso a través del Ministerio Público adscrito al Juzgado Municipal de lo Penal y de lo Civil de San Martín Texmelucan, Puebla y con ello vulnera el precepto constitucional del acceso a la justicia pronta y expedita." Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que el promovente Jorge López Conde, se ostenta con el carácter de agraviado en la causa penal 57/2016 del índice del juez responsable, por ello resulta indudable que el promovente es parte formal en dicho proceso penal. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso concreto, como se destacó, el quejoso reclama del JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, la falta de acuerdo respecto del escrito que refiere presentó el quince de mayo de dos milo diecinueve, dentro del proceso 57/2016 de su índice, a través del cual ha dicho del quejoso, solicita le sea entregada la propiedad de la que fue despojado. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en la abstención o retardo del juez responsable de dar contestación a la petición formulada a través del escrito que refiere presentó el quince de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la causa penal 57/2016 del índice del Juzgado Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, lo que evidencia que el acto reclamado (que repercutirá necesariamente en un aspecto procesal dentro del proceso generador) no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la parte quejosa. De lo cual, debe concluirse que con la omisión reclamada el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. Sin que al efecto se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, pues no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, argumentándose dicha situación en el caso que nos ocupa, atendiendo al escrito al que no se ha dado contestación fue presentado, esto es, el quince de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual, únicamente solicita le sea entregada la propiedad de la que fue despojado, por tanto dicha dilación o paralización es inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, autorizando a los profesionistas que indica en la misma en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, respecto a la solicitud del quejoso relativa a que se autorice a Enrique Morales Hernández, con nombre de usuario ElJovenMorales la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de no corresponder los datos del usuario registrado, sin mayor trámite se tendrá por no autorizado. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición de la impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jorge López Conde, contra los actos del JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 622/2019. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Jorge López Conde, reclama lo siguiente: "1. La negativa de la Autoridad Responsable a emitir contestación a la solicitud realizada con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve. 2. La falta de observancia del artículo 17 constitucional, toda vez que la responsable retarda sin causa justa la respuesta a lo solicitado por el ahora quejoso a través del Ministerio Público adscrito al Juzgado Municipal de lo Penal y de lo Civil de San Martín Texmelucan, Puebla y con ello vulnera el precepto constitucional del acceso a la justicia pronta y expedita." Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que el promovente Jorge López Conde, se ostenta con el carácter de agraviado en la causa penal 57/2016 del índice del juez responsable, por ello resulta indudable que el promovente es parte formal en dicho proceso penal. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso concreto, como se destacó, el quejoso reclama del JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, la falta de acuerdo respecto del escrito que refiere presentó el quince de mayo de dos milo diecinueve, dentro del proceso 57/2016 de su índice, a través del cual ha dicho del quejoso, solicita le sea entregada la propiedad de la que fue despojado. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en la abstención o retardo del juez responsable de dar contestación a la petición formulada a través del escrito que refiere presentó el quince de mayo de dos mil diecinueve, dirigido a la causa penal 57/2016 del índice del Juzgado Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, lo que evidencia que el acto reclamado (que repercutirá necesariamente en un aspecto procesal dentro del proceso generador) no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la parte quejosa. De lo cual, debe concluirse que con la omisión reclamada el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. Sin que al efecto se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, pues no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, argumentándose dicha situación en el caso que nos ocupa, atendiendo al escrito al que no se ha dado contestación fue presentado, esto es, el quince de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual, únicamente solicita le sea entregada la propiedad de la que fue despojado, por tanto dicha dilación o paralización es inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, autorizando a los profesionistas que indica en la misma en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, respecto a la solicitud del quejoso relativa a que se autorice a Enrique Morales Hernández, con nombre de usuario ElJovenMorales la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de no corresponder los datos del usuario registrado, sin mayor trámite se tendrá por no autorizado. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición de la impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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