Jorge Luis Beltran Marmolejo

Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
258/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Beltran Marmolejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en la fracción I), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 258/2022-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado este Juzgado al día hábil siguiente, **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 258/2022-IV, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, la discusión, aprobación y expedición, del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintidós, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente sus numerales 4 y 4.3.2.3. b) De la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, la promulgación de tal Decreto. c) Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, el refrendo y la publicación de tal Decreto. d) e) Del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital y del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, la aplicación de dicho Decreto, mediante el cobro del Derecho por la inscripción en el Registro Público que corresponda, de actos traslativos de dominio. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. El Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, manifestó que no es cierto el acto de aplicación que se le reclama. Por su parte, la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto de aplicación que se le reclama, pues: (.) el hoy quejoso en relación a la tarifa del pago de derechos por los servicios prestados por este Registro Público de la Propiedad, Distrito Judicial Bravos, ello en virtud de que se ejercieron los derechos de pago respecto a las operaciones por la cantidad total de $********** pesos M.N., por concepto de inscripción traslativa de dominio. Posteriormente, dicha autoridad, mediante oficio recibido en este Juzgado el cinco de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de los siguientes documentos: Escritura pública número noventa y tres mil quinientos, otorgada ante la fe del Notario Público número veintiocho, en ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en la que hizo constar el contrato de compraventa celebrado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, entre Luis Beltrán Marmolejo (quejoso) y Beatriz Botello Mares, como compradores, y Marco Antonio Chávez Cortés, como vendedor, respecto del bien inmueble ahí descrito, y Del detalle de pago realizado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, relativo a dicha escritura pública, por concepto del Derecho previsto en el artículo 29, fracción VI, de la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua, relativo a "LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS DE LA DIVISIÓN DE LA COPROPIEDAD", por el cual pagó la cantidad de $16,104.67 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 67/100 moneda nacional), así como del previsto por el artículo 29, fracción X, de la propia Ley, relativo a la "CANCELACIÓN DE CRÉDITOS CON NOTA MARGINAL EN LIBROS O AL CALCE DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS", por el cual pagó la cantidad de $********** (********** 62/100). Sin embargo, la aplicación del ordenamiento legal reclamado, a través del pago del Derecho por registro de actos traslativos de dominio en el Registro Público correspondiente, no se le puede atribuir a autoridad alguna, pues la parte quejosa realizó dicho pago de forma espontánea, no en virtud de un requerimiento expreso en ese sentido por parte de autoridad alguna. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 53/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante la inexistencia del acto mencionado en este considerando, atribuido a la autoridad responsable indicada, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio al respecto. Cuarto. Existencia de actos. En sus informes justificados, el Congreso, la Gobernadora Constitucional, así como el Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, manifestaron que son ciertos los actos reclamados, en el respectivo ámbito de sus competencias. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal de carácter general (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: 1.- En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, 2.- Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y 3.- De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. I Respecto de los actos reclamados al Secretario General de Gobierno, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, consistentes en la publicación y el refrendo del Decreto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la quejosa reclama de las citadas autoridades, la publicación y refrendo de los Decretos reclamados, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto sobre nómina y el impuesto adicional universitario para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación y refrendo de tales ordenamientos legales. De ahí que, con relación a la publicación y refrendo del Decreto reclamado, atribuidos al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II Ya que no se tiene noticia de que el primer acto de aplicación del Decreto reclamado, sea uno diverso del consistente en el pago realizado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, relativo al acto traslativo de dominio hecho constar en la escritura pública número noventa y tres mil quinientos, ya descrita, se tiene como primer acto de aplicación de dicho Decreto, el pago indicado, por concepto del Derecho previsto en el artículo 29, fracción VI, de la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua, relativo a "LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS DE LA DIVISIÓN DE LA COPROPIEDAD", por el cual pagó la cantidad de $********** (********** moneda nacional), así como del previsto por el artículo 29, fracción X, de la propia Ley, relativo a la "CANCELACIÓN DE CRÉDITOS CON NOTA MARGINAL EN LIBROS O AL CALCE DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS", por el cual pagó la cantidad de $********** (********** 62/100). En relación con el primer acto de aplicación del Decreto LXVII/APLIE/0109/2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós, específicamente de sus numerales 4 y 4.3.2.3, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional y convencional, es de quince días; dicho plazo empezará a contar a partir de que, el ordenamiento legal de que se trate, sea aplicado por primera vez en la esfera jurídica del quejoso; en relación con lo anterior, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de dichos términos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, el primer acto de aplicación demostrado, en la esfera jurídica del quejoso, se concretó el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, cuando realizó el pago correspondiente por concepto de pago de Derecho Registral para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, ya descrito, cuyas constancias relativas también ya fueron valoradas. De manera que, tomando en cuenta lo anterior, el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto en contra de dicho ordenamiento legal, con motivo de su primer acto de aplicación, comenzó a transcurrir el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós y feneció el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, ni uno, seis, siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, esto de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo y el oficio 2/2023, de cinco de enero de dos mil veintitrés, suscrito por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Decimoséptimo Circuito y el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en esta ciudad. De manera que, si la demanda que dio lugar a este juicio de amparo, se promovió el uno de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la cual se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, es inconcuso que este juicio de amparo se promovió fuera del término legal para ello, de manera extemporánea, y por lo tanto, el ordenamiento legal reclamado, se considera consentido por el quejoso. Así pues, ya que en relación con el primer acto de aplicación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en relación con dicho acto de aplicación y con el Decreto reclamado, esto conforme a la técnica que regula el juicio de amparo contra leyes, precisada en el considerando quinto, así como artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **********, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintitrés. Agrega oficio de cuenta Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Registradora adscrita a la Oficina del Registro Público de la Propiedad, Distrito Judicial Bravos. En atención a su contenido, se tiene al oficiante remitiendo las constancias solicitadas por proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista a las partes Con lo anterior, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto indicado con anterioridad y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con dichas constancias, remitidas en alcance a su informe justificado, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/JRMG

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte el día de hoy está programada la audiencia constitucional del presente asunto. Asimismo, del informe justificado que rindió la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se advierte que manifestó lo siguiente: Es cierto el acto reclamado que hace consistir el hoy quejoso en relación a la tarifa del pago de derechos por los servicios prestados por éste Registro Público de la propiedad, Distrito Judicial Bravos, ello en virtud de que se ejercieron los derechos de pago respecto a las operaciones por la cantidad total de $********** M.N., por concepto de inscripción traslativa de dominio. Sin embargo, no remitió constancia alguna relativa a tales manifestaciones. Se requieren constancias Por lo tanto, con fundamento en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad, para que en un término de tres días, computado legalmente remita copia certificada de las constancias relativas al pago del derecho conocido como registral, por concepto de inscripción traslativa de dominio, que afirma, el quejoso realizó, por la cantidad de diecisiete mil doscientos cuarenta cinco pesos moneda nacional. Apercibimiento Se le apercibe de que en caso de ser omisa, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la suma de ********** 00/100, en términos de los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259, de la legislación en cita. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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