Jorge Luis Antonio José

Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Antonio José

Actuaciones

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura incidente de suspensión Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1090/2023-IV, promovido por***. Estudio sobre la suspensión A efecto de resolver sobre la suspensión provisional, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se indica que el quejoso reclama de las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadoras: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. En su carácter de autoridades ejecutoras: Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte. Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia y domicilio en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad. De quienes reclama, respectivamente, la orden de aprehensión giradas en su contra, así como la ejecución de las mismas. Orden de aprehensión Indicado lo previo, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Luego, es importante destacar que el artículo 147 de la legislación en cita, es del siguiente contenido: Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Dicho artículo, como se aprecia, en cuanto a la suspensión, prevé la posibilidad de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, o de reestablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado (de ser jurídica y materialmente posible. Ahora bien, para resolver en torno a la suspensión provisional instada, respecto de una orden de aprehensión y su ejecución, se realiza una distinción a) entre la dictada por delitos de los que se consideran que ameritan prisión preventiva oficiosa, que no puede dejar de imponerse (artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada), y b) los que no llevan aparejada la imposición de oficio de esa medida. Lo anterior, atendiendo al contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, que efectúa dicha diferenciación; porción normativa que es del siguiente tenor: Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares y determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares en el procedimiento penal, decretadas por autoridad judicial, dado que, de hacerse, se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que, indicó que el juzgador de amparo debe determinar en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. A lo que se suma lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, ya citados; en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada para que las cosas conserven el estado que guardan, o con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, a la luz de la interpretación conjunta de éste, con relación a los diversos numerales, previamente citados. Es así, en primer término, el quejoso solicitó la suspensión provisional, con lo que se cumple el primero de ellos, ya que acreditó con eso su interés indiciario. Por lo que hace al segundo requisito, es oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los conceptos orden público e interés social se encuentran íntimamente vinculados y que, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, al momento de resolver sobre la suspensión instada; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que el Más Alto Tribunal no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Así, el interés social y el orden público se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. De esa forma, cuando se considere que existe motivo para estimar que ese requisito se incumple, el juzgador de amparo queda obligado a expresar en su determinación, de manera clara y suficiente, las razones que tiene para considerarlo así, de modo que las partes interesadas puedan ejercer las defensas que estimen necesarias en contra de la conclusión que se alcance. En términos del primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y ponderar la apariencia del buen derecho para emitir la determinación respectiva en torno a la suspensión solicitada; dado que, de seguirse perjuicios al interés social, o bien, contravenir disposiciones de orden público, trae como consecuencia la negativa de la medida cautelar instada. Ahora bien, de tratarse la orden de aprehensión reclamada y cuya suspensión se solicita, de las que llevan prisión preventiva oficiosa; se estima que no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque como quedó demostrado en párrafos anteriores, la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se otorgue la suspensión respecto de la medida cautelar cuestionada; y por otra parte, está demostrada la inconvencionalidad de los preceptos que autorizan la prisión preventiva (el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada), como se determinó en las sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, pronunciadas por la Corte Interamericana, en los casos de: i). Tzompaxtle Tecpile y otros; y, ii). García Rodríguez y otros, respectivamente, en contra del Estado Mexicano; pues dijo, que México aún no ha hecho los ajustes constitucionales y legales que se ordenan en dichas resoluciones con relación a la prisión preventiva y que por tanto su determinación se ceñía a la Jurisprudencia P./J. 20/2014 con registro 2006224 y rubro siguiente: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Además, no se advierte que de otorgarse la suspensión solicitada, se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera algún daño que de otra amanera no resentiría. Pues si bien, a la sociedad le interesa que se cumplan las leyes que rigen el Estado de Derecho Mexicano, la concesión de dicha suspensión no le irroga ningún perjuicio, porque las normas que autorizan la prisión preventiva, fueron declaradas inconvencionales por un tribunal internacional; por lo que, bajo ese panorama jurídico, no se advierte transgresión alguna al interés social. En apoyo a lo considerado, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen 47, Tercera Parte, página 58, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 818680, rubro y texto siguientes: INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACION. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Asimismo, se estima que existe peligro en la demora ya que, de privarse de la libertad al quejoso con motivo de la orden de aprehensión reclamada, y de ser por un delito de los que conllevan prisión preventiva de oficio, se le impondría dicha medida cautelar, que, se insiste, ha sido declarada ya inconvencional. También, cobra aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima 2 Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (EN MATERIA PENAL), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte (reglas generales) de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. De manera que, ante las anteriores consideraciones, se concede la suspensión provisional, de la siguiente forma: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada; es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva: La suspensión sólo producirá el efecto de que, si la parte quejosa es privada de su libertad, con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada, no le sea aplicada la medida de prisión preventiva oficiosa. En lugar de ello, se le dicte una medida diversa a ésta; es decir la que el Juez responsable considere razonablemente adecuada, según lo expuesto en esta determinación; y en caso de que estime que otra medida sea insuficiente para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva, pero justificada, es decir de forma fundada y motivada, en las condiciones del caso. II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen, a la parte quejosa, como medidas de aseguramiento las siguientes: a) Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo la parte quejosa acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; b) Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Cobra aplicación por analogía, y en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que estatuye: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; pero dejará de surtirlo, si no cumple con las pautas que le son exigidas. Asimismo, conviene precisar que los requisitos para que surta efectos la suspensión provisional, serán exigibles hasta que se reciba el informe previo de las autoridades responsables, en que se tenga certeza de la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, del tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la causa penal de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, la que suscribe, estima prudente fijar a la parte quejosa una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Asimismo, debe precisarse que esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado en la demanda de amparo, que sea dictado por distinta autoridad, o bien, si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. En relación con la garantía fijada, si la parte quejosa opta por póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: para garantizar la suspensión provisional otorgada a la quejosa (nombre del quejoso por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1090/2023-IV; y, en el rubro de autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. A fin de que quien suscribe en el momento de decidir sobre la suspensión definitiva se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, precisen el delito por el que se le sigue proceso a la quejosa así como el monto de la reparación del daño, si es el caso, siempre y cuando ese concepto se encuentre cuantificado en autos. Lo anterior para estar en posibilidad de fijar en la suspensión definitiva las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime convenientes, a fin de que la quejosa no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado los actos reclamados, con apoyo en la facultad que le concede al juez de amparo el artículo 136 de la ley de la materia. Audiencia Incidental De conformidad con el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. De la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez de Distrito y la Secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe previo Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídanse a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberán remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe las autoridades se concretarán a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrán indicar las razones que estimen sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirán el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la parte quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 moneda nacional ($10,374.00). En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilio En atención a la certificación de cuenta, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, pues se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al oficial judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo En distinto orden, vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, a quien le reclama la orden de aprehensión girada en su contra. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo********************/2023-IV. Expediente electrónico En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquellos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII, del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del Secretario de Juzgado que tiene asignada la tramitación del presente asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Admisión de la demanda Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que solicita. Sin que haya lugar a tramitar el incidente por duplicado, en cumplimiento al artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las diez horas del diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia, mismas que podrá remitir a través de cualquiera de estas vías: a) Por correo electrónico, a la dirección 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx; con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en el caso de realizar lo anterior, cumpliendo con el citado requisito, será innecesario que hagan llegar el informe por algún otro medio; lo anterior, en términos de la Jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023740. b) A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica o e.firma del servidor público correspondiente, o mediante el uso de los convenios de interconexión; c) Físicamente en las instalaciones del órgano jurisdiccional, a través de un dispositivo de almacenamiento masivo. En la inteligencia que, de no poder remitir las constancias de manera digitalizada, deberá justificarse tal circunstancia al momento de realizar la remisión física de las mismas. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10, 374. 00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.2). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y Domicilio Según lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, todas los autos que se generen en este asunto, deberán notificarse de manera personal al quejoso, por conducto de sus autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, pues se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

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