Jorge Luis Bello Bailón
Expediente 988/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Bello Bailón
Actuaciones
- Principal
Auto de desechamiento causo estado, se archiva expediente. Susceptible de destrucción
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo a nombre de JORGE LUIS BELLO BAILON, contra actos del JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL DE ESTA CIUDAD, Y DE OTRAS AUTORIDADES, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 988/2018-I. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese tenor, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente el auto de veintisiete de mayo de dos mil once, dictado en el juicio extraordinario civil por el pago de honorarios 998/2011, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil (ahora Juzgado Segundo Mercantil), se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional el auto de veintisiete de mayo de dos mil once, dictado en el juicio extraordinario civil por el pago de honorarios 998/2011, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil (ahora Juzgado Segundo Mercantil). Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente destacar que en este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se encuentra el diverso juicio de amparo 627/2018-I, promovido por el propio Jorge Luis Bello Bailón, en el que reclamó la "orden de inscripción de la anotación preventiva de demanda (litigio) que versa sobre el juicio 998/2011", el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Asimismo, debe destacarse que en el apartado relativo de los conceptos de violación del aludido juicio de amparo 627/2018-I, el quejoso señaló textualmente lo siguiente: ".se reclama lo actuado en el expediente correspondiente al número 998/2011 del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, y auto de fecha de 27 de mayo 2011, que derivado en la ordenación y ejecución de la inscripción del sello marginal correspondiente a la publicidad con efecto para terceros del procedimiento judicial." De lo expuesto se advierte plenamente que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto que aquí reclama (auto de veintisiete de mayo de dos mil once, emitido en el juicio 998/2011), al menos desde el catorce de junio del año en curso, en que presentó la diversa demanda de amparo 627/2018-I del índice de este Juzgado de Distrito. Por consiguiente, si el aquí quejoso tuvo conocimiento de la determinación reclamada el catorce de junio del año en curso, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse al día siguiente, tal como lo dispone el artículo 17 de la Ley de la Materia, por lo tanto, dicho término transcurrió del quince de junio al cinco de julio del año en curso, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello fechador; es claro que transcurrió en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama se encuentra consentido tácitamente. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica. Comuníquese a las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo a nombre de JORGE LUIS BELLO BAILON, contra actos del JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL DE ESTA CIUDAD, Y DE OTRAS AUTORIDADES, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 988/2018-I. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En ese tenor, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente el auto de veintisiete de mayo de dos mil once, dictado en el juicio extraordinario civil por el pago de honorarios 998/2011, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil (ahora Juzgado Segundo Mercantil), se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional el auto de veintisiete de mayo de dos mil once, dictado en el juicio extraordinario civil por el pago de honorarios 998/2011, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil (ahora Juzgado Segundo Mercantil). Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente destacar que en este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se encuentra el diverso juicio de amparo 627/2018-I, promovido por el propio Jorge Luis Bello Bailón, en el que reclamó la "orden de inscripción de la anotación preventiva de demanda (litigio) que versa sobre el juicio 998/2011", el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Asimismo, debe destacarse que en el apartado relativo de los conceptos de violación del aludido juicio de amparo 627/2018-I, el quejoso señaló textualmente lo siguiente: ".se reclama lo actuado en el expediente correspondiente al número 998/2011 del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, y auto de fecha de 27 de mayo 2011, que derivado en la ordenación y ejecución de la inscripción del sello marginal correspondiente a la publicidad con efecto para terceros del procedimiento judicial." De lo expuesto se advierte plenamente que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto que aquí reclama (auto de veintisiete de mayo de dos mil once, emitido en el juicio 998/2011), al menos desde el catorce de junio del año en curso, en que presentó la diversa demanda de amparo 627/2018-I del índice de este Juzgado de Distrito. Por consiguiente, si el aquí quejoso tuvo conocimiento de la determinación reclamada el catorce de junio del año en curso, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse al día siguiente, tal como lo dispone el artículo 17 de la Ley de la Materia, por lo tanto, dicho término transcurrió del quince de junio al cinco de julio del año en curso, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello fechador; es claro que transcurrió en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama se encuentra consentido tácitamente. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica. Comuníquese a las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Jorge Ivan Salinas Flores841/2021
- Jorge Iván Zúñiga Martínez1409/2023
- Jorge Jesus Perez Rodriguez1094/2022
- Jorge Lopez Huerta291/2021
- Jorge Luis Bello Bailón627/2018
- Jorge Luis Bello Bailón987/2018
- Jorge Luis Carmona Cruz469/2020
- Jorge Luis de la Vega Y del Castillo1267/2021
- Jorge Luis Diaz Gonzalez271/2023
- Jorge Luis Gerardo Gallardo Beltran1269/2017
- JORGE LUIS LOPEZ PEREZ y Otros.741/2022
- Jorge Luis Meza Valadez1066/2018