Jorge Luis Bello Bailón

Expediente 987/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
987/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Luis Bello Bailón

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En la misma fecha, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos.San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Bello Bailón; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiuno de septiembre del presente año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además el presente asunto no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, tomando en consideración que a foja diez de autos, obra un documento original exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esa documental y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Jorge Luis Bello Bailón, contra actos del Juzgado Primero del Ramo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 987/2018-I. Ahora bien, de conformidad con la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo que no ocupa, así como sus copias respectivas, carecen de la firma autógrafa de su promovente Jorge Luis Bello Bailón. En relación con lo anterior, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO.", señaló en relación con la firma lo siguiente: "[.] El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como "el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión." De esta definición, se debe resaltar que la demanda es el primer acto dentro de un proceso; situación que coincide con el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se señala que: "La demanda expresará: ... III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; ...", de lo que se colige que la demanda no sólo es el primer acto dentro del juicio, sino que es el acto esencial que marca el inicio de un proceso. En consecuencia, se aprecia que con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, pues en caso de no ejercer una acción, se estaría frente a una jurisdicción voluntaria o acto prejudicial; o bien, si se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuera judicial, se estaría ante una interpelación extrajudicial. Además, del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se aprecia otro elemento de la relación jurídica procesal, iniciada con la demanda, el cual es el demandado; por tanto, no basta que una reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la intención de ejercer una acción, ya que ésta debe estar dirigida a una persona física o jurídica. De lo anterior, podemos concluir que la demanda es el acto procesal en virtud del cual, una persona física o jurídica, que se constituye como actora, inicia el ejercicio de una acción contra otra, la cual se constituye como parte demandada y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el cumplimiento de ciertas prestaciones. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticas las garantías establecidas en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. El juicio de amparo o de garantías está regulado por la Carta Magna y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. Es así que el juicio de garantías es un medio de control constitucional jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional; pero a diferencia de estas dos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad. Por tanto, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado los derechos del promovente, garantizados en la Constitución. De lo anterior, se infiere que el agraviado o quejoso asume el papel de actor en la controversia y la autoridad designada como responsable interviene como demandada; la materia de la controversia es el acto concreto u omisión de la autoridad, que el interesado considera lesivo de sus garantías individuales. Así, se puede concluir que el juicio de amparo, en concreto, el indirecto, por su forma y contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un Juez de Distrito con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trate, por lo que se debe precisar el nombre del particular que impugna el acto, a quien se le denominará quejoso, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren dicha violación, lo que se conoce como conceptos de violación. Con la presentación de la demanda, se entiende que quien la promovió tiene interés en que el órgano jurisdiccional dicte una resolución favorable a su pretensión; por tanto, acorde a lo señalado en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que no opera de manera oficiosa, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales lo permita. En estas condiciones, se colige que sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto y es lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma o huella digital es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. [.]." Como se puede advertir de la transcripción anterior, sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, siendo la firma lo que da expresión a esa voluntad constituyendo la base para tenerla por cierta, esto es, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que provoca la obligación de la autoridad de dictar la resolución que corresponda. De ahí que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, señaló que un escrito sin firma es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, y por tanto, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca de la contienda. Precisando además que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Señalando que de todo lo anterior deriva, por una parte, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, y por otra, la sanción respectiva en caso de no acontecer lo anterior, que sería tenerla por no presentada. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, carece de la firma autógrafa del quejoso, el suscrito considera que no se ha ejercitado la acción constitucional pues la ausencia de su firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa la tesis aislada 1.150.A.17 K (9a.), con registro número 171,799, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Jorge Luis Bello Bailón, contra actos del Juzgado Primero del Ramo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 987/2018-I. Ahora bien, de conformidad con la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo que no ocupa, así como sus copias respectivas, carecen de la firma autógrafa de su promovente Jorge Luis Bello Bailón. En relación con lo anterior, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO.", señaló en relación con la firma lo siguiente: "[.] El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como "el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión." De esta definición, se debe resaltar que la demanda es el primer acto dentro de un proceso; situación que coincide con el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se señala que: "La demanda expresará: ... III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; ...", de lo que se colige que la demanda no sólo es el primer acto dentro del juicio, sino que es el acto esencial que marca el inicio de un proceso. En consecuencia, se aprecia que con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, pues en caso de no ejercer una acción, se estaría frente a una jurisdicción voluntaria o acto prejudicial; o bien, si se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuera judicial, se estaría ante una interpelación extrajudicial. Además, del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se aprecia otro elemento de la relación jurídica procesal, iniciada con la demanda, el cual es el demandado; por tanto, no basta que una reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la intención de ejercer una acción, ya que ésta debe estar dirigida a una persona física o jurídica. De lo anterior, podemos concluir que la demanda es el acto procesal en virtud del cual, una persona física o jurídica, que se constituye como actora, inicia el ejercicio de una acción contra otra, la cual se constituye como parte demandada y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el cumplimiento de ciertas prestaciones. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticas las garantías establecidas en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. El juicio de amparo o de garantías está regulado por la Carta Magna y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. Es así que el juicio de garantías es un medio de control constitucional jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional; pero a diferencia de estas dos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad. Por tanto, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado los derechos del promovente, garantizados en la Constitución. De lo anterior, se infiere que el agraviado o quejoso asume el papel de actor en la controversia y la autoridad designada como responsable interviene como demandada; la materia de la controversia es el acto concreto u omisión de la autoridad, que el interesado considera lesivo de sus garantías individuales. Así, se puede concluir que el juicio de amparo, en concreto, el indirecto, por su forma y contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un Juez de Distrito con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trate, por lo que se debe precisar el nombre del particular que impugna el acto, a quien se le denominará quejoso, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren dicha violación, lo que se conoce como conceptos de violación. Con la presentación de la demanda, se entiende que quien la promovió tiene interés en que el órgano jurisdiccional dicte una resolución favorable a su pretensión; por tanto, acorde a lo señalado en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que no opera de manera oficiosa, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales lo permita. En estas condiciones, se colige que sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto y es lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma o huella digital es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. [.]." Como se puede advertir de la transcripción anterior, sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, siendo la firma lo que da expresión a esa voluntad constituyendo la base para tenerla por cierta, esto es, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que provoca la obligación de la autoridad de dictar la resolución que corresponda. De ahí que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, señaló que un escrito sin firma es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, y por tanto, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca de la contienda. Precisando además que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Señalando que de todo lo anterior deriva, por una parte, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, y por otra, la sanción respectiva en caso de no acontecer lo anterior, que sería tenerla por no presentada. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, carece de la firma autógrafa del quejoso, el suscrito considera que no se ha ejercitado la acción constitucional pues la ausencia de su firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa la tesis aislada 1.150.A.17 K (9a.), con registro número 171,799, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.

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