Jorge López Roque
Expediente 981/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge López Roque
- Idania Martínez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 981/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria una resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre del año en curso, firmada y autorizada el veinticuatro de octubre siguiente (fojas 57 a 65), en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por *****, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y parte tercera interesada, dado que, como se precisó, se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esas partes procesales, pues carecen de legitimación para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; es aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia sea consultable por internet. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21 del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, como lo establecen los artículos 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8. Devolución de constancias a la autoridad responsable. En virtud que la responsable juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente familiar *****, de su índice, que obra en un tomo por separado; por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 9. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 981/2022 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 981/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados siguientes: Proveído de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en la parte en la que se negó dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra el diverso acuerdo de fecha siete de junio del año en curso. Auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el referido juicio familiar, en el que se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios. Los que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Desechamiento. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 981/2022 y se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación que el aquí quejoso interpuso contra el acuerdo pronunciado el siete de junio del año en curso; resolución que se declaró firme en proveído de fecha doce de septiembre de este año. 2.2. Admisión. Asimismo, en el citado acuerdo se admitió la promoción inicial constitucional, por cuanto hace al diverso acto combatido, relativo al proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el mencionado expediente familiar *****, en el que se ordenó la inscripción del aquí quejoso *****, en el padrón de deudores alimentarios; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a *****, en su carácter de tercera interesada, quien por escrito presentado el uno de septiembre del año en curso se apersonó a este juicio de amparo (foja 38) y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto se reclama a una autoridad residente en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, lugar en el que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por el quejoso y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que, entre diversas cuestiones, se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios morosos, lo que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino parcialmente en la existencia del acto que se le combate. Al respecto, en lo sustancial, señaló que el veintinueve de julio de dos mil veintidós dictó un acuerdo en el juicio familiar *****, en el que, al no haber justificado el obligado alimentista, aquí quejoso *****, el pago de las pensiones adeudadas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio del año en curso y ordenó girar un oficio a la Dirección del Registro Civil a efecto de que inscribiera a este último en el registro de deudores alimentarios morosos. De ahí que, al no exponer el motivo de la parcialidad en la existencia del acto reclamado, se tiene por cierto. Como justificación a su informe, la citada responsable remitió copia certificada de constancias deducidas del referido expediente familiar *****, con valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable, como justificación a su informe, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento legal, se advierte, en lo esencial, los siguientes antecedentes: 4.1. En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se tramita el expediente familiar *****, relativo al divorcio por mutuo consentimiento promovido por ***** e *****, en el que llegaron a un convenio, que el veinte de marzo de dos mil quince (fojas 20 reverso a 24 del tomo anexo) se elevó a categoría de sentencia y se pactó una pensión alimenticia a favor de C.M.L.M. y J.A.L.M. 4.2. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (foja 65 del tomo anexo), el juez responsable dictó un proveído en ese expediente, en el que, entre diversas cuestiones, requirió a ***** justificara estar al corriente en el pago de la pensión decretada a favor de sus menores hijos, apercibiéndolo que, de no hacerlo, quedarían a salvo los derechos de la parte acreedora alimentista para los efectos legales que estimara pertinentes. 4.3. Mediante diverso acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 68 y 71 del tomo anexo): - Se tuvo a ***** promoviendo incidente de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia; y, - En virtud que el aquí quejoso no cumplió con el requerimiento de pago de pensiones alimenticias, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se dejaron a salvo los derechos de *****, como representante legitima de los acreedores alimentarios, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinentes; asimismo, se apercibió al agraviado que, en caso de que no efectuara ese pago, se ordenaría su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con base en lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca. 4.4. Posteriormente, el siete de julio de dos mil veintidós (fojas 74 y 76 del tomo anexo): - Atendiendo a que el deudor alimentista no cumplió con el pago de las pensiones adeudadas, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita, para los efectos legales procedentes; y, - Se acordó que no había lugar a admitir el recurso de apelación que interpuso el aquí quejoso contra el acuerdo de dieciséis de junio del año que transcurre, en virtud que, el juez responsable adujo que no era apelable (determinación que constituye el acto por el que se desechó la demanda de amparo). 4.5. En diverso proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós (fojas 137, 155 y 156 del tomo anexo), entre diversas decisiones, se hizo efectivo el apercibimiento formulado el siete del junio del mismo año y, por haber dejado de exhibir la pensión alimenticia pactada a favor de los acreedores alimentarios en el convenio aprobado, se ordenó girar oficio al director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que inscribiera al aquí quejoso ***** en el padrón de deudores alimentarios morosos; lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Quinto. Causas de improcedencia. Previamente, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio, se advierte que respecto al acto reclamado por el que se admitió el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Esa disposición legal prevé la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar -antes a su presentación- los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El citado principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Lo anterior, porque si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación para acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario para la defensa de los derechos. Ilustra lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, materia común, décima época, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." La parte quejosa reclama el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca ordenó la inscripción del aquí quejoso *****, en el padrón de deudores alimentarios morosos, por haber dejado de exhibir la pensión alimenticia pactada a favor de los acreedores alimentarios. Del análisis del auto reclamado, se advierte que el agraviado, previo a promover el juicio de amparo, debió interponer en su contra el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en atención al imperativo legal contenido en el diverso 974 del invocado código procesal, que establece que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos, y su trámite se sujetará a las disposiciones generales que la misma legislación prevé; numerales que disponen: "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." Pues la excepción al principio de definitividad lo constituye el que se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, no así respecto de resoluciones dictadas, dentro de un juicio. Consecuentemente, al ser procedente el recurso de revocación contra el acto reclamado, conforme al principio de definitividad, el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin que la improcedencia de la instancia constitucional, en sí misma, conculque el derecho a la impartición de justicia, porque los gobernados están obligados a cumplir con los requisitos de procedencia, para lo cual se deben tener en cuenta las reglas que definen y delimitan la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005917, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Se precisa que no resulta aplicable el cuarto párrafo del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." Porque de esa transcripción se advierte que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez en los casos de los alimentos o para proteger la integridad personal de quien solicite la intervención del órgano jurisdiccional, cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la ley, no procede recurso alguno. Sin embargo, en el caso, respecto a lo acordado en el auto reclamado en este juicio no se trata de una medida provisional ni de un caso urgente, como lo establece el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, dado que, lo alegado, es decir, la inscripción del aquí quejoso ***** en el padrón de deudores alimentarios morosos no garantiza los alimentos de los acreedores. Tampoco se surte alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; 4) además de que la parte quejosa no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento y 5) la procedencia del recurso no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal resulta insuficiente para determinarlo. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que prevea la ley, tal como el determinado en el artículo 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, comprendido dentro del apartado de "controversias de orden familiar", en el caso, como se adujo, el recurso de revocación. Por lo expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVIII del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa respecto del referido acto, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***** contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios morosos; que atribuyó al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA (AVISO) PRAL 981/2022 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 981/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados siguientes: Proveído de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en la parte en la que se negó dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra el diverso acuerdo de fecha siete de junio del año en curso. Auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el referido juicio familiar, en el que se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios. Los que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Desechamiento. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 981/2022 y se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación que el aquí quejoso interpuso contra el acuerdo pronunciado el siete de junio del año en curso; resolución que se declaró firme en proveído de fecha doce de septiembre de este año. 2.2. Admisión. Asimismo, en el citado acuerdo se admitió la promoción inicial constitucional, por cuanto hace al diverso acto combatido, relativo al proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el mencionado expediente familiar *****, en el que se ordenó la inscripción del aquí quejoso *****, en el padrón de deudores alimentarios; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a *****, en su carácter de tercera interesada, quien por escrito presentado el uno de septiembre del año en curso se apersonó a este juicio de amparo (foja 38) y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto se reclama a una autoridad residente en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, lugar en el que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por el quejoso y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que, entre diversas cuestiones, se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios morosos, lo que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino parcialmente en la existencia del acto que se le combate. Al respecto, en lo sustancial, señaló que el veintinueve de julio de dos mil veintidós dictó un acuerdo en el juicio familiar *****, en el que, al no haber justificado el obligado alimentista, aquí quejoso *****, el pago de las pensiones adeudadas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio del año en curso y ordenó girar un oficio a la Dirección del Registro Civil a efecto de que inscribiera a este último en el registro de deudores alimentarios morosos. De ahí que, al no exponer el motivo de la parcialidad en la existencia del acto reclamado, se tiene por cierto. Como justificación a su informe, la citada responsable remitió copia certificada de constancias deducidas del referido expediente familiar *****, con valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable, como justificación a su informe, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento legal, se advierte, en lo esencial, los siguientes antecedentes: 4.1. En el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se tramita el expediente familiar *****, relativo al divorcio por mutuo consentimiento promovido por ***** e *****, en el que llegaron a un convenio, que el veinte de marzo de dos mil quince (fojas 20 reverso a 24 del tomo anexo) se elevó a categoría de sentencia y se pactó una pensión alimenticia a favor de C.M.L.M. y J.A.L.M. 4.2. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (foja 65 del tomo anexo), el juez responsable dictó un proveído en ese expediente, en el que, entre diversas cuestiones, requirió a ***** justificara estar al corriente en el pago de la pensión decretada a favor de sus menores hijos, apercibiéndolo que, de no hacerlo, quedarían a salvo los derechos de la parte acreedora alimentista para los efectos legales que estimara pertinentes. 4.3. Mediante diverso acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós (fojas 68 y 71 del tomo anexo): - Se tuvo a ***** promoviendo incidente de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia; y, - En virtud que el aquí quejoso no cumplió con el requerimiento de pago de pensiones alimenticias, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se dejaron a salvo los derechos de *****, como representante legitima de los acreedores alimentarios, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinentes; asimismo, se apercibió al agraviado que, en caso de que no efectuara ese pago, se ordenaría su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con base en lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca. 4.4. Posteriormente, el siete de julio de dos mil veintidós (fojas 74 y 76 del tomo anexo): - Atendiendo a que el deudor alimentista no cumplió con el pago de las pensiones adeudadas, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita, para los efectos legales procedentes; y, - Se acordó que no había lugar a admitir el recurso de apelación que interpuso el aquí quejoso contra el acuerdo de dieciséis de junio del año que transcurre, en virtud que, el juez responsable adujo que no era apelable (determinación que constituye el acto por el que se desechó la demanda de amparo). 4.5. En diverso proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós (fojas 137, 155 y 156 del tomo anexo), entre diversas decisiones, se hizo efectivo el apercibimiento formulado el siete del junio del mismo año y, por haber dejado de exhibir la pensión alimenticia pactada a favor de los acreedores alimentarios en el convenio aprobado, se ordenó girar oficio al director del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que inscribiera al aquí quejoso ***** en el padrón de deudores alimentarios morosos; lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Quinto. Causas de improcedencia. Previamente, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio, se advierte que respecto al acto reclamado por el que se admitió el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Esa disposición legal prevé la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar -antes a su presentación- los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El citado principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia, salvo los casos de excepción previstos en la ley. Lo anterior, porque si una persona está vinculada al procedimiento natural y, por eso, tiene salvaguardado su derecho de oponer los medios de defensa ordinarios contra los actos producidos en él, carece de justificación para acudir ante los órganos constitucionales a iniciar el procedimiento extraordinario para la defensa de los derechos. Ilustra lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, materia común, décima época, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." La parte quejosa reclama el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca ordenó la inscripción del aquí quejoso *****, en el padrón de deudores alimentarios morosos, por haber dejado de exhibir la pensión alimenticia pactada a favor de los acreedores alimentarios. Del análisis del auto reclamado, se advierte que el agraviado, previo a promover el juicio de amparo, debió interponer en su contra el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en atención al imperativo legal contenido en el diverso 974 del invocado código procesal, que establece que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos, y su trámite se sujetará a las disposiciones generales que la misma legislación prevé; numerales que disponen: "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." Pues la excepción al principio de definitividad lo constituye el que se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, no así respecto de resoluciones dictadas, dentro de un juicio. Consecuentemente, al ser procedente el recurso de revocación contra el acto reclamado, conforme al principio de definitividad, el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin que la improcedencia de la instancia constitucional, en sí misma, conculque el derecho a la impartición de justicia, porque los gobernados están obligados a cumplir con los requisitos de procedencia, para lo cual se deben tener en cuenta las reglas que definen y delimitan la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2005917, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Se precisa que no resulta aplicable el cuarto párrafo del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." Porque de esa transcripción se advierte que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez en los casos de los alimentos o para proteger la integridad personal de quien solicite la intervención del órgano jurisdiccional, cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la ley, no procede recurso alguno. Sin embargo, en el caso, respecto a lo acordado en el auto reclamado en este juicio no se trata de una medida provisional ni de un caso urgente, como lo establece el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, dado que, lo alegado, es decir, la inscripción del aquí quejoso ***** en el padrón de deudores alimentarios morosos no garantiza los alimentos de los acreedores. Tampoco se surte alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; 4) además de que la parte quejosa no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento y 5) la procedencia del recurso no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal resulta insuficiente para determinarlo. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que prevea la ley, tal como el determinado en el artículo 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, comprendido dentro del apartado de "controversias de orden familiar", en el caso, como se adujo, el recurso de revocación. Por lo expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVIII del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa respecto del referido acto, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***** contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar *****, en el que se ordenó su inscripción en el padrón de deudores alimentarios morosos; que atribuyó al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.
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PRAL 981/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese un oficio de la secretaria encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán, Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Prueba. Conforme a lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa al oficio cuenta, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente familiar 18/2015, de su índice, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de la documental que remite la autoridad oficiante, con la misma se ordena formar el tomo anexo I, que queda a disposición de las partes, en la Secretaría de este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. Diferimiento de la audiencia constitucional. A fin de que las partes queden notificadas con la anticipación debida del referido informe justificado y se impongan de su contenido, así como de la documental anexa a este último, como lo establece el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y, en su lugar, se señalan las once horas con cincuenta y dos minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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