Jorge Llanos Hernández
Expediente 1427/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Llanos Hernández
Actuaciones
- Principal
PRAL.1427/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. 1. Informa. Agréguese el oficio del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, informa que en los archivos con que cuenta esa unidad administrativa, no obra registro de que el quejoso haya depositado alguna correspondencia para ser entregada a éste órgano jurisdiccional, en el periodo correspondiente del dieciséis al veintidós de febrero de este año, para lo cual anexa las constancias respectivas, información que se encuentra clasificada como reservada y confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 110, fracción V y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Estado de autos. En esas condiciones, vistos los autos y considerando de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que el quejoso Jorge Llanos Hernández interpusiera recurso de queja contra la determinación de veintisiete de enero del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 3. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento de demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
1427/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que hasta el día de hoy no se ha recibido en la oficialía de partes de este Juzgado escrito alguno mediante el cual la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja que se refiere el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós que desechó, de plano, su demanda de amparo, no obstante haber quedado notificado el doce de febrero último. 2. Requerimiento a autoridad. En esas condiciones, por razón de seguridad y certeza jurídica y a fin de establecer lo procedente sobre la declaración de causa estado del auto que desechó la demanda, al tener el control de correspondencia de reclusos, requiérase al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificada del oficio respectivo, con transcripción de este acuerdo, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del Centro Federal a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Jorge Llanos Hernández, que hubiere sido depositado en el período comprendido del dieciséis al veintidós de febrero de este año, dirigido a este órgano jurisdiccional; de ser así, comunique la fecha en que fue enviado a esta autoridad de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. 1. Diligencia de notificación. Vista la diligencia de notificación personal de veintiuno de enero de este año, realizada por el actuario adscrito a este Juzgado al quejoso Jorge Llanos Hernández, se acuerda: En atención a la promoción inicial constitucional, por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que aclarara su demanda de amparo, en los términos siguientes: "(.) Primero. Diga a qué autoridad(es) le(s) atribuye la orden de traslado voluntario reclamado; en su caso, deberá señalar con qué carácter señala a cada una de ellas. Tercero. Diga a qué se refiere cuando señala que se le pueda llevar un médico general para poder firmar la hoja de su medicamento contralado. Toda vez que menciona que diario se reporta con los oficiales de seguridad y con las enfermeras y no lo han llevado para firmar y tampoco lo han llevado al módulo donde se encuentra el médico optometrista Cuarto. En su caso, si señala como acto reclamado la falta de atención relativa a la visita con el optometrista para la realización de un examen de la vista; de ser así, a qué autoridad(es) le(s) atribuye ese acto". En la diligencia de notificación antes precisada, el quejoso Jorge Llanos Hernández, manifestó lo siguiente: La orden de traslado voluntario la reclama al juez de Ejecución Primero del Estado de México, con sede en Texcoco, en su carácter de ordenadora. Se desiste de la manifestación realizada respecto al médico general para poder firmar la hoja de su medicamento contralado. Si señala como acto reclamado la falta de atención médica optométrica, misma que le reclama al titular del área médica del Centro Federal de número trece "Cps Oaxaca". En esas condiciones, se tiene a dicha parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en el auto inicial,. 1.1. Fijación de actos reclamados. Por tanto, en este juicio de amparo se reclama lo siguiente: Del juez de Ejecución Primero del Estado de México, con sede en Texcoco: El traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al diverso Centro de Reclusión Número Uno "Altiplano", con sede en Toluca, Estado de México. Del titular del área médica del Centro Federal de número trece "Cps Oaxaca: La falta de atención médica optométrica. Ahora, respecto a la admisión o no de la demanda se provee de la manera siguiente: 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". DESECHAMIENTO RESPECTO AL TRASLADO VOLUNTARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN NÚMERO TRECE "CPS-OAXACA" AL DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN NÚMERO UNO "ALTIPLANO", CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: Del juez de Ejecución Primero del Estado de México, con sede en Texcoco: El traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al diverso Centro de Reclusión Número Uno "Altiplano", con sede en Toluca, Estado de México. Acto contra el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - (...)". (Transcripción) Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Por otra parte, los artículos 18 y 21, párrafo tercero, constitucionales, así como el artículo quinto transitorio, prevén: "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciario dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señalcomo delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Artículo 21. (.). La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.). Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto". De lo transcrito se advierte que, con motivo de las referidas reformas, se estableció que la imposición de las penas, su modificación y duración son atribuciones propias y exclusivas de la autoridad judicial, como lo establece dicha normativa; esto, a partir de que la legislación secundaria correspondiente lo estableciera, pero sin que pudiera exceder del plazo de tres años contados a partir del día siguiente de su publicación. En ese orden, el referido plazo de tres años concedido a las legislaturas de las entidades federativas concluyó el diecinueve de junio de dos mil once. Esto es, a partir de esa fecha corresponde a la autoridad judicial decidir todo lo relativo a la ejecución de las penas de prisión, tales como la aplicación de penas alternativas, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios y la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena. En ese sentido, la intervención del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito Estatal como Federal, únicamente debe limitarse a desarrollar el régimen penitenciario de reinserción social, habida cuenta que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho introdujo un modelo penitenciario de reinserción y judicialización. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2012, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 18, registro 2001988, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Por otra parte, los artículos 49 y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente: "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución". Del citado precepto 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora; sin embargo, dicho numeral también precisa que no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Ahora, se reitera, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al diverso Centro de Reclusión Número Uno "Altiplano", con sede en Toluca, Estado de México; toda vez que es su deseo ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social más cercano a su domicilio familiar. De ese modo, el quejoso está en aptitud de formular su solicitud ante el juez de Ejecución, por ser la autoridad judicial especializada competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal. Autoridad que, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, requerirá el consentimiento expreso de la persona sentenciada -quejoso, en este caso- en presencia de su defensor para ser trasladado a otro Centro Penitenciario. Por ello, es evidente que, previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento correspondiente ante el juez de Ejecución, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener una resolución favorable a su interés de ser trasladado a un centro de reclusión cercano a su domicilio familiar. Determinación. Ante ello, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en el traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al diverso Centro de Reclusión Número Uno "Altiplano", con sede en Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO RESPECTO A LA FALTA DE ATENCIÓN MÈDICA OPTOMÉTRICA. Por otro lado, de la lectura de la demanda de amparo y de las manifestaciones realizadas en la diligencia de notificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama del titular del área médica del Centro Federal de número trece "Cps Oaxaca, la falta de atención médica optométrica. Acto contra el cual se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". (Transcripción) Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca. Por otra parte, los artículos 114, 115 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro "horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." (Transcripción) De los preceptos transcritos se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, ya que en el artículo 114 de la legislación mencionada dispone que si la petición realizada por el interno ante el director de la penitenciaría fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Asimismo, si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esa omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas y en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Y el numeral 122 de la citada ley establece que la controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Con base en los citados numerales (114, 115 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal) se puede concluir que cuando el interno presente petición administrativa, pero la autoridad penitenciaria no da contestación a dicha petición (omisión), el recluso tiene la posibilidad de acudir ante el juez de ejecución a impugnar dicha omisión (falta de contestación a la petición), a través de la controversia judicial. Por ello, si el quejoso reclama del titular del Área Médica del Centro Federal Trece "Cps Oaxaca, la falta de atención médica optométrica; sin embargo, antes de acudir al juicio de amparo, debió de promover controversia judicial ante el juez de ejecución, como así lo prevé el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aunado que el artículo 116, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relativas a las mismas, y la facultad del juez de ejecución es amplia para resolver cualquier cuestión que se refiera al internamiento, dado que es la autoridad que conoce con inmediatez los problemas que aquejan a la población penitenciaria y que interactúa con las autoridades que integran el Sistema Penitenciario, a fin de emitir resoluciones razonables y ajustadas al texto constitucional. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento ante el juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver respecto a su falta de atención médica optométrica. Por ello, el quejoso previo a promover el juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la falta de atención médica optométrica. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1427/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Llanos Hernández, por derecho propio, recibida el treinta de diciembre del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1427/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. De la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierten omisiones e irregularidades en su planteamiento por lo siguiente: 1º Reclama el traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Número Trece "Cps-Oaxaca" al diverso Centro de Reclusión Número Uno "Altiplano", con sede en Toluca, Estado de México. Sin embargo, de la misma no se advierte a qué autoridades les atribuye dicho acto reclamado. 2º Por otra parte, refiere al final de su escrito, lo siguiente: ". ." (Imagen escaneada) En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción III y IV; así como el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito o en el acto de la diligencia de notificación, aclare la demanda de amparo y: Primero. Diga a qué autoridad(es) le(s) atribuye la orden de traslado voluntario reclamado; en su caso, deberá señalar con qué carácter señala a cada una de ellas. Tercero. Diga a qué se refiere cuando señala que se le pueda llevar un médico general para poder firmar la hoja de su medicamento contralado. Toda vez que menciona que diario se reporta con los oficiales de seguridad y con las enfermeras y no lo han llevado para firmar y tampoco lo han llevado al módulo donde se encuentra el médico optometrista Cuarto. En su caso, si señala como acto reclamado la falta de atención relativa a la visita con el optometrista para la realización de un examen de la vista; de ser así, a qué autoridad(es) le(s) atribuye ese acto. Lo anterior así se requiere, a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional aunque realizara una interpretación íntegra de la demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Se invoca en apoyo la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que refiere, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Se precisa respecto solicitud. Por otra parte, respecto a la solicitud de designarle un defensor público para que lo represente en este juicio; provéase lo conducente una vez que dicha parte procesal cumpla con la prevención formulada. 6. Autorización. Se autoriza al actuario llevador de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar al quejoso Jorge Llanos Hernández, este proveído y las subsecuentes notificaciones personales que se ordenen. 7. Notificaciones personales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, por encontrarse privado de su libertad, las notificaciones personales que se ordenen le serán efectuadas en el centro de su reclusión, haciéndose entrega de copia autorizada del acuerdo y, en su caso, anexos que deban notificarse; por tanto, le será proporcionada la copia correspondiente de este proveído. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en el que se encuentra recluida. Así lo proveyó Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado por la secretaria técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/5044/2021, de la misma fecha, Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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