Jorge Lacarriere Hernandez
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Lacarriere Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 453/2022 III Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de treinta y uno de mayo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido; por ende se ordena su archivo. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Incidente de suspensión. Se descarta proveer al respecto, porque en el presente juicio de amparo no se aperturó el incidente de suspensión. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la destrucción del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye al oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o la quejosa, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 453/2022-III Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable cumple requerimiento y se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Se agrega al expediente el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. En éste, atiende a uno de los requerimientos formulados en el auto admisorio de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, pues informa que si bien es cierto que dentro de la averiguación previa + no fueron notificados al quejoso los proveídos de dieciséis de junio y cuatro de julio, ambos de dos mil cinco, también lo es que mediante escrito presentado y ratificado por el promovente, el veintisiete de abril de dos mil siete, solicitó copias certificadas de la referida indagatoria, las cuales le fueron entregadas en esa misma fecha. Lo anterior, debido a que el treinta de octubre de dos mil seis declaró extinta la acción penal persecutoria por prescripción y consecuentemente el archivo definitivo. Para acreditar lo anterior remite copia certificada de algunas constancias de la referida averiguación previa, entre ellas, la relativa a la constancia de donde se advierte que el veintisiete de abril de dos mil siete el quejoso * , recibió de conformidad las copias certificadas de la citada averiguación previa, pues de ella se aprecia la firma del quejoso, la cual coincide con la plasmada en el escrito de demanda. En vista de lo anterior, se tiene cumplido el requerimiento efectuado en auto admisorio y se deja insubsistente el apercibimiento impuesto a la autoridad responsable. Ahora, la recepción del aludido oficio obliga a esta operadora jurídica a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la oportunidad con la que se promovió este juicio de derechos humanos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 621 de la Ley de Amparo. En particular, porque las constancias remitidas por la responsable, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud su existencia del análisis de estas se advierte que cambió el escenario planteado desde el inicio en la demanda de amparo. Para demostrarlo, se hace notar que el estado procesal del juicio y las constancias remitidas por la autoridad responsable permiten visualizar: ? El acto reclamado corresponde a: Los proveídos de dieciséis (ilegible) de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año mediante los cuales, el entonces Agente del Ministerio Publico Especializada en Delitos Culposos Mesa Vespertina dio contestación a los escritos presentados en la averiguación previa * el quince y veintiuno de junio del dos mil cinco, en estos solo acordó agregarlos a la indagatoria para que surtieran los efectos legales correspondientes. ? Al respecto, el quejoso adujo que éstos no le fueron notificados de forma personal ? Sin embargo, la autoridad responsable remitió copia certificada de la diligencia de veintisiete de abril de dos mil siete, en la que se hizo constar la comparecencia de * , en la cual se le entregó copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa. Por lo que es válido considerar que la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la citada ley, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presente la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. Agente Ministerial responsable, se advierte que aunque los proveídos de dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año, dictados en la averiguación previa * , no fueron notificados al quejoso en forma personal, también se aprecia que el veintisiete de abril de dos mil siete, le fueron entregadas copias certificadas de la referida indagatoria, por lo que es válido afirmar que en esa fecha tuvo conocimiento del acto reclamado. Inclusive en la diligencia de recepción de constancias, se desprende que el aquí quejoso * , firmó de conformidad la recepción de las copias certificadas de la averiguación previa. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía para solicitar la protección, comenzó el lunes, treinta de abril de dos mil siete (día siguiente hábil a la fecha cuando el quejoso tuvo conocimiento de todo lo actuado en la averiguación previa, lo que involucra los proveídos dictados el dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año) y concluyó el dieciocho de mayo de dos mil siete. De ahí se considera que la presentación de la demanda de protección resulta extemporánea A pesar de lo anterior, el quejoso ejerció la acción de amparo hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2), lo cual hace evidente la presentación extemporánea, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos tácitamente los proveídos de dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año, emitidos en la averiguación previa * Por tanto, desde este momento se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual hace innecesario continuar el trámite de este juicio, pues el acto principal de la demanda fue reclamado en forma extemporánea, y determina la misma improcedencia para el análisis de los acuerdos combatidos. Entonces, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia que estaba señalada. Funda lo anterior, la tesis jurisprudencial "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y día que estaban señalados para celebrar la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con tres minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. Anotaciones internas. Anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad. Por último, se ordena informar a las partes emplazadas el contenido de este proveído Notifíquese; de forma personal al quejoso; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por oficio a la autoridad responsable; y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 453/2022-III Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable cumple requerimiento y se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Se agrega al expediente el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. En éste, atiende a uno de los requerimientos formulados en el auto admisorio de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, pues informa que si bien es cierto que dentro de la averiguación previa + no fueron notificados al quejoso los proveídos de dieciséis de junio y cuatro de julio, ambos de dos mil cinco, también lo es que mediante escrito presentado y ratificado por el promovente, el veintisiete de abril de dos mil siete, solicitó copias certificadas de la referida indagatoria, las cuales le fueron entregadas en esa misma fecha. Lo anterior, debido a que el treinta de octubre de dos mil seis declaró extinta la acción penal persecutoria por prescripción y consecuentemente el archivo definitivo. Para acreditar lo anterior remite copia certificada de algunas constancias de la referida averiguación previa, entre ellas, la relativa a la constancia de donde se advierte que el veintisiete de abril de dos mil siete el quejoso * , recibió de conformidad las copias certificadas de la citada averiguación previa, pues de ella se aprecia la firma del quejoso, la cual coincide con la plasmada en el escrito de demanda. En vista de lo anterior, se tiene cumplido el requerimiento efectuado en auto admisorio y se deja insubsistente el apercibimiento impuesto a la autoridad responsable. Ahora, la recepción del aludido oficio obliga a esta operadora jurídica a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la oportunidad con la que se promovió este juicio de derechos humanos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 621 de la Ley de Amparo. En particular, porque las constancias remitidas por la responsable, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud su existencia del análisis de estas se advierte que cambió el escenario planteado desde el inicio en la demanda de amparo. Para demostrarlo, se hace notar que el estado procesal del juicio y las constancias remitidas por la autoridad responsable permiten visualizar: ? El acto reclamado corresponde a: Los proveídos de dieciséis (ilegible) de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año mediante los cuales, el entonces Agente del Ministerio Publico Especializada en Delitos Culposos Mesa Vespertina dio contestación a los escritos presentados en la averiguación previa * el quince y veintiuno de junio del dos mil cinco, en estos solo acordó agregarlos a la indagatoria para que surtieran los efectos legales correspondientes. ? Al respecto, el quejoso adujo que éstos no le fueron notificados de forma personal ? Sin embargo, la autoridad responsable remitió copia certificada de la diligencia de veintisiete de abril de dos mil siete, en la que se hizo constar la comparecencia de * , en la cual se le entregó copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa. Por lo que es válido considerar que la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la citada ley, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presente la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. Agente Ministerial responsable, se advierte que aunque los proveídos de dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año, dictados en la averiguación previa * , no fueron notificados al quejoso en forma personal, también se aprecia que el veintisiete de abril de dos mil siete, le fueron entregadas copias certificadas de la referida indagatoria, por lo que es válido afirmar que en esa fecha tuvo conocimiento del acto reclamado. Inclusive en la diligencia de recepción de constancias, se desprende que el aquí quejoso * , firmó de conformidad la recepción de las copias certificadas de la averiguación previa. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía para solicitar la protección, comenzó el lunes, treinta de abril de dos mil siete (día siguiente hábil a la fecha cuando el quejoso tuvo conocimiento de todo lo actuado en la averiguación previa, lo que involucra los proveídos dictados el dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año) y concluyó el dieciocho de mayo de dos mil siete. De ahí se considera que la presentación de la demanda de protección resulta extemporánea A pesar de lo anterior, el quejoso ejerció la acción de amparo hasta el veintinueve de abril de dos mil veintidós, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2), lo cual hace evidente la presentación extemporánea, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos tácitamente los proveídos de dieciséis de junio de dos mil cinco y cuatro de julio del mismo año, emitidos en la averiguación previa * Por tanto, desde este momento se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual hace innecesario continuar el trámite de este juicio, pues el acto principal de la demanda fue reclamado en forma extemporánea, y determina la misma improcedencia para el análisis de los acuerdos combatidos. Entonces, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia que estaba señalada. Funda lo anterior, la tesis jurisprudencial "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y día que estaban señalados para celebrar la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las diez horas con tres minutos del ocho de junio de dos mil veintidós. Anotaciones internas. Anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad. Por último, se ordena informar a las partes emplazadas el contenido de este proveído Notifíquese; de forma personal al quejoso; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por oficio a la autoridad responsable; y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 453/2022-III Puebla, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE PRETENDE DESAHOGAR REQUERIMIENTO Se agrega al expediente el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por el cual cumple de manera parcial a los diversos requerimientos que se formularon el auto admisorio. Lo anterior, se debe a que únicamente informa el nombre y domicilios de las personas que podrían tener el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo, que no existe diverso juicio de amparo promovido en la averiguación previa + , señala correo electrónico y número telefónico para establecer contacto; sin embargo, es omisa en desahogar el diverso requerimiento consistente en lo siguiente: ".deberá informar la fecha en que fue notificado el quejoso de los proveídos de dieciséis (ilegible) de junio y cuatro de julio, ambos de dos mil cinco reclamados, o bien la fecha en que acudió a la agencia del ministerio público a imponerse de los mismos, la que se podrá considerar como fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, para que este juzgado esté en oportunidad de establecer oportunidad con la que se promovió este juicio de derechos humanos.". En consecuencia, desde este momento se toma nota de los medios de contacto proporcionados por la citada autoridad, los cuales serán considerados en caso de ser necesarios; sin embargo, se le hace saber que las notificaciones que conforme a derecho le correspondan, le serán realizadas como lo establece la Ley de Amparo. Además, este juzgado queda enterado de la inexistencia de diverso juicio de amparo promovido en autos de la averiguación previa Empero, de momento, se deja de proveer respecto de las personas que pudieran tener el carácter de terceros interesados en este juicio hasta en tanto la fiscal responsable desahogue la totalidad de los requerimientos realizados en acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, en particular el que fue indicado en párrafos previos, referentes a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. Ahora, no pasa desapercibido que el plazo de cinco días concedido a la agente del ministerio público responsable para desahogar ese requerimiento aun transcurre, pues fue notificada por conducto del Fiscal General del Estado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Por lo tanto, subsiste el apercibimiento de multa con la que fue conminada en el auto admisorio. Notifíquese.
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