JORGE GARCIA CAÑETE y Otros.
Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JORGE GARCIA CAÑETE y Otros.
- Jorge Garcia Cañete
- ELIZABETH RAMIREZ SAN AGUSTIN y Otros.
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de Anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICOHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 1027/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por*, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro y otra. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: *. Lo anterior, con independencia de que los quejosos nombren con posterioridad un representante común distinto. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechada. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 1 . En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado, el cual consiste en: ? Los proveídos de ocho, doce y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa *, en los que negó conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, por existir conflicto competencial. ? El proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dictado en el causa penal *, en el que negó conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, por existir conflicto competencial. Tales actos derivan de una negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables, de conocer las solicitudes de revisión de medida cautelar, previamente impuestas en contra de los quejosos, bajo el argumento de que se encuentra pendiente de resolución el conflicto competencial suscitado precisamente entre ambas autoridades. En esas circunstancias, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia, con características de indudable y manifiesta, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, que disponen: De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad en los que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Aunado a lo anterior, resulta importante mencionar lo previsto en el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé lo siguiente: De lo citado con antelación, se puede advertir que un órgano jurisdiccional, no podrá emitir una determinación de competencia por declinatoria o inhibitoria, sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias precautorias, así como cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación y resuelto la procedencia de las medidas cautelares. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad referentes a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no pueden considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino más bien es en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2009721, Décima Época, Materias Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el objetivo de la parte quejosa es que cualquiera de las autoridades responsables, conozca de su solicitud de modificación de medida cautelar y señale fecha para llevar a cabo tal audiencia. De igual manera, se aprecia que en el caso existe un conflicto competencial suscitado entre el Juez de Control de la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa * y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, referente a la causa penal. Asimismo, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se puede advertir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, conoce del referido conflicto competencial, bajo el número de expediente * de su índice. Además, también se desprende que el doce de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó turnar el citado asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada *, para efectos de formular el proyecto de resolución correspondiente, sin que a la fecha exista una sentencia definitiva al conflicto competencial en cuestión. Lo anterior resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se llega a la conclusión de que en el presente caso aún no existe una resolución definitiva en torno a determinar qué autoridad es la competente para conocer de la causa penal de origen. Por tanto, esa circunstancia hace improcedente el juicio de amparo que en el caso se analiza, pues el reclamo no se centra precisamente en una determinación definitiva en relación al conflicto competencial planteado, puesto que el acto reclamado consistente en la negativa por parte de las responsables a conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, previamente impuesta a los ahora quejosos, lo que no puede considerarse como una determinación definitiva de competencia. Aunado a ello, contrario a lo que afirma la parte quejosa, el acto reclamado no se trata de alguna de las actuaciones de excepción que prevé el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales --del cual ya se hizo alusión en párrafos precedentes-, respecto de las cuales deban practicarse con carácter de urgentes antes de declinar competencia, tales como las diligencias precautorias, la calificación de la detención, formulación de la imputación y la procedencia de las medidas cautelares, sino que se trata de una solicitud de revisión de la medida cautelar previamente impuesta, esto es, no se va a dilucidar 27/01/23 12:03:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.d3 Myriam Mabel Vital Méndez sobre su procedencia sino más bien sobre su modificación. En ese sentido, resulta importante mencionar que la decisión tomada en el presente auto -desechar la demanda-, no depara ningún perjuicio a la esfera jurídica de los solicitantes del amparo, puesto que la solicitud de revisión de medida cautelar, la podrá realizar una vez que exista certeza de qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer del asunto de origen, de ahí que el acto reclamado no tenga el carácter de definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para ordenar a alguna de las autoridades señaladas como responsables de atender la solicitud planteada -en el supuesto no concedido de admitir la demanda y conceder el amparo-, puesto que, no podrían concretarse los efectos de la concesión hasta en tanto la superioridad no dirima la controversia del conflicto competencial planteado -de aquí el carácter de no definitivo del acto reclamado-, pues este órgano de amparo no puede fincar competencia en alguno de los juzgados contendientes para atender la petición de los quejosos. Por todo lo anterior, esta operadora jurídica arriba a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente y se procede a desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), se hace notar a la parte quejosa que en el término de tres días siguientes a partir de la notificación de este acuerdo, puede proporcionar algún correo electrónico o número de teléfono móvil como medios del cual puedan ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Además, desde este momento se tiene como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico, señalados en la demanda. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo - en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por a la autoridad responsable cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID 19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibido el escrito de demanda -de manera física-, sin ulterior acuerdo, la glose al nuevo expediente que se forma. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1027/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por*, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro y otra. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Representación común. La demanda de protección revela una omisión de los quejosos: no designaron representante común entre ellos. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los nombrados: *. Lo anterior, con independencia de que los quejosos nombren con posterioridad un representante común distinto. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechada. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 1 . En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado, el cual consiste en: ? Los proveídos de ocho, doce y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa *, en los que negó conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, por existir conflicto competencial. ? El proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dictado en el causa penal *, en el que negó conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, por existir conflicto competencial. Tales actos derivan de una negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables, de conocer las solicitudes de revisión de medida cautelar, previamente impuestas en contra de los quejosos, bajo el argumento de que se encuentra pendiente de resolución el conflicto competencial suscitado precisamente entre ambas autoridades. En esas circunstancias, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia, con características de indudable y manifiesta, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, que disponen: De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad en los que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Aunado a lo anterior, resulta importante mencionar lo previsto en el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé lo siguiente: De lo citado con antelación, se puede advertir que un órgano jurisdiccional, no podrá emitir una determinación de competencia por declinatoria o inhibitoria, sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias precautorias, así como cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación y resuelto la procedencia de las medidas cautelares. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad referentes a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no pueden considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino más bien es en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2009721, Décima Época, Materias Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el objetivo de la parte quejosa es que cualquiera de las autoridades responsables, conozca de su solicitud de modificación de medida cautelar y señale fecha para llevar a cabo tal audiencia. De igual manera, se aprecia que en el caso existe un conflicto competencial suscitado entre el Juez de Control de la Región Judicial Centro, dentro de la carpeta judicial administrativa * y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, referente a la causa penal. Asimismo, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se puede advertir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, conoce del referido conflicto competencial, bajo el número de expediente * de su índice. Además, también se desprende que el doce de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó turnar el citado asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada *, para efectos de formular el proyecto de resolución correspondiente, sin que a la fecha exista una sentencia definitiva al conflicto competencial en cuestión. Lo anterior resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se llega a la conclusión de que en el presente caso aún no existe una resolución definitiva en torno a determinar qué autoridad es la competente para conocer de la causa penal de origen. Por tanto, esa circunstancia hace improcedente el juicio de amparo que en el caso se analiza, pues el reclamo no se centra precisamente en una determinación definitiva en relación al conflicto competencial planteado, puesto que el acto reclamado consistente en la negativa por parte de las responsables a conocer la solicitud de revisión de medida cautelar, previamente impuesta a los ahora quejosos, lo que no puede considerarse como una determinación definitiva de competencia. Aunado a ello, contrario a lo que afirma la parte quejosa, el acto reclamado no se trata de alguna de las actuaciones de excepción que prevé el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales --del cual ya se hizo alusión en párrafos precedentes-, respecto de las cuales deban practicarse con carácter de urgentes antes de declinar competencia, tales como las diligencias precautorias, la calificación de la detención, formulación de la imputación y la procedencia de las medidas cautelares, sino que se trata de una solicitud de revisión de la medida cautelar previamente impuesta, esto es, no se va a dilucidar 27/01/23 12:03:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.d3 Myriam Mabel Vital Méndez sobre su procedencia sino más bien sobre su modificación. En ese sentido, resulta importante mencionar que la decisión tomada en el presente auto -desechar la demanda-, no depara ningún perjuicio a la esfera jurídica de los solicitantes del amparo, puesto que la solicitud de revisión de medida cautelar, la podrá realizar una vez que exista certeza de qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer del asunto de origen, de ahí que el acto reclamado no tenga el carácter de definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para ordenar a alguna de las autoridades señaladas como responsables de atender la solicitud planteada -en el supuesto no concedido de admitir la demanda y conceder el amparo-, puesto que, no podrían concretarse los efectos de la concesión hasta en tanto la superioridad no dirima la controversia del conflicto competencial planteado -de aquí el carácter de no definitivo del acto reclamado-, pues este órgano de amparo no puede fincar competencia en alguno de los juzgados contendientes para atender la petición de los quejosos. Por todo lo anterior, esta operadora jurídica arriba a la conclusión de que el presente juicio de amparo es improcedente y se procede a desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), se hace notar a la parte quejosa que en el término de tres días siguientes a partir de la notificación de este acuerdo, puede proporcionar algún correo electrónico o número de teléfono móvil como medios del cual puedan ser contactada. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Además, desde este momento se tiene como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico, señalados en la demanda. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo - en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por a la autoridad responsable cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID 19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibido el escrito de demanda -de manera física-, sin ulterior acuerdo, la glose al nuevo expediente que se forma. Notifíquese
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