Jorge Juárez Martínez
Expediente 450/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Juárez Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA IV A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (foja 22-28), se tuvo por desechada la demanda de garantías promovida por JORGE JUÁREZ MARTÍNEZ, el cual se le notificó el veinticinco siguiente (foja 32); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV A "... Vista la demanda de amparo promovida por JORGE JUÁREZ MARTÍNEZ, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 450/2017. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que disponen... La transcripción de los artículos y jurisprudencia transcritos revela que, el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de disposición legal alguna, además de las diecisiete fracciones anteriores; que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Juzgados de Distrito, entre otros órganos; y, finalmente, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que sean consecuencia necesaria de otros consentidos. Por tanto, para que opere esta causa de improcedencia, es necesario que concurran dos presupuestos: 1. La existencia de un acto anterior consentido; y, 2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, bien de las constancias remitidas por el quejoso con su demanda de amparo, se advierte: En auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, la Junta responsable dictó el acuerdo de calificación de pruebas, donde en la parte final de dicho acuerdo determinó: "SUS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES SE REALIZARÁN POR CARTEL QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTA JUNTA". (fojas 10 a 14). El quince de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso presentó ante la junta un escrito donde solicita que las notificaciones personales se le hagan en su domicilio de cada una de las partes en conflicto (fojas 15 a 19) La Junta responsable el tres de abril de dos mil diecisiete, determinó que no ha lugar a lo que solicitaba (se le notifique en su domicilio), por las razones expuestas en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 20 y 21). Auto que constituye aquí el acto reclamado Lo anterior, revela que el acto reclamado en este juicio, auto de tres de abril del presente año, deriva directa y necesariamente de otro que el quejoso consintió (auto de calificación de pruebas de veintitrés de enero de dos mil diecisiete). Ello es así, pues el peticionario combate en este juicio de amparo el acuerdo de tres de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 66/2016, donde la responsable le dice que no ha lugar a realizarle sus notificaciones personalmente en su domicilio, por las razones expuestas en el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Por ello, tal acuerdo es una consecuencia lógica, directa y necesaria del proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en la que en su parte final la Junta responsable determinó que las subsecuentes notificaciones se realizarán por cartel que se fije en los estados de esa junta; de lo cual, tuvo conocimiento por lo menos el quince de marzo de dos mil diecisiete, sin que se advierta de las constancias de autos, lo hubieran controvertido por algún medio de impugnación idóneo, dado que no hizo valer el incidente de nulidad de notificaciones. De ahí que, el proveído ahora reclamado es un acto derivado de uno que el quejoso consintió...Aunado a lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, consistente en la negativa de realizar las notificaciones personales en el domicilio señalado en los autos del expediente 66/2016. Partiendo de esa premisa, es necesario ahora recalcar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La citada disposición legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto, esto es, cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que el juicio constitucional indirecto era procedente, de manera excepcional, aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, porque con dicha resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior pues, de ser fundada, debía reponerse el procedimiento lo que traía como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación, son las siguientes: No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, consistente en la negativa de realizar las notificaciones personales en el domicilio señalado en los autos del expediente 66/2016. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, consistente en la negativa de realizar las notificaciones personales en el domicilio señalado en los autos del expediente 66/2016, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la institución quejosa tendrá que esperar a que la Junta de origen dicte la sentencia correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por JORGE JUÁREZ MARTÍNEZ, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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