Jorge Iván Gastelum Ávila

Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Iván Gastelum Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Carlos Castillo Castillo a favor de Jorge Iván Gastelum Ávila, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 50/2021. Suspensión de plano. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama destacadamente la omisión de pronunciar la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, en donde se determine si se concede o rehúsa la extradición del directo agraviado Jorge Iván Gastelum Ávila, y en vía de consecuencia, la prolongación de su detención en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", lugar en donde se encuentra interno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se niega la suspensión de plano de la omisión combatida, en virtud, que se encuentra pendiente el dictado de la resolución que determine la extradición o no de Jorge Iván Gastelum Ávila, por lo que, al momento no existe materia que suspender (orden de extradición). Respecto del diverso acto destacado consistente en la prolongación de la detención de la que es objeto el aludido agraviado, dentro del lugar de su reclusión, en términos del artículo 126, párrafo primero, de la ley en cita, se niega la suspensión de plano solicitada, ya que conforme a la relatoría de antecedentes de los actos reclamados se aprecia la existencia de un procedimiento de extradición radicado bajo el número 3/2020, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano); por tanto, no se trata de un acto que ataque la libertad fuera de procedimiento Apoya lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.89 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DERIVADA DE LA CONCLUSIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL, PORQUE NO ES UN ACTO QUE ATAQUE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. El procedimiento especial de extradición, conforme a la Ley de Extradición Internacional, comprende varias etapas, básicamente inicia con la solicitud formal de extradición (que debe cumplir con ciertos requisitos) y concluye con la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que autoriza o niega la extradición del reclamado, lo cual lógicamente implica la entrega de la persona o, en su caso, su libertad. En ese sentido, cuando en el escrito de demanda se reclama la prolongación de la privación de la libertad, aduciendo que es fuera de procedimiento, porque ha fenecido el plazo de sesenta días naturales previsto en el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional, que el Estado requirente tenía para hacerse cargo de la persona, por lo cual se debe declarar su inmediata libertad; es inconcuso que no es un acto que ataque la libertad fuera de procedimiento, al estar vinculado con el procedimiento especial de extradición, precisamente en su fase de ejecución; de tal manera que no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que procede la suspensión de oficio y de plano cuando se trate, entre otros casos, de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; por ende, cuando existe un procedimiento de esa naturaleza, es improcedente la misma." (Registro digital: 2022012, materias común, penal, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020 tomo VI, página 6251). Incompetencia En principio se destaca que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es determinar si este Juzgado, es legalmente competente por razón de territorio para conocer del asunto sometido a su conocimiento. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". De donde se obtiene como regla general que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.2o.P.22 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. SI EL INCULPADO ESTÁ INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRÁMITE RESPECTIVO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE ÉSTA RADICA. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 (36 de la ley anterior), por regla general, la competencia para conocer del juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, cuando el acto se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y si la acción impugnada no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Lo anterior, porque apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión para determinar la competencia, da lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el acto reclamado, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, concentración y, por ende, la seguridad de los asuntos de esta naturaleza, máxime que los efectos del acto reclamado, se trasladan directamente al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; de ahí que sea el órgano judicial del lugar donde se tramita la extradición quien conozca de la problemática que se llegue a presentar." (Registro digital: 2004415, materia común, penal, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013 tomo 3, página 2496). Por lo que se concluye, que la competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Carlos Castillo Castillo a favor de Jorge Iván Gastelum Ávila, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, atento a la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la omisión de pronunciar la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, en donde se determine si se concede o rehúsa la extradición del directo agraviado Jorge Iván Gastelum Ávila, y en vía de consecuencia, la prolongación de su detención en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", lugar en donde se encuentra interno. Ello es así, pues si bien se combate un acto omisivo, éste involucra efectos positivos, dado que su despliegue produce consecuencias materiales en la libertad del directo agraviado, con motivo de la prolongación de su detención en el centro de su reclusión, y por ende, no puede otorgársele el tratamiento de una omisión o negativa simple. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, por razón de territorio, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, envíese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que por su conducto, lo remita al Juzgado que por razón de turno corresponda conocer del asunto, y proceda a determinar si acepta o no la competencia legal planteada, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Autorizados Téngase como autorizados con las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Cinthya Castillo Castillo, Ricardo Medina González, Fermín Reza Camacho y Celina Judith López Váldez, toda vez que cuentan con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, de ocho de junio de dos mil veinte, se otorga autorización para: -Consultar vía electrónica el expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de los nombres de usuario "Ccastillo_abogado". -Recibir las notificaciones de este asunto que corresponda practicar a la parte quejosa de forma electrónica. Realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. Compensación. Remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que éste sea registrado y realice la compensación correspondiente. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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