Jorge Jonatan Angelares Cruz

Expediente 605/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
605/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Jonatan Angelares Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que en su primer resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo y en el segundo declaró que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo remitido por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite, del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, residente en esta capital, consistente en un legajo de copias cotejadas relativas a la carpeta de investigación D1-430/2019, de su índice; en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad el tomo referido, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, toda vez que se trata de copias cotejadas. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 605/2020-III-B, promovido por ***, en contra del acto que atribuye al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el tres de agosto del año en curso a este órgano jurisdiccional, con motivo de la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, derivada de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, y en atención a los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; compareció ****a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Fiscal Investigadora en turno, de la Unidad Especializada en Delitos Comunes, Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, residente en esta capital. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; la que se registró con el número 605/2020-III-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de acuerdo al informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa reclamó: a) La orden de detención, presentación y/o comparecencia dictada en su contra, en la carpeta de investigación D1/430/2019. b) El citatorio de once de marzo de dos mil veinte, que le fue dirigido por conducto del representante legal del Centro de Especialidades Médicas de esa ciudad, para comparecer ante la autoridad responsable a efecto de que se realice una entrevista como testigo en la carpeta de investigación D1/430/2019. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados precisados en el inciso a), del considerando anterior, al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, pues al rendir su informe justificado, lo negó, sin que exista prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, por lo que respecto a dicho acto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTA. Es cierto el acto reclamado por el quejoso precisado en el inciso b) de la consideración tercera de esta resolución, pues así lo admitió el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTA. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, con relación al acto que hizo consistir en el citatorio emitido por el Fiscal responsable, el once de marzo de dos veinte, para que compareciera a que se le realizara una entrevista como testigo en la carpeta de investigación D1/430/2019; razón por la cual habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia que solicita. El once de marzo de dos mil veinte, el Fiscal Investigador del Ministerio Público del fuero común del Estado, emitió el citatorio que constituye el acto aquí reclamado, mismo que es del tenor siguiente: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION DE INVESTIGACION Y ATENCION TEMPRANA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS COMUNES ACTA NUMERO:D1/000430/2019 MÉRIDA, YUCATÁN A 11 DE MARZO DEL AÑO 2020: CARPETA DE INVESTIGACIÓN: D1/43012019 ASUNTO: EL QUE SE INDICA C. REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS (CEM ) CALLE 60 NÚMERO 329-3 POR 35 Y AVENIDA COLON, CENTRO MÉRIDA, YUCATAN. PRESENTE: Por medio, de la presente le informo que la presente indagatoria inicio mediante la denuncia y/o querella interpuesta por el ciudadano ****en contra de quien resulte responsable por la comisión de hechos posiblemente delictuosos por el fallecimiento de la ciudadana ***y con fundamento en los articulas numerales 21 Constitucional, 2, 104, 127, 128, 129, 130, 131, 259, 360, 364 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, y toda vez que para la correcta integración de la presente carpeta de investigación se hace necesario de allegarnos de las entrevistas en calidad de TESTIGOS de los siguientes galenos: 1. EL DOCTOR RAFAEL REYES BUENO, MISMO QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTA AUTORIAD EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 13:00 HORAS. . 2. EL DOCTOR ALEJANDRO FONZ ESCOFIE, MISMO QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTA AUTORIAD EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 09:00 HORAS. 3. EL DOCTOR CARLOS MAURY, MISMO QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTA AUTORIAD EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 11:00 HORAS. 4. EL DOCTOR JORGE ANGELARES, MISMO QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTA AUTORIAD EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 12:00 HORAS. 5. EL DOCTOR CÉSAR HERRERA, MISMO QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE ESTA AUTORIAD EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2020 A LAS 09:00 HORAS. Haciéndole del conocimiento que dichos GALENOS, deberán presentar identificación oficial con dos copias, así como cedula profesional qué acredite su cargo, igual con dos copias, reiterándole que sus comparecencias serán con el carácter de TESTIGOS; asimismo se les apercibe que en caso de no comparecer en la fechas y horas señaladas, se podrán hacer acreedores de alguno de los medios de apercibimiento que marca el articulo Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en: su parte conducente dice : " I. El Ministerio Publico contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales que al tenor literal en su parte conducente dice: Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada." Todo lo anterior, con el fin de integrar debidamente la Carpeta de Investigación al rubro indicada. Sin otro particular por el momento quedo de usted y le envió un cordial saludo. ATENTAMENTE EL FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO LICDA. GUADALUPE LORENA MENOZA CANCHÉ. Al respecto, como conceptos de violación, el quejoso en síntesis señala que la orden de citación emitida en su contra, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y de legalidad, al no cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, dado que carece de fundamentación y motivación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Tales motivos de inconformidad, como se dijo, devienen infundados, por las siguientes consideraciones: Los referidos preceptos legales, en lo conducente, establecen: "Artículo. 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." En el caso, la citación emitida por la autoridad ministerial en uso de su facultad investigadora y a efecto de que una persona declare en calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación, constituye un acto de molestia cuya emisión requiere el cumplimiento de las exigencias de fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con dicho numeral cualquier acto de molestia debe sujetarse a tres condiciones fundamentales: a) Que se exprese por escrito; b) Que provenga de autoridad competente y; c) Que en el documento se funde y motive la causa legal del procedimiento, es decir, que se exprese con precisión el o los preceptos legales en los que se sustente la determinación adoptada así como las razones de hecho que lleven a la autoridad a emitir el acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por su parte, los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. (.)" "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." De la intelección de los numerales transcritos se obtiene que para cumplir con la motivación del acto, para que cierta persona declare en calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación, la citación que emita la representación social, por consistir un acto de molestia, deberá satisfacer ciertos requisitos a efecto de producir certidumbre en el gobernado y evitar los abusos de autoridad, como lo son indicar: 1) La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 2) El día y hora en que debe comparecer; 3) La diligencia que ha de practicarse (objeto de la citación) y la indicación de su carácter de testigo; 4) Los datos de identificación de la carpeta de investigación de la que le resulta ese carácter; 5) El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento; 6) La firma de la autoridad que lo ordena. 7) Que se haya hecho del conocimiento del testigo en forma oportuna (con cuarenta y ocho horas de anticipación) el contenido de ese citatorio. Ahora bien, del análisis de la citación reclamada, se obtiene que consta por escrito y proviene de autoridad competente, dado que el Fiscal del Ministerio Público responsable, es el ente público constitucionalmente facultado para la investigación y persecución del delito, y dentro de sus facultades se encuentra la de citar a quien le resulte obligación de comparecer, y al respecto invocó los preceptos en que se apoyó (21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 90, 104, 127, 128, 129, 130, 131, 259, 360 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Además de que se señala el día, hora y nombre de la autoridad ante la que deberá presentarse el citado; el apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento; la firma de la autoridad que lo ordena y que se hizo de su conocimiento en forma oportuna (con cuarenta y ocho horas de anticipación) el contenido de ese citatorio, por conducto del representante legal del Centro de Especialidades Médicas (CEM); los datos de identificación de la carpeta de investigación, con el nombre del denunciante y los hechos que se investigan; con qué carácter es citado a declarar el destinatario de la referida orden (testigo), así como la diligencia que ha de practicarse (objeto de la citación). Así, expuesto lo anterior, se considera que la citación del quejoso emitida por el Fiscal responsable, en la que se solicita su presencia ante dicha autoridad ministerial en calidad de testigo, con el objeto de llevar a cabo la entrevista correspondiente y hacerle de su conocimiento la investigación de los hechos en la carpeta de investigación D1/430/2019, se encuentra ajustada conforme a derecho. Lo anterior se estima de esa manera, pues aun cuando constituye un acto de molestia, este hecho no exime al quejoso de declarar ante la autoridad responsable, pues es una obligación constitucional de los mexicanos hacerlo cuando se tenga conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito. En efecto, el Ministerio Público se encuentra facultado y obligado en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a investigar y perseguir los hechos delictuosos que llegaren a cometerse, y que en este caso están siendo investigados por dicha autoridad, por lo cual practica u ordena todos los actos necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo, conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 ya citados, así como en los numerales 131 y 132, todos del Código Nacional de Procedimiento Penales, que disponen: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (.). Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (.) VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; (.) XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos; (.)." De lo anterior se advierte, que el agente del Ministerio Público puede legalmente practicar u ordenar todos los actos de investigación necesarios, tales como girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la carpeta de investigación resulte que les asista el carácter de imputados, ofendidos, o bien, que hayan presenciado en calidad de testigos los hechos investigados, a fin de estar en condiciones de obtener los datos de prueba idóneos y pertinentes para determinar sobre la existencia o no de algún hecho delictuoso. Luego, en concordancia con la referida facultad del Ministerio Público, el precitado artículo 90 del Código Nacional de Procedimiento Penales, prevé la obligación que tiene toda persona de presentarse ante el Órgano Jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada; quedando exceptuadas de dicha obligación, únicamente el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia; de lo que se sigue que, el testigo no se encuentra excluido a comparecer. Por tanto, se reitera que el hecho de que se cite al quejoso a la carpeta de investigación, en su carácter testigo de los hechos que la autoridad ministerial investiga, no implica necesariamente una transgresión a los derechos fundamentales del quejoso, pues como se vio, la citación fue emitida dentro de los lineamientos que la ley prevé para tal efecto. Máxime que dicha orden tiene su origen en la facultad investigadora de la autoridad ministerial, para hacerse llegar de los elementos necesarios para demostrar o no la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, por lo que al ser la persecución de los delitos una facultad exclusiva del Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su función no puede ser obstaculizada, al constituir dicha función un derecho social y no un derecho privado de los particulares. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el citatorio reclamado contenga el apercibimiento de la imposición de alguna de las medidas de apremio previstas en la fracción I, inciso b) del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este caso, multa. Lo dicho, porque la posibilidad de que se imponga esa o alguna de las citadas medidas de apremio, está sujeta al menos a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público determine hacerlas efectivas. De igual manera, es dable colegir que el acto reclamado, de forma alguna trastoca algún derecho fundamental del quejoso, en específico el de no autoincriminación, ya que contrario a lo que argumenta en los conceptos de violación, la determinación combatida no lo obliga a emitir una declaración, menos aún, en determinado sentido. A efecto de acreditar lo anterior, es necesario analizar los derechos de no autoincrimación y de defensa, desde dos perspectivas; esto es, la de una persona que es llamada como testigo a un proceso penal y la de una persona que tiene el carácter de imputado en el mismo proceso. Así, el derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 20, apartado B, fracciones II, IV, VI y VIII, así como en tratados internacionales; el cual debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional; es parte del debido proceso y requisito esencial de validez del mismo. Este derecho a su vez, está conformado por diversas prerrogativas, como son; declarar, rendir pruebas, participar en el procedimiento y contar con un abogado defensor que le proporcione asistencia técnica necesaria. Por otra parte, el derecho a no autoincriminarse ha nacido esencialmente como derecho fundamental del imputado o acusado en un proceso penal; ha estado vinculado con la posición de quien dentro del proceso penal, formalmente, tiene tal condición; así lo establecen los artículos 20, Apartado B, fracción II de la Constitución; 8.2, g) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho fundamental de no autoincriminación constituye un límite a la actividad probatoria desplegada por el Estado en la persecución del delito, no obstante si el imputado o acusado, luego de haber sido informado de los derechos que le asisten, decide declarar y reconocer su responsabilidad penal, ese derecho fundamental no será vulnerado. Es así que el Estado no puede obligar al imputado a declarar, ni obligar a alguna persona a declarar contra sí misma, pues así lo prevé la legislación procesal penal. En ese sentido, si bien todo gobernado tiene la obligación de acudir al proceso penal cuando sea citado y a declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, sin que deba ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia; sin embargo, existen excepciones a esa obligación. En efecto, los artículos 360, segundo párrafo, 361 y 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén las excepciones a la obligación de declarar, a saber: 1. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. 2. Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. 3. Aquellas personas que tengan el deber de guardar secreto, salvo cuando sean liberadas por el interesado del deber de guarda secreto. Es así, que puede concluirse que el derecho fundamental de no autoincriminación no solamente asiste a quien se considera imputado, sino también a quienes declaren como testigos en el proceso penal. Así, contrario a lo sostenido por el quejoso, la citación de once de marzo de dos mil veinte, en la que se ordenó su comparecencia para efecto de ser entrevistado, dentro de la carpeta de investigación D1/430/2019, de forma alguna vulnera su derecho de no autoincriminación; dado que, por sí misma, tal determinación no lo obliga a declarar, menos en un determinado sentido. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, lo que legalmente procede es negar al quejoso JORGE JONATAN ANGELARES CRUZ, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SÉPTIMA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE JONATAN ANGELARES CRUZ, en contra de los actos que reclama al Fiscal Investigadora en turno, de la Unidad Especializada en Delitos Comunes, Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JORGE JONATAN ANGELARES CRUZ, en contra del acto que atribuye al Fiscal Investigadora en turno, de la Unidad Especializada en Delitos Comunes, Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en la sexta de las consideraciones de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la séptima consideración de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE JONATAN ANGELARES CRUZ, en contra de los actos que reclama al Fiscal Investigadora en turno, de la Unidad Especializada en Delitos Comunes, Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JORGE JONATAN ANGELARES CRUZ, en contra del acto que atribuye al Fiscal Investigadora en turno, de la Unidad Especializada en Delitos Comunes, Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en la sexta de las consideraciones de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la séptima consideración de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese. Se notifica a la parte tercera interesada de conformidad con el artículo 27 y 29 de la ley de amparo....

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/1281/2020, signado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en de veintiuno de los corrientes, remite copia cotejada de las constancias que integran la carpeta de investigación D1-430/2019. Por otra parte, dicha autoridad proporciona la información requerida, respecto al último domicilio del tercero interesado ****, esto es, el ubicado en la calle ***, número ******, por ***y ***, del fraccionamiento *******, en esta ciudad; asimismo, informa que el diverso domicilio señalado por el propio ****, es el situado en la calle ***letra ***, número ******, por ***y ***, del ***, en esta capital. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de este juzgado, para que de conformidad con los dispositivos 26, fracción I, inciso b), y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplace a juicio al citado tercero interesado Eduardo Antonio Madariaga Salazar, en los domicilios precisados en líneas anteriores, entregándole copia de la demanda de amparo, copia autorizada del auto inicial de cuatro de agosto de dos mil veinte, así como del presente proveído, a fin de que pueda apersonarse a este asunto, indicándole que con tal carácter puede comparecer al presente juicio si así lo estima conveniente para hacer valer sus derechos. Indíquese al tercero interesado de referencia, que están señaladas las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional del juicio; asimismo, que por auto de trece de agosto de dos mil veinte, se puso a la vista de las partes, el informe justificado rendido por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de Trámite, del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, residente en esta capital. En ese sentido, se exhorta al tercero interesado a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que se señalan en la parte final del auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, a fin de poder seguir en todo momento con su tramitación. Finalmente, por lo que hace al anexo que adjuntó la citada autoridad a su oficio de mérito, consistente en un legajo de copias cotejadas relativas a la carpeta de investigación D1-430/2019, de su índice; dada su voluminosidad, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado y cúmplase.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano