Jorge Javier Canché Ortiz
Expediente 926/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Javier Canché Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo dirigida a la autoridad responsable Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, Yucatán. Lo anterior, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación a las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 662/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintiséis de septiembre último, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 926/2018-I-A, promovido por ******; y Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******* en contra del acto que reclamó de los Fiscales Investigadores Titulares del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Vigesimotercera, licenciados *****y *********, con sede en Kanasín, Yucatán; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Kanasín, Yucatán, y anexo que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, por auto de tres de septiembre en curso, se reservó acordar lo relativo a la ampliación de la demanda inicial promovida por el quejoso ***********, hasta este momento. En consecuencia, visto el escrito suscrito por el referido quejoso, con el que, por los motivos que expone pretende ampliar su demanda de amparo, en relación con la contestación dada por las autoridades ministeriales responsables a la petición formulada por escrito de dos de agosto del año en curso, la cual fue en sentido negativo a sus pretensiones. Es decir, prácticamente no se accedió a su petición de proporcionarle información sobre la integración alguna o algunas averiguaciones o carpetas de investigación en su contra y la de expedirle copia de las mismas. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la ampliación de la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tal acto no le causa perjuicio al quejoso. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Por su parte, el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine o le afecte un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es procedente el juicio de amparo, traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos que hagan suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la negativa de proporcionar al quejoso la información solicitada en relación con alguna o algunas las carpetas de investigación que se estén integrando en su contra, así como a expedirle copia de las mismas, no puede combatirse a través del juicio de amparo, dado que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, de tal manera que no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, se afirma lo anterior porque conforme a lo ordenado en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Carta Magna, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, el imputado tendrá acceso a los registros de investigación cuando se reciba su declaración ante el juez de control o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial, en el caso de ser citado a declarar por parte del Ministerio Público. Es así, acorde al precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando se encuentre detenido el presunto responsable, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ya que a partir de dichos momentos no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Por su parte, el numeral 219 del código adjetivo penal invocado dispone que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Aclarándose que de ser el caso que la representación social se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para resolver lo conducente. Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. De igual manera que los efectos de la omisión de citar al quejoso dentro de la investigación inicial para tener acceso a los registros de investigación recabados, en todo caso se anularán o contrarrestarán si eventualmente se le cita para recibírsele su declaración o entrevista ante la fiscalía, o se le detiene, o bien, si se le cita a la audiencia de la formulación de la imputación ante un juez de control, pues como ya se expuso será en esos momentos cuando pueda consultar el quejoso junto con su defensor, los datos de prueba obtenidos en la investigación inicial y de ahí que pueda controvertirlos, con datos de prueba que ofrezca en su derecho fundamental de defensa. En la medida en que cualquiera de esos casos, el peticionario de amparo tendría derecho a tener acceso a los registros de investigación y a obtener copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que conforme al nuevo sistema penal acusatorio los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de este últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por los jueces constitucionales al resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, procedencia que debe reducirse al máximo, para evitar el fracaso del nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Sobre todo, que del propio escrito aclaratorio se advierte que no tiene conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación, en la que se encuentre relacionado y que en todo caso, lo que sí podría causarle afectación es la existencia de alguna orden de aprehensión y/o comparecencia en su contra. Luego, se estima que el amparo contra la negativa a informarle sobre la integración de alguna o algunas carpetas de investigación y la de expedirle copia de las mismas, por parte de la representación social, no le causa un perjuicio en su esfera jurídica al peticionario de amparo; por tal razón se reitera el desechamiento de la ampliación de demanda por dicho acto, vinculado con la omisión inicialmente reclamada. Por ilustrativa, se cita la tesis I.1o.P.32 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. Previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo pues, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio; por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia." (Época: Décima Época, Registro: 2017726, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.1o.P.32 K (10a.)) Idéntico criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el recurso de queja 105/2016. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y cúmplase.
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