Jorge Ivan Nieves Ayala

Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
539/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ivan Nieves Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano colegiado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro recurso de queja 144/2023, cuyo punto resolutivo es el siguiente: «ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.». Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. En consecuencia, debido a lo resuelto por la superioridad, archívese este expediente como asunto concluido. Destino del expediente. Documentos originales. Sin realizar pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, ya que del análisis del presente juicio se desprende que no se adjuntó constancia alguna que se encuentre en la hipótesis prevista por el ordinal 3, fracción XVIII, del acuerdo general citado.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito signado por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual señala un usuario electrónico para consultar el expediente y solicita copias certificadas del presente juicio de amparo.Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora, ya que el gestionante en su escrito inicial de demanda solicitó se le tuviera un domicilio físico para oír y recibir notificaciones de este órgano jurisdiccional; y toda vez que en el escrito de cuenta solicita así acceso al expediente electrónico, al contar con dicho acceso puede tener conocimiento de los autos emitidos dentro del mismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ***, para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, y, con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones de carácter personal. Instrucción a la Oficial Judicial «A». copias certificadas. Por otro lado, al tener habilitado un usuario para tener acceso al expediente electrónico, la parte quejosa puede descargar las constancias que integran el presente sumario; con la salvedad que únicamente los acuerdos dictados por este Juzgado cuentan evidencia criptográfica.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por******************** -Quejoso- atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda:Se tiene por interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés. En razón de lo anterior, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro. Luego, infórmesele al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital al que haya sido turnado el recurso que nos ocupa, que se encuentra a disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto, como se desprende de la siguiente captura: Además, solicítese respetuosamente al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte quejosa.

  4. Principal

    Demanda y registro. Con la demanda de amparo de cuenta, **** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en la ciudad de Guanajuato. Juez de Oralidad Familiar de Partido de Celaya, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 539/2023-II, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del toca *** de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato, por el que declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, que resolvió el incidente de cobro de pensiones caídas y actualización de pensiones alimenticias, dado que la determinación es irrecurrible y, por ende, ordenó dar salida al expediente. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional.**** Por tanto, es necesario precisar cuál es el recurso o medio de defensa que procede en contra del auto mencionado. Medios de impugnación en el Código de Procedimientos Civiles para Guanajuato, referente a los procedimientos orales. De acuerdo con el principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos; la normatividad procesal debe establecer los medios de impugnación a través de los cuales puedan enmendarse los errores y vicios en que se haya incurrido, atendiendo a la naturaleza del acto y la clase de funcionario que los dicte. Así, la legislación citada -como las de la mayoría del país- consagra diversos medios de impugnación para combatir las resoluciones de los sujetos encargados de la administración de justicia, para buscar ya sea invalidez, modificación o revocación, cuando tienen deficiencias, errores o son ilegales; a saber: Incidentes. Éstos constituyen procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal; en otras palabras, a través de ellos se ventilan todos aquellas cuestiones distintas de la principal, suscitadas durante la sustanciación del juicio y que hace necesaria una resolución previa o especial; verbigracia, la nulidad de actuaciones o de notificaciones. Recursos en sentido estricto. Por otro lado, en el Título Cuarto, del Libro Sexto de la codificación procesal civil para Guanajuato, establece los recursos siguientes: a) revocación, b) apelación y c) denegada apelación, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero, con excepción de las reglas especiales previstas en el capítulo único -Recursos-. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados y su procedencia se limita a lo que dispone el ordinal 894. La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior y sigue las reglas del numeral 896. Por su parte, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 893, dispone que dentro de las audiencias en los juicios orales, sólo procede en contra de: a) no admita prueba; y, b) declare o niegue tener confesa alguna de las partes; sin embargo, cuando las resoluciones no se pronuncien en audiencias, siguen la regla genérica conforme a las disposiciones del Título Sexto (Recursos) del Libro Primero. Solución del problema jurídico. Primeramente, es necesario establecer que en los amparos directos en revisión 612/2009 y 1243/2012 resueltos por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó que las sentencias en materia familiar no constituyen cosa juzgada de forma absoluta, pues pueden alterarse cuando las circunstancias que dieron lugar a la sentencia se hayan modificado. Ello, pues el interés superior de la niñez tiene el alcance de modificar situaciones decididas en juicios previos cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducida en el juicio correspondiente. Ahora, respecto a si el acto reclamado es susceptible de algún recurso, conviene señalar que el numeral 891 determina que las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales son impugnables por revocación, apelación o denegada apelación. Por su parte, el diverso 892 señala que los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables serán irrecurribles. Ahora, el 893 establece que, dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procederá en contra de: i) la que no admita prueba; y, ii) la que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. Entonces, cuando se emiten determinaciones fuera de las audiencias se acude a lo que marca el arábigo 891, en el sentido que aquellas resoluciones emitidas dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, el que se tramitará y sustanciará conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero, esto es, se tendrá que remitir a los artículos 232 y 233. Lo anterior, pues el legislador no previó una limitante, como sí lo hizo con aquellos que se emiten dentro de audiencia pública, donde previamente a petición de parte u oficio, el juzgador los cita para celebrar un acto procesal a fin de dirimir situaciones jurídicas, verbigracia, como audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencia en medida, audiencia en auxilio, etc. En ese orden de ideas, si se reclama en el presente juicio el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del toca **** de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato, por el que declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, que resolvió el incidente de cobro de pensiones caídas y actualización de pensiones alimenticias, dado que la determinación es irrecurrible y, por ende, ordenó dar salida al expediente, con fundamento en los artículos 232 y 233 del código adjetivo, procede en su contra el recurso de revocación. Ello, ya que como se mencionó, el artículo 891 -referente a los juicios orales- al disponer que se acudirá al título sexto, libro primero -reglas generales de los medios de impugnación-, cuando no se encuentre en una regla especial que marca ese titulado; entonces, como solamente hace alusión a la procedencia e improcedencia de la revocación cuando se dicten dentro de las audiencias, es incuestionable que las determinaciones que se decreten fuera de ellas, atinente a los recursos, seguirán las disposiciones generales.*** Por ello, dado que en el juicio de origen, las partes acordaron de muto propio obligarse a un convenio, el cual se elevó a cosa juzgada, tiene relevancia la tesis que dio origen a la contradicción de criterios 265/2013, ya que la Sala realizó el distingo para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En ese orden, al estar en presencia de actos dictados después de concluido el juicio, es necesario analizarlos a la luz de la cosa juzgada que en su momento operó. Además, si la quejosa arguye que las condiciones cambiaron en el controvertido de origen para respetar el convenio tiene a su alcance un medio de defensa -que no necesariamente es un recurso en sentido estricto- sino puede tramitar un juicio autónomo para modificar las cláusulas del convenio y dejar sin efectos sus actos posteriores -como son los aquí actos reclamados-.***** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados.

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