Jorge Hernandez Laguna

Expediente 637/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
637/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Jorge Hernandez Laguna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintidós de junio actual, que en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso *** por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo, manifiesta: Que bajo protesta de decir verdad, dentro del expediente laboral 1082/2017/L1/CB/IND, en la fecha en que le fue puesto a la vista, no existía la emisión de laudo alguno; Exhibe copias del escrito de que se habla para la substanciación del presente juicio de amparo; y, Exhibe el permiso original de uso de suelo número US08752, solicitando el cotejo de la copia que anexa y le sea devuelto su original. Respecto a lo anterior, se tiene al aludido quejoso dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo, esto es, que en el expediente laboral **/2017/L1/CB/IND no existe laudo alguno; por exhibida la copia que exhibe, por lo que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Y, como lo solicita el promovente, previo cotejo de la copia fotostática del permiso de uso de suelo número US08752, glósese al presente juicio de amparo, y el original se encuentra a su disposición en la secretaría. Por otro lado, se desprende de autos que se encuentran glosadas las copias certificadas del expediente **/2017/L1/CB/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad que remitió el Presidente de dicha Junta, ello en cumplimiento al proveído de dieciséis de junio del presente año, de donde se destaca que en dicho juicio laboral aún no obra laudo y que el aquí quejoso compareció ante dicha responsable el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete y se le tuvo por acreditado como parte demandada. Ahora bien, visto el estado de los autos y analizada la demanda que promueve ***, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato y su actuario adscrito, por violación a las garantías consagrada en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito, es el siguiente: 1.- El ilegal emplazamiento realizado por el actuario responsable a través de un citatorio de fecha 18 de abril del presente año y un acta de notificación de fecha 19 de abril de 2017, dentro del expediente **/2017/L1/CB/IND. 2.- Las graves violaciones procesales cometidas por la H. Junta de conciliación y arbitraje, al momento de celebrar la audiencia del día 16 de mayo de 2017, dentro del expediente **/2017/L1/CB/IND. De igual manera debe destacarse que la parte quejosa en su demanda de garantías, expresó textualmente: el día 24 de mayo del presente año 2017, acudí a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Celaya directamente para pedir informes y saber si efectivamente había una demanda en mi contra y además me informaran si había una condena o culpa que pagar, por lo que fui atendido por el que se identificó como Presidenta de la Junta de conciliación y me hizo saber que efectivamente había una demanda registrada en el sistema, sin embargo, no me podía mostrar el expediente, si no realizar una comparecencia judicial y formal para acreditarme como parte demandada del juicio y solo así me podría prestar el expediente para que yo lo pudiera consultar y cerciorarme de los hechos o darme cuenta si efectivamente se estaba llevando un proceso laboral en mi contra, así pues accedí a realizar dicha comparecencia y fue entonces que me percaté que sí había el juicio laboral que refiero en antecedentes que preceden a este y sobre todo me percaté que aparentemente me habían notificado una demanda en un domicilio que no es el mío y a través de una persona, que por cierto, desconozco quien sea, dejándole un citatorio y una cédula de notificación (según los autos del expediente **/2017/L1/CB/IND) para el suscrito, cuando eso días y a esas horas estuve presente en mi domicilio, sin embargo, al analizar de forma más detallada las actuaciones, me percaté que la demanda y demás documentos fueron entregados en la calle Plan de Ayutla número 131 de Marcado de Abastos de este Ciudad de Celaya, Guanajuato, y no en mi domicilio ubicado en calle del mismo nombre pero en el número 136 del centro de la ciudad de Celaya y dentro del conocido mercado de abastos de esta localidad, resultando pues que existe una total ilegalidad de la notificación, cédula y citatorio que el Actuario levantó y ejecutó, por órdenes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, pues es preciso señalar que esta se llevó a cabo en un domicilio distinto al del suscrito el cual constituye uno de os actos reclamados ya que el mismo es ilegal. Por ello, es que se requirió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a efecto de que remitiera copias certificadas del juicio laboral **/2017/L1/CB/IND, para estar en condiciones de saber el estado procesal que guardaba dicho juicio, de donde se advierte que aún no se ha dictado laudo, y que el aquí quejoso se presentó ante la responsable en fecha veinticuatro de mayo del presente año, donde compareció ante la misma y se le tuvo por acreditado como parte demandada. Luego entonces, se estima que el aquí quejoso ya tiene acreditada su calidad de parte demandada en el juicio natural por haber comparecido en dicho juicio. en ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede apreciarse del artículo transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en las que se conceda algún recurso o medido de defensa. Previo a entrar al fondo de la causa de improcedencia planteada, es preciso aclarar que el acto que en esencia se duele el promovente, consiste en el ilegal emplazamiento y las violaciones procesales que alega se llevaron al celebrar la audiencia el dieciséis de mayo del presente año. Ahora bien, una vez anotado lo anterior, en efecto, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues de lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En este contexto, si el acto reclamado se hace consistir en el ilegal emplazamiento y las violaciones procesales que alega se llevaron al celebrar la audiencia el dieciséis de mayo del presente año, efectuados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y su actuario adscrito, ambos de esta ciudad, dentro del expediente laboral **/2017/L1/CA/IND, y en donde dicho quejoso ya compareció ante dicha autoridad y se le tuvo por acreditada como parte demandada; luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer ante la autoridad correspondiente, el Incidente de Nulidad de Notificaciones, previsto por los artículos 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, cuerpo normativo que rige el procedimiento de origen. Los dispositivos de ley en cita, en su literalidad disponen: Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Así, los artículos transcritos de la Ley Federal del Trabajo, específicamente disponen la procedencia de un incidente de nulidad que las partes en el Juicio podrán interponer, en contra de aquellas notificaciones que consideren realizadas en forma diversa a la estipulada por el Capítulo IX, de los incidentes de la referida Ley, denominado de los Incidentes. En este orden, es evidente pues que si el ahora promovente es parte en el procedimiento del que deriva el acto que señala como reclamo constitucional, es claro entonces que tiene la posibilidad de acudir al mismo a promover los medios de defensa que la ley de la materia prevea frente a los actos que en aquél se emitan, como en el caso, lo que estima como "ilegal emplazamiento. De lo anterior se desprende entonces que a través del incidente de nulidad de notificaciones el ahora promovente, puede obtener la revocación o modificación del acto reclamado; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, 2ª/J 65/2002, tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, registro 186512, que indica: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo. De igual forma apoya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1201, Tesis 2ª/J 156/2004, libro 40, marzo de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, que indica: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU VENCIMIENTO. El citado precepto establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento. De igual manera resulta aplicable, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por auto de dieciséis de junio de la presente anualidad, remite copia certificada de las constancias del expediente laboral **/2017/L1/CB/IND; en tal razón, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto no fenezca el plazo concedido al quejoso *** para que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si dentro de dicho juicio ya obra dictado el laudo correspondiente.

  4. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y del actuario adscrito a esa institución, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículo 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 637/2017-VII.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe hacer mención que el quejoso en su escrito de demanda en comento, señala: "...el día 24 de mayo del presente año 2017, acudí a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Celaya directamente para pedir informes y saber si efectivamente había una demanda en mi contra y además me informaran si había una condena o culpa que pagar, por lo que fui atendido por el que se identificó como Presidenta de la Junta de conciliación y me hizo saber que efectivamente había una demanda registrada en el sistema, sin embargo, no me podía mostrar el expediente, si no realizar una comparecencia judicial y formal para acreditarme como parte demandada del juicio y solo así me podría prestar el expediente para que yo lo pudiera consultar y cerciorarme de los hechos o darme cuenta si efectivamente se estaba llevando un proceso laboral en mi contra, así pues accedí a realizar dicha comparecencia y fue entonces que me percaté que sí había el juicio laboral que refiero en antecedentes que preceden a este y sobre todo me percaté que aparentemente me habían notificado una demanda en un domicilio que no es el mío y a través de una persona, que por cierto, desconozco quien sea, dejándole un citatorio y una cédula de notificación (según los autos del expediente 1082/210/L1/CB/IND) para el suscrito, cuando eso días y a esas horas estuve presente en mi domicilio, sin embargo, al analizar de forma más detallada las actuaciones, me percaté que la demanda y demás documentos fueron entregados en la calle ***, y no en mi domicilio ubicado en calle del mismo nombre pero en el número 136 del centro de la ciudad de Celaya y dentro del conocido mercado de abastos de esta localidad, resultando pues que existe una total ilegalidad de la notificación, cédula y citatorio que el Actuario levantó y ejecutó, por órdenes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, pues es preciso señalar que esta se llevó a cabo en un domicilio distinto al del suscrito el cual constituye uno de os actos reclamados ya que el mismo es ilegal..." Por lo anterior, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento; desprendiéndose de autos que el quejoso ya tuvo acceso al expediente laboral 1082/2017/L1/CB/IND, por lo que, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción I, II, y III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, requiérase al promovente para que manifieste bajo protesta de decir verdad que si dentro del mismo ya obra laudo dictado en dicho expediente y, para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, remita las copias respectivas. Acompañe las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para hacerlas llegar en su caso a las demás partes en el juicio de garantías, pues la falta total o parcial de ellas, motivará que se haga efectivo el apercibimiento que se establece en el penúltimo párrafo de este proveído. Con independencia de lo anterior, gírese atento oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, remita copias certificadas del expediente laboral 1082/2017/L1/CB/IND, lo anterior para estar en condiciones de acordar lo conducente respecto a la demanda que formula el quejoso. Resulta aplicable la Tesis P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se procederá conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. Por otra parte, como lo pide el promovente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el ***de esta ciudad; y téngase como autorizados, en términos amplios como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, toda vez que se encuentran inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autorice para ejercer la profesión de abogados; y, en términos restringidos, a ***, por no cubrir el requisito antes mencionado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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