Jorge Iván Nieves Ayala
Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Iván Nieves Ayala
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por xxxxxx. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto.
- Principal
Sentencia Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 198/2020-VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, xxxxxxxxx promovió juicio de amparo, en contra del juez Primero Familiar de Querétaro y otras autoridades, reclamando la orden judicial de requerimiento de pago y/o emplazamiento a juicio y/o en todo caso embargo a bienes de su propiedad. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 198/2020-VI, la admitió a trámite; se requirieron los informes justificados; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; reconoció el carácter de tercero interesado a Ma. Esther Enriquez Bribiesca, quien fue emplazada, y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Legal incompetencia por razón de territorio. Previo a estudiar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa en su libelo constitucional, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial cuyo rubro, texto y datos de localización, a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." [Registro No. 394635, Octava Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página: 456, Tesis: 679 Jurisprudencia.] Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, por los motivos que a continuación se expondrán: El artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden judicial de requerimiento de pago y/o emplazamiento a juicio y/o en todo caso embargo a bienes de su propiedad. Como autoridades responsables señaló a las siguientes: Juez Primero Familiar de Querétaro, Querétaro Juez Segundo Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Tercero Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Cuarto Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Quinto Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Sexto Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Séptimo Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Octavo Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Noveno Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Décimo Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Decimoprimero Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez Decimosegundo Familiar de Querétaro, Querétaro. Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Celaya, Guanajuato. Al respecto cabe señalar, que de las autoridades responsables foráneas, la única que aceptó el acto reclamado lo fue la Juez Primero Familiar de Querétaro, quien manifestó: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, más no las violaciones que se aducen respecto de los actos reclamados señalados, toda vez que dentro de la causa 344/2019 radicada en este juzgado relativa al juicio sumario civil que sobre modificación de sentencia promueve Ma. Esther Enríquez Bribiesca contra Jorge Iván Nieves Ayala, en auto 5 de abril de 2019, se ordenó el emplazamiento de Jorge Iván Nieves Ayala, respecto de la incoada instaurada en su contra, mismo que se llevó a cabo el 17 de abril de 2019. Además, se desprende que las diligencias de citatorio y emplazamiento reclamadas, se llevaron a cabo el dieciséis y diecisiete de abril de dos mil diecinueve, por conducto del actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar de Querétaro. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado fue ejecutado en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Lo anterior, pues se reitera, de las constancias que remitió la juez Primero Familiar de Querétaro, consistentes en copias certificadas del expediente número 344/2019, se desprende que el citatorio y la diligencia de emplazamiento, fue llevada a cabo en el domicilio ubicado en Bernardo Quintana número 439, colonia Centro Sur, en Querétaro. Por lo que, es inconcuso, que el acto que hoy se reclama fue ejecutado en una ciudad, que no pertenece a la jurisdicción de este juzgado. Aunado a lo anterior, de autos se aprecia que las autoridades locales negaron los actos que se les reclama, pues al efecto manifestaron, lo siguiente: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato: "NO ES CIERTO EL ACTO QUE SE ME RECLAMA POR LA QUEJOSA COMO EMITIDO POR ESTA AUTORIDAD. Ya que una vez realizada una búsqueda dentro del sistema SIGOFAM, se advirtió que en este juzgado no se encuentra radicado ningún expediente, ni exhorto en que se ordene el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento". Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Celaya, Guanajuato. "Que no es cierto el acto reclamado, toda vez que al realizar una búsqueda exhaustiva en el sistema de cómputo que al efecto lleva esta oficina, no se encontró diligencia de ejecución en contra del quejoso en el domicilio ubicado en Francisco I. Madero 210 de la Colonia, centro de esta ciudad". En ese orden, respecto el acto reclamado consistente en el embargo a bienes de propiedad del quejoso, cabe señalar que de autos se desprende que no se ha ejecutado en este distrito judicial, pues como se vio, las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto. Asimismo, respecto al acto consistente en el requerimiento de pago, cabe señalar que de las constancias remitidas por el juez Primero Familiar de Querétaro, se desprende que en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se ordenó girar exhorto al juez competente en Materia Familiar de Celaya Guanajuato para que diera cumplimiento al proveído de siete de febrero de dos mil veinte, en el que se impuso una multa al hoy quejoso. Sin embargo, de autos desprende que no se haya llevado actuación alguna tendente a ejecutar el auto de siete de febrero de dos mil veinte, antes bien, como se corrobora de los informes rendidos por las autoridades locales, en esta ciudad no se ha llevado a cabo requerimiento de pago en contra del hoy quejoso. De ahí que, es evidente, que no se ha desahogado actuación alguna en esta ciudad, que pudiera dar competencia a este juzgado. Por tanto, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se estima que la demanda que se trata le corresponde conocer al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, en turno. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son los que siguen: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente."[Registro No. 190372; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Enero de 2001; Página: 5; Tesis: P./J. 8/2001; Jurisprudencia; Materia(s): Común] En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo y toda vez que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva, se ordena remitir el presente expediente, así como los cuadernillos formados con motivo de la tramitación del incidente de suspensión, al al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Por lo expuesto, SE RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, promovido por xxxxxxxxx en contra de actos del juez Primero Familiar de Querétaro y otras autoridades; por las razones expuestas en la única consideración jurídica de esta sentencia. SEGUNDO. Remítase el presente expediente, el tomo de pruebas y los cuadernillos correspondientes al incidente de suspensión, al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado; y solicítese el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por xxxxxxxx, autorizado de la parte quejosa en términos, atento a su contenido, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle xxxxxxxxxx de esta ciudad.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso xxxxxxxxx; mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo por nuevos actos reclamados y que bajo protesta de decir verdad manifestó, que se enteró de los actos que reclama con las constancias que anexó el juez Primero de lo Familiar, con sede en la ciudad de Querétaro. Al respecto, se provee lo siguiente: No ha lugar a admitir la ampliación de demanda, por lo que la misma se desecha por extemporánea. En efecto, en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibieron las constancias que integran el juicio 344/2019, remitidas por el juez Primero de lo Familiar, de las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa. La notificación de dicho proveído se realizó por lista el veintiocho de agosto de dos mil veinte, al haber señalado la parte quejosa como domicilio para tales efectos los estrados de este juzgado. En ese orden, dicha notificación surtió sus efectos el día siguiente, por lo que el término de quince días para ampliar la demanda de amparo transcurrió del uno al veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve y veinte del mismo mes y año, por ser inhábiles. De ahí que, si la ampliación de la demanda que nos ocupa fue presentada el día veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia de los juzgados de distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, es evidente que la misma es extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es de concluirse que la ampliación de la demanda deviene improcedente por extemporánea, en términos de lo dispuesto en los numerales 17 y 111 de la citada Ley, se desecha la ampliación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador".
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