Jorge Gutierrez Sanchez

Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
83/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Gutierrez Sanchez
  • JORGE GUTIERREZ SANCHEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 126/2022 de la estadística de dicho órgano colegiado, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto y, por ende, se confirma el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 83/2022-7 por la juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, por medio del cual desechó la demanda de amparo promovida por Jorge Gutiérrez Sánchez." Asimismo, se tienen por recibidas las copias certificadas que fueron remitidas para la substanciación del medio de impugnación aludido. Acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión ni obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General invocado, el cuadernillo recibido deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho punto; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que inserta el proveído emitido el ocho de los actuales en el expediente de queja *********, en el que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciséis de febrero pasado; de lo que se toma nota.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese al sumario el escrito presentado por los autorizados en términos amplios del quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley de la materia, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciséis de febrero pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que presentó. Con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.

  4. Principal

    Por recibido el escrito a nombre del quejoso ******** , mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, pues al efecto bajo protesta de decir verdad manifiesta: Con ello y con su diverso escrito con registro 1194 se tiene por cumplida la prevención realizada en el auto inicial. Por tanto, se provee: Es preciso señalar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso constitucional y a los aclaratorios, se estima notorio que el presente juicio es improcedente, y por ende, se desecha de plano la demanda planteada. Se explica: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [..]" El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Centro III de vigilar el debido cumplimiento a la sentencia emitida el treinta de abril de dos mil veintiuno dentro del juicio de nulidad ***** , promovido por el propio quejoso. En ese tenor, se estima que el accionante de la tutela federal al ser parte actora en el juicio natural, debe agotar los medios legales que estime convenientes, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -que regula el controversial de origen-, que establece la posibilidad de impugnación la omisión reclamada mediante el recurso de queja previsto por el numeral 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de dicha legislación, el cual dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: [.] 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. [.]" De lo que se advierte que el medio de defensa previsto por la ley que rige el acto reclamado, para lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por parte de la autoridad demandada y las vinculadas a su cumplimiento, lo es el recurso de queja. En la especie, la omisión reclamada no es autónoma en ejercicio de un derecho de petición, sino que derivan de las gestiones que se encuentran realizando las responsables para darcumplimiento a la sentencia emitida en un juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). De modo que, en todo caso, se trata de omisiones que emergen dentro de la fase de cumplimiento de la sentencia de nulidad. Por lo cual, al reclamar la parte quejosa la omisión acaecida con motivo del cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente administrativo 1439/20-10-01-8-OT, previo a instar la acción constitucional, debió agotar el recurso de queja, y al no hacerlo incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tornándose improcedente. Esto es así, pues a través de ese medio de defensa es posible requerir a la autoridad vinculada con la citada sentencia a dar cabal cumplimiento al fallo anulatorio. En efecto, el quejoso ya acudió al juicio de nulidad, inclusive, es precisamente en dicha sentencia en la que hace descansarsu pretensión, de manera que al encontrarse inmerso en dicho procedimiento (etapa de ejecución del juicio de nulidad), debió agotar todos los recursos o medios de defensa que ahí se contemplan; por tanto, contra las omisiones que reclama, es procedente el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es orientadora la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, número II.2o.T.Aux.30 A, publicada en la página 1273, del Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 162010, de rubro y texto que dicen: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DENULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional." Asimismo, aplica al caso, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, número II.3o.A.151 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1719, de la Décima Época, con número de registro 2007157, de rubro y texto que dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIASDICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LA OMISIÓN DE LOS DELEGADOS ESTATALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ACATAR LA CONDENA AEMITIR UNA NUEVA CONCESIÓN DE PENSIÓN JUBILATORIA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, ES UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIO AGOTAMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO DE QUEJA. Si en una sentencia dictada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se declara la nulidad de la resolución impugnada y se condena a un delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emitir una nueva concesión de pensión jubilatoria debidamente fundada y motivada y, previo agotamiento del recurso ordinario de queja, se impugna en amparo indirecto la omisión de cumplimentar ese fallo anulatorio, debe estimarse que el juicio constitucional procede contra dicho reclamo, porque lo que se controvierte es el acto de una autoridad colocada en un plano de desigualdad frente al interesado, que importa el incumplimiento a una obligación de derecho público donde el juicio constitucional es procedente para analizar la posible violación del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha abstención representa un obstáculo a la petición de justicia y a la obtención de la ejecución de una ejecutoria anulatoria; todo esto, en congruencia con las jurisprudencias 2a./J. 1/2012 (10a.) y 2a./J. 85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual la demanda relativa no puede estimarse notoriamente improcedente y, de no existir diverso motivo de notoria improcedencia, deberá admitirse a trámite por el Juez de Distrito." En tales condiciones, se considera que el acto reclamado en esta instancia constitucional debió impugnarse, previamente a la promoción del juicio de amparo, a través del recurso de queja previamente a la promoción del juicio de amparo; pues no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Además, el solicitante del amparo no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de nulidad origen; en virtud de lo anterior, está sujeto a las reglas que rigen esa relación procesal, por lo cual se encuentra en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad Del mismo modo, el medio de impugnación de que se trata, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues claramente está regulado por la codificación adjetiva. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Así las cosas, si en términos de la ley del acto que se reclama, procede el recurso de queja, el cual no se agotó antes de acudir al juicio de amparo, queda de manifiesto que no se cumple con el principio de definitividad y en esas condiciones, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, se desecha la demanda de amparo intentada.

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