Jorge Ignacio Zumárraga Zapata y Otros.
Expediente 1084/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ignacio Zumárraga Zapata y Otros.
- Jorge Ignacio Zumárraga Zapata
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido en exceso el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. ...
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Contreras Dorantes a favor de José Ignacio Zumárraga Zapata contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, exhibida con ocho copias y un anexo; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1084/2019-VII-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Del contenido integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: la orden de aprehensión, detención y su ejecución. A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la propia ley, estos últimos aplicados en sentido contrario. La normativa relativa a la causal de improcedencia invocada, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes, disponen que sólo puede ocurrir en vía de amparo el particular a quien perjudique la norma general o el acto que reclame. Esto porque de la interpretación del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de garantías o derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita. Asimismo del numeral 15 de la Ley de Amparo, se advierte que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 807072, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 4°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso de atención, Jorge Contreras Dorantes promovente en el presente juicio, pretende reclamar la orden de aprehensión y detención dictada en contra del directo quejoso José Ignacio Zumárraga Zapata; así como su ejecución, por ser actos prohibidos por la Constitución y de los Derechos Humanos. En tales consideraciones, si de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo, sólo los titulares de las garantías constitucionales o derechos humanos, que consideran se han violado en su perjuicio lo dispuesto por la Ley Suprema, pueden interponer una acción ante el órgano jurisdiccional competente, iniciándose una controversia respecto de los actos de esa autoridad, supuestamente violatorios de sus garantías constitucionales o derechos humanos y al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, entonces resulta evidente que Jorge Contreras Dorantes carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que quien resiente el agravio personal y directo de los actos de autoridad, es José Ignacio Zumárraga Zapata, sin que se advierta que se estén ejecutando o sea inminente su ejecución, por tanto, es quien está legitimado para instar la protección constitucional. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 272, del Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia penal y con número de registro 223900, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En efecto, los actos combatidos no le causan ningún agravio a la parte promovente, ya que quien sufre en forma directa e inmediata dicha afectación lo es José Ignacio Zumárraga Zapata; por lo tanto, al no afectar los intereses del promovente en forma inmediata y directa, no le depara perjuicio alguno, y por consecuencia no le da base para la interposición de la vía que pretende, ya que el amparo sólo puede ser promovido por el directamente afectado, quien no resulta ser el promovente, en razón de que los actos que reclama, no se traducen en alguna afectación a su esfera de derechos, esto es, no le depara perjuicio. Es aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia con número de registro 393981, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 17 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". De los razonamientos expuestos queda de manifiesto la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que a criterio del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de orientación la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Contreras Dorantes a favor de José Ignacio Zumárraga Zapata, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de esa ley, estos últimos aplicados en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte promovente el señalado en su demanda de amparo y como su autorizados a Avelino Azcorra Cortes, Javier Leonel Cahuich Escalante, Avelino II Ascorra Tamayo y Luisenrique Ascorra Tamayo, en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
VII. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Contreras Dorantes a favor de José Ignacio Zumárraga Zapata contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, exhibida con ocho copias y un anexo; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1084/2019-VII-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Del contenido integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: la orden de aprehensión, detención y su ejecución. A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la propia ley, estos últimos aplicados en sentido contrario. La normativa relativa a la causal de improcedencia invocada, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes, disponen que sólo puede ocurrir en vía de amparo el particular a quien perjudique la norma general o el acto que reclame. Esto porque de la interpretación del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de garantías o derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita. Asimismo del numeral 15 de la Ley de Amparo, se advierte que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 807072, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 4°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso de atención, Jorge Contreras Dorantes promovente en el presente juicio, pretende reclamar la orden de aprehensión y detención dictada en contra del directo quejoso José Ignacio Zumárraga Zapata; así como su ejecución, por ser actos prohibidos por la Constitución y de los Derechos Humanos. En tales consideraciones, si de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo, sólo los titulares de las garantías constitucionales o derechos humanos, que consideran se han violado en su perjuicio lo dispuesto por la Ley Suprema, pueden interponer una acción ante el órgano jurisdiccional competente, iniciándose una controversia respecto de los actos de esa autoridad, supuestamente violatorios de sus garantías constitucionales o derechos humanos y al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, entonces resulta evidente que Jorge Contreras Dorantes carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que quien resiente el agravio personal y directo de los actos de autoridad, es José Ignacio Zumárraga Zapata, sin que se advierta que se estén ejecutando o sea inminente su ejecución, por tanto, es quien está legitimado para instar la protección constitucional. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 272, del Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia penal y con número de registro 223900, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En efecto, los actos combatidos no le causan ningún agravio a la parte promovente, ya que quien sufre en forma directa e inmediata dicha afectación lo es José Ignacio Zumárraga Zapata; por lo tanto, al no afectar los intereses del promovente en forma inmediata y directa, no le depara perjuicio alguno, y por consecuencia no le da base para la interposición de la vía que pretende, ya que el amparo sólo puede ser promovido por el directamente afectado, quien no resulta ser el promovente, en razón de que los actos que reclama, no se traducen en alguna afectación a su esfera de derechos, esto es, no le depara perjuicio. Es aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia con número de registro 393981, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 17 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". De los razonamientos expuestos queda de manifiesto la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que a criterio del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de orientación la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Contreras Dorantes a favor de José Ignacio Zumárraga Zapata, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de esa ley, estos últimos aplicados en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte promovente el señalado en su demanda de amparo y como su autorizados a Avelino Azcorra Cortes, Javier Leonel Cahuich Escalante, Avelino II Ascorra Tamayo y Luisenrique Ascorra Tamayo, en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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