Jorge Humberto Perez Castillo
Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Humberto Perez Castillo
Actuaciones
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, se agrega a los presentes autos para obre como legalmente corresponda, el memorial signado por Willian Leonel Cachón Rosales, mandatario judicial de Jorge Humberto Pérez Castillo (o) Jorge H. Pérez Castillo, sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno en virtud a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. (...)
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede y toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad responsable, la sentencia firmada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte; en tal virtud, notifíquese la referida sentencia a la mencionada responsable, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede y toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad responsable, la sentencia firmada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte; en tal virtud, notifíquese la referida sentencia a la mencionada responsable, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 476/2020-II, promovido por Willian Leonel Cachón Rosales, mandatario judicial de Jorge Humberto Pérez Castillo (o) Jorge H. Pérez Castillo, contra el acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, por estimarlo violatorio de los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Willian Leonel Cachón Rosales, mandatario judicial de Jorge Humberto Pérez Castillo (o) Jorge H. Pérez Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos siguientes: - La parte conducente del acuerdo dictado por la autoridad responsable con fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio oral mercantil 206/2020 de su índice, promovido por la parte actora, aquí quejosa, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos y de la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, División de Distribución Peninsular, mediante el cual se niega la medida cautelar solicitada por la parte actora consistente en que se continúe prestando el servicio de energía eléctrica en el predio de su propiedad marcado con el número cien letra "A", de la calle veinte, entre diecinueve y veintiuno, Colonia Centro, municipio de Conkal, Yucatán. Tercero. Acto existente. Al rendir su informe justificado, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que se tiene por existente el mismo. Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos, sin embargo por cuestión de metodología se procede a un resumen de ellos; así la parte quejosa argumenta esencialmente que es incorrecta la apreciación del juez en el acto reclamado relativa a que el contrato de adhesión de suministro del servicio de energía eléctrica, celebrado entre las partes, en el cual determinó que se trata de un acuerdo de voluntades en el convenio de marras, en torno a la suspensión del servicio de energía eléctrica, y que por tal razón no era procedente la medida cautelar solicitada, pues ambas partes acordaron que la demandada podría suspender el servicio de energía eléctrica, sin que se requiere para tal efecto la intervención de autoridad judicial o administrativa, lo cual considera incorrecto la parte quejosa, al referir que los llamados contratos de adhesión someten la libertad contractual de un contratante al querer del otro, por lo que el primero está en condiciones de imponer las estipulaciones del contrato, sin posibilidad de discutirlas en forma particularizadas, lo que a juicio del quejoso constituye un desequilibrio entre las partes, pues el contratante "débil" no tiene la posibilidad de negociar los términos en que debe de quedar redactado el contrato, quedándole la opción de contratar el mismo o de no hacerlo. En relación a lo anterior, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, únicamente tomó en consideración el referido contrato de adhesión, sin tomar en cuenta que las medidas cautelares o providencias precautorias son aquellas establecidas por el juzgador con el objeto de impedir los actos de disposición o administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de fijar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse, por lo que la responsable para determinar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, en vez de considerar lo fijado unilateralmente en un contrato de adhesión, por lo que la responsable debió de determinar si existe el derecho de afectación al derecho controvertido, pues la trascendencia de la situación de hecho existente a la afectación del derecho discutido, es la que determina la pertinencia de conceder o negar dicha medida. Por otra parte, la quejosa manifiesta que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, deja de considerar en su perjuicio, la vital trascendencia que la energía eléctrica representa para las personas y para sus actividades diarias, así para el ejercicio de sus derechos humanos, lo cual se encuentra entre los elementos básicos que debe de contar una vivienda para ser considerada como digna, tal y como establece el artículo 4°, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras legislaciones. Asimismo, manifiesta que la autoridad responsable, al resolver en torno a la negativa en comento, deja de considerar en su perjuicio, que el suministro del servicio de energía eléctrica es considerado por el artículo 4° Constitucional como un servicio de interés público, por lo que a dicho servicio le corresponde un estatus de elemento interdependiente para el goce de los derechos humanos y fundamentales, pues el corte del mismo debe de analizarse desde un juicio de constitucionalidad estricto por la afectación relevante que puede tener en la esfera jurídica de las personas, por lo que con dicha negativa, la responsable desatiende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales, tales como alimentación, educación, acceso a los servicios de salud, un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet, entre otros, cuyo ejercicio de esos derechos dependen cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica, por lo que el acceso a la misma debe de considerarse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales, lo cual no fue considerado por la autoridad responsable al dictar el acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Es importante precisar que el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, establece lo siguiente: "ARTICULO 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable." De dicho numeral se advierte que antes de iniciarse el juicio o durante el desarrollo del mismo, se pueden decretar todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, pues la misma tiene como fin el de evitar que la sentencia que en su caso se llegara a dictar pierda su eficacia, en caso de ser procedente la pretensión solicitada. Este resolutor, contrario a la manifestado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, considera que en el presente asunto la relación jurídica entre las partes quejosa y tercero interesada se rige por la voluntad de las mismas al ser un asunto de naturaleza contractual, por lo que como atinadamente consideró la autoridad responsable, las partes comparecen en una situación equiparable entre sí y en consecuencia en un plano de igualdad, por lo que es correcta la determinación de negar la medida cautelar solicitada por la parte actora, consistente en que se continúe prestando el servicio de energía eléctrica en el predio de su propiedad marcado con el número cien letra "A", de la calle veinte, entre diecinueve y veintiuno, Colonia Centro, municipio de Conkal, Yucatán. Es importante precisar que el Máximo Tribunal del país ha establecido parámetros a efecto de distinguir cuándo un ente del Estado actúa en su calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, como se advierte de la tesis 2a. XXXVI/99, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307 que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Es decir, la nota distintiva para determinar cuándo el Estado actúa con el carácter de autoridad se encuentra en las relaciones de supra a subordinación, puesto que en ese tipo de relaciones los entes de gobierno actúan unilateralmente y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales que surgen como limitaciones a su potestad, aspecto que no ocurre cuando el Estado se encuentra en una relación de coordinación con los particulares, como en el presente caso, porque en este tipo de relaciones la nota distintiva consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas en la ley, ya que las partes están en el mismo nivel y existe bilateralidad. En ese sentido, resulta inconcuso que en el presente asunto, las partes quejosa y tercero interesada, se encuentran en un plano de igualdad, ya que existe entre el peticionario en su calidad de usuario y la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de prestador del servicio, el contrato de prestación del suministro de energía eléctrica celebrado entre ambos, por lo que como correctamente refiere la autoridad responsable, la base de las relaciones contractuales generalmente se centra en la imposición de una serie de derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, lo que se traduce en un pacto de voluntades, el cual se considera una serie de actos de hacer o no hacer por parte de alguna de las partes y en consecuencia las obligaciones y derechos de la contraparte, tal como el derecho de retención existente en algunas relaciones contractuales, el cual le da el derecho a los acreedores para retener una cosa que tiene en su poder en relación a la obligación que tiene con la contraparte, hasta que éste de cumplimiento con la prestación que le corresponde o pague lo debido con relación al servicio otorgado. Ciertamente, las partes quejosas y tercero interesadas están en un plano de coordinación para la celebración y cumplimiento del contrato y sin la intervención de la facultad de imperio, ya que no existe el elemento relativo a la supra a subordinación, pues al promover el Juicio Oral Mercantil 206/2020 del índice de la responsable, lo hizo en su carácter de usuario, como se ha visto. Motivo por el cual, al negar la autoridad responsable a la parte quejosa la medida cautelar solicitada por la parte actora consistente en que se continúe prestando el servicio de energía eléctrica en el predio de su propiedad marcado con el número cien letra "A", de la calle veinte, entre diecinueve y veintiuno, Colonia Centro, municipio de Conkal, Yucatán, es evidente que dicha cuestión está relacionada con el servicio de suministro de energía eléctrica, por lo que su petición se encuentra intrínsecamente relacionada con los derechos y obligaciones generados en el marco del acuerdo de voluntades celebrado para la prestación de dicho servicio, donde no existe un vínculo de gobierno entre el particular y el ente público, es decir, una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación derivada del acto condición que tuvo su origen con la celebración del contrato. Por tanto, no es procedente obligar a la parte tercero interesada a seguir cumpliendo con la obligación de proporcionar el suministro de energía eléctrica a la aquí quejosa, pues el derecho de la primera de las nombradas fue aceptado por la parte actora al adherirse al contrato de suministro de energía eléctrica, aunado a que la litis en el juicio de origen precisamente consiste en determinar si el incumplimiento del contrato, la ley que invoca la parte actora y el ajuste de facturación, se adecuó al pacto de voluntades celebrado en el contrato respectivo, lo cual será analizado al momento de dictarse la sentencia correspondiente en el juicio de origen, por lo que contrario a lo referido por la parte quejosa en sus conceptos de violación, de conceder dicha medida cautelar la autoridad responsable, estaría prejuzgando el actuar de la parte demandada. En consecuencia, se considera acertada la determinación de la autoridad responsable de negar la medida cautelar solicitada por la parte actora, pues en el contrato de suministro de energía eléctrica, se está ante una relación de total reciprocidad entre las partes, toda vez que la parte tercero interesada otorga el servicio de energía eléctrica a la aquí quejosa, por lo que en consecuencia, ésta realiza el pago correspondiente por el servicio prestado, por lo que el derecho de retención del servicio que tiene la parte demandada en el juicio de origen, es la facultad con la que cuenta para garantizar el pago del servicio prestado, situación que es plenamente reconocida en el contrato de adhesión celebrado entre las partes, en específico en lo estipulado en la cláusula Décima Cuarta del mismo, por lo que resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicita por la parte actora a la autoridad responsable, pues de hacerlo se iría en contra de la voluntad de las partes, pues en dicha cláusula expresamente se pactó que la parte demandada podría suspender el suministro de energía eléctrica si se actualizará alguna de las hipótesis para hacerlo, sin que se requiera para dicho efecto intervención de autoridad judicial o administrativa. Finalmente, este resolutor considera que le asiste la razón a la autoridad responsable al determinar que el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como el derecho a la vivienda digna y a la salud, pues como anteriormente se ha precisado, no se advierte que la empresa demandada esté vulnerando o desconociendo dichos derechos, pues la misma no tiene el carácter de autoridad en las relaciones que adquieren con los particulares en relación al servicio de energía eléctrica que presta, por lo que no tienen el deber de garantizar dicho servicio, al prestar el mismo en virtud de un consenso de voluntades entre las partes, mismo que se encuentra sujeto a derechos y obligaciones. Apoya la consideración anterior, por el criterio que orienta, la Jurisprudencia 1ª./J. 15/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de dos mil doce, Tomo 2, página 798, que a la letra se inserta: DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. La formulación clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a dichos derechos por parte de los actos de particulares. En este sentido, resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de privilegio para una de las partes, pueden conllevar la posible violación de derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que permita afirmar o negar la validez de los derechos fundamentales entre particulares; sin embargo esto no resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta adecuada a esta cuestión se debe partir del examen concreto de la norma de derecho fundamental y de aquellas características que permitan determinar su función, alcance y desenvolvimiento dentro del sistema jurídico. Así, resulta indispensable examinar, en primer término, las funciones que cumplen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera Sala, los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). En un sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas constitucionales conforman la ley suprema de la Unión-, los derechos fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo de todas las relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento. En esta lógica, la doble función que los derechos fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, constituyen la base que permite afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es importante resaltar que la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado, en virtud de que en estas relaciones, a diferencia de las que se entablan frente al Estado, normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una colisión de los mismos y la necesaria ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea fundamental del intérprete consiste en analizar, de manera singular, las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven encontrados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad. De ahí que proceda negar el amparo solicitado, por haber resultado infundados los conceptos de violación, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Humberto Pérez Castillo (o) Jorge H. Pérez Castillo, respecto del acto reclamado al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
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