Jorge Humberto Meza Rubio

Expediente 2564/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2564/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Meza Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del cual, remite el cuaderno original del incidente de suspensión 2354/2019 y testimonio de la resolución sesionada el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de revisión incidental 138/2020, relacionado con el amparo en revisión 139/2021, del cual se desprenden los resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados en los términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria. TERCERO. Se declaran infundados los recursos de revisión adhesiva.". Asimismo, los efectos de la concesión de la suspensión definitiva fueron para que las responsables, en el ámbito de sus atribuciones: "a) Decreten el desbloqueo de la cuenta bancaria 1522516861 a cargo de la institución financiera denominada BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a nombre de la quejosa, ahora recurrente Ana Cecilia Osuna Ibarra.". Por su parte, a tal concesión se hicieron las reservas expuestas a continuación: "Es preciso enfatizar, que la presente suspensión no surtirá sus efectos si la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con una petición emitida por parte de autoridad extranjera u organismo internacional de solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas en las que la parte aquí quejosa, aparece como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/apoderado. Dicho de otro modo, la presente medida surte efectos de manera inmediata; sin embargo, se encuentra condicionada, pues no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2018; consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Además, es importante mencionar que esta medida cautelar no faculta a la inconforme a inobservar las disposiciones legales en las materias fiscal o administrativa que le resulten aplicables, ya que en ese aspecto, las autoridades responsables conservan intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en esas áreas rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o restringe esas y otras facultades, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones. La suspensión surte efectos sin necesidad de fijar garantía alguna, precisamente ante la inexistencia de un crédito fiscal determinado en contra de la quejosa, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J.26/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las mismas circunstancias." Asimismo, la suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si el acto de embargo, aseguramiento, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria 1522516861 a cargo de la institución financiera denominada BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a nombre de la quejosa, ahora recurrente Ana Cecilia Osuna Ibarra, es emitido por diversas autoridades a las señaladas, si proviene de diverso procedimiento administrativo o diversos, ya resueltos y notificados a la parte quejosa, si la falta o infracción fuese distinta a la mencionada por la quejosa y si la quejosa no fuese titular de la aludida cuenta bancaria, o bien, la inmovilización de las cuentas se encuentre vinculada a una investigación o procedimiento de naturaleza penal. También resulta importante mencionar que esta medida cautelar no faculta a la parte inconforme a inobservar las disposiciones legales que le resulten aplicables, ya que en ese aspecto, las autoridades responsables conservan intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en esas áreas rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o restringe esas y otras facultades, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones.". Acúsese de recibo y hágase lo anterior del conocimiento de las partes; en el entendido que deberá adjuntarse copia de la ejecutoria de cuenta, para que las autoridades responsables se impongan de su contenido. Finalmente, en atención a lo previsto en el artículo 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncie, se requiere a las responsables para que de manera inmediata cumplan con lo determinado por la superioridad; en el entendido que en el plazo de veinticuatro horas deberán acreditar haber realizado lo propio, con las constancias certificadas, legibles y completas correspondientes; apercibidas que de incumplir con lo anterior, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se impondrá a la omisa multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: "OCTAVO. Efectos o medidas en los que se traduce la concesión del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo. Como en el caso el acto reclamado es de carácter omisivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho violado, la autoridad responsable deberá: Para el efecto de que de inmediato se acuerde de manera fundada y motivada, la solicitud número 14190007007 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, ingresada a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Jalisco, que hizo la parte quejosa, con relación a la expedición ciento cincuenta y tres títulos motivo de la inscripción del acta de asamblea general de ejidatarios de la asignación de derechos y solares celebrada el siete de abril de dos mil diecinueve; y, se dé a conocer a la parte quejosa la respuesta recaída a dicha solicitud. Importa precisar que la concesión del amparo no obliga a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco a resolver en determinado sentido, pues la obligación inmersa en el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, proveer necesariamente de conformidad lo solicitado por la promovente, sino que está en libertad de resolver de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso..." Por su parte, la autoridad responsable acreditó con las documentales que allegó en el expediente en el que se actúa, que dictó respuesta a la solicitud 14190007007 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, elevada por los impetrantes, empero no acreditó la notificación de la respuesta a tal petición al Ejido Ciudad Guzmán -aquí quejoso. Efecto incluido en el fallo protector. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el comunicado que derive del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto es, la notificación realizada a la parte quejosa de la respuesta dada a la petición realizada por el Ejido Ciudad Guzmán. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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