Jorge Humberto Márquez Rayas
Expediente 1588/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1588/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2021
Partes del expediente
- Jorge Humberto Márquez Rayas
- Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ". La Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: a) Proceda a emitir el pronunciamiento correspondiente a la demanda laboral que presentó Jorge Humberto Márquez Rayas, desde el uno de octubre de dos mil veinte, acorde con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Presidente Auxiliar de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mandó por medio del comunicado ****, copia certificada del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual proveyó el escrito inicial presentado el uno de octubre de dos mil veinte, suscrito por ****, quedando registrado como demanda laboral individual ****, la cual se admitió y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, acordó la promoción presentada el uno de octubre de dos mil veinte por el aquí quejoso. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias certificadas de diversas constancias. En razón de lo anterior, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a once de mayo de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veinte de abril del dos mil veintiuno, por la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la unión y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: a) Proceda a emitir el pronunciamiento correspondiente a la demanda laboral que presentó Jorge Humberto Márquez Rayas, desde el uno de octubre de dos mil veinte, acorde con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es conceder el plazo de tres días previsto en el artículo 192 Ley de Amparo. Requerimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo referido, cumplan con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentren realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se les impondrá una multa a la omisa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. En estos momentos, la secretaria certifica que de la revisión acuciosa que se realiza a las constancias que integran el presente juicio, no existen pruebas pendientes de desahogar o que se hubiera reservado proveer respecto su admisión o desechamiento; asimismo, que se señaló con el carácter de autoridad responsable 1) Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; la cual fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada. Además, que en el sumario constitucional en que se actúa no existe recurso pendiente de resolver por la superioridad que implique que no sea factible la celebración de la presente audiencia constitucional, con lo que se da cuenta al Juez. A lo anterior el Juez acuerda: téngase a la secretaria adscrita elaborando la certificación de cuenta, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. ABIERTA LA AUDIENCIA: la secretaria hace una relación oral de todas y cada una de las constancias que obran en este juicio. EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó el secretario; la que atendiendo al principio de economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello, merced de que han quedado debidamente relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL"2. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La secretaria hace constar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda ofreció pruebas documentales. EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta. En virtud de que no existen más pruebas que desahogar se cierra este periodo. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS y el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ ACUERDA: Al no haber alegatos pendientes por recibir y de conformidad con el arábigo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Con lo anterior, se cierra este período. ACTO CONTINUO: Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que se reservan los autos para dictar la sentencia constitucional que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1588/2020, promovido por Jorge Humberto Márquez Rayas, por derecho propio, contra actos de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Jorge Humberto Márquez Rayas, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 17 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se registró con el número 1588/2020; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: La omisión de dictar el correspondiente acuerdo de avocamiento relativo a la demanda presentada el uno de octubre de dos mil veinte y registrada con el número 733/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante encontrarse notificada del auto por el cual se le requirió el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Lo anterior se acredita con la consulta realizada al expediente electrónico del cual se aprecia que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, recibió el oficio por el que se le envió copia de la demanda de amparo a fin de que estuviera en aptitud de rendir su respectivo informe. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es medularmente fundado el concepto de violación que se hace valer, suplido en su queja deficiente, en el sentido de que la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, viola su derecho humano de justicia pronta y expedita previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, al no emitir el acuerdo de avocamiento de la demanda presentada ante la responsable. En efecto, es suficiente el motivo de disenso, para conceder el amparo y protección de la justicia Federal solicitados, pues se advierte de autos que la autoridad responsable violenta en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de la administración de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues no se ha emitido pronunciamiento respecto de la demanda que se presentó el uno de octubre de dos mil veinte, a la cual le correspondió el número 733/2020, según manifiesta el quejoso. Para determinar lo fundado de dicha alegación es necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución General de la República, que dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Conforme al numeral trascrito, el derecho humano o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta. Que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial. Que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, omitiendo parcialidad respecto de alguno de los contendientes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita. Que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales" Además, de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación del alcance del artículo 17 Constitucional, dada la función de control convencional que se ha dado a órganos como el que resuelve, es menester complementar ese derecho fundamental previsto en nuestra Carta Magna, con las normas del derecho interamericano que, por disposición del artículo 1° de la misma, son aplicables en México en materia de derechos humanos, y en ese tenor, tenemos que para el caso del derecho a una tutela judicial efectiva, traducido en este caso, al derecho a un recurso sencillo y rápido, en el artículo 25.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [.] 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 2(10a.), del Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1096, del Libro XI, Agosto de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que impone: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Una vez precisado que el más Alto Tribunal de la Nación, ha definido el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en los plazos establecidos, sin que éstos, lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Por su parte, el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva de los artículos 685 y 771, de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Como se puede advertir de la correlación de los numerales transcritos, se obtiene que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; asimismo, se prevé la obligación a la que se encuentran compelidas la juntas de proveer sobre la admisión de la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción; que en caso de que la demanda estuviere incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la junta la subsanará el ocurso, sin perjuicio de que cuando sea obscura o vaga la prevendrá para que se aclare dentro de un término de tres días, siendo mandatario que dicho acuerdo se notifique de manera personal al actor; y, que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, que los juicios no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo. Precisado lo anterior, es de destacarse que la obligación que impone el precepto 17 Constitucional, trascrito en párrafos precedentes, a la autoridad encargada de la administración de justicia, es la de ajustarse a los términos establecidos por las leyes respectivas, en el caso, los artículos 685, 771 y 873, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de lo manifestado por la parte quejosa, así como de la documental adjunta, consistente en el acuse del escrito con sello de recibo de uno de octubre de dos mil veinte, del cual se advierte la existencia de la presentación de la demanda laboral que refiere la parte quejosa, mismo que es idóneo para evidenciar lo manifestado por Jorge Humberto Márquez Rayas, en su demanda de protección de derechos fundamentales, en el sentido de que no se ha emitido pronunciamiento alguno respecto de su pretensión. Como sustento se cita la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 127, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Luego, ante la presunción de certeza del acto reclamado a la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, concatenado con la copia del acuse de recibo exhibido por la quejosa con su escrito de demanda de amparo, se tiene la certeza de que la responsable no ha emitido pronunciamiento respecto de la demanda que le fuera presentada desde el uno de octubre de dos mil veinte. Lo anterior evidencia que la autoridad responsable, con su actuar, contraviene en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, la dilación de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al omitir pronunciarse respecto de la demanda laboral presentada el uno de octubre de dos mil veinte, a la cual le correspondió el número 733/2020, se traduce en la violación al derecho fundamental consignado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, establece los principios de la administración de justicia, siendo estos, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, número de registro 171257, que dicta: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que: La Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: a) Proceda a emitir el pronunciamiento correspondiente a la demanda laboral que presentó Jorge Humberto Márquez Rayas, desde el uno de octubre de dos mil veinte, acorde con lo establecido en los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Humberto Márquez Rayas, contra el acto que reclamó de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así´ lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.
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