Jorge Hernández Rivera
Expediente 656/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/12/2018
Partes del expediente
- Jorge Hernández Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Luego, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la autoridad responsable en apoyo a los informes justificado y previo, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 656/2018, promovido por Jorge Hernández Rivera, contra actos de la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por cuestión de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El demandante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha se admitió la demanda bajo el orden 656/2018; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. IV. Mediante acuerdo de veintiocho de agosto pasado, se suspendió el procedimiento en este asunto con motivo del recurso de queja interpuesto por el justiciable contra diversa determinación en que se desechó la ampliación de demanda planteada, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden Q.P. 154/2018, quien en sesión de cuatro de octubre siguiente declaró fundado el medio de impugnación mencionado. V. Allegado el testimonio de dicha resolución, en proveído de dieciséis de este último mes, se reanudó el procedimiento; se admitió a trámite la ampliación de demanda en relación con los actos impugnados; y se señalaron nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracciones I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos impugnados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados de la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, son los siguientes: "LA NEGATIVA DE PERMITIRME VER Y COMUNICARME CON MI HIJO MENOR DE EDAD: ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ"; "LA NEGATIVA DE DEVOLVERME A MI MENOR HIJO..."; "LA NEGATIVA DE DARME INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE MI HIJO MENOR DE EDAD."; ". LA ORDEN DE TRASLADO DEL MENOR A UN ALBERGUE O REFUGIO TEMPORAL"; "LA NEGATIVA DE PERMITIRME EL ACCESO A LA CI/FNNA/59/UI-1/C/D/1826/07-2018"; "La medida de protección, con fundamento en la fracción IX del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el traslado del menor, ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ"; Los oficios de once, doce y dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dirigidos a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que le solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias (fojas 25, 27 y 79, anexo I); y Las citaciones contenidas en los oficios de diecinueve, veinte, veintitrés y veinticuatro de julio del año en curso (fojas 127, 135, 152 y 169, anexo I). En el entendido que en relación los actos precisados en los incisos f) y g), es necesario destacar que acorde con el planteamiento de la ampliación de demanda, el quejoso reclamó la medida de protección en virtud de lo expuesto por la autoridad responsable en el informe de ley correspondiente (foja 17) en el sentido que "tomó como medida de protección en relación a lo señalado en la fracción IX del artículo 137 del código nacional de procedimientos penales vigente, y en atención al interés superior del niño, giró oficio a la Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de solicitarle que en coadyuvancia con esta representación social se sirva valorar el ingreso del menor victima. a alguna institución de Asistencia Social"; de ahí que tanto dicha medida como el oficio respectivo, al estar estrechamente vinculados, serán analizados conjuntamente. En otro aspecto, no obsta que el quejoso hubiese planteado como acto reclamado en la ampliación de demanda el precisado como "requerimiento de la Autoridad Ministerial para nombrar a algún familiar alterno para que se haga cargo de los cuidados de mi menor hijo, Elegua Jorge Francisco Hernández Martínez", en tanto que dicho aspecto se encuentra inmerso en los citatorios relativos, por lo que será materia de pronunciamiento al momento en que se estudie la constitucionalidad del acto que corresponda. Lo anterior en forma alguna significa modificar la cuestión efectivamente planteada, pues al dictar sentencia corresponde al juzgado de amparo apreciar lo que quiso decir el quejoso en la demanda y su ampliación, y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver sobre el proceder de la autoridad que se estima transgrede los derechos fundamentales involucrados. TERCERO. En la forma en que se planteó la demanda, no son ciertos los actos reclamados apuntados en los incisos a) al e), pues además de que así lo manifestó la responsable, dicha negativa se constata con la copia autenticada enviada en apoyo al informe de ley, la cual tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, en relación con los actos precisados en los incisos a) al c), y e), no existe en la indagatoria de origen solicitud previa del quejoso, que hubiese llevado a la responsable a emitir un acto de esa naturaleza, es decir, la responsable no emitió determinación alguna por la que hubiese negado la pretensión del justiciable, en cada aspecto que en el particular señala. Sobre la naturaleza de los actos, es necesario apuntar que los actos de autoridad negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado. En ese contexto, no toda negativa de la existencia del acto reclamado arroja la carga de la prueba a la autoridad responsable, pues cuando se requiere un actuar positivo previo por parte del quejoso, exclusivamente corresponde a este acreditarlo para hacer exigible que la autoridad demuestre haber actuado en el sentido de respetar el derecho que se aduce transgredido. Bajo ese argumento, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso afirmó que la responsable le había negado comunicarse con su menor hijo, entregárselo, proporcionar información acerca de su situación, así como de permitirle el acceso a la carpeta de investigación de origen; sin embargo, dichas manifestaciones carecen de sustento, ya que la parte quejosa dejó de ofrecer prueba idónea para acreditar su afirmación, que por sí es insuficiente e ineficaz para demostrar la existencia de las negativas de que se trata, dado que en el caso debió acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la responsable en el sentido señalado en este juicio -actos negativos-, y de autos se advierte que no fue así. Es ilustrativa sobre el particular la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, números 193-198, Sexta Parte, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES". Por tanto, dado que los actos reclamados en cita implican afirmaciones de parte del quejoso, sin que hubiera aportado prueba idónea alguna que las corrobore, nada hay para sostener que existió la violación constitucional que pretende hacer valer, pues la autoridad responsable no pudo haber actuado con motivo de una solicitud, de la que no existe prueba que se hubiese formulado. Lo anterior se sostiene porque para inferir al menos que la responsable habría incurrido en la violación reclamada y así tener por demostrada la existencia de las negativas mencionadas, resultaría indispensable acreditar un actuar previo del amparista que materializara su intención, ya que sólo corroborando que el justiciable realizó alguna solicitud, podría sostenerse la eventual existencia de las negativas que se reclama. Esto con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable con el orden 17 en la página 13 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del rubro: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ". Ahora, respecto del acto destacado en el inciso d), de la documental mencionada se advierte que al momento de la promoción de este asunto, el menor se encontraba a disposición de la agente del Ministerio Público responsable bajo los cuidados de la trabajadora social en turno de la agencia 59, por lo que el traslado del menor en la forma planteada no existe de origen, tan es así que en su momento la autoridad responsable giró los comunicados de once, doce y dieciséis de julio de dos mil dieciocho, a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que le solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias, pero en forma alguna, al menos hasta ese momento, había decretado el resguardo del menor en determinado centro de atención especializada que hubiese llevado a su traslado; de ahí que sea evidente su inexistencia. En tal virtud, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Son ciertos los restantes actos reclamados, pues así está acreditado en autos con las constancias previamente valoradas. No obstante, no se realizará pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto por cuanto hace a los actos que se destacarán enseguida, al actualizarse dos distintas causales de improcedencia. En relación con los actos precisados como los oficios de once y doce de julio de dos mil dieciocho, dirigidos a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que se solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social, a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias; y las citaciones contenidas en los oficios de diecinueve, veinte y veintitrés de julio del año en curso, se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Así, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando estas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin este y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio reclamado. Así, a partir del contenido del material probatorio aportado, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos del acto reclamado, esto es, la sustitución procesal de los actos reclamados por uno diverso y, por ese motivo, no sería posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en él, sin afectar el nuevo contexto generado por el diverso pronunciamiento subsecuente, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del peticionario de amparo que en su caso hubiese existido, ya no se determina por el acto primigeniamente reclamado, sino por el último que prevalece. De esta forma, el oficio de once de julio de dos mil dieciocho, dirigido a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que se solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias, fue sustituido en la indagatoria por el comunicado de doce de julio siguiente, emitido en los mismos términos, y este último, por el diverso de dieciséis del mismo mes, el cual será materia de pronunciamiento en apartado distinto en este considerando; de ahí que al ser sustituidos en forma subsecuente, válidamente se afirma que aquellos dos han cesado en sus efectos. En torno a las citaciones contenidas en los oficios de diecinueve, veinte y veintitrés de julio del año en curso, las mismas fueron dirigidas al quejoso a efecto que compareciera a la indagatoria de origen; se le hicieran saber formalmente los hechos que se investigan contra él en calidad de imputado; que lo hiciera acompañado de abogado o en ausencia se le nombraría defensor público; se le requirió para que nombrara familiar alterno a efecto que se hiciera cargo de los cuidados del menor víctima, y se formuló el apercibimiento correspondiente en caso de no dar cumplimiento. Sobre dichos actos, opera el mismo argumento destacado, en el sentido que las citaciones fueron sustituidas en la carpeta de investigación en forma subsecuente -diecinueve por la de veinte, y esta por la de veintitrés de julio-. En el entendido que la citación correspondiente al comunicado de veinticuatro de dicho mes, fue la que provocó la cesación de efectos del último oficio en cita, el cual será objeto de análisis en diverso considerando de esta resolución. En relación con el acto consistente en el oficio de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dirigido a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que se solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias, y "La medida de protección, con fundamento en la fracción IX del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el traslado del menor, ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ", este juzgado considera la actualización de la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, ya que dichos actos reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. En efecto, de la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, es evidente que tanto el oficio controvertido y el acuerdo de cinco de agosto del año en curso, en que se decretó formalmente el resguardo del menor víctima en diversa institución, no afectan el interés jurídico de la parte quejosa en forma real y actual, pues es evidente que con la emisión de dicho comunicado la autoridad responsable pretendía que diversa autoridad valorara el ingreso del menor en alguna de las instituciones de asistencia social, siendo que en acuerdo de cinco de agosto citado se decretó formalmente dicho resguardo; de ahí que no puede establecerse que tales actos, por sí, afecten la esfera jurídica del justiciable, cuando su finalidad es que se proporcionen los cuidados y atenciones necesarias al menor, derivado precisamente de la investigación iniciada contra el quejoso por el hecho que ley señala como delito de violencia familiar. En consecuencia, con fundamento en el numeral 61, fracciones XII y XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. QUINTO. Al no advertirse distinta causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni este juzgado advierte de oficio su actualización, procede el análisis de los conceptos de violación en relación con la citación contenida en el oficio de veinticuatro de julio del año en curso, que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al ser innecesaria su transcripción. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Es inoperante uno de los conceptos de violación hechos valer por el justiciable e infundados los restantes, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. Es inoperante el motivo de disenso en que el justiciable expone que la autoridad responsable omitió precisar en el acto reclamado que se analiza, que para el caso que atendiera la citación y lo hiciera sin abogado particular que le asistiera, debía exponerse que el defensor público no cobraría honorario alguno. Lo anterior, pues acorde con el artículo 12 de la Ley de la Defensoría Pública de esta ciudad, el servicio de la defensoría pública consiste en brindar orientación, asesoría, asistencia y patrocinio jurídico gratuitos, por lo que bajo ese parámetro, la autoridad responsable no se encontraba obligada a destacar dicho aspecto en la citación, en tanto que es un hecho por todos conocido que la asistencia legal que brindan no genera honorario alguno. Ahora, a fin de constatar que la autoridad responsable no transgredió derechos fundamentales del quejoso, es necesario destacar que del contenido de la citación emitida el veinticuatro de julio del año en curso, se obtienen los siguientes elementos: Fue emitida por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno Con Detenido de la Agencia Investigadora 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, quien indicó que el quejoso en calidad de imputado debía presentarse en el domicilio ubicado en calle Doctor Liceaga 93, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, el veintiséis de julio del año en curso, a las catorce horas, acompañado de abogado particular, y en su defecto, se le nombraría un defensor público; Se precisó que el objeto de la diligencia era para hacerle de su conocimiento los hechos que se investigan en su contra; asimismo, si era su deseo, podía rendir entrevista; En los datos de identificación de la citación, se estableció claramente la carpeta de investigación de la que deriva y el hecho delictuoso que la generó; Se requirió en el mismo acto al amparista para que nombrara algún familiar que pudiera hacerse cargo de los cuidados del menor de que se trata; Se apercibió al justiciable que en caso de no cumplir con los requerimientos señalados, se haría efectiva multa de veinte días de salario, de conformidad con el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y Dicha citación se fundó en los artículos 16, 20, apartado B, 21 y 122, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 114 y 129, último párrafo, del citado código nacional; y Consta la firma de la autoridad emisora. Expuesto lo anterior, se estima necesario transcribir el párrafo primero del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". Transcripción de la que se obtienen los requisitos que debe reunir cualquier acto de autoridad que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos, en la inteligencia de que por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro siguiente "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Así, de la lectura integral del acto reclamado se estima que se encuentra fundado y motivado adecuadamente, ya que se expresaron los preceptos legales aplicables al caso concreto y los motivos para su emisión. Se afirma esto último, porque dicha responsable, conforme a la potestad de investigar y perseguir las conductas delictuosas, que le confiere el artículo 21 constitucional, se ajustó a los requisitos mínimos indispensables que para la emisión de un acto de esa naturaleza, establece el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto estableció que sería ante su potestad que debía presentarse; el domicilio en que se ubica; el día y hora en que debía comparecer; el objeto de la diligencia; el procedimiento del que se deriva; apercibió con la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento; y se advierte que dicho comunicado fue firmado por la autoridad mencionada. En razón de lo expuesto, son infundados los conceptos de violación en que el justiciable alegó que no tenía certeza del porqué de la emisión de la citación reclamada; que dicha citación carecía de los requisitos de forma para su emisión y, que no se precisó el objeto de la diligencia, pues contrario a lo que afirma, la responsable estableció en forma concreta el hecho delictuoso que dio origen a la carpeta de investigación y de la que derivó su citación, misma en que tiene calidad de imputado; lo cual guarda congruencia con la cita del numeral 129 último párrafo del referido código nacional, que prevé la posibilidad de que la agente del Ministerio público pueda solicitar la comparecencia del imputado, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención; en el entendido que los requisitos de forma que el justiciable indica no fueron satisfechos, se encuentran expresamente cumplidos acorde con el mencionado dispositivo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, es infundado el diverso concepto de violación relativo a que la autoridad omitió citar fundamento legal y motivación en relación con el requerimiento para que nombrara a un familiar a efecto que se hiciera cargo de los cuidados del menor, ya que como se aprecia, se invocó el artículo 113 del código adjetivo, que en su último párrafo establece que cuando el imputado tenga, entre diversos supuestos, a su cuidado a personas menores de edad, y no haya persona que pueda ejercer ese cuidado, el agente del Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social correspondientes a fin que reciban la protección que requieren, por lo que el requerimiento se encuentra justificado en la porción normativa citada, y desde luego, guarda congruencia con el estado de la indagatoria, pues de las manifestaciones tanto del menor, como de la persona que lo puso a disposición de la autoridad responsable, así como del propio imputado en el impreso de demanda y ampliación, se aprecia que quien originalmente tenía bajo su resguardo al aludido menor víctima, era el quejoso, quien fue denunciado por el hecho que la ley señala como violencia familiar y que motivó que el menor fuera sujeto de resguardo. Por tanto, al estar adecuadamente fundado y motivado el acto reclamado, ser inoperante uno de los conceptos de violación e infundados los restantes, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Hernández Rivera que solicitó contra la citación contenida en el oficio de veinticuatro de julio del año en curso, emitida en la carpeta de investigación CI/FNNA/59/UI-1/C/D/1826/07-2018, por la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Hernández Rivera, contra "LA NEGATIVA DE PERMITIRME VER Y COMUNICARME CON MI HIJO MENOR DE EDAD: ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ"; "LA NEGATIVA DE DEVOLVERME A MI MENOR HIJO..."; "LA NEGATIVA DE DARME INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE MI HIJO MENOR DE EDAD."; ". LA ORDEN DE TRASLADO DEL MENOR A UN ALBERGUE O REFUGIO TEMPORAL"; "LA NEGATIVA DE PERMITIRME EL ACCESO A LA CI/FNNA/59/UI-1/C/D/1826/07-2018"; "La medida de protección, con fundamento en la fracción IX del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el traslado del menor, ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ"; los oficios de once, doce y dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dirigidos a la directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, en que le solicitó valorara el ingreso del citado menor a determinada institución de asistencia social a fin que se proporcionaran los cuidados y atenciones necesarias; las citaciones contenidas en los oficios de diecinueve, veinte y veintitrés de julio del año en curso, que atribuyó a la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. SEGUNDO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó Jorge Hernández Rivera, contra la citación contenida en el oficio de veinticuatro de julio del año en curso, emitida en la carpeta de investigación CI/FNNA/59/UI-1/C/D/1826/07-2018, por la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.
- Incidental
Ciudad de México, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, y anexo; en atención a sus términos, téngase a la autoridad responsable informando y acreditando lo relativo al cumplimiento de los efectos de la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de veintitrés de octubre pasado (fojas 102 a 104, cuaderno original).
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 656/2018, promovido por Jorge Hernández Rivera; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido en este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la agente del Ministerio Público titular del Primer Turno Con Detenido de la Agencia 59 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, consistentes en "LA NEGATIVA DE PERMITIRME VER Y COMUNICARME CON MI HIJO MENOR DE EDAD: ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ"; "LA NEGATIVA DE DEVOLVERME A MI MENOR HIJO..."; "LA NEGATIVA DE DARME INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE MI HIJO MENOR DE EDAD."; "LA ORDEN DE TRASLADO DEL MENOR A UN ALBERGUE O REFUGIO TEMPORAL"; y "LA NEGATIVA DE PERMITIRME EL ACCESO A LA CI/FNNA/59/UI-1/C/D/1826/07-2018", por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, siendo que mediante interlocutoria de veintisiete de julio pasado (fojas 24 y 25, cuaderno original) se resolvió el presente incidente respecto de dichos actos. II. Contra esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver el expediente I.R.P. 223/2018, confirmó la interlocutoria recurrida, aunque por las razones que ahí precisó. III. Luego, por acuerdo de dieciséis de octubre siguiente (fojas 84 y 85, cuaderno original) se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los diversos actos reclamados incorporados en la ampliación de demanda, por lo que se solicitó a la referida autoridad responsable su informe previo y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Como se precisó en el último acuerdo en cita, los actos consistentes en "La medida de protección, con fundamento en la fracción IX del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el traslado del menor, ELEGUA JORGE FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ" y "Los oficios de fechas 11, 12 y 16 de julio de 2018, dirigidos a la Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.", por sí guardan estrecha vinculación, en tanto de las documentales allegadas a este incidente, destaca que estos últimos comunicados fueron generados por la autoridad responsable a efecto de solicitar a la citada directora permitiera el ingreso del menor en alguna institución de asistencia para su cuidado. En ese sentido, son ciertos dichos actos, pues aun cuando en su informe de ley la responsable negó su existencia, lo cierto es que de las manifestaciones expuestas, en vinculación con el material probatorio, válidamente se establece lo contrario, pues indica que en ponderación del interés superior del niño, giró los comunicados correspondientes a la diversa autoridad a efecto que valorara el ingreso del citado menor en determinada institución de asistencia social, mismo que se efectuó el pasado cuatro de agosto. No obstante, no es procedente conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, pues de otorgar la medida, se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, en relación con el diverso 129, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, pues de las referidas documentales se advierte que la autoridad de que se trata giró los oficios mencionados a fin de que una vez trasladado el menor al área correspondiente, se continuaran proporcionando los cuidados y atenciones que requiere, pues indica, tiene calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen y "SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO, PELIGRO O DAÑO", aunado a que el quejoso tiene calidad de imputado en dicha indagatoria por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Supuestos previstos en las porciones normativas últimas en cita, que justifican negar la suspensión solicitada. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 536, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Materia Común, de rubro: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA". SEGUNDO. Son ciertos los diversos actos precisados como "Los citatorios de fechas 22 [impreciso] de julio de 2018. 20 de julio de 2018. 23 de julio de 2018. 24 de julio de 2018" y "El requerimiento de la Autoridad Ministerial para nombrar a algún familiar alterno para que se haga cargo de los cuidados de mi menor hijo, Elegua Jorge Francisco Hernández Martínez", pues de igual forma, aun cuando negó su existencia, de sus manifestaciones se establece lo contrario. Bajo esa premisa, se aprecia que este último requerimiento se encuentra inmerso en tres de los cuatros oficios que le fueron enviados a efecto que compareciera a rendir entrevista, y en que además se advierte formulación de apercibimientos; de ahí que el pronunciamiento sobre la suspensión se hará en forma conjunta. Así, acorde con los numerales 125 y 128 de la ley de la materia, se concede a Jorge Hernández Rivera la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y en su caso, no se hagan efectivos los apercibimientos contenidos en dichos citatorios, así como que no sea obligado a presentarse ante la autoridad que corresponda mediante el uso de la fuerza pública; lo anterior, hasta en tanto se le notifique el auto en que cause ejecutoria la sentencia que en su caso, se emita en el juicio del que deriva este incidente. Circunstancia que la autoridad responsable deberá comunicar al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Sin Detenido "D-3" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad -quien acorde con las constancias del cuaderno de antecedentes relativas al juicio de amparo 723/2018 de este juzgado, es quien actualmente tiene a cargo la integración de la indagatoria de origen-, para que acate en sus términos la suspensión concedida. En el entendido que esta determinación en forma alguna deja sin efectos la diversa interlocutoria de veintisiete de julio de este año (fojas 24 y 25, cuaderno original), y tampoco limita las facultades del agente del Ministerio Público del conocimiento, relativas a proveer lo que más favorezca al menor de edad mencionado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jorge Hernández Rivera, contra los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando primero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Jorge Hernández Rivera, para los efectos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria.
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