Jorge Granados González

Expediente 375/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
375/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Jorge Granados González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Granados González, contra las omisiones de dar contestación al escrito que se presentó ante la autoridad responsable el diecinueve de abril del año en curso, y de notificar el acuerdo correspondiente, atribuidas a la agente del Ministerio Público Supervisor Encargada Responsable de la Cuarta Agencia de Procesos en Juzgados Civiles de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso, y anexo de cuenta, en atención al contenido de los dos primeros, se advierte que el quejoso pretende ampliar la demanda de amparo, por los actos y autoridades que ahí se indican. Al respecto, debe establecerse que la ampliación de demanda, en términos del artículo 111, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia que se ha emitido respecto de ese tópico, es una figura jurídica que confiere al promovente de amparo el derecho para incorporar a la litis constitucional, diversas autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación; empero, ese derecho debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, que de acuerdo con dicho dispositivo son: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el numeral 17 de la citada ley. En el supuesto de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Resulta ilustrativa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, cuyo rubro establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE". En ese sentido, en cuanto a la ampliación de demanda, contra los actos y autoridades que se precisaron en los escritos de cuenta, no ha lugar a acordar de conformidad dicha ampliación, pues al realizar un análisis de esos ocursos, no se advierte que exista vinculación alguna con la omisión originalmente reclamada en este juicio. Lo anterior es así, ya que en este controvertido se reclamó de la encargada responsable de la Cuarta Agencia de Procesos de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la omisión de dar contestación al escrito que se presentó ante dicha responsable, así como la falta de notificación del acuerdo correspondiente, y el acto por el que se pretende ampliar la demanda consiste en el citatorio girado por la "Agente del Ministerio Público, Lic. MARÍA MAGDALENA PASTRANA CEDILLO, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, Agencia Investigadora Número 74, Unidad de Investigación S/D", el cual consintió, pues del anexo de cuenta se advierte que el veintiuno del mes en curso, rindió su entrevista a efecto de ratificar su escrito de denuncia, ante la agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-7 S/D/00108/04-2018, por lo que resulta evidente que no tienen vinculación alguna, máxime que la autoridad responsable en este asunto negó la omisión reclamada. En consecuencia, se desecha la ampliación de demanda de amparo. Ahora, en cuanto a las restantes solicitudes no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, en razón de lo acordado en líneas que anteceden. Por otra parte, intégrese a los autos el restante escrito, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que solicita previa toma de razón que por su recibo conste en autos, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a doce horas. Notifíquese; y personalmente al quejoso.Así lo proveyó y firma Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de Juan Manuel Delgado Cruz, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, intégrense a los autos el escrito signado por María de Lourdes González Barrón, autorizada de la parte quejosa, y anexo de cuenta, mediante el cual solicita se tenga como autoridad sustituta a la "Agente del Ministerio Público, Lic. MARÍA MAGDALENA PASTRANA CEDILLO, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, Agencia Investigadora Número 74, Unidad de Investigación S/D", y como acto reclamado el citatorio emitido por dicha representación social, sin embargo, es evidente que lo que se pretende es ampliar la demanda de amparo. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad, pues los autorizados no tienen facultades para plantear ampliación de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del tenor siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6°, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrama del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional".

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