Jorge Guaida Adam
Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Guaida Adam
- Yisroel Cimet Pasol
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de la Materia para recurrir en revisión la sentencia que negó el amparo, sin que se haya impugnado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que CAUSÓ EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedieron las suspensiones provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. P or otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, dígase que deberá estarse a la sentencia de diecisiete de octubre pasado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin que pase desapercibido que el ocursante en el primer punto petitorio solicita se le tenga por señalado domicilio procesal; sin embargo, el mismo no fue señalado en el ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 767/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, *****, asistido de *****, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las autoridades responsables rindieron su respectivo informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 15825. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes; respecto del escrito de la tercera interesada, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, respecto de quien autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estará para oír y recibir notificaciones, asimismo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, lo cual será considerado en la presente audiencia.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 767/2022, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: La sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca ... por la Séptima Sala Civil de esta Ciudad, que confirmó la interlocutoria de nueve de mayo pasado, emitida en el incidente de actualización de intereses en ejecución de sentencia definitiva, derivado del juicio ordinario civil ..., del índice del Juez Quincuagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México; donde entre otras cuestiones, se condenó al quejoso a pagar $461,206.04 (cuatrocientos sesenta y un mil doscientos seis pesos 04/100 moneda nacional). TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. El diez de agosto de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva donde se resolvió: "(.) SEGUNDO. Se condena a ... al pago de la cantidad de $4´625,048.89 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses legales sobre dicha cantidad a la tasa del nueve por ciento anual los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del diez de agosto de dos mil diez, fecha en que se llevó a cabo la adjudicación del inmueble fideicomitido hasta la total solución del adeudo. (.)." Determinación que fue confirmada en apelación por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ... . 2. En etapa de ejecución, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la parte actora promovió incidente de actualización de intereses, mismo que se admitió a trámite el veintinueve siguiente y se dio vista al quejoso. 3. Desahogada que fue la vista, el nueve de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la que se condenó al impetrante a pagar $461,206.04 (cuatrocientos sesenta y un mil doscientos seis pesos 04/100 moneda nacional). 4. Inconforme, el demandado interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil de esta Ciudad en el toca ..., que confirmó la interlocutoria impugnada. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. En el particular, el Juez responsable señala que debe sobreseerse el presente juicio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Sin embargo, contrario a lo que señala el Juez responsable, no se actualiza tal hipótesis en razón de que en el acto reclamado se confirmó la interlocutoria de nueve de mayo pasado, emitida en el incidente de actualización de intereses en ejecución de sentencia definitiva, que condenó al quejoso a pagar $461,206.04 (cuatrocientos sesenta y un mil doscientos seis pesos 04/100 moneda nacional). Por tanto, continúa rigiendo la misma situación jurídica en que se encontraba el quejoso desde la emisión de la sentencia interlocutoria en la que se le condenó. Es aplicable la Tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 199808, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Es aplicable la Tesis: IV.2o.A.T.20 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Registro digital: 191584, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 824, que señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO PROCEDE SI EN EL NUEVO ACTO SUBSISTE EL CRITERIO IMPUGNADO EN AMPARO. El sobreseimiento en el juicio de garantías, por cambio de situación jurídica, está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Por tanto, si el acto sobrevenido reitera el criterio a que alude el acto reclamado en amparo, en ese supuesto es obvio que al decidirse sobre la constitucionalidad de este último, no existe posibilidad de que se afecte una nueva situación jurídica, supuesto que subsiste la misma que es materia de examen constitucional." Dicho lo anterior, al no haberse invocado una diversa causa de improcedencia y al no advertirse de oficio, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, el quejoso sostiene que es falso que no controvirtiera la determinación del juez en el sentido de que en el fallo definitivo se le condenó al pago de intereses hasta que se cubriera la suerte principal, porque lo cierto es que la accionante solicitó la entrega de la cantidad consignada por ... sin reservarse expresamente el derecho para reclamar los intereses moratorios, por lo que se extinguió la obligación, de acuerdo al artículo 2090 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es así, debido a que de la interpretación del citado precepto con el diverso 2092 del mismo ordenamiento legal, cualquier pago hecho en favor del deudor, expresando su aplicación y sin oposición del acreedor, deben tenerse para cubrir el capital, consecuentemente el recibo sin reserva del derecho a los intereses extingue tal obligación. Los motivos de inconformidad son inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá: En términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Uno de esos casos de inoperancia se presenta cuando los conceptos de violación tienden a cuestionar un aspecto firme dentro del proceso o bien que pudiera considerarse cosa juzgada. Ello obedece a que la autoridad de esta institución jurídica radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones que son sometidas a juicio; de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incuestionables e inatacables, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. Así, la cosa juzgada representa seguridad jurídica para las partes vinculadas a proceso, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente inmutables; de tal suerte que los conceptos de violación serán inoperantes cuando estén dirigidos a cuestionar o debatir puntos litigiosos que han adquirido firmeza, y que no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, pues ello equivaldría a vulnerar y burlar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia es de orden público. En el caso, los conceptos de violación que pretenden cuestionar el derecho al pago de intereses moratorios aduciendo que ello se extinguió con motivo de que la acreedora no se reservó tal cuestión; son inoperantes, dado que ello ya fue objeto de un pronunciamiento previo, en la sentencia definitiva y por ende, constituye cosa juzgada. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2006 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, en Materia(s): Civil, Página: 60, que establece: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." En efecto, se aprecia en la sentencia definitiva se estableció que: "(.) SEGUNDO. Se condena a JORGE GUAIDA ADAM al pago de la cantidad de $4´625,048.89 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses legales sobre dicha cantidad a la tasa del nueve por ciento anual los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del diez de agosto de dos mil diez, fecha en que se llevó a cabo la adjudicación del inmueble fideicomitido hasta la total solución del adeudo. (.)." Lo anterior implica que en tal resolución se establecieron las bases de la cuantificación como fue el pago de los intereses hasta la solución del adeudo, por lo que se trata de una cuestión a que se le condenó al impetrante en el fallo definitivo; y por ello, ahora los conceptos de violación que se enderezan para cuestionar lo atinado de esa posición son inoperantes, pues de examinar su viabilidad, se abriría la posibilidad de alterar el criterio que ya sostuvo previamente la autoridad en una sentencia diversa. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de 2008, página 1919, en materia común cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Así, se concluye que los conceptos de violación son inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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