Jorge Guaida Adam
Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Guaida Adam
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL SEIS DE DICIEMBRE DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 315/2022, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: La sentencia de *** emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, donde confirmó la interlocutoria de **** dictada por el Juez Quincuagésimo Octavo Civil de esta ciudad en el juicio ordinario civil ***, en la cual se desestimó la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente *** adquirió el inmueble rematado. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. El diez de agosto de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva donde se resolvió: "PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil en la que se substanció el presente juicio en donde la actora ... acreditó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones y el demandado ... no acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se condena a *** al pago de la cantidad de $****, por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses legales sobre dicha cantidad a la tasa del nueve por ciento anual los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del ***, fecha en que se llevó a cabo la adjudicación del inmueble fideicomitido hasta la total solución del adeudo. (.) CUARTO. Se concede al demandado ***, el término de cinco días contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución para que se dé cumplimiento a la condena impuesta apercibido que de no hacerlo se procederá a la vía de apremio." Determinación que fue confirmada en apelación por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ***. 2. En etapa de ejecución, se ordenó el remate del inmueble embargado, donde el ***, se aprobó la adjudicación a *** en tercera almoneda sin sujeción a tipo. Lo anterior, fue confirmado el quince de mayo posterior, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ***. 3. El *** se requirió la entrega voluntaria del inmueble al ejecutado; y el veintidós posterior la ejecución forzosa. 4. Mediante escrito de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el quejoso promovió excepción superveniente de nulidad contra la ejecución del acto por virtud del cual **** adquirió la propiedad del inmueble rematado por ser contrario a las leyes prohibitivas. 5. Desahogada que fue la vista, por resolución interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, se declaró infundada la excepción en comento. 6. Inconforme, el demandado interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto el de diez de marzo de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil de esta Ciudad donde confirmó la sentencia impugnada. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. En el particular, el Juez responsable y tercero interesado señalan que debe sobreseerse el presente juicio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Sin embargo, contrario a lo que señala el Juez responsable, no se actualiza tal hipótesis en razón de que en el acto reclamado se confirmó la interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se desestimó la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente Sholem Cimet Ralsky adquirió el inmueble rematado. Por tanto, continúa rigiendo la misma situación jurídica en que se encontraba el quejoso desde la emisión de la sentencia interlocutoria en la que se le condenó. Es aplicable la Tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 199808, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Es aplicable la Tesis: IV.2o.A.T.20 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Registro digital: 191584, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 824, que señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO PROCEDE SI EN EL NUEVO ACTO SUBSISTE EL CRITERIO IMPUGNADO EN AMPARO. El sobreseimiento en el juicio de garantías, por cambio de situación jurídica, está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Por tanto, si el acto sobrevenido reitera el criterio a que alude el acto reclamado en amparo, en ese supuesto es obvio que al decidirse sobre la constitucionalidad de este último, no existe posibilidad de que se afecte una nueva situación jurídica, supuesto que subsiste la misma que es materia de examen constitucional." Aunado a que, lo que refiere el tercero interesado relativo a que se actualiza dicha causal en virtud de que la sentencia que aprobó el procedimiento de remate se encuentra firme y constituye cosa juzgada, además de que ya se elaboró la escritura correspondiente, por lo que no es procedente que el quejoso pretenda nulificar tales actuaciones. Sin embargo, ello se desestima, pues tales argumentos se encuentran estrechamente relacionados con el acto reclamado, por lo que requieren un estudio de fondo. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Dicho lo anterior, al no haberse invocado una diversa causa de improcedencia y al no advertirse de oficio, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, el quejoso sostiene lo siguiente. Primero. El acto reclamado viola sus derechos fundamentales, en razón de que establece que no puede valorarse su excepción de nulidad, debido a que se vulneraria la inmutabilidad de la sentencia de remate, lo cual es incorrecto, porque dicha excepción puede oponerse en cualquier momento, sin que ello lesione la cosa juzgada. Lo anterior, toda vez que la declaración de nulidad de los actos celebrados contra leyes prohibitivas pueden hacerse valer como acción o excepción, de acuerdo a las Jurisprudencias de rubros: "NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN.", "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL" y "NULIDAD DEL TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE." Así, no existe argumento que justifique que no puede oponerse la excepción señalada, pues conforme al artículo 2226 del Código Civil, la nulidad absoluta puede hacerse valer por cualquier interesado y no desaparece por confirmación o prescripción. Resulta procedente su excepción de nulidad absoluta del acto por virtud del cual *** adquirió la propiedad del inmueble rematado, porque no tiene la obligación de hacerla valer en determinado plazo o término, por lo que no interesa la etapa en la que se encuentre el juicio de origen. Segundo. El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuyos principios se encuentra obligada a observar la autoridad responsable. Tercero. La sentencia reclamada viola sus garantías fundamentales porque desconoce la relación filial entre **** y ***, limitándose a señalar que el último no es abogado y por ello no se actualiza el supuesto normativo. Sin embargo, **** es el licenciado en Derecho que se encuentra autorizado por ***, incluso fue quien recogió el pago consignado por ***, acrecentando por interpósita persona su patrimonio, contraviniendo lo establecido en el artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México. La autoridad responsable obvia que ** se encontraba en una posición favorable para especular sobre el valor del inmueble rematado en autos y que adquirió por interpósita persona, como es su progenitor **, aumentando su patrimonio, lo cual se encuentra prohibido. Los motivos de inconformidad son de un lado infundados, y de otro inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá. Son infundados aquellos conceptos de violación en los que señala que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, cabe destacar el contenido del artículo 16 constitucional, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Así cabe decir, que el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y de legalidad. En el entendido que, conforme a los reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por otra parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Tiene aplicación, la Jurisprudencia que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Sirve de apoyo la Jurisprudencia que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". Con lo anterior, se evidencia que para respetar la garantía de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar con toda precisión el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión, ya que únicamente de esta manera el interesado tendrá las bases para fijar su defensa. Contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en los artículos 17 Constitucional, 403, 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como en el diverso 2276 del Código Civil para esta Ciudad, además del criterio aplicable al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para confirmar la resolución interlocutoria que la juez de origen sí emitió tal actuación acorde al principio de congruencia, pues citó que tal juzgadora estableció las razones por las que determinó que era infundada su excepción, además de que se habían señalado los criterios aplicables. De la misma manera, la autoridad responsable refirió que el quejoso fundó su excepción bajo el argumento de que el acto de adjudicación se encontraba viciado de nulidad absoluta porque el adjudicatario es padre del autorizado por la actora. Sin embargo, desestimó tal cuestión al señalar que no era posible dejar sin efectos la transmisión de la propiedad apuntada, debido a que intenta quebrantar la autoridad de cosa juzgada, en razón de que la determinación de adjudicación adquirió la calidad de sentencia ejecutoria. Ello, pues el promovente compareció al juicio y estuvo en aptitud de oponer los medios de impugnación previstos por la ley para combatir la sentencia que aprobó el remate en tercera almoneda, por lo que se pretende vulnerar la inmutabilidad de la sentencia, perjudicando el orden jurídico. Aunado a que la responsable refirió que no puede operar conforme lo alegado por el ejecutado en cuanto a que no existe un término para que promueva la aludida nulidad, pues la institución de cosa juzgada se caracteriza por la inmutabilidad de las sentencias firmes, por lo que no puede abrirse a una nueva discusión una cuestión jurídica ya juzgada en una controversia cuyas etapas procesales se encuentran cerradas definitivamente. Así concluyó que no era válido alterar o modificar una sentencia firme, a razón de que la cosa juzgada es una institución procesal fundamental del sistema jurídico mexicano que concreta el derecho de seguridad jurídica. Finalmente, expuso que no se da el supuesto del artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México, aduciendo que el adjudicatario estaba impedido para adquirir el inmueble rematado, pues aun cuando fuera padre de ..., quien se dijo fue autorizado en autos por la actora, no se advierte que el adjudicatario tuviera un vínculo contractual de prestación de servicios profesionales como abogado de las partes dentro del juicio. En ese tenor, se evidencia que la Sala responsable sí atendió a los principios mencionados, pues citó los preceptos que consideró aplicables al caso concreto, además de que emitió los argumentos necesarios para motivar su decisión, considerando que lo procedente era confirmar la resolución interlocutoria combatida, por lo que no se vulneraron los principios de fundamentación y motivación que alega la quejosa. De ahí que tales argumentos resulten infundados. Igual consideración se hace respecto de los conceptos de violación en los que el quejoso refiere esencialmente que la excepción de nulidad absoluta puede oponerse en cualquier momento, sin que ello lesione la cosa juzgada, pues su declaración puede hacerse valer como acción o excepción, en el entendido que conforme al artículo 2226 del Código Civil para esta Ciudad, puede hacerse valer por cualquier interesado y no desaparece por confirmación o prescripción; por lo que no interesa la etapa en la que se encuentre el juicio de origen. Lo anterior, debido a que contrario a lo que señala el impetrante, sí resulta importante el estado procesal del asunto, pues dicha excepción debió hacerla valer en el momento correspondiente y al no haberlo efectuado así, precluyó la oportunidad para invocarlo. Se afirma tal conclusión, toda vez que no debe perder de vista que la excepción que formuló fue realizada en un juicio de naturaleza civil que se encuentra en etapa de ejecución, en el que concluyó la fase de remate, donde se debieron invocar todas aquellas situaciones por las cuales se consideraba incorrecta su aprobación; el no hacerlo así, dio lugar a la pérdida, extinción o consumación de su facultad procesal, para invocarlo. Es así, pues la preclusión resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 21/2002 Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 187149, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 314, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Luego, al encontrarse vinculado al procedimiento de origen, en razón de que el impetrante es la parte demandada y participa activamente en el mismo, resulta inconcuso que le corresponde cubrir las cargas procesales de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el juicio, teniendo la obligación de hacer valer dicha excepción en el momento oportuno, no así concluido definitivamente el remate. Ello, pues se reitera el no realizar determinado acto en la etapa correspondiente, actualiza la preclusión para hacerlo valer con posterioridad, al atender a una irreversibilidad al desarrollo del proceso, donde las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente. Sirve de apoyo la Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2004055, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 565, que señala: "PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes." No es óbice lo referido por el impetrante en el sentido de que al fundar su excepción en la nulidad absoluta, ésta puede oponerse en cualquier momento, conforme al artículo 2226 del Código Civil para esta Ciudad, y no desaparece por confirmación o prescripción; debido a que, la figura de la prescripción difiere de la naturaleza de la preclusión. Es así, pues la primera de ellas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos, mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Es ilustrativa la Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2008097, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 230, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva." De ahí que, sea dable sostener que la figura que se actualizó en el juicio de origen fue la preclusión para que el quejoso invocara la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente ... adquirió el inmueble rematado. Sin que sea inadvertido para el suscrito que el quejoso invoque las Jurisprudencias de rubros: "NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN.", "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL" y "NULIDAD DEL TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE."; respecto de la cuales, si bien resultan obligatorias en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; también lo es que tales criterios resultan inaplicables para atender la temporalidad, pues en ellos se analizó la naturaleza de la nulidad y sus alcances, no así que tal figura sea oponible concluida la etapa de remate. Por tanto, el principio de inmutabilidad de las sentencias que adquieren calidad de cosa juzgada invocado por la autoridad responsable sí atiende de manera armoniosa el de seguridad jurídica, al determinar que el procedimiento debe seguirse con sus formalidades y por ende la actualización de la preclusión del derecho del impetrante para hacer valer la excepción de mérito, contraviene tal situación al pretender modificar una cuestión que fue resuelta. En efecto, no es procedente discutir lo ya decidido, pues debe salvaguardarse la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, como se advierte de la Jurisprudencia P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 168959, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 589, que señala: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Por tanto, se concluye que los conceptos de violación expuestos en ese sentido, son infundados. Finalmente, aquellos argumentos en los que aduce que la autoridad responsable desconoce la relación filial entre *** y ***, cuando el primero es el licenciado en Derecho que se encuentra autorizado por ***, acrecentando por interpósita persona su patrimonio, contraviniendo lo establecido en el artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México, son inoperantes. Es así porque dependen de otros argumentos que fueron desestimados, como fue el hacer valer la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente *** adquirió el inmueble rematado, cuando la sentencia de aprobación de remate adquirió calidad de cosa juzgada; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Así, se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ****, Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ***, secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.". ASÍ COMO EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Agréguese a los autos la razón actuarial de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por medio de la cual el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****, por los motivos que refiere. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se ordenó emplazar al citado tercero interesado en el domicilio proporcionado ante la autoridad responsable, siendo el ubicado en ****; y, que por razón actuarial de veinticinco de agosto siguiente, el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, asentó que dicha parte si puede ser localizado en la citada dirección. En esas condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a fin de que se constituya de nueva cuenta en la citada ubicación y notifique de manera personal al tercero interesado la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior en el entendido que en caso de existir negativa a recibir la notificación, o ante la ausencia del buscado, una vez corroborado que se actúa en el domicilio correcto y que ahí pueda llevarse a cabo la notificación de mérito, el fedatario adscrito deberá actuar en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO ".
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Agréguese a los autos la razón actuarial de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por medio de la cual el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****, por los motivos que refiere. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se ordenó emplazar al citado tercero interesado en el domicilio proporcionado ante la autoridad responsable, siendo el ubicado en ****; y, que por razón actuarial de veinticinco de agosto siguiente, el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, asentó que dicha parte si puede ser localizado en la citada dirección. En esas condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a fin de que se constituya de nueva cuenta en la citada ubicación y notifique de manera personal al tercero interesado la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior en el entendido que en caso de existir negativa a recibir la notificación, o ante la ausencia del buscado, una vez corroborado que se actúa en el domicilio correcto y que ahí pueda llevarse a cabo la notificación de mérito, el fedatario adscrito deberá actuar en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 315/2022, promovido por ..., contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene: La sentencia de *** emitida por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, donde confirmó la interlocutoria de **** dictada por el Juez Quincuagésimo Octavo Civil de esta ciudad en el juicio ordinario civil ***, en la cual se desestimó la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente *** adquirió el inmueble rematado. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. El diez de agosto de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva donde se resolvió: "PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil en la que se substanció el presente juicio en donde la actora ... acreditó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones y el demandado ... no acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se condena a *** al pago de la cantidad de $****, por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses legales sobre dicha cantidad a la tasa del nueve por ciento anual los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del ***, fecha en que se llevó a cabo la adjudicación del inmueble fideicomitido hasta la total solución del adeudo. (.) CUARTO. Se concede al demandado ***, el término de cinco días contados a partir de que sea legalmente ejecutable la presente resolución para que se dé cumplimiento a la condena impuesta apercibido que de no hacerlo se procederá a la vía de apremio." Determinación que fue confirmada en apelación por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca ***. 2. En etapa de ejecución, se ordenó el remate del inmueble embargado, donde el ***, se aprobó la adjudicación a *** en tercera almoneda sin sujeción a tipo. Lo anterior, fue confirmado el quince de mayo posterior, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México en el toca ***. 3. El *** se requirió la entrega voluntaria del inmueble al ejecutado; y el veintidós posterior la ejecución forzosa. 4. Mediante escrito de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el quejoso promovió excepción superveniente de nulidad contra la ejecución del acto por virtud del cual **** adquirió la propiedad del inmueble rematado por ser contrario a las leyes prohibitivas. 5. Desahogada que fue la vista, por resolución interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, se declaró infundada la excepción en comento. 6. Inconforme, el demandado interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto el de diez de marzo de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil de esta Ciudad donde confirmó la sentencia impugnada. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la legislación en cita. En el particular, el Juez responsable y tercero interesado señalan que debe sobreseerse el presente juicio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Sin embargo, contrario a lo que señala el Juez responsable, no se actualiza tal hipótesis en razón de que en el acto reclamado se confirmó la interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se desestimó la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente Sholem Cimet Ralsky adquirió el inmueble rematado. Por tanto, continúa rigiendo la misma situación jurídica en que se encontraba el quejoso desde la emisión de la sentencia interlocutoria en la que se le condenó. Es aplicable la Tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 199808, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Es aplicable la Tesis: IV.2o.A.T.20 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Registro digital: 191584, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 824, que señala: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO PROCEDE SI EN EL NUEVO ACTO SUBSISTE EL CRITERIO IMPUGNADO EN AMPARO. El sobreseimiento en el juicio de garantías, por cambio de situación jurídica, está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, tales como: que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; que después de presentada la demanda de amparo sobrevenga otro acto que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el amparo; que exista autonomía e independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte o no inconstitucional. Por tanto, si el acto sobrevenido reitera el criterio a que alude el acto reclamado en amparo, en ese supuesto es obvio que al decidirse sobre la constitucionalidad de este último, no existe posibilidad de que se afecte una nueva situación jurídica, supuesto que subsiste la misma que es materia de examen constitucional." Aunado a que, lo que refiere el tercero interesado relativo a que se actualiza dicha causal en virtud de que la sentencia que aprobó el procedimiento de remate se encuentra firme y constituye cosa juzgada, además de que ya se elaboró la escritura correspondiente, por lo que no es procedente que el quejoso pretenda nulificar tales actuaciones. Sin embargo, ello se desestima, pues tales argumentos se encuentran estrechamente relacionados con el acto reclamado, por lo que requieren un estudio de fondo. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Dicho lo anterior, al no haberse invocado una diversa causa de improcedencia y al no advertirse de oficio, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, el quejoso sostiene lo siguiente. Primero. El acto reclamado viola sus derechos fundamentales, en razón de que establece que no puede valorarse su excepción de nulidad, debido a que se vulneraria la inmutabilidad de la sentencia de remate, lo cual es incorrecto, porque dicha excepción puede oponerse en cualquier momento, sin que ello lesione la cosa juzgada. Lo anterior, toda vez que la declaración de nulidad de los actos celebrados contra leyes prohibitivas pueden hacerse valer como acción o excepción, de acuerdo a las Jurisprudencias de rubros: "NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN.", "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL" y "NULIDAD DEL TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE." Así, no existe argumento que justifique que no puede oponerse la excepción señalada, pues conforme al artículo 2226 del Código Civil, la nulidad absoluta puede hacerse valer por cualquier interesado y no desaparece por confirmación o prescripción. Resulta procedente su excepción de nulidad absoluta del acto por virtud del cual *** adquirió la propiedad del inmueble rematado, porque no tiene la obligación de hacerla valer en determinado plazo o término, por lo que no interesa la etapa en la que se encuentre el juicio de origen. Segundo. El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuyos principios se encuentra obligada a observar la autoridad responsable. Tercero. La sentencia reclamada viola sus garantías fundamentales porque desconoce la relación filial entre **** y ***, limitándose a señalar que el último no es abogado y por ello no se actualiza el supuesto normativo. Sin embargo, **** es el licenciado en Derecho que se encuentra autorizado por ***, incluso fue quien recogió el pago consignado por ***, acrecentando por interpósita persona su patrimonio, contraviniendo lo establecido en el artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México. La autoridad responsable obvia que ** se encontraba en una posición favorable para especular sobre el valor del inmueble rematado en autos y que adquirió por interpósita persona, como es su progenitor **, aumentando su patrimonio, lo cual se encuentra prohibido. Los motivos de inconformidad son de un lado infundados, y de otro inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá. Son infundados aquellos conceptos de violación en los que señala que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, cabe destacar el contenido del artículo 16 constitucional, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." Así cabe decir, que el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y de legalidad. En el entendido que, conforme a los reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por otra parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Tiene aplicación, la Jurisprudencia que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Sirve de apoyo la Jurisprudencia que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". Con lo anterior, se evidencia que para respetar la garantía de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar con toda precisión el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión, ya que únicamente de esta manera el interesado tendrá las bases para fijar su defensa. Contrario a lo aducido por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es así pues la Sala responsable fundó su determinación en los artículos 17 Constitucional, 403, 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como en el diverso 2276 del Código Civil para esta Ciudad, además del criterio aplicable al problema jurídico a resolver. Bajo ese contexto tomó como base para confirmar la resolución interlocutoria que la juez de origen sí emitió tal actuación acorde al principio de congruencia, pues citó que tal juzgadora estableció las razones por las que determinó que era infundada su excepción, además de que se habían señalado los criterios aplicables. De la misma manera, la autoridad responsable refirió que el quejoso fundó su excepción bajo el argumento de que el acto de adjudicación se encontraba viciado de nulidad absoluta porque el adjudicatario es padre del autorizado por la actora. Sin embargo, desestimó tal cuestión al señalar que no era posible dejar sin efectos la transmisión de la propiedad apuntada, debido a que intenta quebrantar la autoridad de cosa juzgada, en razón de que la determinación de adjudicación adquirió la calidad de sentencia ejecutoria. Ello, pues el promovente compareció al juicio y estuvo en aptitud de oponer los medios de impugnación previstos por la ley para combatir la sentencia que aprobó el remate en tercera almoneda, por lo que se pretende vulnerar la inmutabilidad de la sentencia, perjudicando el orden jurídico. Aunado a que la responsable refirió que no puede operar conforme lo alegado por el ejecutado en cuanto a que no existe un término para que promueva la aludida nulidad, pues la institución de cosa juzgada se caracteriza por la inmutabilidad de las sentencias firmes, por lo que no puede abrirse a una nueva discusión una cuestión jurídica ya juzgada en una controversia cuyas etapas procesales se encuentran cerradas definitivamente. Así concluyó que no era válido alterar o modificar una sentencia firme, a razón de que la cosa juzgada es una institución procesal fundamental del sistema jurídico mexicano que concreta el derecho de seguridad jurídica. Finalmente, expuso que no se da el supuesto del artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México, aduciendo que el adjudicatario estaba impedido para adquirir el inmueble rematado, pues aun cuando fuera padre de ..., quien se dijo fue autorizado en autos por la actora, no se advierte que el adjudicatario tuviera un vínculo contractual de prestación de servicios profesionales como abogado de las partes dentro del juicio. En ese tenor, se evidencia que la Sala responsable sí atendió a los principios mencionados, pues citó los preceptos que consideró aplicables al caso concreto, además de que emitió los argumentos necesarios para motivar su decisión, considerando que lo procedente era confirmar la resolución interlocutoria combatida, por lo que no se vulneraron los principios de fundamentación y motivación que alega la quejosa. De ahí que tales argumentos resulten infundados. Igual consideración se hace respecto de los conceptos de violación en los que el quejoso refiere esencialmente que la excepción de nulidad absoluta puede oponerse en cualquier momento, sin que ello lesione la cosa juzgada, pues su declaración puede hacerse valer como acción o excepción, en el entendido que conforme al artículo 2226 del Código Civil para esta Ciudad, puede hacerse valer por cualquier interesado y no desaparece por confirmación o prescripción; por lo que no interesa la etapa en la que se encuentre el juicio de origen. Lo anterior, debido a que contrario a lo que señala el impetrante, sí resulta importante el estado procesal del asunto, pues dicha excepción debió hacerla valer en el momento correspondiente y al no haberlo efectuado así, precluyó la oportunidad para invocarlo. Se afirma tal conclusión, toda vez que no debe perder de vista que la excepción que formuló fue realizada en un juicio de naturaleza civil que se encuentra en etapa de ejecución, en el que concluyó la fase de remate, donde se debieron invocar todas aquellas situaciones por las cuales se consideraba incorrecta su aprobación; el no hacerlo así, dio lugar a la pérdida, extinción o consumación de su facultad procesal, para invocarlo. Es así, pues la preclusión resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 21/2002 Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 187149, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 314, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Luego, al encontrarse vinculado al procedimiento de origen, en razón de que el impetrante es la parte demandada y participa activamente en el mismo, resulta inconcuso que le corresponde cubrir las cargas procesales de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el juicio, teniendo la obligación de hacer valer dicha excepción en el momento oportuno, no así concluido definitivamente el remate. Ello, pues se reitera el no realizar determinado acto en la etapa correspondiente, actualiza la preclusión para hacerlo valer con posterioridad, al atender a una irreversibilidad al desarrollo del proceso, donde las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente. Sirve de apoyo la Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2004055, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 565, que señala: "PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes." No es óbice lo referido por el impetrante en el sentido de que al fundar su excepción en la nulidad absoluta, ésta puede oponerse en cualquier momento, conforme al artículo 2226 del Código Civil para esta Ciudad, y no desaparece por confirmación o prescripción; debido a que, la figura de la prescripción difiere de la naturaleza de la preclusión. Es así, pues la primera de ellas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos, mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Es ilustrativa la Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2008097, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 230, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva." De ahí que, sea dable sostener que la figura que se actualizó en el juicio de origen fue la preclusión para que el quejoso invocara la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente ... adquirió el inmueble rematado. Sin que sea inadvertido para el suscrito que el quejoso invoque las Jurisprudencias de rubros: "NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN.", "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL" y "NULIDAD DEL TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE."; respecto de la cuales, si bien resultan obligatorias en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; también lo es que tales criterios resultan inaplicables para atender la temporalidad, pues en ellos se analizó la naturaleza de la nulidad y sus alcances, no así que tal figura sea oponible concluida la etapa de remate. Por tanto, el principio de inmutabilidad de las sentencias que adquieren calidad de cosa juzgada invocado por la autoridad responsable sí atiende de manera armoniosa el de seguridad jurídica, al determinar que el procedimiento debe seguirse con sus formalidades y por ende la actualización de la preclusión del derecho del impetrante para hacer valer la excepción de mérito, contraviene tal situación al pretender modificar una cuestión que fue resuelta. En efecto, no es procedente discutir lo ya decidido, pues debe salvaguardarse la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, como se advierte de la Jurisprudencia P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 168959, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 589, que señala: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Por tanto, se concluye que los conceptos de violación expuestos en ese sentido, son infundados. Finalmente, aquellos argumentos en los que aduce que la autoridad responsable desconoce la relación filial entre *** y ***, cuando el primero es el licenciado en Derecho que se encuentra autorizado por ***, acrecentando por interpósita persona su patrimonio, contraviniendo lo establecido en el artículo 2276 del Código Civil para la Ciudad de México, son inoperantes. Es así porque dependen de otros argumentos que fueron desestimados, como fue el hacer valer la excepción de nulidad del acto por virtud del cual el contendiente *** adquirió el inmueble rematado, cuando la sentencia de aprobación de remate adquirió calidad de cosa juzgada; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Así, se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra actos de la Séptima Sala y Juez Quincuagésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ****, Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ***, secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.". ASÍ COMO EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Agréguese a los autos la razón actuarial de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por medio de la cual el Actuario adscrito, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****, por los motivos que refiere. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se ordenó emplazar al citado tercero interesado en el domicilio proporcionado ante la autoridad responsable, siendo el ubicado en ****; y, que por razón actuarial de veinticinco de agosto siguiente, el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, asentó que dicha parte si puede ser localizado en la citada dirección. En esas condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a fin de que se constituya de nueva cuenta en la citada ubicación y notifique de manera personal al tercero interesado la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior en el entendido que en caso de existir negativa a recibir la notificación, o ante la ausencia del buscado, una vez corroborado que se actúa en el domicilio correcto y que ahí pueda llevarse a cabo la notificación de mérito, el fedatario adscrito deberá actuar en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 315/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento del tercero interesado C. Yisroel Cimet Pasol y apersonamiento del diverso contendiente Sholem Cimet Ralsky. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado ... los formuló e invocó la improcedencia del juicio, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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