Jorge Gerardo Rivas Rosado
Expediente 800/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Gerardo Rivas Rosado
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de junio del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Gerardo Rivas Rosado, contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de tres de mayo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el recurso de apelación 59/2017, interpuesto por el apoderado de la persona jurídica "Pendulum", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra la interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del juicio de tercería excluyente de preferencia 156/2014 en el diverso juicio ejecutivo mercantil 401/2004, en la que declaró improcedentes los incidentes de falta de personalidad y de falta de legitimación planteados por Jorge Gerardo Ricas Rosado, hoy quejoso. Ahora bien, como el acto reclamado deviene de una tercería excluyente de preferencia y como los procedimientos relativos a las tercerías excluyentes se consideran verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ella se ventila una acción que debe resolverse mediante la substanciación de un procedimiento judicial, en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales; por ende, aun cuando en la práctica se llega a considerar a la tercería como un incidente por su íntima relación con el juicio del que deriva, ni por su forma, ni por su materia, puede estimarse que se trata de un incidente, sino que, se reitera, es un verdadero juicio con sus características propias y etapas procesales inherentes. Por lo tanto, es obvio que en una tercería deben aplicarse las mismas reglas que en los juicios tratándose de la procedencia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis visible en la página 277, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "TERCERÍAS. SON JUICIOS Y NO INCIDENTES. Las tercerías excluyentes de dominio son en realidad juicios y no meros incidentes, puesto que durante su substanciación se dan todas y cada una de las fases procesales de un juicio. El Código de Comercio en su artículo 1362 reconoce que se deduce una acción distinta a la que se debate en el principal, llamando tercero opositor a este nuevo litigante. Aun cuando se considera a la tercería juicio incidental por su íntima relación respecto al juicio del cual se interpone, ni por su forma ni por la materia es un incidente, sino un verdadero juicio." Así, en el caso que se estudia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los dispositivos citados establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento ante autoridades judiciales, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que por actos de imposible reparación se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para calificar a los actos reclamados de irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo expuesto permite afirmar que, para calificar a un acto de imposible reparación dictado en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, publicada en la página 144 del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En este orden de ideas se colige que el juicio de amparo indirecto sólo procederá contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos, excluyendo de esta manera la posibilidad de combatir actos pronunciados dentro de juicio que afecten derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya eventual afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- porque depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Acorde las precisiones realizadas, se evidencia que la demanda que se provee resulta improcedente de manera notoria, dado que el acto que por esta vía se impugna consistente en la resolución de tres de mayo del año en curso, dictada por la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el recurso de apelación 59/2017, interpuesto por el apoderado de la persona jurídica "Pendulum", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra la interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del juicio de tercería excluyente de preferencia 156/2014 en el diverso juicio ejecutivo mercantil 401/2004, en la que declaró improcedentes los incidentes de falta de personalidad y de falta de legitimación planteados por Jorge Gerardo Ricas Rosado, hoy quejoso, el no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados al obtener una resolución favorable en el que se cumplan sus pretensiones formuladas en la tercería excluyente de dominio; y, en caso contrario, es decir que exista una resolución adversa, el acto ahora combatido podrá ser impugnado, en amparo directo, junto con la determinación que ponga fin a la multicitada tercería. Es aplicable al caso, en la parte conducente, la tesis VI.3o.37 C, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos veintisiete, en armonía con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, que a letra dice: "TERCERÍAS. LOS PROVEIDOS DICTADOS EN EL TRÁMITE DE LAS MISMAS NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las tercerías son juicios tanto en la forma como en el fondo", por lo que si el acto reclamado en un juicio de garantías consiste en el proveído que admite a trámite una tercería, el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que se trata de actos meramente procesales que tendrían una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectaran directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, y que no podrían ser reparadas a través del juicio de amparo directo; por ende, los citados actos constituyen por analogía una violación a las leyes del procedimiento que produce efectos intraprocesales susceptibles de repararse en apelación o en amparo directo al promoverse la demanda contra la resolución definitiva, siendo improcedente el juicio de amparo indirecto con apoyo en los artículos 159, 161 y 114 fracción IV a contrario sensu de la Ley de Amparo." De igual forma, ilustra lo anterior, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 768, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Septiembre de 1996, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos". En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de ampro promovida por Jorge Gerardo Rivas Rosado, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el predio señalado en el escrito de demanda; y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones a Kevin Brian Sánchez Chacón, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo la parte quejosa. Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
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