Jorge Gabriel Chi Domínguez

Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
52/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge Gabriel Chi Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de enero del presente año, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, en suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, remitido en cumplimiento en cumplimiento a lo solicitado en proveído de doce de enero del presente año, y anexo que acompaña. Al respecto, es necesario precisar que los promoventes del amparo reclamaron en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijeron ser víctimas. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la incomunicación, debe decirse que en el caso no opera la presunción de certeza del referido acto, en tanto que del informe rendido por el Fiscal General del Estado, se advierte que los quejosos Endrik Eleazar Pérez Uuh y Jorge Gabriel Chí Domínguez, estuvieron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y seguidamente ante dicha corporación policiaca, con motivo de diversos hechos posiblemente delictuoso relacionados en el informe policial homologado y en la carpeta de investigación G8/118/2022; asimismo, se advierte que de la constancia que levantó el Actuario de la adscripción, el ocho anterior, tuvo acercamiento con los citados quejosos, tan es así, que los justiciables ratificaron la demanda de amparo, promovida en su favor; de ahí que dicho acto, resulte inexistente Motivo por el que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por lo que corresponde al referido acto de incomunicación reclamado a las autoridades responsables. Sirve de apoyo al caso, la tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, en cuanto al diverso acto consistente en la detención, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiriere el artículo anterior." En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, en suplencia del Fiscal General del Estado responsable, relativas a la carpeta de investigación G8/118/2022, se advierte que el ocho pasado, los quejosos fueron puestos a su disposición, como probables coautores o participes en la comisión de hechos posiblemente constitutivos de algún delito, según se advierte del informe policial homologado; con motivo de ello, se radicó la citada carpeta de investigación y se decretó la retención ministerial de dicho quejoso, por considerar de un primer análisis, que la detención se apegó a los términos de flagrancia estipulados en la ley, por el término constitucional de 48 horas hasta en tanto, se continuará con la investigación de los hechos. Asimismo, dicha responsable indicó que de los actos de investigación y datos de prueba acopiadas determinó la necesidad de no continuar con la retención de los aquí quejosos, y por lo tanto, fueron puestos en inmediata libertad el propio ocho de enero del presente año. En consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por los solicitantes del amparo, restituyéndose a los agraviados en el goce del derecho constitucional violado, al haber sido puestos en libertad con posterioridad a su detención. De ahí que, aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que se han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, así como las medidas suspensionales decretadas, en este juicio. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    El doce de enero de dos mil veintidós, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con estos autos y con la certificación secretarial levantada. CONSTE. Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a la aquí quejosa Ileana María del Socorro Brito Alonzo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte impetrante en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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