Jorge García López

Expediente 1249/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1249/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Jorge García López

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva que sobreseyó sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1249/2021, promovido por Jorge García López, por alegada violación de los artículos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión de emitir acuerdo en relación con las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 712/2019. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48, 49, 61, fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; toda vez que se reclaman actos omisivos y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERA. Certeza de la omisión reclamada. El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, dijo que no es cierta la omisión que se imputa al tribunal que preside; sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada con el contenido de su propio informe y las constancias que adjuntó al mismo, las que tienen valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que ponen en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, la responsable no había emitido la determinación correspondiente a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el contencioso laboral de origen. CUARTA. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la certeza de la omisión que se reclama a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. En el caso que nos ocupa, es operante el segundo supuesto, pues el quejoso reclamó de la citada autoridad responsable la omisión de emitir acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 712/2019, el cual se reservó en acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias que allegó la Junta responsable, se advierte que dentro del juicio subyacete el siete de enero de dos mil veintidós, se emitió el acuerdo en el que se provee sobre el ofrecimiento de pruebas que formularon las partes; por tanto, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada, porque durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable subsanó dicha inacción; por lo que es evidente que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados, y por ello, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de aquellos que han dejado de surtir efectos. Resta agregar que no es inadvertido para este órgano jurisdiccional que aún no transcurre el plazo al que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se dio a las partes con el informe justificado de la responsable; sin embargo, no se decreta el diferimiento de la presente audiencia, porque las constancias que acompañó la responsable a su informe permiten advertir que en esta fecha o en una posterior, el sentido de la sentencia sería el mismo, por lo que a ningún fin práctico conduce el retardar el dictado de este fallo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge García López, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerativo cuarto de este fallo.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe justificado; con lo cual se ordena dar vista a las partes. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene al tribunal responsable ofreciendo como prueba la documental que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de ley.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Son las que se toman a continuación: 1.1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, promovida por Jorge García López, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1249/2021. 1.2. Suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a dar apertura al incidente de suspensión toda vez que no se solicitó. 1.3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las once horas con cuarenta y siete minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, para su verificativo. 1.4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, remitir copia certificada legible de las constancias que acrediten que la omisión que le reclama ha cesado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 1.5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.6. Tercero interesado. Dado la naturaleza del asunto, no se advierte que le recaiga el dicho carácter a persona alguna. 1.7. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 1.8. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, a saber, la calle Lago de Chapala, número 104 (ciento cuatro), de la colonia Ventura Puente, de esta ciudad. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Son las que se toman enseguida: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto.@correo.cjf.gob.mx 12:30 A 18:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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