Jorge García Cruz

Expediente 377/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
377/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Jorge García Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que, en la especie, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que no obra constancia de notificación a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicho auto, a fin de que quede debidamente enterada de su contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y que únicamente la parte quejosa hizo manifestaciones al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 74 a 90), la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Estado del mismo nombre, concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán deje insubsistente la resolución reclamada, en otra que dicte realice la valoración de las testimoniales, incluida la rendida por la ateste Karina Guadalupe Carrillo Flores, conforme a los principio reguladores de dicho medio de convicción establecidos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, hecho lo anterior aprecie las pruebas en su conjunto y determine lo que en derecho corresponda en relación con la acreditación del cuerpo del delito de fraude imputado al aquí quejoso, así como sobre su probable responsabilidad" (foja 89). Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, data en la que se requirió su cumplimiento (fojas 106 y 107). Ahora, en acatamiento al fallo protector la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitió una nueva sentencia en el toca I-254/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de formal prisión dictado en el proceso penal 43/2016-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, que se instruye en contra del quejoso en cuanto probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. Del examen de la documental indicada, misma que goza de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, cumplió con el fallo protector ya que por un lado, en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 110) dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado en este juicio, y en resolución del día veintinueve siguiente, resolvió de nueva cuenta el recurso de apelación resolución en la cual: Realizó la valoración de las testimoniales, incluida la rendida por la ateste Karina Guadalupe Carrillo Flores; lo que se afirma así porque del contenido de las consideraciones expuestas en el apartado "TERCERO" la responsable se ocupó de valorar los testimonios de Oscar Álvarez Arriola (foja 117), Miguel Okituz Martínez Aguado (fojas 117 vuelta a 119), María Fabiola Rangel Alvarado (fojas 119 a 120, Irene Torres Colín (fojas 120), Cristian Villa Fuerte (foja 120 vuelta a 121 vuelta), así como el rendido por Karina Guadalupe Carrillo Flores (foja 121 vuelta a 122 vuelta). Atestados que fueron valorados en los términos que establecen el artículo 331, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, pues para ello la autoridad responsable destacó cinco requisitos que a su juicio debían quedar satisfechos para asignarles valor probatorio; esto es, que se haya rendido por persona mayor de edad, que tenga capacidad de comprender los hechos sobre los cuales declara; que la declaración se haya realizado con imparcialidad, que los hechos hayan sido apreciados a través de los sentidos, que los testimonios sean claros y precisos sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, y que no se advierta que los atestes hayan declarado por error, miedo, engaño o sobrono. Así respecto de Oscar Álvarez Arriola (fojas 117 vuelta a 119), indicó que al momento de declarar contaba con treinta tres años de edad, con un nivel escolar de bachiller y tener por ocupación la de empleado, de ahí que contaba con la preparación suficiente para formar un juicio respecto de los hechos declarados. Consideración similar que se realizó respecto de Miguel Okituz Martínez Aguado (fojas 117 vuelta a 119), de quien afirmo que tenía treinta y cuatro años y un grado escolar de licenciatura, de María Fabiola Rangel Alvarado (fojas 119 a 120), precisó que cuenta con treinta siete años y con estudios de licenciatura, en vinculación con Irene Torres Colín (fojas 120), señaló que tiene cuarenta y dos años, con instrucción de bachiller, de Cristian Villa Fuerte (foja 120 vuelta a 121 vuelta), se expuso que tenía treinta y tres años con nivel de educación de licenciatura, así como el rendido por Karina Guadalupe Carrillo Flores (foja 121 vuelta a 122 vuelta), pues al respecto adujo que la ateste al momento de declarar contaba con veintitrés años, con grado escolar de licenciatura; por tanto con capacidad suficiente para juzgar los hechos declarados. Respecto de los factores que pudieran haber influido en la declaración de los testigos, respecto de todos los mencionados en el párrafo que antecede, aseveró que no existe algún dato que permita concluir que los testigos se condujeron con parcialidad, o que hubiesen declarado por error, miedo, engaño o soborno. Además adujo que existió coincidencia en lo declarado por ellos en cuanto a las circunstancias en que se ejecutaron los hechos, ya que lo narrado por los atestes se refieren a un contrato para la construcción de dos cuartos, una oficina y dos perreras, a un consto de $580,000.00 (quinientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), y que fue entregada por los querellantes a Javier García Cruz, la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.). Que después de un tiempo fue restructurado el proyecto con el objeto de abaratar el costo el cual se redujo a $380,000.00 (tres ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.), convenio que incluso fue ratificado ante notario público, entregándole en esa fecha la cantidad de $70,000.00 o $75,000.00 pesos. Que a la fecha en que declararon, la obra se encuentra suspendida por falta de los materiales y mano de obra que el indiciado se comprometió a proporcionar, así como algunas circunstancias accidentales pero que no suscitan alguna contradicción esencial. En virtud de lo anterior la determinación que tomó la autoridad responsable de confirmar el auto de formal prisión pronunciado en contra del quejoso dentro de la causa penal 43/2016-II, deriva de la valoración, de entre otras pruebas, la testimonial conforme a los principio reguladores de dicho medio de convicción establecidos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, y de la precisión de las pruebas en su conjunto, con las que se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de fraude imputado al aquí quejoso, así como su probable responsabilidad en la comisión de tal ilícito. Sin que se contraponga a lo anterior lo manifestado por el quejoso en el escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete, dado que en él, de forma genérica, aduce que no se cumplió con el fallo protector pero sin especificar por qué considero que lo anterior es así, y en cambio, conforme a lo quedó expuesto en esta resolución resulta patente que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues emitió la resolución en los términos que ya fueron descritos. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de esta determinación en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JORGE GARCÍA CRUZ. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y que únicamente la parte quejosa hizo manifestaciones al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 74 a 90), la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Estado del mismo nombre, concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán deje insubsistente la resolución reclamada, en otra que dicte realice la valoración de las testimoniales, incluida la rendida por la ateste Karina Guadalupe Carrillo Flores, conforme a los principio reguladores de dicho medio de convicción establecidos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, hecho lo anterior aprecie las pruebas en su conjunto y determine lo que en derecho corresponda en relación con la acreditación del cuerpo del delito de fraude imputado al aquí quejoso, así como sobre su probable responsabilidad" (foja 89). Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, data en la que se requirió su cumplimiento (fojas 106 y 107). Ahora, en acatamiento al fallo protector la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitió una nueva sentencia en el toca I-254/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de formal prisión dictado en el proceso penal 43/2016-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, que se instruye en contra del quejoso en cuanto probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. Del examen de la documental indicada, misma que goza de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, cumplió con el fallo protector ya que por un lado, en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 110) dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado en este juicio, y en resolución del día veintinueve siguiente, resolvió de nueva cuenta el recurso de apelación resolución en la cual: Realizó la valoración de las testimoniales, incluida la rendida por la ateste Karina Guadalupe Carrillo Flores; lo que se afirma así porque del contenido de las consideraciones expuestas en el apartado "TERCERO" la responsable se ocupó de valorar los testimonios de Oscar Álvarez Arriola (foja 117), Miguel Okituz Martínez Aguado (fojas 117 vuelta a 119), María Fabiola Rangel Alvarado (fojas 119 a 120, Irene Torres Colín (fojas 120), Cristian Villa Fuerte (foja 120 vuelta a 121 vuelta), así como el rendido por Karina Guadalupe Carrillo Flores (foja 121 vuelta a 122 vuelta). Atestados que fueron valorados en los términos que establecen el artículo 331, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, pues para ello la autoridad responsable destacó cinco requisitos que a su juicio debían quedar satisfechos para asignarles valor probatorio; esto es, que se haya rendido por persona mayor de edad, que tenga capacidad de comprender los hechos sobre los cuales declara; que la declaración se haya realizado con imparcialidad, que los hechos hayan sido apreciados a través de los sentidos, que los testimonios sean claros y precisos sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, y que no se advierta que los atestes hayan declarado por error, miedo, engaño o sobrono. Así respecto de Oscar Álvarez Arriola (fojas 117 vuelta a 119), indicó que al momento de declarar contaba con treinta tres años de edad, con un nivel escolar de bachiller y tener por ocupación la de empleado, de ahí que contaba con la preparación suficiente para formar un juicio respecto de los hechos declarados. Consideración similar que se realizó respecto de Miguel Okituz Martínez Aguado (fojas 117 vuelta a 119), de quien afirmo que tenía treinta y cuatro años y un grado escolar de licenciatura, de María Fabiola Rangel Alvarado (fojas 119 a 120), precisó que cuenta con treinta siete años y con estudios de licenciatura, en vinculación con Irene Torres Colín (fojas 120), señaló que tiene cuarenta y dos años, con instrucción de bachiller, de Cristian Villa Fuerte (foja 120 vuelta a 121 vuelta), se expuso que tenía treinta y tres años con nivel de educación de licenciatura, así como el rendido por Karina Guadalupe Carrillo Flores (foja 121 vuelta a 122 vuelta), pues al respecto adujo que la ateste al momento de declarar contaba con veintitrés años, con grado escolar de licenciatura; por tanto con capacidad suficiente para juzgar los hechos declarados. Respecto de los factores que pudieran haber influido en la declaración de los testigos, respecto de todos los mencionados en el párrafo que antecede, aseveró que no existe algún dato que permita concluir que los testigos se condujeron con parcialidad, o que hubiesen declarado por error, miedo, engaño o soborno. Además adujo que existió coincidencia en lo declarado por ellos en cuanto a las circunstancias en que se ejecutaron los hechos, ya que lo narrado por los atestes se refieren a un contrato para la construcción de dos cuartos, una oficina y dos perreras, a un consto de $580,000.00 (quinientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), y que fue entregada por los querellantes a Javier García Cruz, la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.). Que después de un tiempo fue restructurado el proyecto con el objeto de abaratar el costo el cual se redujo a $380,000.00 (tres ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.), convenio que incluso fue ratificado ante notario público, entregándole en esa fecha la cantidad de $70,000.00 o $75,000.00 pesos. Que a la fecha en que declararon, la obra se encuentra suspendida por falta de los materiales y mano de obra que el indiciado se comprometió a proporcionar, así como algunas circunstancias accidentales pero que no suscitan alguna contradicción esencial. En virtud de lo anterior la determinación que tomó la autoridad responsable de confirmar el auto de formal prisión pronunciado en contra del quejoso dentro de la causa penal 43/2016-II, deriva de la valoración, de entre otras pruebas, la testimonial conforme a los principio reguladores de dicho medio de convicción establecidos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, y de la precisión de las pruebas en su conjunto, con las que se tuvo por acreditado el cuerpo del delito de fraude imputado al aquí quejoso, así como su probable responsabilidad en la comisión de tal ilícito. Sin que se contraponga a lo anterior lo manifestado por el quejoso en el escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete, dado que en él, de forma genérica, aduce que no se cumplió con el fallo protector pero sin especificar por qué considero que lo anterior es así, y en cambio, conforme a lo quedó expuesto en esta resolución resulta patente que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues emitió la resolución en los términos que ya fueron descritos. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de esta determinación en el expediente electrónico.

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