Jorge Flores Medina

Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
627/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Jorge Flores Medina

Actuaciones

  1. Principal

    El trece de marzo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de marzo del año en curso, con exclusión de los días diez y once del presente mes y año por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El uno de marzo de dos mil dieciocho, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al promovente Jorge Flores Medina, para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del veintiuno al veintisiete de febrero del año en curso, con exclusión de los días veinticuatro y veinticinco del citado mes y año, por ser inhábiles, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el lapso concedido al promovente mediante proveído de dieciséis de febrero del presente año para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas transcurrió del veintiuno al veintisiete de febrero del año que transcurre; luego, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 997/2017; y, RESULTANDO: 1°. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jaime Alfonso Cervantes Borrego, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por el acto que se especifica a continuación: Autoridad responsable: ? 1. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. ? 2. Tesorero Municipal de Zacatecas. ? 3. Jorge Alfonso Chávez Pérez, notificador, ejecutor e inspector fiscal de la Secretaría de Finanzas. ? 4. Francisco Javier Hernández Franco, notificador, ejecutor e inspector fiscal de la Secretaría de Finanzas ? 5. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. ? 6. LXII Legislatura del Congreso de Zacatecas. Actos reclamados: "A) De la autoridad responsable señalada con el numeral 1 del apartado anterior, se reclama la emisión y suscripción de la resolución de fecha 31 de octubre de 2017 que resolvió el Procedimiento Administrativo de Clausura identificado como TMZ/SFyTM/281/217, en virtud del cual se determinó imponer clausura definitiva en contra del establecimiento mercantil denominado "Los Milagros". De este acto se tuvo conocimiento el pasado 1 de noviembre de 2017. Se acompaña como Anexo 1. Asimismo, de esa misma autoridad se reclama los siguientes actos intraprocedimentales, los cuales fueron dictados dentro del expediente TMZ/SFyTM/281/217, y constituyen violaciones sucedidas dentro del procedimiento que han trascendido a la resolución final de 31 de octubre de 2017: i. Resolución de 13 de octubre de 2017, mediante la cual se inició procedimiento de clausura, y se emplazó al quejoso a dicho procedimiento. ii. Audiencia de 31 de octubre de 2017, en la cual se desahogaron las pruebas ofrecidas. B) De la autoridad responsable señalada con el numeral 1 del apartado anterior, se reclama la emisión y suscripción de la "Orden de Notificación" PMZ/SFTM2/DNCE303/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, en la cual se ordenó y comisionó la notificación de la resolución de 31 de octubre de 2017 referida en el inciso A) anterior. De este acuerdo se tuvo conocimiento el pasado 1 de noviembre de 2017. C) De la autoridad responsable señalada con el numeral 1 del apartado anterior, se reclama la emisión y suscripción del "Oficio de Comisión" PMZ/SFTM2/DNCE303/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, en virtud del cual se ordenó y comisionó la ejecución de la resolución de 31 de octubre de 2017 referida en el inciso A) anterior. De este acto se tuvo conocimiento el pasado 1 de noviembre de 2017. D) De las autoridades responsables señaladas con los numerales 2 y 3, del apartado anterior, se reclama la emisión y suscripción del Acta Circunstanciada sin número de fecha 1 de noviembre de 2017, a través del cual se llevó a cabo la clausura definitiva del establecimiento mercantil denominado "Los Milagros", en cumplimiento de los actos referidos en los incisos A) y C) anteriores. De este acto se tuvo conocimiento el pasado 1 de noviembre de 2017. E) De las autoridades responsables señaladas con los numerales 4 y 5 del apartado anterior, se reclama su participación dentro del proceso legislativo para la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación, de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas. Se impugna el artículo 108fracción III de esa ley en su carácter de heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio del Quejoso, lo cual sucedió mediante el acto reclamado referido en el inciso A) anterior, del cual se tuvo conocimiento el pasado 1 de noviembre de 2017." El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 22, 26 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó su registro con el consecutivo 997/2017 se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia. 3° Posteriormente, en escrito presentado el quince de febrero del año en curso, registrado con el folio 3137, el cual se ordena agregar a los autos, el quejoso Jaime Alfonso Cervantes Borrego se desistió de la demanda de amparo con que se formó este juicio de derechos, el cual ratificó en esa propia fecha ante el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional; por lo tanto, dichas actuaciones tómense en consideración al momento de resolver; y por cuanto hace a la petición que formuló, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copia certificada de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El inició del procedimiento administrativo relativo al el expediente TMZ/SFyTM/281/2017, el emplazamiento al quejoso a dicho procedimiento; la audiencia de desahogo de pruebas, la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete que lo resolvió en la que se determinó imponer clausura definitiva en contra del establecimiento mercantil denominado "Los Milagros; el Acta circunstanciada del uno de noviembre del año citado en la que se ejecutó esa determinación en cumplimiento al oficio de comisión PMZ/SFTM2/DNCE303/2017. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador (a través del Coordinador General Jurídico), LXII Legislatura (por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos), Jorge Alfonso Chávez Pérez y Francisco Javier Hernández Franco, en su carácter de Notificadores, Ejecutores e Inspectores Fiscales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Zacatecas, así como el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, todos de Zacatecas, ya que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificado (fojas 122-152, 170-265). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la resolución determinante de sanciones de veintisiete de junio, oficio 156/2013 de ocho de julio, resolución determinante de sanciones de doce de julio, todas del año dos mil trece, emitidas dentro del expediente TMZ/SFyTM/281/217, que en apoyo a su informe justificado remitió el Secretario y Tesorero responsables; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causa de sobreseimiento. En el presente asunto, resulta innecesario analizar los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en razón de que este resolutor advierte que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;" En efecto, mediante escrito presentado el quince de febrero del año en curso, registrado con el folio 3137, el quejoso Jaime Alfonso Cervantes Borrego manifestó expresamente su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que originó este juicio de derechos, el cual ratificó en esa propia fecha ante el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional (fojas 293 a 295); por tanto, con fundamento en el invocado numeral 63, fracción I, primer párrafo, de la ley de la materia en consulta, procede sobreseer en este juicio constitucional. En apoyo a la anterior determinación resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Tesis de Jurisprudencia VI.2o.19 K, publicada en la página 488, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Asimismo, es aplicable al tema la Jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279 del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Sólo resta decir, que atendiendo a los actos reclamados precisados en párrafos que preceden, en el particular no se actualizan los supuestos de excepción que se consignan en el propio normativo 63, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria invocada, que establece que cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General. Por lo expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo 997/2017, promovido por Jaime Alfonso Cervantes Borrego, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres secretario con quien actúa, hoy, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. DOY FE. L´JJMT 5647, 5648, 5649, 5650 y 5651

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