Jorge Flores Medina
Expediente 118/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Flores Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El diez de agosto de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondía, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hubiere hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El cuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa propia fecha (fojas 135-146), en la que por un lado se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otro se concedió al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes: ."En las relatadas condiciones, al ser inconstitucional el precepto combatido 65 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil quince del municipio de Guadalupe, Zacatecas, pues establece una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fijan un cobro del ocho por ciento por sobre el consumo de energía por el derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación; procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de aplicar al solicitante del amparo tal precepto y, en consecuencia, no se le cobre ninguna cantidad por concepto de derecho de alumbrado público de lo que resta del ejercicio fiscal dos mil quince, respecto del aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 122 070 855 885, a nombre de JORGE FLORES MEDINA. Así mismo, para que a la parte quejosa le sea restituida -en caso de que lo haya pagado- la cantidad que por concepto de pago de derechos de alumbrado público correspondientes al ejercicio fiscal para el año dos mil quince. . La concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios." Posteriormente, por auto de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas y al Presidente de dicho municipio, en su carácter de superior jerárquico, para que diera cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f. 154). Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio número 143/2015, signado por el Presidente y la Tesorera, ambos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el cual dieron cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, anexando copia simple de la póliza de cheque número 0001973, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, por la cantidad de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.), en la cual consta que el autorizado de la quejosa firmó y recibió el cheque que así lo ampara; copia simple de identificación del autorizado de la quejosa expedida por el Instituto Federal Electoral ahora INE, con clave de elector 1773067295120; original del recibo de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, formado por el autorizado de la quejosa, en cual consta que recibió el cheque antes citado por concepto de derecho de alumbrado público (fojas 160-165). En proveído de once de junio de dos mil quince, se acordó el oficio girado por la Comisión Federal de Electricidad, al cual anexó historiales en el cual se pudo apreciar los pagos por concepto de derecho de alumbrado público, realizados durante el año fiscal dos mil quince, del número de servicio 122 070 855 885, y con las que acreditó que se dejó de aplicar tal concepto (f 171-175). Mediante auto de dieciséis de julio del año que transcurre, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que remitiera las constancias del debido cumplimiento a la ejecutoria protectora dictada en el presente juicio de amparo (f. 179). Cumplimiento que se tuvo por recibido en auto de veinticuatro de julio próximo pasado, adjuntando las constancias con las que acreditó haber entregado a la parte quejosa los cheques número 0001973 valioso por la suma de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.) y 0004248 por la cantidad de $147.29 (ciento cuarenta y siete pesos 29/100 m.n.), tal y como se advierte de los recibos de veintiocho de mayo y veintiuno de julio de dos mil quince, respectivamente; y en ese mismo proveído se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento hecho por la autoridad responsable (182-189). Por tanto, como ya quedó precisado en autos, obran constancias de que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a dicho fallo, por lo que ese Juzgado Primero de Distrito declara que la sentencia protectora ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que las diversas autoridades responsables no hayan hecho manifestación alguna respecto al fallo protector de garantías emitido por este Juzgado Federal, ya que solo participaron en el proceso legislativo además de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y por lo tanto este expediente, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. De igual forma, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo en cita, se determina que el CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El cuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva en esa propia fecha (fojas 135-146), en la que por un lado se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otro se concedió al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos y para los efectos siguientes: ."En las relatadas condiciones, al ser inconstitucional el precepto combatido 65 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil quince del municipio de Guadalupe, Zacatecas, pues establece una contribución especial sobre energía eléctrica, en cuanto fijan un cobro del ocho por ciento por sobre el consumo de energía por el derecho del servicio de alumbrado público, cuando ello sólo corresponde a la Federación; procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de aplicar al solicitante del amparo tal precepto y, en consecuencia, no se le cobre ninguna cantidad por concepto de derecho de alumbrado público de lo que resta del ejercicio fiscal dos mil quince, respecto del aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio 122 070 855 885, a nombre de JORGE FLORES MEDINA. Así mismo, para que a la parte quejosa le sea restituida -en caso de que lo haya pagado- la cantidad que por concepto de pago de derechos de alumbrado público correspondientes al ejercicio fiscal para el año dos mil quince. . La concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron al Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Guadalupe, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios." Posteriormente, por auto de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito; por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas y al Presidente de dicho municipio, en su carácter de superior jerárquico, para que diera cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa (f. 154). Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio número 143/2015, signado por el Presidente y la Tesorera, ambos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el cual dieron cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, anexando copia simple de la póliza de cheque número 0001973, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, por la cantidad de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.), en la cual consta que el autorizado de la quejosa firmó y recibió el cheque que así lo ampara; copia simple de identificación del autorizado de la quejosa expedida por el Instituto Federal Electoral ahora INE, con clave de elector 1773067295120; original del recibo de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, formado por el autorizado de la quejosa, en cual consta que recibió el cheque antes citado por concepto de derecho de alumbrado público (fojas 160-165). En proveído de once de junio de dos mil quince, se acordó el oficio girado por la Comisión Federal de Electricidad, al cual anexó historiales en el cual se pudo apreciar los pagos por concepto de derecho de alumbrado público, realizados durante el año fiscal dos mil quince, del número de servicio 122 070 855 885, y con las que acreditó que se dejó de aplicar tal concepto (f 171-175). Mediante auto de dieciséis de julio del año que transcurre, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que remitiera las constancias del debido cumplimiento a la ejecutoria protectora dictada en el presente juicio de amparo (f. 179). Cumplimiento que se tuvo por recibido en auto de veinticuatro de julio próximo pasado, adjuntando las constancias con las que acreditó haber entregado a la parte quejosa los cheques número 0001973 valioso por la suma de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.) y 0004248 por la cantidad de $147.29 (ciento cuarenta y siete pesos 29/100 m.n.), tal y como se advierte de los recibos de veintiocho de mayo y veintiuno de julio de dos mil quince, respectivamente; y en ese mismo proveído se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento hecho por la autoridad responsable (182-189). Por tanto, como ya quedó precisado en autos, obran constancias de que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a dicho fallo, por lo que ese Juzgado Primero de Distrito declara que la sentencia protectora ESTÁ CUMPLIDA. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que las diversas autoridades responsables no hayan hecho manifestación alguna respecto al fallo protector de garantías emitido por este Juzgado Federal, ya que solo participaron en el proceso legislativo además de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y por lo tanto este expediente, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. De igual forma, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo en cita, se determina que el CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.".
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta las constancias con las que acredita que se entregó a la parte quejosa los cheques número 0001973 valioso por la suma de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.) y 0004248 por la cantidad de $147.29 (ciento cuarenta y siete pesos 29/100 m.n.), tal y como se advierte de los recibos de veintiocho de mayo y veintiuno de julio de dos mil quince, respectivamente; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso hayan otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta las constancias con las que acredita que se entregó a la parte quejosa los cheques número 0001973 valioso por la suma de $450.51 (cuatrocientos cincuenta pesos 51/100 m.n.) y 0004248 por la cantidad de $147.29 (ciento cuarenta y siete pesos 29/100 m.n.), tal y como se advierte de los recibos de veintiocho de mayo y veintiuno de julio de dos mil quince, respectivamente; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso hayan otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional.".
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