Jorge Ferreyra Ortíz
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Ferreyra Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído dictado el once de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de ocho de julio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio J-III-2295/2021, rindiendo su correspondiente informe justificado y remitiendo copia certificada de las constancias que lo justifican, entre ellas, el acuerdo dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral número 3B-07/2021, promovido por el aquí quejoso..., mediante el cual radicó la demanda laboral y señaló las nueve horas del quince de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada con el número 489/2021-IV, consistentes en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número 3B-07/2021 tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y con dilación o demora en perjuicio del quejoso anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS Y RESOLUCION, constituyendo el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo en su artículo 893.". Además de aducir en el capitulo de antecedentes que desde el once de febrero de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable demanda laboral en contra de..., la cual a la fecha de presentación de la demanda no había sido radicada y como consecuencia, no se había señalado fecha para la celebración de la audiencia de ley. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio J-III-2295/2021, por el cual rindió su informe justificado, obra el auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral número 3B-07/2021, promovido por el aquí quejoso, mediante el cual radicó la demanda laboral y señaló las nueve horas del quince de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda laboral y, como consecuencia, la omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, también lo es que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 3B-07/2021, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, radicó la demanda presentada por el aquí quejoso, señalando hora y fecha para el desahogo de la aludida audiencia, además de ordenar el emplazamiento a dicho juicio a la parte demandada. Por lo que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha once de agosto dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de ocho de julio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio J-III-2295/2021, rindiendo su correspondiente informe justificado y remitiendo copia certificada de las constancias que lo justifican, entre ellas, el acuerdo dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral número 3B-07/2021, promovido por el aquí quejoso..., mediante el cual radicó la demanda laboral y señaló las nueve horas del quince de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada con el número 489/2021-IV, consistentes en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número 3B-07/2021 tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y con dilación o demora en perjuicio del quejoso anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS Y RESOLUCION, constituyendo el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo en su artículo 893.". Además de aducir en el capitulo de antecedentes que desde el once de febrero de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable demanda laboral en contra de..., la cual a la fecha de presentación de la demanda no había sido radicada y como consecuencia, no se había señalado fecha para la celebración de la audiencia de ley. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio J-III-2295/2021, por el cual rindió su informe justificado, obra el auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral número 3B-07/2021, promovido por el aquí quejoso, mediante el cual radicó la demanda laboral y señaló las nueve horas del quince de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda laboral y, como consecuencia, la omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, también lo es que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 3B-07/2021, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, radicó la demanda presentada por el aquí quejoso, señalando hora y fecha para el desahogo de la aludida audiencia, además de ordenar el emplazamiento a dicho juicio a la parte demandada. Por lo que, surgió una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, principalmente la parte quejosa, se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; del cual se proveyó en auto de ocho de julio del año en curso; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Jorge Díaz Ponce799/2020
- Jorge Dosamante Martínez341/2023
- Jorge Eduardo Ortíz García767/2022
- Jorge Eduardo Ortíz García1274/2022
- Jorge Eduardo Valdéz Miranda78/2018
- Jorge Fabián Arroyo85/2019
- Jorge Flores Hernández1017/2019
- Jorge Flores Ortíz1153/2022
- Jorge Gaspar Alfaro638/2018
- Jorge Gómez Soto195/2021
- Jorge Granados García957/2018
- Jorge Guerrero Aguirre876/2018