Jorge Díaz Ponce

Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
799/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Díaz Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 150/2021, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 799/2020-IV, y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de catorce de enero del año en curso, en el recurso de queja número 110/2020, interpuesto por ..., por conducto de su autorizado en términos amplios, contra el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 4578/2020, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 16008, a través del cual se le remitió el juicio de amparo 799/2020, así como el informe rendido con motivo del recurso de queja interpuesto por Santiago Silva Meza, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ..., en contra del auto dictado el diecinueve de noviembre del año en curso, en el cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, asimismo, refiere que admitió a trámite el referido recurso, registrándolo con el número 110/2020. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y firmado electrónicamente por Santiago Silva Meza, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ...mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.37.30.31.39.34.38, a nombre del citado promovente, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito electrónico de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    16008 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha, le envío el escrito de queja interpuesto por ..., autorizado en términos amplios de la parte quejosa ...Así también, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo rindo el siguiente informe: Es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del juicio de amparo número 779/2020-IV, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se dictó el acuerdo que en lo conducente dice: "Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, con el número 799/2020-IV. Ahora bien, cabe destacar que el solicitante de la protección de la justicia federal, por esta vía reclama lo siguiente: "La abstención de determinar la carpeta de investigación ZIT/112/00957/2016, por el hecho calificado por la ley como delito de daños a las cosas, con número único de caso 1006201637802, en virtud de que ya han pasado más de cuatro años sin que la citada carpeta de investigación obre medio y/o dato de prueba nuevo aportado por la denunciante para acreditar la supuesta conducta delictiva, esto es, han dejado en total estado de abandono la carpeta en comento, lo cual me deja en una incertidumbre jurídica y estado de indefensión, violando con ello los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica.". Y, con posterioridad, en los antecedentes, indica que le asiste la calidad de víctima u ofendido. Sentado lo anterior se tiene que, de la lectura íntegra del libelo constitucional se obtiene que el acto que por esta vía reclama la solicitante de la protección de la justicia federal consiste en las omisiones del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, a dictar las providencias necesarias para la investigación del delito dentro de la carpeta de donde derivan los actos reclamados. En la especie, este órgano de control Constitucional considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto el artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". En este orden de ideas, la fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es en el presente caso, la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Ahora bien, en el caso del acto que por esta vía se reclama, resulta jurídicamente válido afirmar que dicho acto, no constituye uno con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte promovente, no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de las víctimas u ofendidos de un delito, a impugnar las omisiones que emita el Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos, a saber: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". El citado precepto Constitucional dispone que la víctima u ofendido del delito, puede solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si la autoridad ministerial incurre en omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta omisiva ante la autoridad judicial, en términos de la Ley reglamentaria. Por su parte, los numerales 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dicen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes la podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". De los preceptos normativos transcritos, se advierte que las decisiones, omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, como el caso del promovente, pueden ser impugnadas a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258, concanado con el numeral 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones y negligencias de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora; esto, con la finalidad de que sea el juez de control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta cese. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la promovente debió hacer valer su derecho de impugnar las decisiones, omisiones o negligencias de la autoridad responsable, ante el juez de control a través del medio de impugnación innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017641, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." (Lo subrayado es nuestro). Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017640, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Por tanto, si previo a instar el juicio de amparo, el promovente no ha agotado el medio de impugnación ordinario antes señalado, con el que puede revocar, modificar o extinguir el acto controvertido, da cabida a la improcedencia del amparo; en virtud de que no cumplió con uno de los principios que rigen el juicio constitucional, como lo es el principio de definitividad. Apoya lo anterior la tesis número XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 307, Tomo XIII, Febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 213455, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." En el entendido, que en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, este órgano de control Constitucional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, conforme al precepto legal de comento, ya que los actos no se impugna por carecer de fundamentación y el solicitante de la protección de la justicia federal no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, dado que los planteamientos del promovente no constituyen violaciones directas a la Constitución Federal, sino que se trata de planteamientos de mera legalidad, es decir, violaciones indirectas a la norma Constitucional, en virtud de que el impetrante aduce que no se ha dado continuidad a la etapa de investigación. Lo anterior implica que no se surta la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "Artículo 61. [...] XX. [.] No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia" (Lo resaltado es nuestro). Del mismo modo, el recurso innominado ante el Juzgado de Control está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados a Santiago Silva Meza y Sergio Díaz Ponce, quienes gozarán de todas las facultades previstas por el numeral 12 de la Ley de Amparo, pues, de una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, se aprecia la existencia de las cédulas profesional 2631053 y 4480425, expedidas a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como licenciados en derecho; y, únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones a Luz Teresita Pérez Mora, por así haberlo solicitado. De igual forma, en términos de lo dispuesto por el numeral 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza el acceso al expediente electrónico y, las notificaciones, aún las de carácter personal, a través del usuario aportado, a saber, "Santiago357" Por otra parte, atento a su contenido, dígasele que en relación a los correos electrónicos santiago.silvameza@gmailcom; y, diazponce_abogados@hotmailcom, y número de celular 5567830116, que proporciona, se le tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Carlos Medina Muñoz, Secretario con quien actúa y da fe." Como justificación a este informe, se anexa original del citado juicio de amparo y, del escrito electrónico a través del cual se interpuso el citado recurso de queja, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano