Jorge Fernando Vazquez Guerrero
Expediente 748/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Fernando Vazquez Guerrero
- Juez de Control En Materia Penal de la Tercera Region Con Sede En Cortazar, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal sobreseyó y negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó y negó el amparo -en el expediente principal-, y se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar, los discos versátiles digitales que allegó a su informe de ley, toda vez que resulta innecesaria su retención.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 748/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado, ***** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales SEGUNDO. Trámite del juicio. En esa misma fecha se formó el expediente y se registró bajo el número 748/2020; además, se admitió la demanda, solicitó informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. El doce y trece de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortazar, remitiendo las constancias de emplazamiento de la tercera interesada, Yesenia Borges Robles, representante legal de la menor de iniciales J.V.G.R. y agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del que emana el acto reclamado. Asimismo, se tuvo por apersonada a la asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, designada como representante especial de la menor en cita. CUARTO. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado puede tener ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, por el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar dentro de la causa penal ***, así como su eventual ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255.?????????? Las autoridades: -Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato. -Jefa de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, encargada de la Dirección Ministerial de Apoyo y Gestión Institucional de la Fiscalía Regional "C" -Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Procesal Acusatorio de Cortazar, Guanajuato. Negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre constancia de su participación, por lo que, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en lo que a ellas concierne. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las siguientes autoridades: -Jueza de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Cortazar. -Director Ministerial adscrito al Despacho de la Fiscalía Regional "C" - Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional "C" Aceptaron, en sus respectivas atribuciones, la existencia de la emisión y eventual ejecución de la orden de aprehensión. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable, consistente en el disco versátil digital, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal ***; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de fondo, se exponen los antecedentes conducentes: El treinta de septiembre de dos mil veinte, se verificó una audiencia privada en la que: a) La agente del Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales, previsto y sancionado en el artículo 187, primer y segundo párrafos, éste último en su parte segunda, del Código Penal para el estado de Guanajuato3, en agravio de la menor de iniciales J.V.G.R. 2 Décima Época, número de registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. 3 Artículo 187. A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días multa. En este supuesto el delito se perseguirá por querella. Se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien lo ejecute o lo haga ejecutar en o por persona que no pudiere resistir o con menor de edad. Si se hiciere uso de violencia la sanción será de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa. Si el responsable del delito de abuso sexual es servidor público y lo comete en ejercicio de sus funciones, se le impondrá, además de las penas previstas en este b) El juez, una vez expuesto el cuadro fáctico, decretó la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación es infundado, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la orden reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del indiciado en la causa penal **** del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. No obstante, en el caso no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por la jueza responsable se encuentra ajustada a derecho, en el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo artículo, la destitución de su cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. [.]" como se precisó, se advierte que la orden reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. 6 Décima Época, número de registro 2019737, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 732. derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, a lo largo del concepto de violación único, el peticionario alega que la orden de aprehensión dictada en su contra vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, y por ello, será privado ilegalmente de la libertad; además, sin que se le haya otorgado garantía de audiencia, al afirmar que se le pretende privar de sus derechos "sin que se me haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial". Motivos de disenso que se consideran infundados, se explica. En primer lugar, no asiste razón al peticionario del amparo cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no se vulnera su garantía de audiencia. Sobre el particular, el citado precepto legal, en específico, en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Artículo. 14. (.)Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Los actos privativos a los que hace referencia el citado párrafo segundo del artículo 14 constitucional, son aquellos, que al consumarse causan una disminución, menoscabo o supresión definitiva en un derecho del gobernado, pudiéndose ejecutar dichos actos, siempre y cuando se cumplan con algunos de los requisitos precisados en dicho precepto constitucional; dicha disposición contiene inmersos, entre otros, el principio de legalidad y de debido proceso. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho de una persona; no obstante, no todo acto de autoridad provoca una afectación a la esfera jurídica del particular, pues existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por tanto, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos, entonces, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, este asumirá el carácter de privativo. Por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo, sino que la restricción provisional es solo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia, los cuales están regulados por el artículo 16 constitucional, al restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION." Precisado lo anterior, es necesario destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversos mandatos (entre ellos la orden de aprehensión) que podrá ordenar el juez de control con la finalidad llevar al indiciado ante tal potestad para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso. Aunado a ello, dicho numeral restringe los supuestos en los cuales se puede emitir algún mandato para efecto de continuar el proceso; sin que para ello deba respetarse la garantía de audiencia del indiciado. 7 Novena Época, número de registro 200080, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 5. Lo anterior, permite concluir que la orden de aprehensión tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada IX.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito8, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En tal virtud, no asiste la razón al promovente del amparo, puesto que la orden reclamada es un acto de molestia que no pretende privarlo de ninguno de sus derechos, sino simplemente la posible restricción del ejercicio de aquéllos, respecto de lo que en su dictado no rige el derecho de audiencia previa reconocido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dada la naturaleza de dicho acto, se identifica como un acto de molestia, y resulta suficiente que se dé cumplimiento con el derecho de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, esto es, basta con que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia para ello, en donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento (lo que será analizado más adelante). 8 Novena Época, número de registro 180566, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página 1824. ??????????????? Tal aserto deriva de que la orden reclamada, no es un acto privativo, toda vez que no se suprime al quejoso definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que, en su caso, se siga un procedimiento en su contra. De ahí que, es innecesario que el juez responsable le notifique previamente con las formalidades de ley o le informe sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal, pues se insiste, la orden reclamada es un acto de molestia en el cual no rige la garantía de audiencia. En esas condiciones, si la orden reclamada tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia, no es indispensable que se decrete con audiencia previa del ejecutado, pues, se reitera, no se trata de un acto de supresión de los derechos del ejecutado; de ahí, lo infundado de la parte del concepto de violación en estudio. Por otra parte, tampoco asiste la razón al peticionario del amparo cuando señala que pretenden privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; sin que se funde y motive la causa legal de procedimiento, así como el hecho de que no o se acredita la existencia de los elementos de algún delito y tampoco su probable participación en ellos. Para corroborar tal afirmación es necesario transcribir el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Las exigencias que prevé dicho numeral, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al indiciado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr la asistencia del indiciado por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse ??????????????? indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. ??????????????? Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e) Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando exista necesidad de cautela. 2. Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4. Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al indiciado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio Público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica.9 Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se 9 Nota: Del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que ante el incumplimiento de la medida cautelar, el Ministerio Público puede solicitar la comparecencia del imputado ante el juez para la revisión de la medida impuesta. ??????????????? le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, el juez responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, así como en los diversos preceptos legales 141, fracción III, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, primer párrafo, y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esa ciudad de Cortazar. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales cometido en agravio de la menor de iniciales J.V.G.R., presentada según lo expuesto por la fiscal, "mediante oficio por la licenciada María del Carmen Serrato Granados, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir quien pone en conocimiento los hechos."; además de que en la entrevista a la menor y a su tío, también la formularon, según lo expuso la fiscal. Delito que, acorde con el artículo 187 del Código Penal para el estado de Guanajuato se sanciona con pena privativa de libertad, aunado a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, en relación con el 11, fracción VIII del Código Penal para el estado de Guanajuato y 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales10 amerita prisión preventiva oficiosa por haberse cometido en agravio de un menor, con lo que se satisface el tercero de los extremos que se exigen para emitir un mandato de captura. Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o participado en su comisión. 10Artículo 19 (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Artículo 11. Se consideran como delitos graves, para todos los efectos legales los siguientes: (.) VIII. Abusos sexuales previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 187; y acoso y hostigamiento sexual previsto en el artículo 187-c. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. ??????????????? Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno enlistar los datos de prueba que expuso la fiscalía y que la autoridad jurisdiccional responsable consideró para emitir el mandato de captura reclamado: 1. Denuncia "mediante oficio por la licenciada ****, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir quien pone en conocimiento los hechos." 2. Entrevista-denuncia a la menor víctima, de iniciales J.V.G.R, asistida por la psicóloga *** y ****, en su calidad de procuradora de asistencia social sistema DIF. 3. Entrevista-denuncia de ****(tío de la menor, con quien actualmente vive). 4. Informe psicológico número ****de la menor, emitido por ****, perito en psicología. 5. Oficio número **** emitido por una agente de Investigación Criminal, quien refiere la plena identidad del quejoso. 6. Oficio sin número de diez de febrero de dos mil veinte, donde se asentó lo hablado en reunión de esa misma fecha a la que fueron convocados, la menor, el quejoso, el tío de la víctima, Flor Isela Gil Guerrero (descrita en el antecedente 8 de este número) y Karina Berenice Cifuentes Ortiz, en su calidad de encargada de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional de Educación Este, quienes la firmaron. 7. Acta de nacimiento de la menor, con fecha cuatro de julio de dos mil seis. 8. Entrevista a F****, quien trabaja en la Coordinación de Convivencia para la Integridad y Comunidad Educativa perteneciente a la Delegación Regional de Educación Este del estado de Guanajuato, quien entre sus labores atiende a padres de familia y asesora a las escuelas. De dichos datos de prueba, previa valoración, el juez de control concordó con el cuadro fáctico planteado, en los siguientes términos: A principios de año de dos mil veinte, concretamente la segunda semana de enero regresando de vacaciones, el inculpado la tocó de sus glúteos por encima de su ropa y le decía que se estaba poniendo bien buena. Esto fue en diversas ocasiones, alrededor de cuatro o cinco veces, siendo la última ocasión en los últimos días de enero de dos mil veinte en que el maestro de la menor salió del salón, aproximadamente a las diez y once de la mañana y pidió al prefecto-quejoso que cuidara del salón. Estando ahí llamó a la menor y al acercarse, la volvió a tocar de sus glúteos por encima de la ropa, diciéndole que estaba bien buena. Al respecto, se transcriben las conclusiones conducentes del juzgador: "En la especie se interpuso una denuncia por medio de oficio presentada por la licenciada ****, jefa del centro de atención "aprender a vivir" donde puso conocimiento de los hechos sufridos por la menor de iniciales JFCR en contra de ****. ???????????? El día 3 de marzo de 2020, aunado a que también existe la denuncia por la propia menor y por su tío ****, ante el ministerio público investigador (.) estos en fecha 5 de marzo del año 2020 y dichas denuncias tanto de la licenciada ****, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir" Y esta denuncia de la menor y de su tío de 5 de marzo 2020, reúnen los requisitos 221, 222,223 y 224 del Código Nacional de Procedimentos Penales, luego entonces se encuentra acreditado este primer requisito procesal y constitucional para emitir una orden de captura. He de señalar que como lo establece el 187, párrafo segundo del Código Penal para el estado de Guanajuato este ilícito merece pena privativa de libertad (.) luego es pertinente acreditar el segundo requisito para librar una orden de captura. Esto en este orden de ideas he de señalar que el agente del MP solicita orden de aprehensión en contra del imputado por el hecho que la ley señala como abusos sexuales (.) cometido en agravio de la menor. La agente del Ministerio Público señaló su cuadro fáctico y además lo sostuvo con los datos de prueba que refirió, que se da por reproducido así como los datos de prueba que señaló, este juzgador comparte este cuadro fáctico y al proceder al análisis jurídico de estos hechos se afirma que configura el hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales que tipifica el art 187, párrafos primero y segundo en su segundo supuesto en relación con los artículos 9 y 13, todos del Código de Procedimientos Penales para el estado de Guanajuato." Esto por las siguientes razones: El articulo 187 refiere que se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, con una menor de edad. En el caso, existe una conducta en el sentido de que ejecute un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. En este sentido el imputado que es prefecto de la secundaria ingeniero ** en calle ****, ejecutó actos sexuales en contra de la menor. He de señalar que estos actos consistieron en tocamientos en sus glúteos, esto en la segunda semana del mes de enero del año dos mil veinte, realizándolo en varias ocasiones, y además de que también lo realizó en los últimos días del mes de enero cuando cuidó un salón aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana y llamó a la menor y le tocó sus glúteos por encima de la ropa diciéndole que se estaba poniendo bien buena. En ese sentido existe imputación directa de la menor aludida, y una evidencia circunstancial, toda vez que su tío fue citado a la secundaria para el efecto y que la menor le contó lo sucedido y que el prefecto le tocaba sus glúteos y además que esto fue corroborado por *****, ella labora en la Delegación Regional de Educación del Este de Guanajuato, quien acudió a una reunión que se tuvo en la secundaria, para tratar el asunto de los tocamientos sobre la menor. En este sentido se encuentra acreditada esta conducta del imputado (..) que ejecutó actos sexuales sin el propósito de llegar a sexo (..) en el interior de esa escuela secundaria. Ahora bien, es pertinente señalar que se agravió el bien jurídico tutelado, que es la libertad sexual, aunado a que se puso en peligro la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual de la menor agraviada (.) quien acredita la minoría de edad con su acta de nacimiento (.) y la propia menor hace alusión a esos actos sexuales Estos tocamientos se encuentran acreditados circunstancialmente por su tío a quien le comentó que el imputado les había tocado sus glúteos sin el propósito de llegar a la cópula. Ahora bien, el objeto material he de señalar que la pasivo sufrió una afectación emocional, tal como lo señaló la psicóloga en el informe. Existe un sujeto activo, que fue quien ejecutó esos tocamientos libidinosos, que se encuentra debidamente identificado y un resultado formal que afectó la libertad sexual y seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual de la menor El inculpado tuvo la voluntad para realizar esos tocamientos libidinosos. Por ende, se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales." El juez responsable arribó a la anterior conclusión después de, como se vio, analizar los datos de prueba respectivos, al puntualizar que existe una imputación directa de la menor víctima, así como las diversas circunstanciales provenientes de terceras personas quienes fueron informados en diversos momentos sobre las conductas tildadas de ilícitas. ??????????? Ante el anterior panorama, este juzgador federal estima que, en la determinación reclamada, contrariamente a lo señalado por el promovente del amparo, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales en agravio de una mejor de edad, así como la probabilidad que el quejoso participó en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión la jueza responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos de los artículos 13 y 20, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que el quejoso los realizó en calidad de probable autor, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo. Por tales motivos, como se anticipó, resulta infundado el concepto de violación formulado, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales, así como que probablemente el indiciado participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que se desprende de los registros de investigación. Incluso, se debe precisar, ese medio de conducción al proceso ni siquiera exige que los datos de prueba invocados por la fiscalía sean sometidos a contradicción, por lo que lógica y evidentemente la jueza de control emitió su resolución basándose únicamente en que los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial -principio de lealtad procesal- pues no podía demeritar la información obtenida de los registros de investigación, sino que en todo caso considerar que los hechos no son verificables con aquellos datos, por no ser conducentes en cuanto al hecho a justificar. Además, en atención al último de los requisitos, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada. A la letra consideró: ".si se citara al imputado Jorge Fernando Vázquez Guerrero a una audiencia inicial el mismo conocería la punibilidad, conocería que es grave el ilícito y conocería que es de persecución oficiosa, luego entonces, las máximas de la experiencia nos dicen que no se presentaría a la audiencia inicial para formularle imputación, luego entonces existe un riesgo y en ese sentido está acreditada la necesidad de la cautela." Como puede verse, el juzgador, concluyó que sí el quejoso conociera la gravedad de la imputación no se presentaría, acorde con las máximas de la experiencia en esta clase de ilícitos. De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. ??????????????? En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por la probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales y por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales en agravio de una menor de edad, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. En mérito de lo anterior, al ser infundado el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Máxime, que se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en lo que respecta a las autoridades indicadas en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra de los actos y autoridades indicados en el considerando cuarto, por los motivos expresados en el sexto.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de catorce de abril de dos mil veintiuno, que establece: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 748/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado, ***** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales SEGUNDO. Trámite del juicio. En esa misma fecha se formó el expediente y se registró bajo el número 748/2020; además, se admitió la demanda, solicitó informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. El doce y trece de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortazar, remitiendo las constancias de emplazamiento de la tercera interesada, Yesenia Borges Robles, representante legal de la menor de iniciales J.V.G.R. y agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del que emana el acto reclamado. Asimismo, se tuvo por apersonada a la asesora jurídica federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, designada como representante especial de la menor en cita. CUARTO. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado puede tener ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, por el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Cortazar dentro de la causa penal ***, así como su eventual ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255.?????????? Las autoridades: -Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato. -Jefa de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, encargada de la Dirección Ministerial de Apoyo y Gestión Institucional de la Fiscalía Regional "C" -Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Procesal Acusatorio de Cortazar, Guanajuato. Negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre constancia de su participación, por lo que, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en lo que a ellas concierne. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las siguientes autoridades: -Jueza de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Cortazar. -Director Ministerial adscrito al Despacho de la Fiscalía Regional "C" - Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional "C" Aceptaron, en sus respectivas atribuciones, la existencia de la emisión y eventual ejecución de la orden de aprehensión. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable, consistente en el disco versátil digital, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal ***; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de fondo, se exponen los antecedentes conducentes: El treinta de septiembre de dos mil veinte, se verificó una audiencia privada en la que: a) La agente del Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su posible participación en los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales, previsto y sancionado en el artículo 187, primer y segundo párrafos, éste último en su parte segunda, del Código Penal para el estado de Guanajuato3, en agravio de la menor de iniciales J.V.G.R. 2 Décima Época, número de registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. 3 Artículo 187. A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días multa. En este supuesto el delito se perseguirá por querella. Se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien lo ejecute o lo haga ejecutar en o por persona que no pudiere resistir o con menor de edad. Si se hiciere uso de violencia la sanción será de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa. Si el responsable del delito de abuso sexual es servidor público y lo comete en ejercicio de sus funciones, se le impondrá, además de las penas previstas en este b) El juez, una vez expuesto el cuadro fáctico, decretó la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación es infundado, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la orden reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del indiciado en la causa penal **** del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. No obstante, en el caso no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por la jueza responsable se encuentra ajustada a derecho, en el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo artículo, la destitución de su cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. [.]" como se precisó, se advierte que la orden reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. 6 Décima Época, número de registro 2019737, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 732. derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Precisado lo anterior, a lo largo del concepto de violación único, el peticionario alega que la orden de aprehensión dictada en su contra vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, y por ello, será privado ilegalmente de la libertad; además, sin que se le haya otorgado garantía de audiencia, al afirmar que se le pretende privar de sus derechos "sin que se me haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial". Motivos de disenso que se consideran infundados, se explica. En primer lugar, no asiste razón al peticionario del amparo cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no se vulnera su garantía de audiencia. Sobre el particular, el citado precepto legal, en específico, en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Artículo. 14. (.)Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Los actos privativos a los que hace referencia el citado párrafo segundo del artículo 14 constitucional, son aquellos, que al consumarse causan una disminución, menoscabo o supresión definitiva en un derecho del gobernado, pudiéndose ejecutar dichos actos, siempre y cuando se cumplan con algunos de los requisitos precisados en dicho precepto constitucional; dicha disposición contiene inmersos, entre otros, el principio de legalidad y de debido proceso. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho de una persona; no obstante, no todo acto de autoridad provoca una afectación a la esfera jurídica del particular, pues existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por tanto, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos, entonces, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, este asumirá el carácter de privativo. Por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo, sino que la restricción provisional es solo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia, los cuales están regulados por el artículo 16 constitucional, al restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION." Precisado lo anterior, es necesario destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversos mandatos (entre ellos la orden de aprehensión) que podrá ordenar el juez de control con la finalidad llevar al indiciado ante tal potestad para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso. Aunado a ello, dicho numeral restringe los supuestos en los cuales se puede emitir algún mandato para efecto de continuar el proceso; sin que para ello deba respetarse la garantía de audiencia del indiciado. 7 Novena Época, número de registro 200080, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 5. Lo anterior, permite concluir que la orden de aprehensión tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada IX.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito8, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En tal virtud, no asiste la razón al promovente del amparo, puesto que la orden reclamada es un acto de molestia que no pretende privarlo de ninguno de sus derechos, sino simplemente la posible restricción del ejercicio de aquéllos, respecto de lo que en su dictado no rige el derecho de audiencia previa reconocido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dada la naturaleza de dicho acto, se identifica como un acto de molestia, y resulta suficiente que se dé cumplimiento con el derecho de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, esto es, basta con que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia para ello, en donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento (lo que será analizado más adelante). 8 Novena Época, número de registro 180566, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página 1824. ??????????????? Tal aserto deriva de que la orden reclamada, no es un acto privativo, toda vez que no se suprime al quejoso definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que, en su caso, se siga un procedimiento en su contra. De ahí que, es innecesario que el juez responsable le notifique previamente con las formalidades de ley o le informe sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal, pues se insiste, la orden reclamada es un acto de molestia en el cual no rige la garantía de audiencia. En esas condiciones, si la orden reclamada tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia, no es indispensable que se decrete con audiencia previa del ejecutado, pues, se reitera, no se trata de un acto de supresión de los derechos del ejecutado; de ahí, lo infundado de la parte del concepto de violación en estudio. Por otra parte, tampoco asiste la razón al peticionario del amparo cuando señala que pretenden privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; sin que se funde y motive la causa legal de procedimiento, así como el hecho de que no o se acredita la existencia de los elementos de algún delito y tampoco su probable participación en ellos. Para corroborar tal afirmación es necesario transcribir el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Las exigencias que prevé dicho numeral, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al indiciado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr la asistencia del indiciado por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse ??????????????? indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. ??????????????? Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e) Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1. Cuando exista necesidad de cautela. 2. Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4. Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al indiciado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio Público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica.9 Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se 9 Nota: Del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que ante el incumplimiento de la medida cautelar, el Ministerio Público puede solicitar la comparecencia del imputado ante el juez para la revisión de la medida impuesta. ??????????????? le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, el juez responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, así como en los diversos preceptos legales 141, fracción III, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortazar, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, primer párrafo, y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esa ciudad de Cortazar. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales cometido en agravio de la menor de iniciales J.V.G.R., presentada según lo expuesto por la fiscal, "mediante oficio por la licenciada María del Carmen Serrato Granados, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir quien pone en conocimiento los hechos."; además de que en la entrevista a la menor y a su tío, también la formularon, según lo expuso la fiscal. Delito que, acorde con el artículo 187 del Código Penal para el estado de Guanajuato se sanciona con pena privativa de libertad, aunado a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, en relación con el 11, fracción VIII del Código Penal para el estado de Guanajuato y 167, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales10 amerita prisión preventiva oficiosa por haberse cometido en agravio de un menor, con lo que se satisface el tercero de los extremos que se exigen para emitir un mandato de captura. Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o participado en su comisión. 10Artículo 19 (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Artículo 11. Se consideran como delitos graves, para todos los efectos legales los siguientes: (.) VIII. Abusos sexuales previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 187; y acoso y hostigamiento sexual previsto en el artículo 187-c. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. ??????????????? Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno enlistar los datos de prueba que expuso la fiscalía y que la autoridad jurisdiccional responsable consideró para emitir el mandato de captura reclamado: 1. Denuncia "mediante oficio por la licenciada ****, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir quien pone en conocimiento los hechos." 2. Entrevista-denuncia a la menor víctima, de iniciales J.V.G.R, asistida por la psicóloga *** y ****, en su calidad de procuradora de asistencia social sistema DIF. 3. Entrevista-denuncia de ****(tío de la menor, con quien actualmente vive). 4. Informe psicológico número ****de la menor, emitido por ****, perito en psicología. 5. Oficio número **** emitido por una agente de Investigación Criminal, quien refiere la plena identidad del quejoso. 6. Oficio sin número de diez de febrero de dos mil veinte, donde se asentó lo hablado en reunión de esa misma fecha a la que fueron convocados, la menor, el quejoso, el tío de la víctima, Flor Isela Gil Guerrero (descrita en el antecedente 8 de este número) y Karina Berenice Cifuentes Ortiz, en su calidad de encargada de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional de Educación Este, quienes la firmaron. 7. Acta de nacimiento de la menor, con fecha cuatro de julio de dos mil seis. 8. Entrevista a F****, quien trabaja en la Coordinación de Convivencia para la Integridad y Comunidad Educativa perteneciente a la Delegación Regional de Educación Este del estado de Guanajuato, quien entre sus labores atiende a padres de familia y asesora a las escuelas. De dichos datos de prueba, previa valoración, el juez de control concordó con el cuadro fáctico planteado, en los siguientes términos: A principios de año de dos mil veinte, concretamente la segunda semana de enero regresando de vacaciones, el inculpado la tocó de sus glúteos por encima de su ropa y le decía que se estaba poniendo bien buena. Esto fue en diversas ocasiones, alrededor de cuatro o cinco veces, siendo la última ocasión en los últimos días de enero de dos mil veinte en que el maestro de la menor salió del salón, aproximadamente a las diez y once de la mañana y pidió al prefecto-quejoso que cuidara del salón. Estando ahí llamó a la menor y al acercarse, la volvió a tocar de sus glúteos por encima de la ropa, diciéndole que estaba bien buena. Al respecto, se transcriben las conclusiones conducentes del juzgador: "En la especie se interpuso una denuncia por medio de oficio presentada por la licenciada ****, jefa del centro de atención "aprender a vivir" donde puso conocimiento de los hechos sufridos por la menor de iniciales JFCR en contra de ****. ???????????? El día 3 de marzo de 2020, aunado a que también existe la denuncia por la propia menor y por su tío ****, ante el ministerio público investigador (.) estos en fecha 5 de marzo del año 2020 y dichas denuncias tanto de la licenciada ****, jefa del Centro de Atención "Aprender a Vivir" Y esta denuncia de la menor y de su tío de 5 de marzo 2020, reúnen los requisitos 221, 222,223 y 224 del Código Nacional de Procedimentos Penales, luego entonces se encuentra acreditado este primer requisito procesal y constitucional para emitir una orden de captura. He de señalar que como lo establece el 187, párrafo segundo del Código Penal para el estado de Guanajuato este ilícito merece pena privativa de libertad (.) luego es pertinente acreditar el segundo requisito para librar una orden de captura. Esto en este orden de ideas he de señalar que el agente del MP solicita orden de aprehensión en contra del imputado por el hecho que la ley señala como abusos sexuales (.) cometido en agravio de la menor. La agente del Ministerio Público señaló su cuadro fáctico y además lo sostuvo con los datos de prueba que refirió, que se da por reproducido así como los datos de prueba que señaló, este juzgador comparte este cuadro fáctico y al proceder al análisis jurídico de estos hechos se afirma que configura el hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales que tipifica el art 187, párrafos primero y segundo en su segundo supuesto en relación con los artículos 9 y 13, todos del Código de Procedimientos Penales para el estado de Guanajuato." Esto por las siguientes razones: El articulo 187 refiere que se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, con una menor de edad. En el caso, existe una conducta en el sentido de que ejecute un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. En este sentido el imputado que es prefecto de la secundaria ingeniero ** en calle ****, ejecutó actos sexuales en contra de la menor. He de señalar que estos actos consistieron en tocamientos en sus glúteos, esto en la segunda semana del mes de enero del año dos mil veinte, realizándolo en varias ocasiones, y además de que también lo realizó en los últimos días del mes de enero cuando cuidó un salón aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana y llamó a la menor y le tocó sus glúteos por encima de la ropa diciéndole que se estaba poniendo bien buena. En ese sentido existe imputación directa de la menor aludida, y una evidencia circunstancial, toda vez que su tío fue citado a la secundaria para el efecto y que la menor le contó lo sucedido y que el prefecto le tocaba sus glúteos y además que esto fue corroborado por *****, ella labora en la Delegación Regional de Educación del Este de Guanajuato, quien acudió a una reunión que se tuvo en la secundaria, para tratar el asunto de los tocamientos sobre la menor. En este sentido se encuentra acreditada esta conducta del imputado (..) que ejecutó actos sexuales sin el propósito de llegar a sexo (..) en el interior de esa escuela secundaria. Ahora bien, es pertinente señalar que se agravió el bien jurídico tutelado, que es la libertad sexual, aunado a que se puso en peligro la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual de la menor agraviada (.) quien acredita la minoría de edad con su acta de nacimiento (.) y la propia menor hace alusión a esos actos sexuales Estos tocamientos se encuentran acreditados circunstancialmente por su tío a quien le comentó que el imputado les había tocado sus glúteos sin el propósito de llegar a la cópula. Ahora bien, el objeto material he de señalar que la pasivo sufrió una afectación emocional, tal como lo señaló la psicóloga en el informe. Existe un sujeto activo, que fue quien ejecutó esos tocamientos libidinosos, que se encuentra debidamente identificado y un resultado formal que afectó la libertad sexual y seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual de la menor El inculpado tuvo la voluntad para realizar esos tocamientos libidinosos. Por ende, se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como delito de abusos sexuales." El juez responsable arribó a la anterior conclusión después de, como se vio, analizar los datos de prueba respectivos, al puntualizar que existe una imputación directa de la menor víctima, así como las diversas circunstanciales provenientes de terceras personas quienes fueron informados en diversos momentos sobre las conductas tildadas de ilícitas. ??????????? Ante el anterior panorama, este juzgador federal estima que, en la determinación reclamada, contrariamente a lo señalado por el promovente del amparo, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales en agravio de una mejor de edad, así como la probabilidad que el quejoso participó en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión la jueza responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos de los artículos 13 y 20, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que el quejoso los realizó en calidad de probable autor, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo. Por tales motivos, como se anticipó, resulta infundado el concepto de violación formulado, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales, así como que probablemente el indiciado participó en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que se desprende de los registros de investigación. Incluso, se debe precisar, ese medio de conducción al proceso ni siquiera exige que los datos de prueba invocados por la fiscalía sean sometidos a contradicción, por lo que lógica y evidentemente la jueza de control emitió su resolución basándose únicamente en que los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial -principio de lealtad procesal- pues no podía demeritar la información obtenida de los registros de investigación, sino que en todo caso considerar que los hechos no son verificables con aquellos datos, por no ser conducentes en cuanto al hecho a justificar. Además, en atención al último de los requisitos, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada. A la letra consideró: ".si se citara al imputado Jorge Fernando Vázquez Guerrero a una audiencia inicial el mismo conocería la punibilidad, conocería que es grave el ilícito y conocería que es de persecución oficiosa, luego entonces, las máximas de la experiencia nos dicen que no se presentaría a la audiencia inicial para formularle imputación, luego entonces existe un riesgo y en ese sentido está acreditada la necesidad de la cautela." Como puede verse, el juzgador, concluyó que sí el quejoso conociera la gravedad de la imputación no se presentaría, acorde con las máximas de la experiencia en esta clase de ilícitos. De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. ??????????????? En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por la probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales y por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de abusos sexuales en agravio de una menor de edad, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. En mérito de lo anterior, al ser infundado el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Máxime, que se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en lo que respecta a las autoridades indicadas en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra de los actos y autoridades indicados en el considerando cuarto, por los motivos expresados en el sexto."
- Principal
Autoridades inexistentes Visto el estado de autos, se trae a cuenta el acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno (notificado el doce siguiente), por el que se otorgó a la parte quejosa el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables que señaló en su escrito de demanda como: 11788/2020 coordinador General de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Guanajuato 11789/2020 subcoordinador Regional de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Guanajuato, adscrito a la Región "C" de la Fiscalía Regional de Justicia del estado de Guanajuato 11790/2020 delegado de la Zona de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Guanajuato, adscrito a la Región "C" de la Fiscalía Regional del estado de Guanajuato 11791/2020 jefe de grupo de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad de Atención a las Mujeres de la Fiscalía Regional "C" en el estado de Guanajuato Transcurrió del catorce al dieciocho de los corrientes, sin contar dos días por ser inhábiles, en el entendido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna. En razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de prevención y se tienen como inexistentes, por lo que se continuará y resolverá el presente asunto sin tenerlas como responsables. Diferimiento de audiencia Por otra parte, de autos se advierte que el agente del Ministerio Público del Sistema Procesal Acusatorio, con residencia en Cortazar, Guanajuato, no ha rendido su informe justificado, ni obra constancia de que haya recibido el oficio por el que se le requirió. No obstante, a fin de no dilatar el procedimiento y tomando en consideración que diversas autoridades ya aceptaron la existencia del mandato de captura librado en contra del quejoso, se trae a cuenta como hecho notorio el oficio registrado con el número 66, obrante en el cuaderno incidental, por el que la señalada rindió su informe previo negando los actos que se le atribuyen. Agréguese al presente cuaderno copia certificada de la misiva y dese vista con ella a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de él en la audiencia constitucional, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para hoy y en su lugar se fijan las trece horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos veintiuno para su verificativo.
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