Jorge Enrique Miranda
Expediente 719/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Enrique Miranda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el doce de julio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda promovida por **********, por su propio derecho, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por **********, por propio derecho contra actos del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, en esta ciudad; fórmese expediente de amparo, en el entendido que se encuentra registrada en el libro de gobierno con el número 719/2017 e intégrese el expediente electrónico respectivo. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, emerge que la parte impetrante reclama el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis (SIC), dictado en el expediente número ***, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el que desechó el recurso de reclamación promovido contra el diverso proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que dicho tribunal se declaró incompetente en razón de materia para conocer de la controversia planteada y ordenó remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Bajo ese contexto, esta potestad estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De los preceptos legales transcritos se evidencia que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia ley, aplicado a contrario sensu. En efecto, del citado precepto legal 107, fracción VIII, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, en sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. En tales condiciones, debe decirse que el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2009721, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas De ahí que, en el presente asunto si en el caso concreto la parte quejosa reclama el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis (sic), emitido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, en el que desechó por improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra el diverso proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que dicho tribunal se declaró incompetente en razón de materia para conocer de la controversia planteada y ordenó remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedentica a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad a favor de quién se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que el tribunal que conozca de la competencia la acepte o la rechace y, en todo caso, la que éste emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. Por tanto, es que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Ignacio Allende, número ciento diecinueve, sur, zona centro, de esta ciudad, asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, por acreditar que cuenta con cédula profesional federal de licenciado en derecho inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, por lo que respecta a ***********, se le tiene como autorizado en términos restringido por así solicitarlo expresamente. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda presentado por **********, por propio derecho contra actos del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, en esta ciudad; fórmese expediente de amparo, en el entendido que se encuentra registrada en el libro de gobierno con el número 719/2017 e intégrese el expediente electrónico respectivo. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, emerge que la parte impetrante reclama el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis (SIC), dictado en el expediente número ***, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el que desechó el recurso de reclamación promovido contra el diverso proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que dicho tribunal se declaró incompetente en razón de materia para conocer de la controversia planteada y ordenó remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Bajo ese contexto, esta potestad estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De los preceptos legales transcritos se evidencia que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia ley, aplicado a contrario sensu. En efecto, del citado precepto legal 107, fracción VIII, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, en sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. En tales condiciones, debe decirse que el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2009721, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas De ahí que, en el presente asunto si en el caso concreto la parte quejosa reclama el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis (sic), emitido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, en el que desechó por improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra el diverso proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que dicho tribunal se declaró incompetente en razón de materia para conocer de la controversia planteada y ordenó remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedentica a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad a favor de quién se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que el tribunal que conozca de la competencia la acepte o la rechace y, en todo caso, la que éste emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. Por tanto, es que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Ignacio Allende, número ciento diecinueve, sur, zona centro, de esta ciudad, asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, por acreditar que cuenta con cédula profesional federal de licenciado en derecho inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, por lo que respecta a ***********, se le tiene como autorizado en términos restringido por así solicitarlo expresamente. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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