Jorge Farfan García
Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Farfan García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 30249/2021, por el que se le devolvieron cinco tomos de pruebas que anexó a su informe justificado; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió diversas constancias de las cuales se formaron cinco tomos de pruebas por separado debido al volumen de las constancias remitidas, toda vez que por las razones expuestas en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de dichos tomos, devuélvanse a la referida autoridad responsable, solicitando el acuse respectivo. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, informa que mediante oficio 5190/2021, remitió los autos originales de la causa penal 760/2017, de su índice, constante de trece tomos, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal adscrita, el aquí quejoso, defensor voluntario y agraviados, remitiendo al efecto la factura de envío por correo postal de veintiséis de noviembre del año en curso; al respecto, agréguese para los efectos legales a los que haya lugar y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que agregó al oficio que se provee. Ahora, de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en lo siguiente: 1. La omisión de substanciar el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia emitida en la ahora causa penal 760/2017 y sus acumulados, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En ese tenor, a criterio de la suscrita, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98,1 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, resulta pertinente destacar los antecedentes relevantes de los que se puede advertir la actualización de la causa de improcedencia que se analiza. 1. Mediante resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en los autos del toca 133/2017-SC, del índice de la extinta Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, resolvió lo siguiente: "PRIMERO: Se declara insubsistente todo lo actuado en la causa penal número 274/2010 y sus acumulados. del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz, que se instruyó en contra de Jorge Farfán García, como responsable de la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de Miguel Vicente García y otros; ello a partir del auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, que ordena notificar por lista de acuerdos a los agraviados de mérito la sentencia condenatoria. SEGUNDO: Como consecuencia, SE ORDENA al inferior de grado REPONGA EL PROCEDIMIENTO PENAL en la causa penal número 274/2010 y sus acumuladas., del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, que se instruyó a Jorge Farfán García, como responsable de la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de Miguel Vicente García., ello a partir de la notificación que debe realizarse a los pasivos el delito, con la finalidad de que si lo estiman pertinente puedan interponer el correspondiente recurso de apelación, así como que acatando lo aquí señalado, prosiga la secuela procesal, esto es proceda a la admisión del correspondiente recurso en los término que resulten, remitiendo entonces los autos originales de la causa penal 274/2010 y sus acumuladas a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia en el Estado a efecto de que turne a la Sala que corresponda el conocimiento del referido recurso de apelación." 2. Posteriormente, ante la desaparición del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, absorbió las causas penales que se encontraban tramitando ante el extinto juzgado, registrando la causa penal 760/2017, de su índice y ordenó girar exhorto al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a fin de que notificara la radicación de la citada causa penal. 3. Luego, el dos de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, libró diversas requisitorias y exhortos a Juzgados Municipales y Juzgados de Primera Instancia, respectivamente, a efecto de que notificaran a los agraviados la sentencia condenatoria de treinta y uno de agosto de dos mil quince, haciéndoles de conocimiento el derecho y el término que tenían para interponer recurso de apelación, y en su caso nombrar representante en segunda instancia. 4. Después, por auto de catorce de septiembre del presente año, emitido en el proceso penal 760/2017, la autoridad responsable solicitó información del estado procesal de los exhortos 368/2021, 369/2021 y 371/2021, girados respectivamente a los Juzgados Primero de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz y Minatitlán. 5. Finalmente, el veinticinco de los actuales, se tuvo a la responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, informando que mediante oficio 5190/2021, remitió los autos originales de la causa penal 760/2017, de su índice, constante de trece tomos, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal adscrita, el aquí quejoso, defensor voluntario y agraviados, remitiendo al efecto la factura de envío por correo postal de veintiséis de noviembre del año en curso. En razón de lo anterior, al haber remitido la autoridad responsable los autos originales de la causa penal 760/2017, de su índice, a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y del Conejo de la Judicatura del Estado, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso y otros, y considerando que el acto reclamado consistía en la omisión de substanciar el recurso de apelación que interpuso en contra la sentencia emitida en el mencionado proceso penal 760/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es oportuno destacar, que no representa un obstáculo a la anterior determinación que el quejoso también señalara como autoridad responsable a la extinta Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (sustituida en el presente asunto por la Tercera Sala del citado Tribunal), con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó el seguimiento a lo ordenado en el toca 133/2017, de su índice, esto es, la reposición del procedimiento en la causa penal de origen, para el efecto de que notificaran personalmente a las víctimas la sentencia condenatoria, y una vez realizado lo anterior, prosiguiera con la secuela procesal, remitiendo en su momento los autos originales de la causa penal 760/2017 (antes 274/2010 y acumuladas) a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que fuera turnado a la sala que correspondiera el conocimiento del recurso de apelación. En principio, porque con la remisión de los autos originales de la causa penal 760/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, resulta patente que se ha realizado lo ordenado en la resolución de alzada de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, de modo que, se insiste, han cesado los efectos del acto reclamado; pero además, no escapa la atención para quien esto provee, lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en el sentido de que, de conformidad con los artículos 313 y 318 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz en abrogación paulatina,3 así como de los arábigos 4, 24, fracción I y 41, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz,4 la ejecución de las sentencias corresponde a los órganos de Primera Instancia, es decir, la función de la alzada solo se limita a analizar la legalidad de las determinaciones de los órganos de origen, por lo que una vez que los asuntos se resuelven, éstos se remiten al juzgado de origen y se archivan los tocas correspondientes. En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indubitable la causa improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,5 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la Jueza Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,6 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.
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