Jorge Emmanuel Echeverrería Rangel
Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Emmanuel Echeverrería Rangel
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de doce de abril de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
(.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO EL ACUERDO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 218/2021-IV-A, promovido por Ana Edith Rivera Hernández y Blanca Estela Rivera González, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada G.R.R., contra actos que reclama de los Magistrados que integran la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y otra autoridad, que consideraron violatorios de los derechos contenidos en el artículo 4 Constitucional; y, . Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Edith Rivera Hernández y Blanca Estela Rivera González, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada G.R.R., por los actos reclamados a los Magistrados que integran la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; por los motivos expuesto en el considerando quinto de esta resolución."
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibido el oficio 1640/2022 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, dictado dentro de los autos del juicio de amparo directo 36/2022 de su índice y anexos que lo acompañan, mediante el cual informa que por auto de veintinueve de marzo del año en curso, se declaró carecer de competencia para conocer el asunto planteado en la demanda de amparo directo promovida por Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince, fincando dicha cuestión de competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad de Xalapa, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Decimoquinto de Distrito. Con apoyo en los dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese recibo a la Superioridad, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 387/2022-I-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca penal 223/2021, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revocó la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 11/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y ordenó la reposición del procedimiento en dicho proceso. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". Del precepto legal trascrito se desprende que se actualiza la mencionada causa de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. Que se intente contra el mismo acto o actos reclamados. 3. Que dicho juicio se encuentre en trámite. El artículo invocado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, para la existencia de la litispendencia en el juicio de amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de amparo en el que aún no se haya dictado sentencia respecto de las mismas partes o esté pendiente de causar ejecutoria sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En este contexto, como quedó expuesto en la certificación secretarial de cuenta, se advierte que Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince, promovieron juicio de amparo indirecto contra el acto que reclaman de los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, el cual consiste en: La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca penal 223/2021, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revocó la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 11/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y ordenó la reposición del procedimiento en dicho proceso. La cual fuera registrado bajo el número de juicio de amparo 226/2022-II-A del índice de este juzgado. Lo cual constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Corrobora lo expuesto la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Novena Época, con número de registro 199531, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora bien, como se adelantó Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince, en el juicio de amparo indirecto 226/2022-II-A del índice de este juzgado, reclama la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca penal 223/2021, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revocó la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 11/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y ordenó la reposición del procedimiento en dicho proceso. Así, como se destacó, a fin de que opere el motivo de improcedencia de litispendencia se requiere que exista identidad de la parte quejosa, que se haga valer contra la misma autoridad y acto reclamado, y que el juicio se encuentre pendiente de resolver, o de quedar firme. Lo que en el caso acontece, puesto que en el presente juicio de amparo Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince, promueven demanda de amparo contra el mismo acto reclamado (la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca penal 223/2021, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad) señalado en el juicio de amparo 226/2022-II-A del índice de este juzgado, a la citada Sala y otras autoridades, mismo que se encuentra en trámite, por lo que se encuentra pendiente de dictarse la resolución correspondiente en dicho asunto. Por lo anterior, se estima que sí se encuentra satisfecho el supuesto establecido en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, el presente juicio de amparo deviene manifiesta e indudablemente improcedente, toda vez que Jorge Emmanuel Echeverría Rangel y Miguel Orlando Vázquez Lince, reclaman la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos del toca penal 223/2021, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que revocó la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 11/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y ordenó la reposición del procedimiento en dicho proceso, por lo que se trata del mismo acto que instaron en el diverso juicio de amparo 226/2022-II-A del índice en este juzgado, en el que señaló las mismas autoridades y el acto reclamado aquí combatido. Es aplicable a lo anteriormente expuesto, la tesis aislada VI.2º.121K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 655, con número de registro 196152, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Asimismo, sirve de apoyo y por analogía la tesis VII.P.83 K sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2095531, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda, y como su autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Petra Alejandra Rosas Borbonio, quien cuenta con el registro 184084 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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