Jorge Ever Nava Martínez

Expediente 758/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
758/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Ever Nava Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y en parte se negó la protección constitucional solicitada, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE NEGADO, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Cuaderno original del incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva, es susceptible de depuración. En consecuencia, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Ever Nava Martínez, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Ever Nava Martínez, contra el acto y autoridad responsable precisados en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando último.

  3. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. No se acuerda expedición de copias certificadas Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Ever Nava Martínez, a través del cual solicita copia certificada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, que obran en el juicio de garantías del que deriva el presente incidente de suspensión, a fin de que esté en aptitud de comparecer a la audiencia constitucional. Al respecto dígase que dicha petición deberá formularla en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, toda vez que las constancias que solicita obran en el mismo y este se tramita por cuerda separada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Quejoso realiza manifestaciones respecto a la vista que se le concedió. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Ever Nava Martínez, por el que manifiesta que con las copias certificadas de las constancias del expediente 473/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, pretende demostrar los conflictos legales que sus progenitores han tenido con la tercera interesada Lupita Flores López; y que los hechos ocurridos el doce de noviembre de dos mil veinte, fueron provocados de manera deliberada por dicha tercera interesada, con el objetivo de perjudicar a sus progenitores dentro del referido expediente. No se admite prueba documental Al respecto debe decirse que, resulta innecesario requerir las copias certificadas del expediente 473/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco; en virtud que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado lo constituyen las resoluciones emitidas en la audiencia inicial y de continuación de catorce y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, relativas a la vinculación a proceso y la privación de su libertad temporal en la causa judicial 291/2020, por su probable participación en la comisión de los delitos de lesiones calificadas, amenazas y robo calificado; sin que dichas constancias guarden relación alguna con la causa judicial de la que deriva el acto reclamado. Máxime que la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, será analizado conforme a las constancias que integran la causa judicial 291/2020, del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Juicio para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y el Disco Versátil Digital, que contiene el audio y video de las audiencias de catorce y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, respecto de dicha causa judicial, los cuales fueron remitidos por la autoridad responsable como justificación de sus actos. Además, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, debe tomarse en consideración que dicha determinación judicial se emite de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes; por lo que el Juez de control, debe emitir su decisión únicamente con base en los antecedentes de investigación que le exponga el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, es decir, debe analizar y ponderar las cuestiones debatidas en la audiencia inicial o, en su caso, en la de vinculación a proceso. De ahí que, este órgano jurisdiccional en términos del artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Apoya lo anterior, los siguientes criterios: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si era factible admitir pruebas en el amparo indirecto promovido por el probable responsable contra una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, para acreditar su inconstitucionalidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el principio de limitación probatoria contenido en el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, no permite que se admitan pruebas en amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, tendentes a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. Justificación: El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable. Sin embargo, el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese sentido, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio." "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." En consecuencia, como ya se estableció no se admite la prueba documental que señaló el quejoso consistente en requerir copia certificada de las constancias que del expediente 473/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, por las razones expuestas con antelación. Manifestaciones respecto a la solicitud de copias certificadas Por otra parte, en relación a las manifestaciones que vierte el quejoso, en el sentido de que generó una cita con fecha veintitrés de febrero del año en curso, y se le programó para el día siguiente, a las dieciocho horas; sin embargo, por cuestiones ajenas a su autorizada no pudo tener acceso a este órgano jurisdiccional. Al respecto, dígase que nuevamente se ponen a su disposición, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de la diligencia de entrega de copias, siendo los siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; corriendo a cargo de la parte quejosa; esto es, a través de su autorizada, el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias que solicitó, por auto de ocho de febrero del año en curso. Debiendo informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita. Notifíquese.

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