Jorge Ever Nava Martínez
Expediente 1033/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nancy-Lu Guadalupe Andrade Bello. asesora jurídica
- Jorge Ever Nava Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de mayo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, la causa judicial 291/2020-5, así como un Disco Versátil Digital (DVD), que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio con anexo, signado por la Juez Quinto de Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en atención a su contenido, téngasele informando que en la causa penal 291/2020-5, de su índice, que se instruye en contra del quejoso Jorge Ever Nava Martínez, con fecha veinticuatro de marzo del presente año, decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la suspensión del procedimiento por el término de ocho meses, el cual fenecerá el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, imponiéndole las condiciones establecidas en las fracciones I, II, XII y XIV, del artículo 15 del código Nacional de Procedimientos Penales; lo que acredita con el disco versátil del audio y video de la audiencia de suspensión condicional, del cual se ordena su resguardo en la Secretaría de este Juzgado Federal. Lo anterior, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de cuatro de abril del presente año. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del contenido de las copias auténticas que acompaña al oficio de cuenta, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la suspensión del procedimiento por el término de ocho meses, en favor del quejoso Jorge Ever Nava Martínez, el cual fenecerá el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, imponiéndole las condiciones establecidas en las fracciones I, II, XII y XIV, del artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior con motivo de la reparación del daño a las víctimas, dentro de la causa penal 291/2020-5, de su índice, como probable responsable de los delitos de lesiones calificadas, amenazas y robo calificado, en agravio de Lupita Flores López y Valentín Avisai Garzón Martínez, respectivamente. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la resolución emitida en audiencia de revisión de medida cautelar, de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la causa judicial 291/2020, del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Juicio para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la suspensión del procedimiento por el término de ocho meses, en favor del quejoso Jorge Ever Nava Martínez, con motivo de la reparación del daño a las víctimas Lupita Flores López y Valentín Avisai Garzón Martínez, dentro de la causa penal 291/2020-5, de su índice. Asimismo, en la referida audiencia la Juez de Control en términos del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le impuso como condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso las siguientes: 1) residir en un lugar determinado y, en caso de cambiar de domicilio debe hacerlo del conocimiento de Juzgado responsable; 2) evitar acercarse a las víctimas; 3) abstenerse de viajar al extranjero; 4) disculpa pública; y, 5) tomar una terapia psicológica con perspectiva de género. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el veintisiete de octubre de dos mil uno), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, porque el juez responsable mediante resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la suspensión del procedimiento por el término de ocho meses, en favor del quejoso Jorge Ever Nava Martínez, el cual fenecerá el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, imponiéndole las condiciones establecidas en las fracciones I, II, XII y XIV, del artículo 15 del código Nacional de Procedimientos Penales; con motivo de la reparación del daño a las víctimas, dentro de la causa penal 291/2020-5, de su índice, como probable responsable de los delitos de lesiones calificadas, amenazas y robo calificado, en agravio de Lupita Flores López y Valentín Avisai Garzón Martínez, respectivamente, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica de los actos reclamados. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en los actos impugnados se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por el que se decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como la suspensión del procedimiento por el término de ocho meses, en favor del quejoso Jorge Ever Nava Martínez, con motivo de la reparación del daño a las víctimas, dentro de la causa penal 291/2020-5, de su índice, como probable responsable de los delitos de lesiones calificadas, amenazas y robo calificado, en agravio de Lupita Flores López y Valentín Avisai Garzón Martínez, respectivamente, dejó de tener efectos la resolución emitida en audiencia de revisión de medida cautelar, de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la causa judicial 291/2020, del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Juicio para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que reclamó la parte quejosa; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente instancia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ya que se decretó la suspensión condicional del procedimiento y, por ende, se suspendió la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa -acto reclamado-. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veintiocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Tribunal Colegiado informa En otro aspecto, agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que mediante proveído de once de abril del presente año, dictado en el recurso de queja 55/2022, de su índice, causó estado el auto de treinta y uno de marzo del año que transcurre, por el que desechó el recurso de queja. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Se acusa recibo Tribunal. Por otra parte, como lo solicita acúsese el recibo correspondiente y, respecto del anexo que remite la autoridad oficiante, consistente en copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, se ordena la destrucción del mismo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de abril de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado informa que desechó queja por improcedente. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual, informa que el tribunal de su adscripción dictó en el recurso de queja ********************, de su índice, la resolución: "Único. Se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de Defensora Pública Federal, contra el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo ********************". En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio con anexo, signado por la Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en atención a su contenido, téngasele remitiendo dos Discos Versátiles Digitales, que contienen copia auténtica de audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa judicial ********************, de su índice, de las diligencias celebradas el catorce y diecinueve de noviembre, cuatro de diciembre de dos mil veinte, diecinueve de abril, diecisiete de junio, catorce de julio, veintisiete de agosto, seis y ocho de octubre de dos mil veintiuno; en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de catorce de marzo del año en curso, de los cuales se ordena su resguardo en la Secretaría de este Juzgado Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso ********************, en el lugar en que encuentra recluido. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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