Jorge Esteban Pacheco Rivera
Expediente 1434/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
Partes del expediente
- Jorge Esteban Pacheco Rivera
- Sergio Alexander Avila Medina y Otros.
- Alejandro Martinez Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la razón de notificación de ocho de los actuales, en la cual se advierte que el quejoso Alejandro Martínez Ruíz, no asistió a notificarse del acuerdo de tres de octubre de este año, por las razones expuestas en el mismo. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a lo expuesto en la razón de cuenta, procédase a realizar la notificación de mérito, así como la presente determinación, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. Notifíquese. iv)Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México y otra autoridad. En consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1434/2018-IV. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito que los quejosos refieran en su escrito de demanda haber realizado dicha petición ante las autoridades administrativas, y cuya respuesta haya sido que no hay en existencia; por lo que dicha circunstancia no lo exime de dar cumplimiento al principio de definitividad; esto es, que si la autoridad penitenciaria, le dio contestación en términos negativos, los quejosos, previo a promover demanda de amparo, debieron acudir, ante el Juez de Control o Ejecución, a efecto de hacer valer el medio de defensa subsecuente, y controvertir la restricción que reclama. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el tramite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos en su lugar de reclusión.
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