Jorge Eduardo Velázquez Camacho
Expediente 182/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Velázquez Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de catorce de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Toluca, a través del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas de las carpetas de investigación NUC:TOL/FVG/VIT/107/052133/19/02 y NUC:FVG/VIT/00/MPI/021/00224/19/02. Al respecto, por lo que hace al oficio de mérito, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda toda vez que por auto de trece de los actuales se proveyó lo relativo respecto de promoción de contenido similar. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que por auto de trece de marzo del año en curso se tuvo por rendido el informe justificado de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Toluca, en el cual dicha autoridad negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en atención a las constancias que conforman las carpetas de investigación NUC:TOL/FVG/VIT/107/052133/19/02 y NUC:FVG/VIT/00/MPI/021/00224/19/02, actuaciones a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo, de las que se advierte la existencia de la detención del quejoso por parte de elementos de la Policía Municipal de Toluca, Estado de México, y puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público del centro de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca, Estado de México. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así las cosas, en el presente juicio el quejoso Jorge Eduardo Velázquez Camacho (nombre correcto), reclamó de las autoridades responsables: a) La ilegal detención. b) La puesta a disposición y/o presentación. c) La cadena de custodia. d) Su ejecución. En ese sentido, debe establecerse que de las actuaciones remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Toluca, se advierte que mediante determinación emitida el catorce de febrero del año en curso, se decretó la libertad del imputado Jorge Eduardo Velázquez Camacho con las reservas de ley, sin perjuicio de continuar con la investigación y continuación de la indagatoria respectiva. Por tanto, al haber sido puesto en libertad el aquí quejoso como quedó acreditado en párrafos precedentes, en términos de las actuaciones remitidas por la responsable, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la detención, la puesta a disposición y/o presentación, es decir, se trata de una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la promovente en el pleno goce de sus derechos fundamentales como si se hubiera concedido el amparo. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en la cadena de custodia, al no combatirlo por vicios propios. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio enviado a través del correo electrónico oficial por la Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, Estado de México, por medio del cual rinde el informe justificado. Con el referido informe, dése vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, estando a la espera de las constancias que como complemento a dicho informe remita. En ese orden de ideas, el estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy a las diez horas con diez minutos, como se determinó en auto de quince de febrero pasado; sin embargo, en esta fecha se ordenó dar vista a las partes con el informe acordado en párrafos precedentes, por lo que el plazo de ochos días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo aun no empieza a transcurrir. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve para que tenga verificativo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 7 en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la ley de amparo, ('...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,...'), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ('si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.'),por lo tanto, el juez de distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el juez de distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio firmado por el Jefe de Departamento de Normatividad y Asistencia de la Subdirección de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, por medio del cual designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, rinde el informe justificado, y refiere que la autoridad señalada como Policía Municipal de Toluca, Estado de México adscrito ala Seguridad Pública y Tránsito, su denominación correcta es Director General de Seguridad Pública del Municipio de Toluca, Estado de México. Téngase por aclarada la denominación de la autoridad oficiante y con el referido informe, dése vista a las partes sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. En términos del ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas designadas para tal efecto. Notifíquese.
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