Jorge Ernesto Lomas Hernández
Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Ernesto Lomas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de julio del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la diligencia que antecede, se advierte que ******************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintidós de junio de la presente anualidad, consistente en reconocer el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de junio del citado año; por tanto, se provee lo siguiente: Visto el ocurso aludido en el párrafo que antecede, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, lo que hace, precisando que: La fecha en que tuvo conocimiento y fue emplazado en el juicio de origen fue el uno de diciembre de dos mil diecisiete. No se apersonó en el juicio referido. En ese sentido, se le tiene cumpliendo con la prevención aludida; ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61, de la legislación en comento, dispositivo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, de las manifestaciones que formuló la parte quejosa se advierte que tiene la calidad de parte demandada dentro del juicio natural del que deriva el acto reclamado, por ello, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. Resulta importante destacar que los artículos 328 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto". "ARTÍCULO 329. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano". En ese contexto, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la falta de notificación personal sobre la reanudación del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio especial civil sumario hipotecario ***************, de la estadística del Juzgado de Partido Cuarto Civil de esta ciudad, debe decirse que la propia ley establece el medio de defensa idóneo para impugnarlo; por tanto, es incuestionable que si el aquí quejoso no controvirtió dicho acto mediante el incidente de nulidad de actuaciones, previo acudir al juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es el demandado y fue emplazado al controvertido natural. Por ello, se afirma que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de actuaciones-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Cabe señalar que el criterio invocado resulta aplicable al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, los artículos 328 y 329 del código procedimental civil establece en forma expresa que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la señalada por la ley o bien, se omitiere, la parte agraviada puede promover incidente para impugnar la validez de la notificación hecha indebidamente u omitida, por ende, si el quejoso no lo hizo antes de promover juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige, máxime que no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción mencionadas con anterioridad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia que antecede, se advierte que ******************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintidós de junio de la presente anualidad, consistente en reconocer el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de junio del citado año; por tanto, se provee lo siguiente: Visto el ocurso aludido en el párrafo que antecede, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, lo que hace, precisando que: La fecha en que tuvo conocimiento y fue emplazado en el juicio de origen fue el uno de diciembre de dos mil diecisiete. No se apersonó en el juicio referido. En ese sentido, se le tiene cumpliendo con la prevención aludida; ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61, de la legislación en comento, dispositivo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, de las manifestaciones que formuló la parte quejosa se advierte que tiene la calidad de parte demandada dentro del juicio natural del que deriva el acto reclamado, por ello, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. Resulta importante destacar que los artículos 328 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto". "ARTÍCULO 329. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano". En ese contexto, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la falta de notificación personal sobre la reanudación del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio especial civil sumario hipotecario ***************, de la estadística del Juzgado de Partido Cuarto Civil de esta ciudad, debe decirse que la propia ley establece el medio de defensa idóneo para impugnarlo; por tanto, es incuestionable que si el aquí quejoso no controvirtió dicho acto mediante el incidente de nulidad de actuaciones, previo acudir al juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es el demandado y fue emplazado al controvertido natural. Por ello, se afirma que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de actuaciones-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Cabe señalar que el criterio invocado resulta aplicable al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, los artículos 328 y 329 del código procedimental civil establece en forma expresa que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la señalada por la ley o bien, se omitiere, la parte agraviada puede promover incidente para impugnar la validez de la notificación hecha indebidamente u omitida, por ende, si el quejoso no lo hizo antes de promover juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige, máxime que no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción mencionadas con anterioridad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por ********************, a través del cual aduce cumplir con la prevención efectuada mediante auto de diecinueve de mayo de la presente anualidad; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por el nombrado en el escrito constitucional; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y toda vez que la presencia física de las partes a los órganos jurisdiccionales deberá ser mediante el modelo de atención presencial basado en citas, en términos del artículo 6, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a nombre de ****************, para que acuda ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, en punto de las DIEZ HORAS DEL CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, y en diligencia especial ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. De igual forma, hágasele saber que en caso de que pretenda acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por este órgano jurisdiccional, en términos de la fracción II del indicado numeral, deberá generar la misma a través del sistema "Agenda OJ", hipótesis en la que estará sujeto a la disponibilidad que arroje el sistema. En ese sentido, instrúyase a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que, de manera personal, notifique el presente proveído a la parte quejosa y le hagan entrega de la cita generada, junto con Código QR respectivo, a fin de que pueda ingresar a este órgano jurisdiccional.
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