Jorge Eduardo Villagómez Rangel

Expediente 725/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
725/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Villagómez Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el titular del órgano de su adscripción aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de **********; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio suscrito por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que para estar en condiciones de proveer lo concerniente a la demanda de amparo promovida por ***********, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de ***********, requirió a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que cumpla con el trámite previsto por el artículo 178 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de **********, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 725/2019-III. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en la inteligencia que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que: El dieciséis de mayo del año en curso, se decretó la caducidad del juicio ordinario civil 94/2016 de la estadística del Juzgado Civil y de Oralidad Familiar de Partido de Yuriria, Guanajuato. Inconforme con la determinación anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, fue desechado por la responsable. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de denegada apelación y por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 362/2019, la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmó el auto recurrido -acto reclamado-. En este orden, el acto reclamado en esta vía encuadra en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo, debido a que la resolución que confirmó el auto que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de decretó la caducidad, es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por ésta, aquella que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario, por el que pueda ser revocada o nulificada. Lo anterior, en virtud de que atento a los efectos que produce el acto reclamado implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se deja firme el auto recurrido, por lo que sus efectos son semejantes a los de la sentencia dictada en el recurso de apelación cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos concluye el juicio. En relatadas condiciones, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, dado que, se insiste, el acto tildado de inconstitucional queda comprendido en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo y, por tanto, el suscrito estima que su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de los artículos 33, fracción II y 34 de la Ley de la materia, así como de conformidad con el artículo 107, fracción V constitucional. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta albacea de la sucesión a bienes de **********, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 725/2019-III. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.) Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en la inteligencia que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que: El dieciséis de mayo del año en curso, se decretó la caducidad del juicio ordinario civil 94/2016 de la estadística del Juzgado Civil y de Oralidad Familiar de Partido de Yuriria, Guanajuato. Inconforme con la determinación anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, fue desechado por la responsable. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de denegada apelación y por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 362/2019, la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmó el auto recurrido -acto reclamado-. En este orden, el acto reclamado en esta vía encuadra en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo, debido a que la resolución que confirmó el auto que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de decretó la caducidad, es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, entendiéndose por ésta, aquella que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario, por el que pueda ser revocada o nulificada. Lo anterior, en virtud de que atento a los efectos que produce el acto reclamado implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se deja firme el auto recurrido, por lo que sus efectos son semejantes a los de la sentencia dictada en el recurso de apelación cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos concluye el juicio. En relatadas condiciones, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, dado que, se insiste, el acto tildado de inconstitucional queda comprendido en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo y, por tanto, el suscrito estima que su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de los artículos 33, fracción II y 34 de la Ley de la materia, así como de conformidad con el artículo 107, fracción V constitucional. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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