Jorge Enrique Fernández Martín
Expediente 731/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 50 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Enrique Fernández Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el sobre de cuenta que contiene el oficio 27058/2018-V-B, dirigido al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con sede en la Ciudad de México, devuelto por el Servicio Postal Mexicano, debido a "cambio de domicilio". Ahora bien, toda vez por auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete se tuvo por recibido un escrito de Jorge Enrique Monsreal Rodríguez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, del cual se desprende un sendo domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, reexpídase el oficio de mérito, al referido Banco en el predio ubicado en la avenida dieciséis de septiembre, número setenta y tres, planta baja, colonia centro histórico, delegación Cuauhtémoc, código postal 06000, en la Ciudad de México. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa el día cinco de octubre pasado, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en su primer punto sobreseyó y en su segundo punto concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa reclamada del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que no deberá ser aplicada en su perjuicio ni en el presente ni el futuro. Posteriormente, en auto de tres de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante oficio 110/F/B/3159/2017 signado por la Directora Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el oficio 110/E/354/2017 mediante el cual eliminó de la lista de personas bloqueadas al quejoso Jorge Enrique Fernández Martín, (foja 614). Seguidamente, por escritos de Humberto Arce Casares, apoderado legal de "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Jorge Enrique Monsreal Rodríguez, apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Gaspar Edmundo Escalante Barbosa, apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Beatriz Lizarraga Navarrete, apoderada legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, todos con sede en la Ciudad de México, informaron y acreditaron que las cuentas de cheques del aquí quejoso se encontraban activas y desbloqueadas, (fojas 669, 708, 744 y 854). Por todo lo anterior, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otro lado, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, que el quejoso Jorge Enrique Fernández Martín adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al nombrado quejoso para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger la referida acta original, previa copia certificada que del mismo, se deje en los presentes autos, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa el día cinco de octubre pasado, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en su primer punto sobreseyó y en su segundo punto concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa reclamada del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que no deberá ser aplicada en su perjuicio ni en el presente ni el futuro. Posteriormente, en auto de tres de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante oficio 110/F/B/3159/2017 signado por la Directora Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el oficio 110/E/354/2017 mediante el cual eliminó de la lista de personas bloqueadas al quejoso Jorge Enrique Fernández Martín, (foja 614). Seguidamente, por escritos de Humberto Arce Casares, apoderado legal de "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Jorge Enrique Monsreal Rodríguez, apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Gaspar Edmundo Escalante Barbosa, apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Beatriz Lizarraga Navarrete, apoderada legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, todos con sede en la Ciudad de México, informaron y acreditaron que las cuentas de cheques del aquí quejoso se encontraban activas y desbloqueadas, (fojas 669, 708, 744 y 854). Por todo lo anterior, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otro lado, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, que el quejoso Jorge Enrique Fernández Martín adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al nombrado quejoso para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger la referida acta original, previa copia certificada que del mismo, se deje en los presentes autos, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 212-1/56946/2018 signado por el Director General Adjuntó Jurídico de Procedimientos A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en relación al requerimiento efectuado por proveído de cuatro de septiembre último. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de cinco de septiembre pasado, se tuvo por recibido su diverso oficio 212-1/56619/2018, cuya promoción fue registrada con el número 14160. Notifíquese y cúmplase.
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