Jorge Edward Reyes Vadillo
Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Edward Reyes Vadillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo, que remite en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto.la En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, tercero interesada; y, cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el seis de octubre de dos mil veintitrés, se realizó el nueve de octubre siguiente; por tanto, al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 1065/2023-VI-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, ********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: ********************La fecha lejana (veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés), señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio reclamatorio laboral ********************.********************TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidenta.********************Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza:******************** "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************CUARTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad.********************Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad********************QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita.********************En el caso, la parte quejosa reclama de la Junta responsable, violación a sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, dejándolo en estado de indefensión.********************Pues bien, asiste razón al impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia, o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.********************En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. ********************En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo.********************Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda.********************Asimismo, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia.********************Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan.********************En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte:********************a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; ********************b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; ********************c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, ********************d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia.********************Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se fijaron las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen.********************Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. ********************Por otra parte, no obstante lo señalado por la autoridad responsable en su informe justificado, respecto a los motivos por los cuales no ha sido posible atender los asuntos sujetos a su jurisdicción dentro de los términos y plazos legales; también lo es, que dichas circunstancias tampoco pueden ser una carga que deban soportar las partes y tener que esperar por un tiempo indefinido el dictado de sus resoluciones o laudos.********************En ese sentido, lo manifestado por la responsable, si bien justifica en cierta forma la dilación en la fijación de la fecha de la audiencia de que se trata, no lo hace en cuanto a que sí existe una violación a lo dispuesto en los artículos antes referidos de la Ley Federal del Trabajo y del numeral 17 Constitucional, dado que ha habido una denegación de justicia puesto que no se han observado los términos previstos en la ley que rige el acto reclamado.********************Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita.********************Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, para el efecto de que la Junta responsable:********************Deje insubsistente el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.********************Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."****************************************SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: ********************RESUELVE********************PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para el efecto precisado en la quinta consideración de esta resolución.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, concedido a la parte tercero interesada con relación a la vista que se dio en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
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