Jorge Enrique Elizondo Valenzuela
Expediente 945/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Enrique Elizondo Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiocho de octubre de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de garantías no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de veintinueve de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintiocho de octubre del año en curso, en atención a que no compareció los días treinta de octubre o tres de noviembre del presente año para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve *******, contra actos del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en Salamanca, Guanajuato y otros, que considera violatorios en su perjuicio de la garantía contenida en el artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 945/2015-V; y, fórmese expediente. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos u omisiones atribuibles a la autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos u omisiones de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, o la omisión de éstas, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso -por identidad de razones- la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: No está por demás mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de aplicación al caso por analogía, que dice: Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, la parte quejosa reclama del Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organizaciones y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La abstención de dar respuesta a mi solicitud de fecha, 23 de septiembre del 2015, mediante las cuales solicite se me proporcionara el formato oficial para el registro de mi recomendada, DAFNE ELIZONDO GASCA según lo dispuesto por el artículo 26 del Acta Constitutiva y Estatutos Sindicales, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Artículo 26 Para las solicitudes de ingreso, deberán usarse las formas oficiales del Sindicato". Sin que a la fecha de la presente solicitud se me haya contestado lo solicitado". En principio, debe decirse que el Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organizaciones y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, no son entes públicos; de ahí que no se actualice el primero de los requisitos precisados en el punto anterior, merced a que sus actuaciones no se encuentran en una relación de supra o subordinación, sino que su relación es meramente contractual. En efecto, la relación que existente entre el quejoso y el Sindicato, sólo es de naturaleza contractual, al ser palmario que en su carácter de particulares y bajo su libre determinación dieron origen a la relación de referencia, teniendo como consecuencia inmediata, que se encuentren obligados a regirse por los estatutos que el propio organismo -Sindicato- creó, tanto para constituirse, redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, así como para generar su programa de acción, lo que lleva consigo a que ninguno de esos actos encuadre en los supuestos que como autoridad responsable debe considerarse en el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo que de suyo implica a la vez, que la relación de mérito, debe considerarse como de coordinación al presuponer un plano de igualdad entre las partes en cuanto particulares -sindicato y el agremiado aquí quejoso- ello, por el hecho de encontrarse en un mismo nivel, tan es así, que se encuentran obligados a acudir a procedimientos ordinarios, en este caso de índole laboral para dirimir sus controversias. Asimismo, tampoco deben considerarse al Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organizaciones y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, como autoridades responsables bajo el nuevo paradigma contenido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que contempla la procedencia del juicio de garantías, contra actos llevados a cabo por particulares, ya que dicho supuesto sólo cobra aplicación, cuando éstos realizan actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, tales como dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones están determinadas por una norma legal. Así se considera, porque finalmente las funciones que en esos términos pueden llevar a cabo los particulares, indudablemente deben estar determinadas por una norma que emane de la ley, siendo que el Sindicato señalado como responsable por el quejoso, sólo se rige por los estatutos que sus propios agremiados crean, sin que tenga injerencia tanto en su organización y funcionamiento alguna norma que emane de la ley, tal y como lo prevé el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues las características propias de un acto de autoridad, como lo son, la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria en perjuicio del gobernado no las tiene el demandado. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 126, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: De lo anterior se colige que será procedente el juicio de garantías cuando, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, se eleve una solicitud a un servidor público en su calidad de autoridad y ésta no ha sido respondida; es decir, cuando se considere que se ha violentado en contra de un particular el derecho de respuesta a una petición elevada a un servidor público en su calidad de autoridad, procede el juicio de amparo, siempre y cuando dicha solicitud se hubiere formulado en calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose como tal a aquella que con fundamento a una norma legal se encuentra facultada para emitir actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifiquen o extingan situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sin embargo, cuando el servidor público actúa como un ente de igualdad, como ya fue declarado, la petición que se le formule sigue siendo en ese plano; es decir, una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular y por ende, la negativa a darle respuesta no es sujeta de control constitucional, pues no emana de una autoridad para efectos del amparo. De ahí que en el caso, resulta evidente que el quejoso reclama una omisión del Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organizaciones y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, en la cual no actúan en un plano superior, lo que hace indudable que no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo en este tópico. Por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta y se autoriza en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********** mientras que a las personas restantes en términos restringidos, toda vez que no cuentan con cédulas profesionales de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por así haberlo solicitado el promovente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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