Jorge Encarnación Osornio Castillo
Expediente 432/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Encarnación Osornio Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. *Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Ahora bien, devuélvase los documentos que la parte quejosa anexó a su demanda, previa copia certificada que se deje en autos y firma que por su recibo otorgue, apercibida que de no recogerlos dentro del término de noventa días seguirán la misma suerte que este expediente, esto es, su destrucción, como se previene en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de que se trata.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el quince de junio de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. *Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Ahora bien, devuélvase los documentos que la parte quejosa anexó a su demanda, previa copia certificada que se deje en autos y firma que por su recibo otorgue, apercibida que de no recogerlos dentro del término de noventa días seguirán la misma suerte que este expediente, esto es, su destrucción, como se previene en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de que se trata.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el tres de junio de la presente anualidad que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ---, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de la Agencia Investigadora número Tres, de Silao, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 432/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo citado, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. --- De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.3º.C. J/50, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1160, del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE ESTRICTA EXCEPCIÓN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda sólo procede cuando exista "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", de lo cual se infiere que si la improcedencia no es patente, clara o evidente ello basta para admitir la demanda; tal consideración que deriva de la interpretación del artículo 145 antes mencionado, es acorde con la intención establecida por el legislador en los artículos 103 y 107 constitucionales, de instituir el juicio de amparo como un remedio abierto a los particulares en contra de los actos de autoridad de manera genérica; asimismo, la conclusión de que el desechamiento de la demanda de amparo es caso de estricta excepción, responde a la idea de que los afectados por la admisión (autoridades responsables y tercero perjudicado) tienen amplia oportunidad de defensa dentro del juicio, así como para acreditar en la audiencia constitucional, o antes de ella, la existencia de cualquier causa de improcedencia, puesto que la admisión de la demanda no impide al Juez Federal pronunciarse al respecto con posterioridad". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El promovente reclama el aseguramiento del vehículo del automotor, el cual cuenta con las características siguientes: marca ---, Línea ---, --- con número de serie ---, sin placas de circulación, asegurado dentro de la averiguación previa ----, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de la Agencia Investigadora número Tres, de Silao, Guanajuato (el cual aduce que es de su propiedad), derivado de una orden de robo que se reportó en Silao, Guanajuato En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se estima que se actualiza la improcedencia prevista 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo cual resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. El dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad del juicio de amparo que consagra la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante la autoridad que los emitiera, o bien, ante una de mayor jerarquía. En ese orden de ideas, sólo quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en aptitud para promover el juicio de amparo, pues el principio de definitividad no es optativo para la parte quejosa cumplirlo o no, sino que es una obligación para que sea procedente la instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto a la letra señalan: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Cabe precisar que si bien la causal mencionada se refiere a actos emitidos por tribunales y en el caso las autoridades son formalmente administrativas, lo cierto es que materialmente no lo son, por aplicar una norma de naturaleza penal. En el caso, el quejoso reclama el aseguramiento del vehículo descrito con antelación, en virtud de que aparece con reporte de robo, librada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de la Agencia Investigadora número Tres, de Silao, Guanajuato. Sin embargo, dichos actos reclamados, pueden ser modificados o confirmados, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato que indica: "Artículo 253. Las medidas de aseguramiento de objetos y clausura de locales, podrán ser objetadas por los interesados ante el Juez de Control dentro de los siguientes tres días de haberse practicado. En audiencia en la que los interesados podrán aportar pruebas y ser escuchados, el juez resolverá en definitiva lo que corresponda. Esta decisión será apelable." De acuerdo con el precepto transcrito, en contra de los citados autos que se combate, procede un medio de defensa ordinario, el cual puede hacer valer la parte quejosa, pues al encontrarse en el supuesto previsto en el citado ordenamiento, no es factible acudir en primer lugar al juicio de amparo, sino hasta observarse el principio de definitividad. El artículo 253, de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, otorga la posibilidad de que la medida de aseguramiento reclamada sea revisada y, en su caso, se revoque o modifique en una audiencia la cual a su vez será apelable. Por tanto, si la legislación que rige los actos reclamados prevé un medio ordinario de defensa por el cual pueden ser confirmados, revocados o modificados, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Pues a través de la objeción del interesado, el quejoso puede obtener el resultado que pretende con la demanda de amparo, por lo que no se encuentra exento de hacer valer dicho medio de defensa que la legislación que rige el acto reclamado le otorga. Es así, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción como son: que el quejosa sea tercero extraño al procedimiento; máxime que el justiciable se presentó ante la fiscalía responsable con el objeto de demostrar que el vehículo era de su propiedad y que le argumentaron que la unidad había sido asegurada por un reporte de robo originado en Silao, Guanajuato; asimismo, no se advierte que la autoridad responsable le haya negado información respecto del bien inmueble asegurado o que el quejoso tenga algún impedimento para aportar las pruebas que adjunta al escrito que se provee. Además, no se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Además, el precepto que prevé dicho medio de defensa no está sujeto a alguna interpretación adicional que condicione su procedencia, por lo que al estar suficientemente establecido su fundamento legal, el quejosa está obligada a agotar dicho mecanismo de defensa. En esas condiciones, si la parte quejosa fue omisa en agotar el medio de defensa ordinario en contra de los acuerdos reclamados; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el artículo 113, del cuerpo normativo en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." De igual manera, se tiene como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ---- en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del numeral precitado, a ----, ya que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado referido, y por así haberlo solicitado. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa.
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